Archivos para el tag ‘Tribunal Constitucional’

Derecho de admisión

Ignacio Martínez | 19 de junio de 2011 a las 9:27

Cuando en 2004 Manuel Pimentel fundó el Foro Andaluz, en vísperas de las elecciones autonómicas, se empeñó en que una organización de nuevo tipo debería ser abierta y casi asamblearia, frente al asfixiante control de los aparatos sobre lo que se hace, se decide y hasta se piensa en el interior de las fuerzas políticas clásicas. La idea era noble, pero poco práctica. Se metieron en el Foro muchos andalucistas moderados, de buena fe, que añoraban la existencia de algo nuevo, pujante. Pero, de camino, se colaron personajes descarriados, rebotados de otros partidos, cuando no expulsados por corrupción. Eso frenó el impulso de su fundador y la aventura quedó en nada.

A los jóvenes indignados les ha pasado algo parecido. Si no está reservado el derecho de admisión, y el movimiento asambleario no controla a quién tiene en sus filas, basta un pequeño grupo de incontrolados violentos para cargarse una imagen que había levantado la simpatía ciudadana. Es difícil discutir que tenemos una democracia poco representativa, que los más débiles son los que más sufren las consecuencias de la crisis y que los causantes -los banqueros, sin ir más lejos- se han ido de rositas. Pero si el movimiento del 15 de mayo representaba un soplo de aire fresco para la sociedad española, la violencia ejercida en las puertas del Parlamento catalán el miércoles genera el sentimiento contrario.

Cualquier sana iniciativa social puede convertirse en un acto antisistema, con una argucia perversa. Y esto no sólo atañe a los proyectos alternativos. Esta semana han dimitido tres magistrados del Tribunal Constitucional, indignados por la incapacidad de PP y PSOE para ponerse de acuerdo en el Congreso para renovar cuatro puestos vacantes en la institución desde el mes de noviembre. En el Senado se acumuló un retraso de tres años. Ahora, como entonces, los populares están empeñados en colocar en el puesto a un juez que los socialistas consideran que no cumple con los requisitos de antigüedad y ecuanimidad. En el PP dicen que media una enemistad personal del portavoz del PSOE José Antonio Alonso. Ya ven, el derecho de admisión provoca comportamientos antisistema por doquier. Nadie se libra.

Borrasca catalana

Ignacio Martínez | 30 de junio de 2010 a las 10:40

Los catalanes se distinguen, entre otras virtudes, por su pragmatismo y sentido común, por lo que cuando pase la borrasca que se está formando en el nordeste de España el asunto del Estatut no dejará detrás inundaciones. Es lo que uno espera. La moderada, salomónica y tardía sentencia del Constitucional no lamina el Estatuto de Cataluña. Tampoco le da la razón a la oportunista reclamación del PP, que pretendía descoser por completo lo tejido por el 88% de los diputados del Parlamento catalán.

Ahora amenaza tormenta, que se va a concretar en una gran manifestación en Barcelona el sábado de la próxima semana. Es un recurso democrático, aunque desgraciadamente las democracias no lo tienen en exclusiva. Perón y Franco también llamaban a manifestarse en nombre de la patria. A quienes hoy pretenden defender en la calle a la nación agraviada, habría que recordarles que sólo el 48% de los catalanes votaron el Estatut y sólo el 74% lo hizo a favor. Lo que significa que estamos ante una ley fundamental, aprobada por un tercio del censo. O sea, que a los ciudadanos el asunto no les quitaba el sueño entonces, ni ahora.

Se hizo el Estatut con dos grandes premisas: nación y financiación. La segunda sale bien; el nuevo modelo de financiación territorial es el que pretendía Cataluña, y sobre las inversiones del Estado en infraestructuras en función del PIB per cápita hay una interpretación del TC. El tema de la nación queda menos airoso, pero tampoco es un drama. Que se diga que el término no tiene efectos jurídicos es lo lógico, por eso estaba en el preámbulo. Que nación sea un elemento retórico es también compatible con su origen romántico. En el lado opuesto, está la indisoluble unidad de la nación española, subrayada por el Constitucional. Pero con el tiempo funcionará la unidad de la nación europea, como ya ocurre con los asuntos monetarios. En la Liga mundial, la nación catalana es una idea tan respetable como retórica y romántica.

