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Una agresión a Andalucía

Ignacio Martínez | 22 de enero de 2012 a las 11:37

Sostengo que si la deslealtad institucional fuese deporte olímpico, España tendría medalla segura en los Juegos. La vicepresidenta Santamaría dio una vez más prueba del virtuosismo nacional en esta disciplina el viernes, tras el Consejo de Ministros. Sus palabras de preocupación por las finanzas de Andalucía pueden ser producto de su bisoñez en el cargo, pero le han metido una pedrada a la solvencia financiera regional imperdonable, nada menos que desde la Vicepresidencia del Gobierno.

Sean el color que sean los gobiernos central y autonómico, no es de recibo que se tiren estos misiles partidistas desde tribunas institucionales. La neófita ministra de Trabajo dio muestras del mismo defecto en un acto del PP en Huelva, cuando dijo que España estaba en la ruina. ¿Por qué nos quejamos de Fitch, Moody’s o S&P si ya tenemos a los ministros del Reino de España para denigrar al país?

La vicepresidenta entró al trapo de un medio que preguntó por una información propia, para darle más vuelo. Un viejo truco. Y Santamaría se olvidó de que no es delegada de curso en la Facultad de Derecho de Valladolid y se tiró a la piscina. Estas cosas no son gratis. Con la turbulencia que hay en los mercados, cualquier frivolidad puede costarle una fortuna al Estado o a una región. Habría que exigir a las autoridades más decoro o incluir estos desmanes en el capítulo penal que tanto desea el ministro Montoro.

Andalucía cerró su año contable el 20 de noviembre. Según la Junta, Cataluña y Murcia lo hicieron el 11, en octubre lo cerraron Castilla y León y Madrid. Y en septiembre Galicia y País Vasco. Si las fechas son ciertas, estamos ante un montaje, no ante una suspensión de pagos. Ignoro si hay facturas en los cajones, pero a estas alturas Arenas debe asumir que los andaluces ya saben que el PSOE tiene que irse de la Junta. Lo que ahora se discute son los méritos del aspirante. Y eso no se resuelve con lanzallamas.

Hay, además, una falta de respeto. Con mucha mayor deuda que Andalucía, Santamaría no tiene narices de decir que está preocupada por la solvencia de Cataluña. Tampoco de Valencia, que ya es una región intervenida por el Estado. Hemos asistido a una agresión desde el Gobierno para arrancar unos votos. Penoso.

El espejo de Delphi

Ignacio Martínez | 23 de enero de 2011 a las 14:37

En el estado de crispación en el que vivimos no es extraño que unos mafiosos agredan al consejero de Cultura del Gobierno murciano como venganza por un conflicto laboral. El planteado por funcionarios de aquella comunidad autónoma, indignados porque el presidente Valcárcel ha hecho un ajuste de 300 millones. Nadie quiere perder el más mínimo privilegio. Ni siquiera los que tienen la máxima ventaja laboral, el puesto fijo garantizado de por vida, mientras los trabajadores de las empresas privadas caen como chinches por cientos de miles.

En el clima de tensión creado por los trabajadores de Delphi no es extraño que un energúmeno le pegue a un periodista. Los trabajadores de esta empresa de la Bahía de Cádiz han perdido su empleo como millones de españoles en los últimos tres años. Pero ellos se miran en el espejo y se ven diferentes. Hay que darles un empleo como el de antes o garantizarles indefinidamente una compensación, con talleres de formación o lo que sea. En caso contrario tienen la posibilidad de cortar el puente sobre la Bahía o irrumpir en un pleno del Parlamento. Lo que pretenden no se les puede dar a todos. Tienen la ventaja de su fuerza y de los compromisos que un Gobierno irresponsable hizo en su día. Fernando Santiago ha contando desde el inicio del conflicto que el absentismo en esta empresa era muy alto; e incluso se disparaba en carnaval. A los ejecutivos de la matriz americana no les hacía gracia. Normal. Tampoco los parados del resto de Andalucía aprueban el trato de favor a los antiguos empleados de Delphi.

