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Rehenes de los políticos

Ignacio Martínez | 20 de octubre de 2012 a las 10:26

El embajador de España en Londres, Federico Trillo, ha vetado a una andaluza como secretaria general de la Cámara de Comercio española en Gran Bretaña. La almeriense Belén Amat Martín fue elegida por una junta directiva de 22 miembros entre los que están delegados de algunas de las más importantes empresas y bufetes de abogados nacionales, además de un representante comercial de la embajada. Se la nombró en las mismas circunstancias que a su antecesora o que a la actual secretaria de la Cámara de Nueva York. Y el voto fue por unanimidad. No importa.
No importa que la Cámara sea una entidad de derecho privado; se ordenó a la Abogacía del Estado buscar elementos del derecho administrativo aplicables. Y claro que los encontró. El caso es que a Trillo no le complacía que la directora en Londres de Extenda, la agencia de promoción exterior de Andalucía, pasara a ser la secretaria de la Cámara de Comercio en el Reino Unido. No se fiaba de su filiación. El asunto ha sido calificado de “conflicto político” por los interlocutores con la Embajada. Finalmente se ha revocado el nombramiento. En las semanas que ha durado la batalla del embajador por eliminar el riesgo de que una andaluza en ese puesto pudiese perjudicar al resto de los españoles, los interlocutores de la Cámara han tenido que oír que Extenda es un organismo no constitucional. Tiene bemoles. Una sociedad mercantil de derecho público andaluz, creada con las competencias que otorga a la Junta el Estatuto de Autonomía, no es considerada constitucional por un ex ministro y señalado dirigente del partido del Gobierno. Ignoro si en el PP son conscientes, pero con estrategias y argumentos así es como se cargan las multitudinarias Diadas independentistas.
No es un caso aislado ni privativo del ministro del Yakolev e ideólogo de las coberturas jurídicas de los casos Naseiro y Gürtel en Valencia. Entre sus adversarios también encontramos actuaciones delirantes. En julio supimos en Málaga que la dirección socialista había confeccionado una lista con 174 nombres, en la que estaban todos los puestos de libre designación que podía cubrir el nuevo Gobierno andaluz. Habían terminado los congresos regional y provincial del PSOE y ya se sabía quién se había portado bien o lo contrario. En las fichas aparecía la afiliación o no al PSOE y el índice de lealtad a los jefes del partido de cada persona. De todas las delegaciones de la Junta, sólo en una la secretaria general de la Consejería era de fiar aún no siendo afiliada. Tiene bemoles.
Que el PP y el PSOE conviertan sus enfrentamientos en guerras es lamentable. Pero las bajas no son sólo de sus militantes/soldados. Lo peor es cuando en sus combates toman como rehenes a técnicos o profesionales civiles. Como en esto de Londres o en aquello de Málaga.

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Trillo veta a la secretaria de la Cámara de Comercio en Londres porque venía de la Junta

Ignacio Martínez | 19 de octubre de 2012 a las 9:15

Un tenso conflicto administrativo en Londres, entre el embajador de España y la Cámara de Comercio en Gran Bretaña, ha puesto de manifiesto hasta que punto la desconfianza política marca las relaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En este caso, el recelo se produce de manera particular contra Andalucía. Federico Trillo ha forzado a la Cámara para que cese a su secretaria general recién nombrada, la andaluza Belén Amat Martín, entre otros motivos por su anterior puesto como directora de la oficina de Extenda en el Reino Unido.
El hecho de haber representado a la agencia andaluza de promoción exterior ha sido uno de los tres argumentos que ha utilizado la Embajada para torpedear este nombramiento. Los representantes de la embajada en las negociaciones con los directivos de la Cámara han llegado a calificar a Extenda como un organismo “no constitucional” y a sugerir que Amat podría tener una colisión de intereses en el desempeño de su cargo. En concreto “podría tener más inclinación a ayudar a empresas andaluzas, con las que trabajaba antes en Extenda, que a las del resto de España”.