Mi colega Enric Juliana advertía ayer que España necesita a Cataluña. De acuerdo. Pero añadamos de inmediato que Cataluña necesita al resto de España, en donde tiene la mayor parte de su mercado. Es el momento de la prudencia y el análisis. Sin ánimo de poner en cuestión a la España de las autonomías, este proceso se ha desmandado. No hemos sido capaces de eliminar viejas instituciones, a la vez que se creaban las modernas. Los solapamientos son evidentes e insostenibles. Y el fervor por el nuevo Estado es escaso. Sin ir más lejos, menos de un tercio del censo andaluz votó a favor del Estatuto de 2007. Y una de las razones por las que el partido en el poder no convoca elecciones andaluzas separadas de las generales es por el pánico que le da al PSOE que una abstención masiva ponga en entredicho la legitimidad del sistema. Es hora de revisar muchas cosas. Con pragmatismo. A la catalana.

Un patio andaluz

Ignacio Martínez | 25 de abril de 2010 a las 13:02

El debate sobre el Estatuto catalán está tensando el escenario nacional. El nuevo ponente en el Tribunal Constitucional es el catedrático de Derecho de Sevilla Guillermo Jiménez Sánchez. La anterior ponente, antes de que su quinto borrador de sentencia fuese derrotado por seis votos a cuatro, era la granadina Elisa Pérez Vera. El magistrado que no votó con su grupo ideológico, Manuel Aragón Reyes, es de la localidad cordobesa de Benamijí. Todo esto lleva a mi amigo Enric Juliana a sostener en La Vanguardia que el Estatuto catalán, como el café para todos del inicio del proceso autonómico, se va a cocinar en Andalucía: “Veo el patio sevillano en el que sentenciarán el Estatut. Veo a Manuel Olivencia, veo a su yerno Javier Arenas Bocanegra, veo a Manuel Clavero Arévalo, y de refilón a José Rodríguez de la Borbolla… Ellos le dieron la vuelta al mapa de las autonomías en 1980 y ahora volverán a decidir”.

Considerar que el Estatut está en manos de los andaluces es una licencia literaria que le da juego a mi colega, pero Andalucía está muy lejos de ser el poderoso califato que pretende Juliana. Montilla exige la renovación del Tribunal Constitucional. Sostiene el presidente de la Generalitat, cordobés por más señas, que los árbitros tienen la licencia caducada. Tiene razón, pero no es culpa de los magistrados. El presidente del Gobierno ha admitido que la responsabilidad es de PSOE y PP. Bravo. Ahora para que el acto de contrición sea creíble sólo falta afrontar la renovación con urgencia. En noviembre, en sólo siete meses, habrá ya que sustituir a dos tercios de los magistrados.

Manuel Aragón, nombrado por este Gobierno, se ha comportado como nos gustaría que actuaran siempre los miembros de estas instituciones: sin atender a consignas partidistas, ni votar mecánicamente con el grupo a quien deben el cargo. Pero le han breado a palos. Todos los magistrados del Constitucional están de acuerdo en minimizar el concepto de nación del Estatut. Hasta Eugeni Gay, nombrado a iniciativa de CiU. Así que sobran las pedradas. Aquí hay tres cosas pendientes: renovar el Tribunal, exigirle a los magistrados celeridad y buen juicio… y destensar la cuerda.

Necesitamos otros políticos

Ignacio Martínez | 15 de marzo de 2009 a las 1:07

Necesitamos otros políticos urgentemente. No sólo otros nombres y rostros. Lo que urge es otra clase de políticos. Los discursos de los actuales están llenos de incoherencia y desprecio por los adversarios. Esta semana. La inconsistente ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha presentado las líneas generales de una futura de ley de plazos para abortar en España hasta la decimocuarta o decimasexta semana de gestación. Esta propuesta no formó parte del programa del PSOE en 2008, plantearlo ahora parece que tiene como objetivo que se hable de algo que no sea la crisis.