En el ambiente de tensión generado por sindicatos de funcionarios de la Junta no sería extraño que ocurriera algo parecido. En la manifestación de ayer en Sevilla se reclamó otra vez igualdad y transparencia. Me sumo. Sería bueno saber cuántas oposiciones restringidas ha habido desde 1982. Y cuánta gente entró gracias a puntos conseguidos como interinos, superando a quien se presentaba a cuerpo limpio. ¿Anulamos las oposiciones que no hayan tenido una estricta igualdad? El Gobierno regional no publica esos datos, que desarmarían a los manifestantes pero dejarían en evidencia a anteriores consejeros. Hay muchos espejos de Delphi, que engañan a sus usuarios. Les hacen sentirse mejores de lo que son en realidad.

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La necesidad nacional de Rajoy

Ignacio Martínez | 22 de enero de 2011 a las 20:58

Hay que dar la bienvenida al PP a Andalucía para su convención nacional, por cortesía. Y tomar buena nota de lo que digan, por la cuenta que nos trae. Rajoy dijo ayer en Sevilla que el cambio político es una necesidad nacional. Tomo prestado el título, para contestar al hombre que dicen las encuestas que gobernará España el año que viene. Una necesidad nacional, urgente señor Rajoy, es saber qué hará usted si gana las elecciones. Y sabemos muy poco. El jueves, en Córdoba, tuvo una frase estupenda: dijo que el Gobierno está en tiempo de descuento, consagrado al sobresalto como forma de hacer política, que ha ido siempre por detrás en la crisis, ha utilizado la mentira como arma electoral y se ha divorciado de la sociedad. Añadió que sus adversarios no sirven, que no les importan, y ¡que no van a hablar de ellos! Pero no hacen otra cosa que hablar de ellos.

Ayer, sin ir más lejos, el ex presidente Aznar acusó al PSOE de haberse cargado el modelo autonómico. Un modelo insostenible, que España no puede pagarse. Por la mañana, en Los Desayunos de TVE, González Pons dijo que sobra burocracia en este país, que hay muchas duplicidades. Vaya por delante que estoy de acuerdo con él. Hace una semana, en una conferencia en Ciudadela (Menorca), el mismo Pons cifró el sobrecoste de las autonomías en 26.000 millones de euros. Sería estupendo conocer cómo se recorta ese dinero. O dicho en términos más prosaicos, cuántos puestos de funcionarios o trabajadores de empresas públicas sobran. Porque si sobra estructura y sobra burocracia, sobran empleos públicos.

Y que le pregunten a Ramón Luis Valcárcel, lo complicado que se pone en la calle cualquier recorte. Sobre todo si el partido adversario juega a dar alas a los manifestantes, criticando la falta de diálogo del Gobierno murciano. Por cierto, lo mismo pero al revés que ha pasado en Andalucía. Los papeles cambiados: Griñán recorta, Arenas le reprocha que no dialogue y las manifestaciones crecen en número y agresividad. Valcárcel tiene la oportunidad de consolarse hoy si se asoma a la protesta de funcionarios convocada en Sevilla. Le sonarán muchos gritos. Una marcha que casualmente coincide con la convención popular, y a precios de regalo para los autobuses.

Sería estupendo que alguien en esta convención explique si entre la burocracia que sobra no están las diputaciones, instituciones decimonónicas solapadas por las autonomías, que España ya no puede pagarse. Las ocho diputaciones andaluzas cuestan 2.000 millones de euros al año. Aznar nos dijo ayer que España no está para bromas. Y una broma es que el PP en Andalucía y el PSOE en Murcia alienten revueltas de funcionarios. A ver si ustedes nos dicen cuántos sobran en total. Con los 26.000 millones de González Pons se podrían eliminar los mismos 500.000 de Cameron. Hablemos en serio; es una necesidad nacional.