Amat trabajaba desde 2006 en la oficina de Extenda en Londres, que se encuentra alquilada en la sede de la Cámara. Antes había trabajado en la agencia catalana de promoción exterior y en el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Economía. Su elección como secretaria general de la Cámara se produjo el 6 de septiembre por unanimidad de la junta directiva. Esta institución representa 335 empresas nacionales de primer orden, como BBVA, Santander, Iberdrola, Ferrovial, Mapfre, Seat, Banco de Sabadell o Unicaja y a los grandes bufetes nacionales de abogados.
Con la destitución de Amat termina un conflicto planteado entre embajador de España y las empresas presentes en la Cámara que ha durado varias semanas y ha generado mucha tensión. Fuentes de alguna de las empresas señalan que las presiones han continuado hasta la reunión del lunes en la que se decidió la destitución de Amat por un voto dividido en la directiva. Un informe de la embajada aducía varias razones para oponerse a este nombramiento, que podrían resumirse en tres: 1. Había vicios jurídicos, porque Amat formaba parte de la junta directiva de la Cámara y un miembro de la dirección no puede participar en concursos convocados por la institución. 2. Hubo trato de favor y el concurso se adjudicó sin méritos objetivos. Y 3. Podría existir un conflicto de intereses porque Amat diera trato da favor a las empresas andaluzas para las que había trabajado antes.

Varios interlocutores con la Embajada en estas últimas semanas han calificado este incidente de “conflicto político”. El prestigioso despacho de Cuatrecasas hizo un informe jurídico por encargo de la Cámara de Comercio en el que desmontaba los inconvenientes que la Abogacía del Estado había establecido para dar cobertura a la negativa del embajador a aceptar el nombramiento de la Cámara. Por ejemplo, que la incompatibilidad de los miembros de la junta es para ser contratadas sus empresas por la institución, pero es perfectamente legal que dejen sus empresas para trabajar para la Cámara, como ocurrió con la anterior secretaria, Silvia Estivil, o ocurre con la actual secretaria de la Cámara de Nueva York, Gemma Cortijo.
Consultados todos estos extremos con la Embajada, su consejero de Información, se limitó a contestar por mail lo siguiente:  “Esta Embajada vela por la observancia de la legislación vigente en los procesos de selección del personal que presta servicios en los organismos y entidades en el exterior tuteladas por la Administración. Y es la observancia de la Ley 3/1993 de Cámaras de Comercio lo que intenta promover en el proceso de selección y contratación del nuevo secretario general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Gran Bretaña. Esta Embajada no tiene ningún otro comentario que hacer en relación con este asunto”.

Camps, Campanario y cintas de audio

Ignacio Martínez | 16 de abril de 2011 a las 10:19

Un tribunal dio ayer por buenas las cintas de audio grabadas durante la instrucción de la operación Karlos. Jesulín de Ubrique y Federico Trillo tienen algo en común, aunque no lo sepan; ambos quieren que se anulen unas escuchas judiciales para que salgan limpias de polvo y paja sus familias políticas en dos procesos distintos. El torero tiene sentadas en el banquillo de los acusados a su madre política y a su propia mujer, por urdir una trampa para que la señora cobrara una invalidez que no le correspondía, y el dirigente del PP tiene a decenas de correligionarios implicados en la operación Gürtel, grabados con sus abogados por orden del juez Garzón.

Jesulín es novato en estas lides y su abogado no ha conseguido anular las escuchas que implicaban a esposa y suegra del torero. Pero Trillo es un experto; ya consiguió hace 20 años que se anularan nada menos que 5.240 llamadas telefónicas entre dirigentes del PP valenciano, en el caso Naseiro. Las cintas y su contenido existen, pero no tienen validez penal. Así, podemos saber cómo se decían que estaban en política para forrarse; cómo discutían por una comisión del 2%, que había que aumentar para poderla repartir; cómo se querían venir a la Expo de Sevilla a pillar algo. En fin, una historia nada edificante.

La operación Karlos es pecata minuta en comparación con el caso Naseiro, o el Gürtel, que ha tenido una de sus ramas también en Valencia, qué casualidad. La trama urdida en Ubrique es más propia de las hazañas de Torrente que del glamour de la boda Agag-Aznar de El Escorial, en donde actuó de testigo el padrino Correa. Se trataba de falsificar informes médicos para conseguir pensiones de incapacidad de la Seguridad Social. Los interesados abonaban entre 9.000 y 24.000 euros, para pillar una pensión fraudulenta. La España de Sálvame, que es lo mismo que decir la España de Torrente o las dos Españas de Belén y Campanario, tiene argumento y munición para semanas. La realidad supera a los culebrones ampliamente.

Pero en materia de culebrones, el PP valenciano supera todo lo conocido. El jueves, Ana Mato sufrió de lo lindo cuando en una conferencia de prensa todas las preguntas versaron sobre las demandas que las huestes de Camps habían puesto contra cuatro televisiones nacionales, TVE, Cuatro, Telecinco y La Sexta, por informar de la lista de imputados en el caso Gürtel que van en sus listas electorales para el 22 de mayo. El presidente valenciano ha conseguido que la televisión autonómica que controla ignore este caso, su partido pretende que se anulen las escuchas, asunto por el que puede ser inhabilitado el juez Garzón, y pretende además que los medios no informen de que una decena de candidatos están implicados en la trama de Correa.

