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En la salud y la enfermedad

Ignacio Martínez | 20 de marzo de 2010 a las 9:02

Hay algo de emocionante en una ley que pretende garantizar la dignidad de las personas en el proceso de la muerte. Así se llama, más o menos, lo que conocemos como ley de la muerte digna. La angustia que provocan el sufrimiento y el dolor de pacientes cercanos, familiares o amigos, es una experiencia que cualquiera ha vivido alguna vez y que en este momento afecta a unas 60.000 personas con graves dolencias en Andalucía. Alfonso Pedrosa contaba en este diario el jueves que es imposible aplicar en todos sus términos de inmediato la ley aprobada en el Parlamento regional. No hay plazos y ahora se va a hacer un estudio sobre cómo mueren los andaluces. Estamos, pues, en el inicio de un proceso.

Es conmovedor el deseo de cuidar al máximo la dignidad de un ser humano en la hora de la muerte. Y también lo es presenciar una votación por unanimidad en el Parlamento regional, convertido en ocasiones en corral de vecinos. Conforta ver a una consejera saludar a los representantes de todos los grupos, que se felicitan de buena gana por un logro común, más allá de ideologías, estrategias o fundamentalismos. El PP hizo notar su disidencia por la falta de concreción sobre los comités de ética y la ausencia de una objeción de conciencia. He oído sobre esto un argumento muy interesante: más que establecer el derecho de un profesional de la sanidad a objetar su participación en el tratamiento paliativo del dolor de un paciente, porque alguna extraña creencia se lo aconseje, debería de existir el derecho de los pacientes a objetar que determinados sanitarios les atiendan, para no ser víctimas de semejantes creencias, cualesquiera que sean. Personalmente, si me veo en semejante trance espero que me toque un doctor Montes, como aquel perseguido por el consejero Lamela del Gobierno de la señora Aguirre. Montes y su equipo de Leganés fueron acusados de malas prácticas médicas en una denuncia infundada según el Tribunal de Justicia de Madrid, que la archivó.

Otra noticia nos ha acercado a la salud esta semana. La sanidad pública es muy costosa, y el Gobierno de la nación y los de las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para tomar medidas sobre los medicamentos para reducir la factura anual en 1.500 millones de euros. El PP propone además un acuerdo de largo alcance que garantice la sostenibilidad del sistema para los próximos 10 o 20 años. Habría que poner sobre la mesa otras iniciativas, como el copago, en particular para las rentas más altas. La sanidad pública es un tesoro a mantener y mejorar. Piensen, por comparación, en los problemas que tiene el presidente Obama para introducir una mínima sanidad pública en Estados Unidos, donde la sutura de una herida cuesta mil dólares en una clínica privada. Y verán como emociona el cuidado de la dignidad de la salud y en la enfermedad.

La muerte digna

Ignacio Martínez | 10 de junio de 2009 a las 9:54

Alfonso Pedrosa escribe hoy en los periódicos del Grupo Joly un excelente artículo, cuya tesis suscribo, sobre la propuesta de ley para una muerte digna. Sólo quienes hayan pasado por eso, saben qué son los cuidados paliativos. El sentido común en este caso como en tantos otros se impone a la política con minúsculas. El título es ‘Ver amanecer desde una habitación de hospital’ y este es el texto:

 

Sólo quienes han visto amanecer detrás de los cristales de una habitación de hospital despúes de velar la penúltima noche de alguien querido están legitimados moralmente para hablar de esta ley desde fuera de la cama del paciente. Ellos y los médicos de Familia que van a las casas de la gente. Ellos y el personal de Enfermería que ha visto de todo y que, sin embargo, lleva en la masa de la sangre el don de la empatía de la primera vez. Lo demás, sólo es paisaje. Ruido. Furia. Cálculo electoral. Elementos de un debate quizá exquisito y elegante. Pero irreal. Porque no tiene rostro.

Desde el punto de vista de la pertinencia jurídica, es discutible la necesidad de esta norma autonómica. Ahí entran en juego la política y la legitimidad de quien gobierna. Lo que no lo es tanto es el núcleo de sentido común de su contenido: los conceptos de cuidados paliativos, derecho a rechazar un tratamiento o limitación del esfuerzo terapéutico son defendibles por cualquiera que defienda la dignidad humana. De hecho, esas ideas se manejan a la cabecera de los enfermos desde que existe la Medicina. Lo que ocurre es que la Administración autonómica entiende que hay que dar la máxima visibilidad posible a los principios que las sustentan. Y eso, de nuevo, es política. La clave está en hacia dónde se estire la interpretación de la mente del legislador. Para algunos, esta ley abre la puerta a una pendiente resbaladiza que lleva a la eutanasia y al suicidio asistido, asuntos de los que el texto se desliga explícitamente. Para otros, es un refuerzo de las prerrogativas ciudadanas necesario para resaltar que el paciente es, siempre, sujeto de derechos, procurar que éste lo sepa (y a quién se lo debe) y, de paso, erosionar una herencia cultural que se considera incómoda.

Pero quien vela a un enfermo no tiene eso en la cabeza. Sólo se ve dolor intubado. La tele es más aburrida que nunca, se come sin ganas y la sensibilidad se reduce a la de los huesos entumecidos después de días y noches en la butaca de acompañante de una habitación de hospital. Ésa es la gente que dirá si la ley es buena o es mala. Y quien no haya pasado por ahí, quizá debería callar.