Personalmente no estoy en contra de una medida así. Hay muchos dramas detrás de cada aborto y nadie aborta por gusto. Pero me preocupa la manera de presentarlo la ministra: las niñas de 16 años podrán abortar sin permiso paterno; si pueden casarse, pueden abortar. La Junta acaba de establecer unas cautelas para que los menores de edad no puedan operarse de cirugía estética, sin un serio estudio psicológico. La consejera María Jesús Montero, ha explicado que a veces las jóvenes de 16 años no cuentan con la edad mental suficiente para asumir un cambio como operarse de las tetas.

Pero su partido no aplica este rigor al aborto. Mi colega José Aguilar abundaba el jueves en esta idea:

“¿Y van a poder someterse a una agresión como el aborto por su sola voluntad inmadura? Este disparate no es más que una variante extrema del sistema de valores que venimos inculcando a la juventud… Se basa en instalarla en el infantilismo, la incapacidad de tolerar la frustración, la inflación de derechos sin deberes y una irresponsabilidad absoluta.”

El presidente de la Junta ha acudido en socorro de la ministra, con el argumento de que la ley quiere acabar con la inseguridad clínica y resolver problemas humanos. Pero no ha evitado pegarle una pedrada al PP, que se opone a la ley de plazos y ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. “Las desigualdades sociales no fueron nunca objetivo de la derecha”. Cuando los socialistas en vez de Partido Popular dicen la deresha, es que quieren mentarle la madre al PP. Y ya que estaba, Chaves ha añadido que la deresha no está arrimando el hombro contra la crisis económica. Seguro que la responsabilidad del PP en  el impacto de la crisis económica internacional en España, es menor que la del PSOE.

Otro lance político de baja categoría es la polémica sobre un apartamento que ha comprado en Arosa el vicepresidente Zarrías. Sale a la palestra el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y dice que el piso está en al lado del mar en una zona que incumple la ley de costas, que es producto de un pelotazo urbanístico y que esto es un escándalo mayúsculo. Le compro el discurso. Puede repetirlo con más propiedad contra el ex presidente Aznar que se compró una residencia en Marbella en una zona ilegal, producto sin duda de un pelotazo urbanístico en la era Gil. Piso que la alcaldesa de Marbella no piensa tirar abajo. Ángeles Muñoz (PP) cree que los propietarios de las 35.000 viviendas ilegales iban de buena fe. Lo que ha demolido esta semanas es simbólico. Nada allí es escandaloso.

Por su parte, Zarrías, visiblemente enfadado contesta a la interpelación diciendo que el PP es un partido corrupto de la cabeza a los pies. Que la urbanización de su piso es legal y que va a seguir adelante porque está en su derecho. El problema para él es que ésta no es sólo una cuestión  derechos, es también una cuestión de valores: si su partido opina que no se debe construir al lado del mar y promueve leyes contra ese abuso, es incoherente que un dirigente socialista se compre un piso en construcción justo al lado del mar, por mucho que tenga los permisos.

Lo bueno de las crisis es que limpian. A ver si ésta se lleva por delante esta mezquina manera de hacer política de nuestros dirigentes.

La ventaja de las libertades

Ignacio Martínez | 30 de enero de 2009 a las 12:14

Una amiga que tiene a su hija en un colegio religioso de Málaga me contó no hace mucho que la directora, una monja con autoridad y prestigio, tuvo que emplearse a fondo en una reunión de padres para convencer a un grupo minoritario de las bondades de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La directora no veía ningún problema en esa materia y el Tribunal Supremo, tampoco. Educar a los jóvenes españoles en el respeto a los principios democráticos, la convivencia, los derechos y libertades fundamentales es una obligación del Estado. Por mandato constitucional.

El artículo 27.2 de la Constitución dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana de los alumnos en los valores democráticos. El siguiente, el 27.3, es el esgrimido por los objetores a esta asignatura, a quienes dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo del año pasado. Ese artículo dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. El segundo punto está limitado por el primero. Porque si un musulmán fundamentalista exige en la escuela que su hija vaya con un burka y no se mezcle con hombres, incluso decide que le practiquen la ablación del clítoris, de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, el Estado debe impedirlo. Así que convengamos que el artículo 27.3 tiene límites. La dignidad de las personas, los valores constitucionales, la ley son un límite preciso.