Estos tics autoritarios y tramposos están muy lejos de las exigencias democráticas y más cerca del universo ético y estético de Torrente.

Primarias

Ignacio Martínez | 5 de septiembre de 2010 a las 13:07

Las primarias lanzadas en Madrid para elegir al candidato socialista para la Presidencia del gobierno regional están dando de sí mucha publicidad para los contendientes. Un espectáculo democrático atractivo, aunque de momento algo soso. En todo caso, uno no entiende por qué el PSOE no ha aplicado la fórmula donde quiera que se ha reclamado. Para eso está en los estatutos. En Málaga la actividad de Ignacio Trillo por e-mail es tan frenética que casi roza el spam, pero el antiguo delegado de Medio Ambiente sigue inasequible al desaliento, enviando recursos, réplicas o declaraciones varias veces diarias. Desde el aparato del partido se insiste en que no conseguiría los avales necesarios para poder presentarse, pero ese argumento refuerza la creencia de que la más abierta es siempre la mejor opción. Y quien pueda, que pueda, por remedar el eslogan de Trinidad Jiménez.

En Madrid la campaña, aunque sosa, no está exenta de mala intención. Los más cercanos a Zapatero, por convicción o por oportunismo, se arriman a Jiménez, una buena ministra de Sanidad, ministerio con pocas competencias en el que Celia Villalobos demostró que es fácil columpiarse. Rubalcaba, que si fuese esgrimista tendría una colección de trofeos y medallas olímpicas, ha lanzado la maldad de que el principal mérito de Gómez es que le ha dicho que no a Zapatero. Algunos son menos sutiles y en vez de florete utilizan el bate de béisbol. Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios, ha dicho que Gómez es el candidato de la derecha. Claro que Castro no es un dechado de fineza. Hace un par de años pasó a la posteridad con una pregunta: ¿por qué hay tanto tonto de los cojones que vota a la derecha? Una frase para enmarcar. En todo caso, se podría replicar a Rubalcaba que el mayor mérito de Jiménez es haberle dicho que sí a Zapatero.

En Sevilla un espontáneo de lujo se ha echado a este ruedo. Monteseirín ha elogiado con énfasis el sistema de primarias. Es una manera de reivindicar el origen de su candidatura. Lo malo es que hace doce años estuvo en el papel de Jiménez, con el favor del poderoso presidente Chaves, que no se sabe por qué no quiso que Rodríguez de la Borbolla fuese el candidato socialista.

Escándalo en Gürtel

Ignacio Martínez | 3 de agosto de 2009 a las 21:21

Dos jueces de Valencia han establecido hoy una unidad de medida para la impunidad en materia de corrupción: el camps. Un camps equivale a unos cinco millones de pesetas. Es lo máximo que un representante público en ejercicio puede recibir, sin que lo procesen, en regalos para él, su esposa, su hija y principales colaboradores procedentes de una trama corrupta a la que concede contratos por valor de cientos de millones de pesetas. No importa que el representante público mienta y diga que los trajes y complementos que le regalaron se los pagó él. Nada de esto es delito, mientras no se demuestre fuera de toda duda que los contratos los dio a cambio de los regalos. Desde el punto de vista ético es un escándalo. En ningún país de Europa, ningún dirigente de alguno de los partidos del PPE habría sobrevivido a las mentiras y a las muestras de amistad íntima con uno de los cabecillas de una banda corrupta. Tampoco los jueces de la decisión sobrevivirían a la crítica ciudadana y de la prensa.

Jueces, alguno de los cuales es amigo manifiesto del presidente de la Generalitat, que a su vez es manifiesto amigo de uno de los corruptos, “al que quiere un huevo”. Todo esto es muy feo. Pero las declaraciones de Mariano Rajoy, recomendando tila a los inquisidores a quienes no les guste la decisión, no arreglan el problema estético: don Mariano, no hay tila bastante en España para calmar a quienes nos indigna la impunidad en materia de corrupción, en donde quiera que esté. El argumento de que a Camps lo exoneró el pueblo de Valencia con su voto masivo en las últimas elecciones europeas, ya lo usaba Jesús Gil en la Marbella de los 90. Las comparaciones son odiosas, pero la filosofía es la misma. Aunque encuentro a los maestros de Gürtel y a sus colaboradores necesarios más osados y bastos que a Gil. El PP ha marcado hoy un hito en materia de cocina jurídica. Que le aproveche el guiso. Pero se le puede indigestar: la corrupción es una lluvia fina en el ánimo de los ciudadanos. Parece que no traspasa, pero un buen día se calan y desahucian al infractor. Rajoy, Trillo, Camps y demás compañeros pueden pagarlo con intereses.

