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Garzón: El enemigo público número uno

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2010 a las 8:52

La nómina de personas que querrían hacerle daño al juez Garzón debe ser amplia. Incluye a terroristas, narcotraficantes y grandes partidos políticos. Hay una forma antigua de daño que significa condenar a alguien o dar sentencia contra él, que encaja perfectamente en esta historia. Pero a los procesos contra Garzón le valen otras acepciones. Hay gente que le quiere perjudicar, causarle dolor y hasta destruirlo. Los procedimientos judiciales contra él son tres: uno por el auto de procesamiento a Franco, otro por el cobro de unas conferencias organizadas en Nueva York, que habría pagado el Banco Santander, y el último por las escuchas de las conversaciones de los procesados por el caso Gürtel con sus abogados. Los dos primeros casos han sido promovidos por personas y organizaciones nostálgicas de la Dictadura, como Falange o un supuesto sindicato llamado Manos Limpias. El superjuez ha acabado siendo el superprocesado de manera simultánea e implacable, como si fuese el enemigo púbñico número uno.

Vaya por delante que no pertenezco al club de fans de este juez estrella, cuyo ego ensombrece sus actuaciones. En octubre de 2008 escribí aquí que su auto contra Franco era un capítulo lucido para sus obras completas. Abrir un juicio de Nuremberg contra el dictador, los jefes del levantamiento militar del 18 de julio y los ministros de los gobiernos españoles desde el 36 al 51 era muy audaz. Les imputaba el asesinato de 114.266 personas. El tema tenía la polémica asegurada por muchos motivos, sobre todo por las dudas sobre si la ley de amnistía de 1977 amparaba los crímenes del franquismo, y también porque se pretendía procesar a personas ya fallecidas. Sea como fuere, el encausamiento de Garzón no se entiende fuera de España y abre una brecha en la convivencia nacional.

El acto de ayer de los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid es una muestra de esa fractura. Cándido Méndez considera que las querellas persiguen injustamente al juez por actuaciones judiciales como la instrucción del caso Gürtel y lo califica de vergüenza histórica. Por el contrario, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, piensa que este homenaje es un disparate y un atentado contra la democracia. El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha llegado más lejos y acusa a los magistrados del Supremo de dar un golpe brutal a la democracia española, convirtiéndose en instrumento del fascismo español.

Esto ocurre en un país en el que un delincuente como Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, invitaba a unas jornadas jurídicas anuales a la crema y nata de la judicatura española, incluidos magistrados del Supremo y el Consejo del Poder Judicial, a mesa, mantel y cama, bien acompañados y regalados, y no pasaba nada. Las jornadas jurídicas eran una pantomima: una conferencia de una hora a mediodía y el resto, una semanita a toda plan en la capital de la Costa del Sol. Y todos tan contentos. Sobre todo, Gil. 

La democracia ha llegado a todas partes tras la Dictadura, incluida la Policía, el Ejército y hasta la Iglesia, en la época del cardenal Tarancón. Pero está por llegar a la judicatura. Quizá haya llegado el momento de abordar esa cuestión. Éste es el lado bueno de convertir a Garzón en el enemigo público número uno.

Desfile, Gürtel y Barça. Broncas españolas

Ignacio Martínez | 14 de octubre de 2009 a las 10:29

La bronca contra el presidente del Gobierno el lunes en Madrid me suena de demostraciones más antiguas. Recuerda a cuando los mismos, o gente parecida, pedían la dimisión de Suárez o el paredón para el cardenal Tarancón. La extrema derecha es muy del pareado y del exceso; tiene querencia a pasar de la dimisión al paredón con arriesgada rapidez. Es lamentable que un acto de Estado, en el que el protagonista debe ser el Ejército de todos los españoles, sea infelizmente enturbiado por unos fanáticos que en el fondo reivindican que las Fuerzas Armadas les pertenecen y no quieren intrusos.

Y es penoso que este gesto nostálgico no sea censurado desde la derecha política y mediática. Gallardón le dio a Rajoy una lección de liderazgo: criticó sin ambages la pitada a Zapatero en un acto de Estado, mientras el presidente del PP se abstuvo. La prensa de derechas pretende encima que el comentario del presidente de que estos pitidos forman parte de un rito es “un desprecio” a los manifestantes. Lo que supone darles más munición para el año próximo.

Por cierto que Rajoy también se abstuvo de tomar medidas contra los implicados en el caso Gürtel, mientras Esperanza Aguire le daba otra lección de liderazgo cortando las cabezas de los afectados en la rama madrileña; cuestión de carácter. Los lodos del dontancredismo de Rajoy salieron ayer por las rendijas del PP valenciano, con Ricardo Costa amotinado con razón: no fue él quien llevó a El Bigotes a Valencia, ni quien decidió darle negocio en el partido o en la Generalitat, ni quien le mostraba tiernamente su cariño por teléfono. Así es como ha terminado en bronca la calma chicha en el mar de Levante y los argumentos de que el respaldo electoral blanqueaba la situación jurídica de los dirigentes populares. La doctrina Berlusconi no funciona en este costado del Mediterráneo, por fortuna.

La intransigencia no es monopolio de nadie. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, borracho con el triplete, sueña con unificar el nacionalismo catalán y ganar unas elecciones. Su soberbia le permite llamar “imbécil” al presidente de Extremadura, que es un apasionado barcelonista. Fernández Vara publicó un artículo en Marca en el que elogiaba la gestión de Laporta, pero le recordaba que no todos los barcelonistas son catalanes: “Visca el Barça y Visca Catalunya. Y viva España también, si me lo permites”. A lo que Laporta le contestó con una bronca telefónica que incluyó el grito de guerra independentista: “¡Visca Catalunya Terra Lliure!“. En el Barça han espiado a cuatro de los cinco vicepresidentes; a todos menos al candidato de Laporta para sustituirle. Cuando se le pregunta por ese turbio asunto, dice que se trata de una campaña de la prensa reaccionaria española. Es curioso, Berlusconi acusa a la prensa extranjera de dañar a Italia con las críticas a su persona. El maestro tiene otro alumno aventajado. Camps tiene competencia en Can Barça.