El Tribunal Supremo, por aplastante mayoría de 22 a 7, ha dictado una sentencia histórica. Los magistrados han empleado 20 horas para deliberar, han analizado la redacción de la ley, incluida la letra pequeña; también los libros de texto. Y han decidido que no es un adoctrinamiento malicioso, y que tampoco lesiona el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. De hecho, el adoctrinamiento de niños y jóvenes españoles en la religión católica ya se da masivamente en la España de hoy, incluso en colegios privados financiados con fondos públicos. Sin problema.

Pero para parte de la jerarquía de la Iglesia y para el lado más derechista del PP el hecho de que esta nueva asignatura presente el matrimonio homosexual en plano de igualdad con el heterosexual es una aberración intolerable. Ese es el origen de esta operación de acoso al Gobierno que en su segundo episodio judicial se salda con una derrota de los tradicionalistas. Como anuncian nuevos recursos al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos habrá ocasión de seguir tratando el asunto. Es una de las ventajas del sistema de libertades que hay que enseñar en la escuela. Afortunadamente.

Boicot al Constitucional

Ignacio Martínez | 10 de octubre de 2008 a las 16:44

En la confrontación virtual que juegan a diario los dos grandes partidos españoles, el PP está perdiendo por goleada la renovación de los órganos de los jueces. Perdiendo, desde el punto de vista ético. El presidente Zapatero ha tenido la categoría de designar como presidente del Consejo General del Poder Judicial a un juez que no es de su cuerda ideológica, Carlos Dívar. Este magistrado ha demostrado desde la presidencia de la Audiencia Nacional rigor, buen juicio e independencia. Bienvenido sea al CGPJ, órgano desprestigiado por el rodillo popular ejercido durante el final del mandato de Aznar y toda la legislatura 2004-2008, en la que el PP impidió su renovación. Al contrario que ZP, Rajoy ha colocado de vicepresidente de este órgano a un dirigente de su partido: el ex consejero de Justicia en el Gobierno regional de Valencia, Fernando de Rosa.

Y a continuación, los populares pretenden imponer en el nuevo Tribunal Constitucional a dos de los más intransigentes miembros del CGPJ saliente: su presidente, Francisco José Hernando, y su portavoz, Enrique López. En los años de hierro del CGPJ presidido por Hernando se han producido arbitrariedades impropias de países democráticos. Por ejemplo, el nombramiento de jueces conservadores para todos los puestos, hasta que el Gobierno cambió el sistema de designación. Hernando se permitió, en marzo de 2006, no comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, incumpliendo el artículo 109 de la Constitución. La militancia política es libre en este país, pero su práctica sectaria debería estar desterrada en las instituciones del Estado. El ascenso de Hernando al Tribunal Constitucional es una trágala que los socialistas hacen bien en rechazar. Este magistrado tuvo la ocurrencia, para denigrar la lengua catalana, de considerarla una peculiaridad étnica, similar a las sevillanas en Andalucía. No sé qué me parece más ofensivo.

Hernando y López se han manifestado contra los matrimonios homosexuales o el Estatuto de Cataluña, lo que les haría recusables desde el minuto uno de su entrada en el TC. El empecinamiento del PP en este caso, recuerda algunos de los episodios más duros del equipo de Rajoy en la anterior legislatura. Las explicaciones de María Dolores de Cospedal suenan como las diatribas de Acebes o Zaplana: nos dice que esto es lo que hay. Es probable que su partido quiera seguir jugando con el TC como tercera cámara legislativa, prorrogando el mandato del actual Tribunal, cuya composición les es más favorable que la próxima. Pero es un triunfo pírrico, porque desacredita a su organización. Si tanto les valen Hernando y López que los presenten en sus listas en las próximas elecciones. Harían, sin duda, un buen papel de diputados. Pero los órganos jurisdiccionales de un país democrático no deberían servir para hacer política partidista.