Mucha mucha hipocresía

Ignacio Martínez | 17 de enero de 2011 a las 11:46

Al consejero de Cultura de Murcia lo han apaleado tres sujetos, armados con nudillos metálicos. Le han partido varios huesos de la cara y dañado un ojo. Pedro Alberto Cruz, que es sobrino del presidente regional Valcárcel, acabó en un hospital, operado y con pronóstico reservado. Este dirigente del PP murciano hace tiempo que se sentía seguido, antes de ser víctima del cobarde ataque, de corte mafioso. El Gobierno popular de Murcia ha iniciado un atrevido ajuste en las retribuciones y jornada de trabajo de los empleados públicos de su comunidad autónoma, que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios. No sé si les suena.

Desde que se aprobó hace un mes ese plan, el PP está sufriendo lo que Rajoy y Cospedal han calificado como un acoso sindical. Acoso del que culpan, por su pasividad, al Ministerio del Interior, o sea al primer ministro Rubalcaba, actual campeón de las huestes socialistas. Lo que ha hecho el Gobierno murciano es un plan para ahorrar unos 300 millones de euros, sobre la base de reducir de 175 a 100 euros un complemento de productividad, y aumentar la jornada laboral de 35 a 37,5 ó 40 horas semanales, según los casos.

En la práctica, Valcárcel se adelanta a los tiempos que vienen para todas las autonomías; una época en la que no se descartan notables reducciones de personal. La Vanguardia informaba el sábado que el PSOE cuestiona el elevado número de defensores del pueblo o el insostenible número de televisiones públicas que disparan el gasto de las comunidades autónomas. Lo que se une al aviso de Aznar de que España no puede pagar 17 autonomías y de González Pons de que el sobrecoste autonómico es de 26.000 millones de euros anuales.

El caso murciano ha tenido el agravante de que el delegado del Gobierno en la región hizo unas desafortunadas declaraciones en diciembre, cuando se produjeron intentos de agresión a un senador popular, un alto cargo del Gabinete de Valcárcel y un parlamentario autonómico del PP. El socialista González Tovar, tras minimizar estos incidentes, acusó de mala gestión de las finanzas públicas al Gobierno regional. Si le ponen un espejo al caso murciano, quizá encuentren un curioso paralelismo con la situación que vive la Junta de Andalucía con los sindicatos de funcionarios, que cuentan con la pasividad, cuando no con el aplauso del PP.

En Murcia, el PSOE le dice al PP que le falta diálogo. En Andalucía Arenas le pide a Griñán que dialogue. Esto será un pim pam pum hasta que los dos partidos acepten que no pueden decidir en solitario sobre retribución, organización y plantillas de los empleados públicos. Joaquín Sabina escribió una canción hace veinte años que se llamaba Pacto entre caballeros. Salvo por el título, poco que ver con esta historia: el de Úbeda hablaba allí de mucha mucha policía y aquí hay mucha mucha hipocresía.

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Escándalo en La Condomina

Ignacio Martínez | 9 de octubre de 2010 a las 10:23

Se oyó en la radio. Escándalo en La Condomina. Pero no era Paco González en la Cope, era Carlos Santos en Radio Nacional. No era un comentario de deportes; no era un árbitro robándole el partido al Murcia, con una decisión equivocada en opinión del respetable público. Era corrupción. O presunta corrupción, si lo prefieren. Unos señores políticos, empresarios y técnicos acusados de asuntos nada respetables.

El propietario del Murcia y promotor de la Nueva Condomina y el concejal de urbanismo del PP imputados junto a media docena de personas en una trama de presunta corrupción. Se les acusa de malversación, blanqueo de capitales y cohecho. Se trata de la recalificación urbanística de un millón de metros cuadrados de zona rústica para convertirlos en suelo residencial, comercial y deportivo. PSOE e IU llevaron el tema a los tribunales y denunciaron revalorizaciones astronómicas del precio del suelo. Esta no es materia en la que haya una exclusiva partidista: en Barcelona, el concejal socialista de Comercio y el gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad están siendo investigados por una juez de instrucción y la Fiscalía Anticorrupción por su relación con una red de sobornos y extorsiones en las licencias municipales.

