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Garzón: El enemigo público número uno

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2010 a las 8:52

La nómina de personas que querrían hacerle daño al juez Garzón debe ser amplia. Incluye a terroristas, narcotraficantes y grandes partidos políticos. Hay una forma antigua de daño que significa condenar a alguien o dar sentencia contra él, que encaja perfectamente en esta historia. Pero a los procesos contra Garzón le valen otras acepciones. Hay gente que le quiere perjudicar, causarle dolor y hasta destruirlo. Los procedimientos judiciales contra él son tres: uno por el auto de procesamiento a Franco, otro por el cobro de unas conferencias organizadas en Nueva York, que habría pagado el Banco Santander, y el último por las escuchas de las conversaciones de los procesados por el caso Gürtel con sus abogados. Los dos primeros casos han sido promovidos por personas y organizaciones nostálgicas de la Dictadura, como Falange o un supuesto sindicato llamado Manos Limpias. El superjuez ha acabado siendo el superprocesado de manera simultánea e implacable, como si fuese el enemigo púbñico número uno.

Vaya por delante que no pertenezco al club de fans de este juez estrella, cuyo ego ensombrece sus actuaciones. En octubre de 2008 escribí aquí que su auto contra Franco era un capítulo lucido para sus obras completas. Abrir un juicio de Nuremberg contra el dictador, los jefes del levantamiento militar del 18 de julio y los ministros de los gobiernos españoles desde el 36 al 51 era muy audaz. Les imputaba el asesinato de 114.266 personas. El tema tenía la polémica asegurada por muchos motivos, sobre todo por las dudas sobre si la ley de amnistía de 1977 amparaba los crímenes del franquismo, y también porque se pretendía procesar a personas ya fallecidas. Sea como fuere, el encausamiento de Garzón no se entiende fuera de España y abre una brecha en la convivencia nacional.

El acto de ayer de los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid es una muestra de esa fractura. Cándido Méndez considera que las querellas persiguen injustamente al juez por actuaciones judiciales como la instrucción del caso Gürtel y lo califica de vergüenza histórica. Por el contrario, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, piensa que este homenaje es un disparate y un atentado contra la democracia. El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha llegado más lejos y acusa a los magistrados del Supremo de dar un golpe brutal a la democracia española, convirtiéndose en instrumento del fascismo español.

Esto ocurre en un país en el que un delincuente como Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, invitaba a unas jornadas jurídicas anuales a la crema y nata de la judicatura española, incluidos magistrados del Supremo y el Consejo del Poder Judicial, a mesa, mantel y cama, bien acompañados y regalados, y no pasaba nada. Las jornadas jurídicas eran una pantomima: una conferencia de una hora a mediodía y el resto, una semanita a toda plan en la capital de la Costa del Sol. Y todos tan contentos. Sobre todo, Gil. 

La democracia ha llegado a todas partes tras la Dictadura, incluida la Policía, el Ejército y hasta la Iglesia, en la época del cardenal Tarancón. Pero está por llegar a la judicatura. Quizá haya llegado el momento de abordar esa cuestión. Éste es el lado bueno de convertir a Garzón en el enemigo público número uno.

La ventaja de las libertades

Ignacio Martínez | 30 de enero de 2009 a las 12:14

Una amiga que tiene a su hija en un colegio religioso de Málaga me contó no hace mucho que la directora, una monja con autoridad y prestigio, tuvo que emplearse a fondo en una reunión de padres para convencer a un grupo minoritario de las bondades de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La directora no veía ningún problema en esa materia y el Tribunal Supremo, tampoco. Educar a los jóvenes españoles en el respeto a los principios democráticos, la convivencia, los derechos y libertades fundamentales es una obligación del Estado. Por mandato constitucional.

El artículo 27.2 de la Constitución dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana de los alumnos en los valores democráticos. El siguiente, el 27.3, es el esgrimido por los objetores a esta asignatura, a quienes dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo del año pasado. Ese artículo dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. El segundo punto está limitado por el primero. Porque si un musulmán fundamentalista exige en la escuela que su hija vaya con un burka y no se mezcle con hombres, incluso decide que le practiquen la ablación del clítoris, de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, el Estado debe impedirlo. Así que convengamos que el artículo 27.3 tiene límites. La dignidad de las personas, los valores constitucionales, la ley son un límite preciso.

El Tribunal Supremo, por aplastante mayoría de 22 a 7, ha dictado una sentencia histórica. Los magistrados han empleado 20 horas para deliberar, han analizado la redacción de la ley, incluida la letra pequeña; también los libros de texto. Y han decidido que no es un adoctrinamiento malicioso, y que tampoco lesiona el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. De hecho, el adoctrinamiento de niños y jóvenes españoles en la religión católica ya se da masivamente en la España de hoy, incluso en colegios privados financiados con fondos públicos. Sin problema.

Pero para parte de la jerarquía de la Iglesia y para el lado más derechista del PP el hecho de que esta nueva asignatura presente el matrimonio homosexual en plano de igualdad con el heterosexual es una aberración intolerable. Ese es el origen de esta operación de acoso al Gobierno que en su segundo episodio judicial se salda con una derrota de los tradicionalistas. Como anuncian nuevos recursos al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos habrá ocasión de seguir tratando el asunto. Es una de las ventajas del sistema de libertades que hay que enseñar en la escuela. Afortunadamente.