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Una parroquia desanimada

Ignacio Martínez | 29 de septiembre de 2010 a las 10:09

Si los sindicatos querían hacer una protesta sonora contra la reforma laboral, la convocatoria de huelga de hoy ha sido un éxito antes de empezar. Llevamos semanas hablando del coste que tendrán las nuevas normas para los trabajadores, en pérdida de derechos. Si los sindicatos querían sacar músculo y convertirse en el referente de una izquierda confundida y desideologizada, se han quedado cortos. Han llegado a la recta final mirando de reojo a un Gobierno que piensan que les ha traicionado, pero al que no quieren dejar tocado. Un Gobierno, dicho sea de paso, que tampoco deseaba que el sindicalismo quedase desacreditado por este envite.

Si los sindicatos querían ganar crédito y convencer a los españoles de su papel esencial en una moderna sociedad democrática, han quedado lejos. Padecen un grave problema: su descenso de afiliación es constante desde la transición. Después de casi medio siglo de prohibición, cuando se produjo la legalización de las entidades sindicales en 1977, se inscribieron en el registro 1.321 organizaciones de ámbito nacional. En siete años, la gran oferta produjo un aluvión de afiliaciones. Se calcula que entonces uno de cada cuatro trabajadores españoles militaba y cotizaba en algún sindicato. Treinta años después, tanto la oferta como la demanda han caído en picado. Ahora los afiliados no llegan a uno de cada seis, cinco veces menos que en Dinamarca.

Si los sindicatos querían saber sin género de dudas cuántos españoles estaban con ellos en esta coyuntura, no deberían haber dedicado tanto esmero a parar los transportes públicos, para impedir físicamente la posibilidad de acudir al trabajo de muchos empleados. Cuando se hizo la huelga general del 14 de diciembre de 1988, por una reforma laboral del Gobierno de Felipe González que introducía el contrato temporal para jóvenes, lo más espectacular resultó que en TVE, la única televisión nacional en aquel momento, la emisión se suspendió a las doce en punto de la noche. Actuaciones así aumentan la repercusión pública de la protesta, pero no mejoran su representatividad.

Si los sindicatos querían que el Gobierno diese marcha atrás en las reformas emprendidas, es improbable que lo consigan. Sin embargo, si pretendían advertir al presidente Zapatero ante futuras reformas como la de las pensiones, es muy posible que hayan mandado el recado suficiente. Pero si los sindicatos abrigaban la esperanza de subir el ánimo a la decaída parroquia nacional, han fracasado de plano. Los españoles están descorazonados con el presente y tan pesimistas sobre su futuro inmediato que no se han querido comprometer con esta convocatoria. Al final, en el intenso debate de estas semanas se ha hablado poco sobre el problema esencial: cómo hacer que crezca la economía y se genere empleo. Eso sí que animaría a la parroquia.

Se buscan culpables

Ignacio Martínez | 15 de septiembre de 2010 a las 12:47

Esperanza Aguirre es una estrella del espectáculo de nacimiento. Ya vino de fábrica con un inhibidor del miedo escénico. Al contrario, donde está más a gusto es bajo los focos. En calcetines, cuando vuelve del atentado de Bombay, por poner un ejemplo gráfico. Y además de sus indudables condiciones innatas ha desarrollado un instinto depredador en la pugna política, que le permite salir más airosa que ningún otro dirigente popular salpicado por el caso Gürtel o desafiar al Gobierno con el incumplimiento de la ley antitabaco y de la subida de impuestos. Lo importante es estar en el candelero y, de camino, dejar en evidencia la pusilánime actitud de Rajoy ante los problemas del país.La estrella del firmamento político nacional, admiradora sin complejos de la gran Margaret Thatcher, tiene ahora la misma edad que tenía la dama de hierro cuando era inquilina del 10 de Downing Street. Bueno, de hecho, la Thatcher a los 58 años ya llevaba cuatro de primera ministra. Pues bien, nuestra Aguirre, como su adorada predecesora británica, le ha puesto proa a los sindicatos, en un momento en el que no gozan de mucho predicamento en el país. Y lo ha hecho, con la habilidad que le caracteriza, con abundancia de pirotecnia: dice que quiere quitarle 2.000 liberados a los sindicatos en la Comunidad de Madrid, con los que se ahorraría 70 millones. Traducido al lenguaje de la calle, la presidenta de Madrid insinúa que hay una manta de vagos enchufada de delegados en las empresas públicas y deja caer que la crisis la paguen los sindicalistas.

Hasta aquí lo que podríamos llamar show business. Pero es que Aguirre no está sola. Y no porque haya salido en su apoyo, a remolque, Mariano Rajoy. No está sola porque ha dicho en voz alta lo que mucha gente piensa en silencio. En el inconsciente colectivo el delegado sindical de empresa pública no está bien visto. Vamos, no están bien vistos ni por los delegados de empresas privadas, en donde sí que es difícil y arriesgado ejercer esa función.