Los hermanos Marx en el Congreso

Ignacio Martínez | 29 de mayo de 2009 a las 6:42

El Congreso se ha convertido en el camarote de los hermanos Marx. Sus señorías se lanzan de un lado a otro del hemiciclo toda la basura que encuentran. El Falcon de Zapatero, los trajes de Camps, la hija de Chaves, el proceso a Garzón, la gripe A de un cuartel y el sexto aniversario de la tragedia del Yak-42, convenientemente sazonados, son ingredientes de una campaña electoral sucia como pocas. De Europa, por cierto, no se habla una palabra. Pero los episodios de este sainete nos dejan alguna lección.

¿Deben los presidentes del Gobierno ir a los actos de su partido en transporte oficial? No. Ni los alcaldes, ni los delegados de los gobiernos autonómicos. Nadie. Pero todo el mundo lo hace en España. Si no recuerdo mal, Sa Carneiro murió en el accidente de un avión privado, siendo primer ministro portugués, cuando se desplazaba a un acto electoral. Este es el riesgo, la seguridad, y más en un país con terrorismo. Pero aquí se asoma uno a un acto del PSOE o del PP, según la región en la que tengan hegemonía, y podrá ver una obscena fila de dcenas de berlinas con sus chóferes esperando a sus jefes y jefas. Así que bienvenida la polémica del Falcon, si a partir de ahora ahorramos en coches oficiales y sólo los utilizan unos pocos cargos, estrictamente para el servicio público.

El PP se alegra de que procesen a Garzón. Para los populares y su brunete mediática Garzón está en una fase de villano, porque ha iniciado la instrucción contra la plana mayor del PP valenciano y madrileño por corrupción. Si se pone en cuestión su auto por los crímenes de la guerra civil, se podrá vender a la opinión pública que también prevaricó al procesar a Camps y compañía. Qué más da que en la empresa de sastrería no haya ni el menor rastro de los pagos que el presidente valenciano asegura haber hecho en efectivo. Debe ser el único español que paga en metálico medio millón de pesetas sin pedir ni recibo. ¿Pagó IVA? El dinero se lo dio su mujer de la farmacia. Debe estar contabilizado. Porque su mujer pagara impuestos por sus ingresos. ¿O ese dinero se distrajo? Poca defensa tiene Camps, aunque no pueda demostrarse que hubo cohecho.

Poca justificación tiene Chaves por la empresa multinacional que contrata a su hija antes o después de una subvención de 10 millones de euros. Hay mecanismos de inhibición para evitar la incómoda coincidencia de padre e hija a ambos lados de las ayudas. Pero la lección moral está en otra parte. La familia del presidente está condicionada en su actuación pública, es verdad. Razón de más para no eternizarse en el poder.

A Chacón le ha sacudido el PP. La consideran responsable de los errores y dejaciones en la epidemia de gripe A en un cuartel de Madrid. Me gusta esa doctrina. Aplicándosela a Trillo ya estaría en su casa hace tiempo, por su enorme responsabilidad en la tragedia del Yak-42. Pero ahí sigue, gritando con los demás ¡más madera, que es la guerra!

Seis años del Yak-42

Ignacio Martínez | 26 de mayo de 2009 a las 7:39

Hoy se cumplen seis años del accidente en Turquía de un avión Yakolev de fabricación soviética y compañía ucraniana en el que murieron 75 personas, entre ellos 62 militares españoles que venían de Afganistán, en donde participaban en la misión de paz. El aparato tenía 20 años y escaso mantenimiento. Al menos una docena de militares españoles se había quejado con anterioridad del estado precario de estas aeronaves. Incluso algunos de los pasajeros de ese vuelo se negaron, sin éxito, a embarcar. Treinta de los 62 militares españoles no fueron identificados y se entregaron a familias distintas de las suyas. Un general, un jefe y un oficial del Ejército han sido condenados a diversas penas de cárcel por falsear sus identidades.

Y el ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo (PP), sin dimitir.