El problema mayor no es que estas cosas pasen y se descubran. Lo peor es alguna reacción. Por ejemplo, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, veterana en estas lides. No es la primera vez que ataca al Estado de Derecho en situaciones parecidas, y por el caso de Murcia acusó a Rubalcaba: “Es una de las operaciones de distracción que, lamentablemente, tanto gustan al Gobierno; en esta ocasión para desviar la atención sobre asuntos como las primarias en Madrid”. En Barcelona el Ayuntamiento no ha atacado a nadie, pero tampoco ha cesado a su concejal y confía en su inocencia.

La presunción de inocencia de políticos y empresarios imputados en causas penales debe ser protegida, como un derecho constitucional que es. Pero esta afición de la señora Cospedal a golpear al Gobierno en el rostro de jueces, fiscales o policías es inquietante. Por cierto, que quien la ha puesto en su sitio esta vez ha sido un correligionario, que ha estado a la altura de la categoría de su puesto. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, antiguo consejero de Camps en Valencia, propuesto para el cargo por el PP, ha afirmado que la Administración de Justicia no persigue a nadie, sino que hace lo que le corresponde constitucionalmente: averiguar si hay delitos y resolver si existen o no responsabilidades judiciales.

Quien pretenda camuflar o justificar un caso de corrupción está en realidad tomando por lerdo al respetable público. Público que, desgraciadamente, no se indigna por estos casos como con los árbitros…

Crónica de una fusión anunciada: Unicaja y Cajasur formarán la cuarta o quinta caja de España

Ignacio Martínez | 14 de junio de 2009 a las 12:30

 

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“Esto no es echar un huevo a freír, hace falta tacto, generosidad y el encaje de todas las piezas”. Esta frase resume la situación de los contactos entre Cajasur y Unicaja con vistas a una eventual fusión. Ambas partes están buscando un acuerdo viable económica y financieramente, pero sobre todo práctico desde el punto de vista institucional. Ese aspecto es el más delicado de todos, de tal manera que esta posible fusión es muy diferente a la frustrada operación entre Unicaja y la de Caja Castilla La Mancha, a finales de marzo: allí se trataba de llegar a un acuerdo económico y financiero primero y se dejaban las cuestiones institucionales para después; y aquí es al revés, las cuestiones institucionales deben ser cerradas de antemano. Eso significa que si los consejos de administración de ambas cajas andaluzas mandatan a sus presidentes para iniciar una negociación formal, estaríamos ante una fusión cerrada de antemano, es decir, resuelta en sus aspectos más espinosos. ¿Quiere esto decir que los próximos consejos de Unicaja y Cajasur, el viernes 19 y el miércoles 24 respectivamente, abordarán esta cuestión? La respuesta de la decena de dirigentes de las cúpulas de las dos cajas, la Junta de Andalucía, la CECA, el PSOE o el PP consultados por este diario es cauta. Ninguno ha querido salir con su nombre y apellidos, pero sus afirmaciones han servido para componer la foto de la situación.

La clave es que la empresa resultante sea más fuerte, más sana. En todos los indicadores de solvencia, rentabilidad y posicionamiento de negocio estaríamos ante una de las grandes cajas de España: tercera o cuarta en beneficios, cuarta en oficinas, quinta en depósitos, sexta en activos. Fácilmente la quinta de España en la actualidad, con posibilidades de una rápida progresión. Líder absoluta en cinco de las ocho provincias andaluzas y con un claro liderazgo en el conjunto de la región. Todo esto está muy bien, ¿pero cuál será el papel de Córdoba y de la marca Cajasur en el futuro? El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que fue cocinero antes de fraile, ya ha lanzado la idea de que las marcas locales no deberían perderse en eventuales procesos de fusión. El presidente también ha dicho desenfadadamente que “todos están hablando con todos”, quizá para quitar hierro a procesos que todo el mundo considera inevitables y que pueden ser dolorosos para quienes los protagonicen como actores de reparto. Griñán y el arzobispo coadjutor de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, que todavía es administrador apostólico de la Diócesis de Córdoba, no están ajenos a esa idea de que “todos hablan con todos”. La Iglesia es la entidad fundadora de referencia de Cajasur, aunque sólo tiene el 34% de la asamblea y el 30% del consejo de administración. Las pésimas relaciones entre la Junta y la Iglesia hasta 2004 fueron resueltas en muy poco tiempo y en buena armonía gracias al entendimiento personal del entonces consejero de Economía, y hoy presidente, con el obispo cordobés Asenjo.