La Iglesia entra en campaña

Ignacio Martínez | 1 de febrero de 2008 a las 11:33

Ha vuelto a la palestra monseñor Martínez Camino, flamante obispo auxiliar de Madrid y jesuita, aunque no precisamente de la línea del nuevo Superior de su orden, el también español Adolfo Nicolás. El nuevo prelado ha entrado en campaña electoral. Sostiene que “en España, en estos momentos, hay varias leyes que son gravísimamente injustas y deben ser cambiadas porque lesionan derechos fundamentales”. Y aquí se adentra en terrenos de filosofía y moral: mantiene que esas leyes se alejan de la “recta razón” y “degeneran sin remedio en dictadura, discriminación y desorden”, y conducen a una sociedad “desvertebrada, literalmente desorientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo”.

La Iglesia católica tiene todo el derecho del mundo a criticar al Gobierno de turno. Pero también ella es criticable, con el mismo argumento de la libertad de expresión. Me sorprende que un destacado miembro de su jerarquía insista en poner en tela de juicio a la democracia española. Autoritarismo y corrupción hubo a manos llenas durante una dictadura de cuarenta años, con la que cohabitó esta misma Iglesia que ahora se escandaliza. Y por eso perdió el favor de sus fieles. Esos argumentos de cohabitación y la pérdida del favor de los ciudadanos, no son míos, sino del desaparecido cardenal Tarancón, presidente de una Conferencia episcopal heredera del Concilio Vaticano II, que tuvo una ejemplar actuación en los años de la Transición. Tarancón clamó en aquellos tiempos por “una España de todos”. La jerarquía actual, de signo abiertamente preconciliar, propugna otras cosas. Y está en guerra política contra el Gobierno socialista.

Es curioso que el nuevo Superior de los jesuitas se aleje expresamente de las maniobras de poder y Martínez Camino tenga la afición contraria. El auxiliar de Rouco descalificó ayer los contactos del Gobierno con ETA, autorizados por el Congreso de los Diputados. Una posición que la Iglesia no tuvo en 1999, cuando el presidente Aznar ordenó una iniciativa similar.

En fin, ayer la Iglesia ha lanzado su programa electoral, en el que insiste en criticar “las dificultades para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública” y se muestra abiertamente contraria a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía que “lesiona el derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales”. Aquí no sé si hay ignorancia o mala fe. Se reivindica el artículo 27 de la Constitución para reclamar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa. Pero ese mismo artículo obliga al Estado a formar a los ciudadanos “en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Lo contrario sería una teocracia muy del gusto de ayatolás.

Nostalgia de Tarancón

Ignacio Martínez | 2 de enero de 2008 a las 1:08

Antes de irse de vacaciones a Egipto con su novia, el presidente de la República Francesa fue recibido como canónigo de honor de la basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Francia, como se sabe, es el Estado laico por excelencia, con una separación radical de la Iglesia. Aun así, Nicolas Sarkozy hizo un discurso deferente, en el que estableció un nuevo concepto, la laicidad positiva, que es la que no considera a las religiones un peligro. Añado que habría que establecer el principio complementario, la religiosidad positiva, aquella que no considera a los Estados democráticos un peligro. Un pensamiento ajeno a los oradores de la manifestación del domingo en Madrid, de apoyo a la familia cristiana, en la que dicen que había dos millones de personas. Lo más fundamentalista de la jerarquía católica sostuvo allí que el laicismo conduce a la disolución de la democracia, que en España se persigue a la familia y hay una regresión de los derechos humanos. Varios príncipes de la Iglesia española, García-Gasco, Cañizares y Rouco, atacaron al Gobierno con un discurso apocalíptico contra la ley de matrimonio de los homosexuales, la pretensión de aumentar los supuestos despenalizados del aborto, el divorcio rápido o la asignatura de Educación para la ciudadanía. No importa que la financiación, el Concordato o la escuela religiosa concertada no corran riesgo alguno.  Esta no es la Iglesia que suma en su pensamiento fe y razón, principios defendidos por el Papa en Ratisbona. Es un grupo que pretende que no haya “ninguna constricción en las cosas de la fe”: justo lo que se reprochaba a los musulmanes en aquel discurso. Rouco y compañía también defienden un poder terrenal. Así se entiende que la radio de la Iglesia reclame la abdicación del Rey y la jerarquía pida oraciones contra los ataques al Monarca. O que una institución que anula matrimonios canónicos no tolere que el Estado democrático divorcie. Cuando la democracia estableció el matrimonio civil en España, los obispos dijeron que era un inmoral concubinato. Ignoro la calificación que les merecerá la relación de Carla Bruni con Sarkozy, recién salido de la basílica romana.

Predicar la objeción de conciencia contra el Estado, con el argumento de que la Constitución establece el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, nos llevaría a admitir el mismo principio para los integristas musulmanes. En 1975, monseñor Tarancón clamó por una España de todos. Era una ruptura con los purpurados de brazo en alto, escaño en las Cortes franquistas y palio a disposición del dictador. Sus sucesores han dado marcha atrás: prefieren la agitación política y la confrontación. El del domingo no fue un acto religioso. Hubo unas 200.000 personas, pero al contar manifestantes políticos, el octavo mandamiento no obliga.