Un delito deshonroso

Ignacio Martínez | 20 de mayo de 2009 a las 11:40

Un general, un jefe y un oficial del Ejército español han sido condenados a diversas penas de cárcel por empaquetar a treinta compañeros sin identificar, muertos en la tragedia del Yak-42, y repartirlos a voleo entre los familiares con muy mala suerte: ni por casualidad uno solo de los 30 acabó en manos de sus auténticas familias. El ministro de entonces, Federico Trillo, intentó por todos los medios evitar que el juicio por las falsas identificaciones se produjera y, sobre todo, que le afectara directamente. Primero sus colaboradores trataron de ocultar la principal prueba de cargo del caso: el acta turca en la que consta que el general Navarro se llevó del lugar del accidente 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar. Después pretendieron anular el acta o declararla ilegal. Más tarde, propusieron a los forenses turcos que asumieran la culpa por el error de identificación, a lo que se negaron. Finalmente tres militares españoles han sido condenados por un delito particularmente deshonroso.

Este es el último episodio de la tragedia en la que murieron 75 personas, el 26 de mayo de 2003, cerca del aeropuerto turco de Trebisonda: allí se estrelló el avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento, alquilado por el Ministerio de Defensa para repatriar a militares desde Afganistán. Trillo rechazó ayer asumir responsabilidad alguna por lo sucedido, dijo que los médicos militares actuaron de buena fe y que no comparte la sentencia. Para él, todo ha sido muy limpio.

La no asunción de responsabilidades es marca de la casa. Trillo fue el estratega jurídico de la defensa que el PP de Aznar hizo del caso Naseiro. Consiguió que se declararan ilegales las escuchas de 5.240 llamadas telefónicas y se quedara castigo penal un claro caso de corrupción en el PP valenciano. Ahora el ex ministro de Defensa actúa como asesor en la sombra de Camps, a cuyos abogados aconseja que pidan la nulidad de las grabaciones que constan en el sumario del caso Gürtel. Ya veremos qué conejo se saca de la chistera hoy el presidente de la Generalitat de Valencia, en su declaración ante el juez. Las grabaciones demuestran que Camps, su mujer y su hija, recibieron regalos por valor de varios millones de pesetas de la trama corrupta y que su Gobierno le dio contratos de varios millones de euros a las empresas de Correa. Si una cosa se puede vincular con la otra, Camps sería imputado por cohecho. De momento, el presidente valenciano se ha limitado a organizar baños de multitudes en los que distintos colectivos le han jurado adhesión inquebrantable. La intensidad con la que su equipo se dedica a esta tarea es directamente proporcional a su debilidad. Aunque él, como su amigo Trillo, rechaza cualquier responsabilidad. Todo ha sido limpio, impecable; como sus trajes, como su sonrisa.

Cárcel para los militares que falsearon la identidad de las víctimas del Yak-42

Ignacio Martínez | 19 de mayo de 2009 a las 13:40

Un tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro, responsable de las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003. También ha condenado a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por complicidad con ese delito. Sin embargo, el ministro de Defensa en aquel momento, Federico Trillo, sigue en la política activa. La sentencia de la Audiencia Nacional dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre “la conducta de personas no acusadas”. Aun así, el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, considera también responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y absuelve a las aseguradoras.

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. Los testimonios de los dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque tenían prisa para llegar al funeral de Estado.

El 2 de marzo de 2004, unos días antes de las elecciones generales, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, número tres del Ministerio con Trillo, envió una carta a los familiares en las que tildaba de “campaña sensacionalista y cruel” lo publicado en los medios sobre los errores en las identificaciones. Mentía. 

El general Navarro admitió en el juicio que le pudieron “bailar los números”. En la última sesión alegó que solo “dulcificó” las autopsias para evitar el sufrimiento de los familiares. 

Y Trillo, sin dimitir.

Nuclear, sí

Ignacio Martínez | 22 de enero de 2008 a las 21:24

El lunes, en los diarios del Grupo Joly, el profesor Manuel Lozano Leyva escribió un magnífico artículo en el que defendía la construcción de dos centrales nucleares en Andalucía. Lo documentado de esta tribuna, las citas internacionales y regionales, y el prestigio de este catedrático de Física merecen la lectura de este texto. Metidos de lleno en la campaña electoral, aunque la llamemos (pre)campaña no se oyen propuestas de fondo sobre el desarrollo futuro de Andalucía. Aquí hay una precisa. Nuclear, sí. Yo empiezo a pensar lo mismo. La posición del Gobierno y de la Junta es contraria desde hace tiempo. Pero quizá deban cambiar de criterio. ¿O no?

 ‘El País’ publica el miércoles 23 de enero que el PSOE se dispone a cerrar todas las centrales nucleares españolas al final de su vida útil. La información precisa que el cierre de Garoña (Burgos) es inminente, mientras otras centrales como la de Trillo (Guadalajara) no cumplen los 40 años hasta 2019. Este es un buen tema para el debate, sin duda.