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Pena de telediario

Ignacio Martínez | 4 de noviembre de 2009 a las 11:11

Someter al escarnio público a cualquier detenido, al conducirlo ante el juez esposado, es una desconsideración innecesaria. No sólo por la presunción de inocencia; no se debiera hacer ni con un condenado. Las ejecuciones públicas medievales tenían más de venganza o espectáculo que de justicia. La era de los derechos humanos exige otros modos. Está claro que hay que investigar, juzgar y condenar con severidad a quienes hayan cometido estos delitos de corrupción política tan frecuentes. Estos delincuentes de cuello blanco, además, han traicionado a los ciudadanos que les habían elegido para gobernarles, en la confianza de que eran personas honradas. Pero nada de esto excluye tratarlos con el respeto que merece la dignidad de las personas. Y eso vale para cualquier modalidad de delincuencia, salvo cuando se trate de sujetos peligrosos, acusados de asesinato o terroristas, a los que hay que trasladar con las precauciones debidas.

La llamada pena de telediario no está en el Código penal, según nos ha recordado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero ha vuelto en las puertas de la Audiencia Nacional, con el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Esta vez, en las carnes de militantes del PSOE y CiU, lo que desmiente la teoría del PP de que se aplicaba esta medida sólo a los suyos por orden del avieso ministro del Interior. En medio de esta melé ha aparecido el ocurrente presidente de Cantabria, que esta vez no ha estado afortunado. Ha dicho que es edificante y maravilloso que se muestren las imágenes de los detenidos esposados, porque demuestra que el que la hace la paga. Revilla cree que hay que exponerles incluso un rato para que vean que tienen que someterse como mínimo, aparte de los años que les puedan meter de cárcel, a la vergüenza de sus conciudadanos y de sus familiares. No. En la Edad Media estas cuestiones no se resolvían mejor. Lo que me parecería estupendo es que los truhanes devolvieran lo robado, cosa que no suele ocurrir.

Hay otros casos de alergia a la pantalla. En Nápoles están disgustados porque la Fiscalía difundió un vídeo en el que un sicario de la Camorra asesina a un mafioso rival. Querían identificar al asesino, pero la industria turística y las autoridades municipales creen que da mala imagen de Nápoles. Es lo que tienen la sangre y los grilletes. Por el contrario, personas valiosas nos dan ejemplo de absoluta discreción. Una doctora se acercó en enero a una mujer en un autobús de Barcelona y le advirtió que podía tener un raro tumor, lo que facilitó que se operase con premura y probablemente salvara la vida. El otro día, la paciente improvisada pidió con una carta en La Vanguardia, conocer a esa persona. La médico en cuestión no ha querido dar su nombre ni salir en las televisiones. Hay quien tampoco quiere gloria de telediario. Es un consuelo: queda gente juiciosa.

Prevención cero

Ignacio Martínez | 2 de noviembre de 2009 a las 1:06

La caída de un presunto comando corrupto en Cataluña ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana. Los periódicos titulan que la corrupción empieza a ahogar la democracia, que la mancha se extiende, que la enfermedad afecta al oasis catalán y que existe una perceptible sensación de decadencia política. A la crisis que ha despertado a España del sueño de su milagro económico, se superpone una evidente crisis de liderazgo y ahora nos abruma este carrusel de detenidos ante juzgados de todas las latitudes: El Ejido, Sevilla, Marbella, Alhaurín El Grande, Estepona, Manilva, La Línea, Gürtel, Palma o Santa Coloma. No faltan partidos ni territorios.

La última operación de limpieza ha sido en Santa Coloma de Gramanet, saldada por el juez Garzón con prisión incondicional para cuatro sujetos vinculados al PSC-PSOE y dos de Convergencia Democrática, íntimos colaboradores del ex presidente Pujol. Preguntado por este asunto el viernes, al término de la cumbre europea, el presidente del Gobierno dijo que no descarta mejorar en el futuro los instrumentos de lucha contra la corrupción, pero que de momento no hay reformas legislativas en estudio. Un trasteo improvisado para salir del compromiso. Como el de la vicepresidenta Fernández de la Vega, cuando sostuvo que en el caso de Santa Coloma se habían asumido responsabilidades de forma inmediata y rápida. Falso. La Cámara de Cuentas catalana envió al Parlament un informe en 2007 en el que se denunciaban irregularidades en Santa Coloma. Y los socialistas, que gobernaban en esta localidad vecina de Barcelona, no actuaron de forma inmediata ni rápida.

Una sabia medicina contra esta enfermedad sería la prevención. Por ejemplo, que si el presidente del PP en la Comunidad Valenciana resulta ser “amiguito del alma” del presunto capo de una trama corrupta, debe dimitir, le hayan hecho o no regalos a él, su familia y sus colaboradores. Por ejemplo, que si un partido se escinde por la extrema derecha del PP, no puede ser bienvenido como aliado del PSOE en la Diputación de Almería. Por ejemplo, que el lugarteniente de Jesús Gil Marín en Estepona no puede convertirse cuatro años después en el brazo derecho de un alcalde del PSOE.

Todo esto y mucho más se sabía. No hace falta endurecer las leyes para que disminuya la corrupción. Bastaría con que los partidos tuviesen un mínimo sentido común en la elección de sus representantes y socios de gobierno. Pero eso está reñido con la lucha de los clanes que se disputan el poder en un territorio, con los afanes por sumar votos para conseguir una diputación u otras mezquindades que hacen que los dirigentes pierdan el pudor. Todo esto desmonta la tolerancia cero de la que presume la vicepresidenta. De momento lo que tenemos es prevención cero.