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Gobierno Griñán I: Cortecero rechazó la oferta de ser consejero

Ignacio Martínez | 26 de abril de 2009 a las 17:35

Una persona ha declinado entrar en el nuevo Gobierno andaluz. Juan Antonio Cortecero, viceconsejero de Presidencia del Gobierno saliente, ha rechazado el ofrecimiento de Griñán de ser consejero en su primer Gabinete. El presidente valora su “nivel excepcional y su lealtad”. Pero precisamente esa lealtad le ha aconsejado seguir al equipo de Chaves hasta Madrid.

Este Gobierno Griñán I tiene un poderoso influjo cordobés. En primer lugar, porque el presidente es diputado por Córdoba. De hecho, hasta ahora era toda la cuota cordobesa del Gobierno Chaves. En segundo término, porque el fichaje de la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, no es que haya dejado pasmada a Izquierda Unida y al común de los ciudadanos; es que la interesada se quedó “de piedra” cuando el miércoles por la tarde la sondeó el secretario del PSOE de Córdoba sobre la posibilidad de que entrara en el Gobierno. Después de negociar que los concejales socialistas apoyarían al nuevo candidato de IU a la Alcaldía cordobesa y concretada la oferta de Obras Públicas, a las 23:00 horas la llamó el propio presidente y le dio el sí. Aguilar cree que puede hacer mucho por Andalucía y “por Córdoba”. Ojo con la querencia.

El mapa cordobés del Gobierno tiene otros lugares de interés. Manuel Pérez Yruela, residente en Córdoba aunque nacido en Pozo Alcón (Jaén), doctor ingeniero agrónomo, sociólogo de formación británica y uno de los teóricos de la II Modernización, fue fichado el martes como portavoz.

Hay una teoría que vincula los ceses a una excesiva proximidad con Gaspar Zarrías. Esta tesis atribuye a Luis Pizarro la decisión de apartarlos: Luis García Garrido era el maestro de maestros del consejillo de la Junta. Junto al desaparecido Alfredo Pérez Cano ha sido el más duradero en el espacio desde el que Gaspar ejerció su poder en los últimos 13 años. Zarrías le dio calor, pero no artillería, a los críticos de Sevilla que se enfrentaron a Viera para disgusto de Pizarro. Y con aquellos críticos estuvo Evangelina Naranjo. Teresa Jiménez es también persona muy próxima a Zarrías. Y Vallejo era nada menos que su candidato para presidente. Sea cierto este argumento o no, Pizarro tendrá un papel de hombre fuerte como consejero de Gobernación. Es la primera persona que supo que entraría en el Ejecutivo. Y sabía desde el principio su cometido: hacer la descentralización. Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo también sabían desde hace días que tendrían nuevas responsabilidades, pero hasta el miércoles, no las han conocido oficialmente. El candidato decidió quiénes de su equipo se quedarían en Economía y quiénes se irían con él. “Tú vas a estar conmigo”, le dijo a Antonio Ávila.

La cita con Evangelina a las 17:30 horas fue la primera de Griñán, cuando empezó las despedidas el miércoles por la tarde. La siguiente fue con Vallejo a las 18:00. La cita personal era sinónimo de cese. Y el suyo, el despido más sonado, después de pasar por las consejerías de Obras Públicas, Salud e Innovación en los últimos 15 años. A continuación recibió a Teresa Jiménez, a las 18:30. Conversaciones cordiales y trato elegante según todas las fuentes. La tarea más ingrata fue la llamada a Luis García Garrido. La recibió a las 18:15, en el hospital de Jerez donde está ingresada su madre. Le explicó la situación de interinidad en la que se quedaba, a la espera de una eventual respuesta positiva de Rosa Aguilar. Ha estado en la Junta 25 años como viceconsejero y algunos meses como consejero comodín.

A los confirmados, Griñán se lo dijo por teléfono, en conversaciones informales o incluso por SMS como a Micaela Navarro, el miércoles por la tarde. La interesada ya lo sabía desde mediodía; estaba con María Jesús Montero en el patio del Parlamento y el presidente, que pasaba por allí, les dejó caer en plan sutil que ya no las tenía que llamar por teléfono. Otro encuentro informal se produjo en la cafetería del Parlamento a las 10 de la mañana del miércoles. Estaban tomando café y tostadas con aceite Luciano Alonso, Antonio Fernández y Cinta Castillo; se acercó Griñán, se pidió un café y les dijo, como quien no quiere la cosa, que seguirían trabajando con él. Mar Moreno se barruntaba que entraría en el Gobierno y tenía negociado mantener su puesto de número 4 en la ejecutiva federal del PSOE. La confirmación la recibió el miércoles.

A Rosa Torres aprovechó que le felicitaba por su elección, a las 14.15 del miércoles, para decirle: “ya no te tengo que llamar, date por confirmada”. A Juan Espadas le llamó justo antes de recibir a Vallejo para preguntarle si le apetecía que trabajasen juntos. A Begoña Álvarez le notificó su nombramiento en una breve entrevista personal a las 19:05. Granada rescata la cartera de Justicia para complacencia de Augusto Méndez de Lugo, presidente del TSJA, que duerme más tranquilo con la cercanía del poder político. Martín Soler recibió su llamada poco después de las 19:30: “Cuento contigo para Innovación”. Clara Aguilera supo a continuación que iría a Agricultura. Aunque tanto Espadas, como Soler y Aguilera habían recibido señales en las últimas semanas sobre su futuro.

El maratón del miércoles 22, se terminó hacia media noche.

El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

”Evangelina

 

El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.