¿Se decidirá la Iglesia a una fusión de Cajasur con otra caja andaluza? Parece que ya está convencida de la inevitabilidad de la operación. De hecho para crear ambiente, el pasado viernes por la tarde, Santiago Gómez Sierra, el presidente de la entidad, dijo que no descartaba una fusión, en la asamblea general a la que se presentaron las cuentas definitivas de 2008 y el plan de negocio reclamado por el Banco de España, para resolver la morosidad, la liquidez y la solvencia. No sólo la Iglesia, todos afirman en Córdoba que hay el máximo consenso en la entidad más allá de instituciones y partidos. Y añaden que Cajasur es “una perita en dulce” o “una caja apetitosa” por la identificación que tiene con su territorio: “acapara más del 50% del ahorro de la provincia de Córdoba, algo que no tienen ni Unicaja en Málaga, ni Cajasol en Sevilla”. También se tiene claro que una vez que se asuma que se va a una fusión y que Unicaja puede ser la mejor opción, mientras antes de haga, mejor.

Se da la circunstancia de que en el consejo de administración de Unicaja hay tres representantes de la Iglesia, por entidades fundadoras de las antiguas cajas de Almería, Málaga y Ronda. Cajasur ha explorado en los últimos tiempos escenarios alternativos: una fusión a tres con las otras dos cajas de la Iglesia en España, Cajacírculo de Burgos y CAI de Zaragoza. También ha medido las posibilidades con una caja de las más solventes de España, Caja Murcia, que está en una comunidad uniprovincial y sin otra entidad con la que fusionarse en su región. La Junta ha expresado su preferencia por aprobar fusiones dentro de la región. De facto, es una competencia estatutaria exclusiva del Gobierno andaluz autorizar la fusión de una caja regional. Pero el Ministerio de Economía quiere introducir en el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que se aprobará antes de un mes, una cláusula según la cual si una entidad recibe fondos del FROB el Banco de España podría condicionar su fusión. Es algo que la Junta consideraría anticonstitucional, porque el Estatuto es una ley orgánica del Estado y sus atribuciones no pueden ser modificadas por un decreto ley, de menor rango. Aún no se sabe la dotación del FROB, que estará entre los 9.000 y los 90.000 millones de euros.

El Banco de España se sorprendió de los escasos fondos retirados por los impositores cuando la agencia Fitch rebajó a BB+ la calificación crediticia de Cajasur el 22 de abril, la misma que le dio a la Caja Castilla La Mancha un mes antes de su intervención. En Córdoba y Jaén, que componen el 80% del negocio de la tercera caja andaluza, la fidelidad del público ha sido óptima, dicen fuentes de la caja. La razón por la que la calificación de los créditos de esta entidad han sufrido un varapalo es que los riesgos han estado muy concentrados en la construcción. “Pero, ¿qué empresa andaluza pide un crédito de 10 millones de euros? Una agroalimentaria una vez al año. Esto no es el País Vasco con una economía diversificada”.

Los dos grandes partidos de Andalucía no ven mal la operación, si las entidades así lo deciden. Tanto PSOE como PP prefieren una fusión de Cajasur con otra caja andaluza. Algún dirigente popular desliza la idea de que Unicaja está mejor implantada en el territorio en el que el PP andaluz es más fuerte. Pero ambos partidos tienen claro que éste no es un asunto para la pelea política, como las carreteras o los hospitales. Ahora, lo más importante son las cuestiones institucionales: evitar la pérdida de las marcas originales, que se mantengan las obras sociales, que el peso de Córdoba o el papel de la Iglesia tengan su encaje en el diseño futuro. En Córdoba, en particular la Iglesia, son muy sensibles a que se piense que se les puede empujar y se les puede marcar el calendario. También está en juego el futuro de más de 3.000 trabajadores. En este momento, hay quien piensa que la expansión a Madrid, Barcelona, la Comunidad Valenciana, Extremadura o Almería fue un error. El plan de austeridad presentado al Banco de España ya incluye el cierre de más de veinte oficinas durante este año.