¿Hay demasiados liberados en las empresas públicas? ¿Cumplen con su función social los sindicatos? Es posible que sean demasiados los delegados y que haya algunos aprovechados. Pero hay que procurar que no se nos extravíe la brújula. He oído el otro día a un tertuliano de Radio Nacional decir que sin sindicatos Europa estaría mejor. Y eso es un despropósito. De la misma manera que unos concejales corruptos no nos llevan a plantearnos eliminar las elecciones municipales o unos diputados ineptos no hacen superflua la existencia de parlamentos, el sindicalismo, como todo órgano de representación democrática, es necesario. Y también mejorable, desde luego. Pero ahora lo que se intenta es hacer a los sindicatos culpables de la situación que vive el país. O cómplices. Es lista doña Esperanza.

Otro toro de Osborne

Ignacio Martínez | 29 de marzo de 2009 a las 10:07

El miércoles, en la celebración del primer centenario de la Asociación de la Prensa de Sevilla, el presidente Chaves dijo en su discurso que “probablemente” los presentes no estarían allí dentro de un siglo para celebrar otra centuria. Su intervención fue seria: no evitó referirse a las penurias que pasa la profesión periodística y rubricó la necesidad para una democracia de tener una prensa fuerte e independiente. Pero llamó la atención el detalle de humor, que provocó la sonrisa de los presentes y, a continuación, el comentario con retranca, que parafraseaba literalmente sus palabras: “Probablemente dentro de un siglo Chaves ya no será presidente de la Junta; probablemente”. La apariencia de certeza de la palabra deja un margen para la duda, dado que como han leído ustedes unas páginas antes, el probable sustituto del presidente es el propio Chaves.

Los que sí estarán allí dentro de un siglo, probablemente, son los chiringuitos de las playas andaluzas. Ya saben que el Ministerio de Medio Ambiente los quiere liquidar, esgrimiendo la Ley de Costas de 1988. Pero hay dos cosas en España que han puesto de acuerdo al PSOE y el PP. El cambio de poder en el País Vasco, y la cruzada a favor de los chiringuitos en la que participan, todos a una, la Junta, la oposición, los alcaldes, los sindicatos y la patronal.

El Ministerio de Medio Ambiente, desaparecido en combate si se mira su esfuerzo inversor en esta etapa de crisis, en contraste con la actividad de Fomento, quiere despejar las playas de estas instalaciones consideradas agresivas por la legislación medioambiental. No hay duda de que hay algunos chiringuitos que deberían ser eliminados, por feos o insalubres. Pero si se hiciera un referéndum sobre indultar a estos singulares servicios, se produciría una masiva votación a favor. Sería otro caso como el toro de Osborne, indultado por la presión popular y de los medios de comunicación cuando se prohibió la publicidad en las carreteras. Curiosamente la Ley de Carreteras que afectó al toro de Osborne se promulgó el 29 de julio de 1988, un día después que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Costas que impide la continuidad de los chiringuitos.

Al poco de entrar en vigor la ley ya se eliminaron muchos establecimientos precarios. Han pasado los años, la Dirección General de Costas ha pasado del antiguo Ministerio de Obras Públicas al de Medio Ambiente. Y se han ido cumpliendo las concesiones administrativas, que Costas no ha prorrogado, pero ha seguido cobrando las tasas. Con el problema encima, el consejero de Turismo Luciano Alonso empezó a reclamar una solución dentro de la legalidad. Su argumento es que se trata de establecimientos que dan un servicio público de aseos, duchas, hamacas, pasarelas, además del hostelero, y sin ellos sufriría un retroceso no sólo el entorno de la playa donde se encuentran, sino el destino turístico. El diputado del PP Antonio Garrido tiene el mismo punto de vista y los define como un patrimonio cultural, en donde se ejerce la dieta mediterránea.

La semana también nos ha traído un rapapolvo del Parlamento Europeo al urbanismo salvaje en España. El pleno del Parlamento ha aprobado un informe de la diputada del Partido Socialista Popular danés Margrete Auken, encuadrada en el Grupo de Los Verdes, en la que se critica duramente el urbanismo descontrolado de los últimos años. Hay una docena de casos andaluces, de Cádiz, Málaga o Almería, enumerados en este rapport, que tuvo 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones. El informe culpa a todas las administraciones y a la Justicia de estos abusos, e incluso solicita que se congelen los fondos europeos que recibe España si tales irregularidades continúan. Lo malo es que probablemente dentro de un siglo todavía haya viviendas ilegales en Andalucía.