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Parados con red

Ignacio Martínez | 17 de octubre de 2012 a las 13:07

El Gobierno andaluz decidió ayer atender los requerimientos de 1.300 antiguos trabajadores de una serie de grandes empresas andaluzas y garantizarles unas prestaciones que en los próximos 14 años sumarán 225 millones de euros. Es una obligación de las autoridades atender a las personas que se quedan sin empleo, darles formación, buscarles una alternativa laboral y, si se puede, hasta pagarles una prejubilación. Lo que llama la atención es que los colectivos subsidiados en esta ocasión tienen perfiles coincidentes: provienen de grandes empresas con alta sindicación entre sus obreros y han realizado acciones de protesta con amplia repercusión sobre los ciudadanos: Astilleros de Sevilla, Boliden, Delphi, Santana.

Los antiguos mineros de Boliden se han encerrado en la catedral de Sevilla, en la Consejería o se han encadenado a las verjas del Parlamento para que la Junta resolviese su precaria situación (sic) y cumpliese unos acuerdos de recolocación. Con la misma reivindicación, los de Delphi han frecuentado el puente de Carranza en Cádiz, los de Santana eran habituales de las carreteras de Jaén, y los de Astilleros alguna mañana han sido capaces de bloquear las entradas a Sevilla. La pregunta es cuánta gente se queda en el paro y por no tener la misma capacidad de movilización no consiguen que les saquen de su precaria situación, les garanticen una recolocación o les aseguren una prejubilación. La mayoría son trabajadores que van al desempleo y a la precariedad sin red.

Ayer en TVE salió un veterano obrero de Linares, muy preocupado por el futuro de sus hijos y sus nietos. En todas partes hay gente preocupada por el futuro de hijos y nietos. Pero no debería haber dos clases de despedidos de empresas en crisis: los que consiguen sacarle los dineros a las autoridades y los que se tienen que aguantar con su suerte, porque no hay fondos para todos. No es justa esta impresión de que hay dos clases de parados.

La política industrial de la Junta de Andalucía en estos 30 años reclama un examen parlamentario. Un pleno extraordinario en el que deberíamos saber qué ayudas se han dado y con qué rentabilidad. Por ejemplo, cuánto dinero ha enterrado el contribuyente en Linares para mantener en pie una fábrica cuyos productos no se defendían en el mercado? El Gobierno andaluz jamás ha contestado a esta pregunta. Hay quien sostiene que la política de incentivos a las empresas en dificultades acaban adocenándolas. Y defienden que se ayude a las mejores, para que aumenten su competitividad y abran nuevos mercados. Quienes esto propugnan tienen la convicción de que de esta manera se crea más empleo y se reduce la precariedad. El acuerdo de ayer del Gobierno regional intenta liquidar situaciones enquistadas. Una mala herencia, que no debería repetirse. No por cambiar de política social, sino por tener otra política industrial.

 

 

EL Gobierno andaluz decidió ayer atender los requerimientos de 1.300 antiguos trabajadores de una serie de grandes empresas andaluzas y garantizarles unas prestaciones que en los próximos 14 años sumarán 225 millones de euros. Es una obligación de las autoridades atender a las personas que se quedan sin empleo, darles formación, buscarles una alternativa laboral y, si se puede, hasta pagarles una prejubilación. Lo que llama la atención es que los colectivos subsidiados en esta ocasión tienen perfiles coincidentes: provienen de grandes empresas con alta sindicación entre sus obreros y han realizado acciones de protesta con amplia repercusión sobre los ciudadanos: Astilleros de Sevilla, Boliden, Delphi, Santana.

Los antiguos mineros de Boliden se han encerrado en la catedral de Sevilla, en la Consejería o se han encadenado a las verjas del Parlamento para que la Junta resolviese su precaria situación (sic) y cumpliese unos acuerdos de recolocación. Con la misma reivindicación, los de Delphi han frecuentado el puente de Carranza en Cádiz, los de Santana eran habituales de las carreteras de Jaén, y los de Astilleros alguna mañana han sido capaces de bloquear las entradas a Sevilla. La pregunta es cuánta gente se queda en el paro y por no tener la misma capacidad de movilización no consiguen que les saquen de su precaria situación, les garanticen una recolocación o les aseguren una prejubilación. La mayoría son trabajadores que van al paro y a la precariedad sin red.

Ayer en TVE salió un veterano obrero de Linares, muy preocupado por el futuro de sus hijos y sus nietos. En todas partes hay gente preocupada por el futuro de hijos y nietos. Pero no debería haber dos clases de despedidos de empresas en crisis: los que consiguen sacarle los dineros a las autoridades y los que se tienen que aguantar con su suerte, porque no hay fondos para todos. No es justa esta impresión de que hay dos clases de parados.

La política industrial de la Junta de Andalucía en estos 30 años reclama un examen parlamentario. Un pleno extraordinario en el que deberíamos saber qué ayudas se han dado y con qué rentabilidad. Por ejemplo, cuánto dinero ha enterrado el contribuyente en Linares para mantener en pie una fábrica cuyos productos no se defendían en el mercado? El Gobierno andaluz jamás ha contestado a esta pregunta. Hay quien sostiene que la política de incentivos a las empresas en dificultades acaban adocenándolas. Y defienden que se ayude a las mejores, para que aumenten su competitividad y abran nuevos mercados. Quienes esto propugnan tienen la convicción de que de esta manera se crea más empleo y se reduce la precariedad. El acuerdo de ayer del Gobierno regional intenta liquidar situaciones enquistadas. Una mala herencia, que no debería repetirse. No por cambiar de política social, sino por tener otra política industrial.