Esta fusión a dos tiene algunos inconvenientes formales. El lado bueno es que Unicaja tiene potencia para soportar esta operación. Pero hay aristas estéticas: hay un pez grande que se come al chico. Algún dirigente socialista ha sugerido que podría estar mejor una macrofusión de Unicaja, Cajasur, CajaGranada y Caja de Jaén. Sería repetir el modelo de integración de cinco cajas en Unicaja en 1991. También se acercaría al proyecto de caja única lanzado por el presidente Chaves en 1999. Aunque en estos diez años sólo se ha producido la fusión de El Monte y San Fernando que ha dado lugar a Cajasol.

Pero lo que está ahora encima de la mesa es la posibilidad de que la primera y la tercera caja de Andalucía se unan para formar una nueva entidad que en todos los parámetros de rentabilidad, beneficio, morosidad y capital básico estaría mejor que la media del sector. No es fácil componer el nuevo esquema. Realmente es cierto que no es como echar un huevo a freír.

Mayorías de edad

Ignacio Martínez | 17 de mayo de 2009 a las 9:26

Ya tenemos un catálogo completo de mayorías de edad. Una civil a los 18, responsabilidad penal desde los 14, sin límite para la píldora del día después, y 16 para abortar. Más allá de criterios morales o de costumbres, habría que armonizar estas edades. Y, de camino, hacer un esfuerzo colectivo para aumentar el sentido de responsabilidad de nuestros jóvenes. Lo que incluye su educación sexual. De las 20.358 interrupciones de embarazo contabilizadas en Andalucía en 2007, un 43% eran mujeres que ya habían abortado antes. Y casi dos tercios tenían una instrucción que como mucho llegaba a la secundaria. Este es un problema social de primer orden, que no tendrá solución sin más y mejor formación.

También falta severidad. Las autoridades pueden aprender de su propia actuación en otra materia que estaba fuera de control: el tráfico. El ministro del Interior ha presentado esta semana una campaña para promover el uso del casco entre los conductores de ciclomotores de Andalucía, Extremadura y Murcia, que es donde menos diligentes son los jóvenes en esta materia. Rubalcaba sostiene que un 84% de los conductores usa esa protección en las ciudades y el 64% de los acompañantes. Quizá sea la media nacional, en Andalucía seguro que es menos. La Dirección General de Tráfico ha pedido a las policías locales que inmovilicen las motocicletas cuyos ocupantes no lleven el casco y multen a los conductores con 150 euros y la pérdida de tres puntos.

No es un capricho: tres de cada cuatro motoristas fallecidos lo son a consecuencia de heridas en la cabeza; el riesgo de sufrir una lesión cerebral se multiplica por tres si los pasajeros no llevan casco. Estadísticamente, la posibilidad de morir en un accidente de ciclomotor es 17 veces mayor que en uno de coche. Las motillos han aumentado en un tercio en los últimos cinco años, pero siguen siendo ejemplo de irresponsabilidad en la circulación. Es raro no ver diariamente a jóvenes que se saltan semáforos en rojo. Se ha aumentado la edad para conducir ciclomotores y ahora llega la campaña del casco: algo de la doctrina Rubalcaba falta en la gestión de otras políticas.

Un cazador contra el dragón de la crisis

Ignacio Martínez | 5 de abril de 2009 a las 10:08

El Grupo Sánchez-Ramade ha comunicado esta semana que su consejo de administración ha nombrado a Javier Sánchez-Ramade nuevo presidente de su conglomerado empresarial. Hasta ahora ocupaba una de las dos vicepresidencias ejecutivas. El próximo mes de junio se cumplen cuatro años del fallecimiento del fundador de esta compañía cordobesa, que es la octava de Andalucía por volumen de negocio, pero la primera de las no cotizadas en Bolsa. La mayor parte de los 1.400 millones de euros que facturó en 2008 Sánchez-Ramade fue debida a su actividad dentro de la región, que es el núcleo duro de su fuerza empresarial. El grupo está radicado en todas las localidades andaluzas de más de 40.000 habitantes, aunque también opera en las dos Castillas, Madrid, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. Este holding es uno de los gigantes empresariales andaluces y tiene una importante diversificación en la construcción, la automoción, los cines, la informática, la gran distribución, la agricultura o los servicios financieros. A pesar de la crisis, Sánchez-Ramade sólo ha bajado el año pasado su facturación un 3%.

La nueva cabeza visible de Sánchez-Ramade sustituye en el cargo a su madre, Mercedes Moreno, que ha sido la presidenta desde 2005. En estos cuatro años Eugenio, abogado, y Javier, profesor mercantil, han sido los vicepresidentes del grupo, aunque los cuatro hermanos tienen los mismos votos en el consejo, actúan de común acuerdo y tienen repartidos sus papeles en la empresa familiar. Eugenio preside las empresas de automoción y ocio (Cinesur); Javier, la de distribución de electrodomésticos Urende; Álvaro, también abogado, las de informática Diasa y Diasoft, y Martín, economista, la constructora y promotora Noriega. El de automóviles ha sido el sector que más se ha resentido el año pasado, aunque su 17% de descenso en la facturación es la mitad de lo que ha bajado de media en el país. Curiosamente la constructora ha aumentado su volumen de negocio, en contra de la tendencia nacional. Para este año, el grupo espera repetir los resultados consolidados del anterior.

Javier Sánchez-Ramade (Córdoba 1957), ha sido el portavoz del clan familiar desde la muerte de su padre, Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, el patriarca de esta familia cordobesa propietaria del destacado holding empresarial. Los abuelos de la actual generación eran de los dos extremos de la región: Huelva y Almería, y su padre se radicó en el centro. Fue a hacer las milicias universitarias a Córdoba en 1950, allí se casó con Mercedes Moreno y se estableció. Los Sánchez-Ramade son una familia muy unida, que en la época de don Eugenio presumían de ser “un patriarcado empresarial y un matriarcado familiar”. La saga empresarial la inició su abuelo en La Rábida (Huelva), en un cine que tenía como lema La pantalla de los éxitos, y después siguió su actividad en Sevilla y Cádiz. La cuarta generación de la rama cordobesa ya ha llegado a la compañía, como pudo verse el pasado jueves en la foto de la dirección del grupo. La familia mantiene su vocación emprendedora.

El nuevo presidente hace hincapié en el carácter andaluz de su conglomerado empresarial. Aunque en algunos asuntos defiende con ardor a su patria chica: es un decidido partidario de que Córdoba sea la capital cultural europea en 2016. No tiene nada contra Málaga, a la que define como la capital económica de Andalucía y a la que admira por su carácter emprendedor, pero en el capítulo capitalidad del 2016 no parte peras con nadie. En referencia a la cultura, Javier Sánchez-Ramade no va mucho al cine, pero cuando lo hace está como en casa: su empresa tiene 175 salas de proyección. La película que más le ha fascinado ha sido Memorias de África. El paisaje y los personajes hicieron huella en su espíritu de cazador y amante de la naturaleza. Tanto, que ha ido a cazar antílopes, búfalos y pumas a Tanzania y Sudáfrica. Ha aficionado a la caza mayor a los cuatro hijos que ha tenido con su esposa, Blanca. Caza sobre todo en Sierra Morena. No sólo como ocio o deporte, sino como terapia, para desconectar del ajetreo empresarial.

La empresa familiar ha hecho algunas aportaciones al cine nacional. La foca con una pelota en la boca, símbolo de Exclusivas cinematográficas Sánchez-Ramade, es el león de la Metro español. Esta empresa, antes de ofrecernos pisos, coches, electrodomésticos o programas de ordenador, nos vendía fantasía con el cine, desde los años 30, dos generaciones atrás. A Javier le gustan las películas de Garci, y las canciones de Víctor Manuel y Sinatra. En lectura, prefiere las biografías. Recuerda en especial las de los ex presidentes de la Chrysler, Lee Iacocca, y de la General Electric, Jack Welch, que utiliza como libros de cabecera. En estos tiempos difíciles, él y muchos otros empresarios de Andalucía, de todos los sectores y provincias, están escribiendo la historia de cómo luchar contra el dragón de la crisis y ganarle la partida. Buena tarea para un cazador.

La morosidad regional es un 17% mayor que la media nacional

Ignacio Martínez | 8 de febrero de 2009 a las 10:24

Andalucía encabeza la clasificación de morosos en España. Este diario publicaba ayer que la Asociación española para la prevención de impagados y morosos ha clasificado a los ayuntamientos andaluces, canarios y murcianos como los más lentos de España en pagar a sus proveedores. Esa asociación sostiene que es una cuestión de mentalidad, porque Andalucía ha sido tradicionalmente mala pagadora. Es lo que se llamaría, en lenguaje llano, mala imagen. Lo cierto es que mientras los municipios españoles tardan de media nueve meses en atender las facturas de sus proveedores, los andaluces lo hacen con un retraso de 16 meses. Es una diferencia espectacular, es un 78% mayor aquí que en el conjunto nacional. Dos de cada diez empresas pueden cerrar por el impago de las administraciones. Es una advertencia seria.

El almuerzo del jueves entre el presidente Chaves y sus banqueros fue una reunión seria según varios de los presentes. Pero no se habló de morosidad. Y es un asunto muy delicado. Mientras en España la media de morosidad de todas las entidades financieras es de alrededor de un 3%, en Andalucía el conjunto de bancos, cajas y cooperativas de crédito soportan el 3,5%. Ese medio punto significa un 17%. Muy mal dato. Sobre todo, por las perspectivas. Botín, presidente del primer banco español, el Santander, informó el jueves que la morosidad de su banco ha crecido hasta el 2,04%, pero que teme que este año se dispare hasta el 4,5%. Hagan cálculos sobre lo que puede pasar a los demás.

Entretanto, las autoridades intentan que las empresas con viabilidad pero con problemas de tesorería salgan adelante. Y lo hacen con iniciativas propias, como un plan de salvamento y reestructuración que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa lanzó en noviembre, con un presupuesto de 87 millones de euros hasta final de 2009. Ya se han aprobado avales para más de cuarenta compañías. Este es el campo de juego en el que se movieron el jueves Chaves y el vicepresidente Griñán con los máximos responsables de las cinco cajas de ahorro andaluzas. Ya se sabe que las empresas y particulares muy solventes no tienen problema para conseguir préstamos. Y también que los insolventes no van a lograr que ningún banco o caja les preste, por mucha presión que hagan las autoridades o la opinión pública. Pero la mayor parte de los demandantes de crédito que no son atendidos están en una zona intermedia en la que no es tan fácil la decisión.

Braulio Medel, presidente de la Federación de cajas regionales, sacó su estilo de profesor de Economía al término del encuentro y explicó que se ha producido una reducción importante de la liquidez canalizada a través de los mercados financieros internacionales, y también una notable pérdida de solvencia a escala mundial. Pero que el crédito concedido ha aumentado más que el producto interior bruto. Insistió en que se piden muchos menos créditos, en especial hipotecarios, porque se han iniciado en 2008 un 46% de viviendas menos que el año anterior y las transacciones se han reducido en un 28%. Y reconoció que se ha reducido la oferta de créditos. Una de las razones por las que hay menos liquidez es que de cada tres euros que se prestan en la actualidad, uno no es dinero que se invierta ahora, sino que tapa agujeros anteriores. Esto supone que hay menos combustible en la economía, lo que se está secando la liquidez. En estas circunstancias, las entidades financieras actúan con gran cautela.

Medel sostuvo el jueves que en las últimas semanas hay más disponibilidad y más confianza entre las entidades financieras. Un rayo de esperanza que debe bajar la ansiedad latente en medios empresariales.

El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

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El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.