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PP y Gürtel: España no es un estado policial

Ignacio Martínez | 9 de agosto de 2009 a las 8:40

¡España es un estado policial!, clama desde Marbella María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, persona de apariencia precavida, que suele leer todas sus declaraciones públicas. No es un acaloramiento repentino; el PP acusa al Gobierno de espiarle, con escuchas telefónicas ilegales; de perseguir a la oposición, de corromper la democracia, de poner en grave riesgo las instituciones. Estas descalificaciones implican a jueces, fiscales y policías. La sobreactuación de Cospedal empezó unos días antes, cuando pidió al Gobierno que se dedicara a perseguir a ETA y no al PP. Una secuela de la euforia popular ante el archivo provisional de la causa contra el presidente valenciano Camps en el caso Gürtel. Y una reacción a la torpeza de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se apresuró a pedir a la Fiscalía que recurriese el fallo del TSJ valenciano. En todo caso, resulta chocante esconder detrás del terrorismo los delitos de la trama de corrupción montada por Correa y ‘El Bigotes’ con la ayuda de dirigentes populares de Madrid, Valencia o Andalucía.

La teoría del complot del Estado contra el PP ya fue esgrimida con éxito en vísperas de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco: entonces en la operación Gürtel no había nada de nada; todo era producto del afán de protagonismo del juez Garzón y del interés malicioso del Gobierno por perjudicar a su rival. Cinco meses después, varios jueces han encontrado serios indicios de delito en numerosos dirigentes populares, alguno de los cuales ha tenido que dimitir como consejero autonómico, alcalde o concejal. La implicación alcanza a miembros del Congreso, Senado o Parlamento europeo. Incluso el tesorero nacional del PP ha sido imputado. Eran falsos los dos enunciados: no había complot y sí una trama corrupta bien ramificada.

La filosofía ahora es la misma, pero la estrategia va más lejos. Al PP le irrita sobremanera que se hayan publicado sumarios declarados secretos, y pide un escarmiento. Pero incurre aquí en una grave contradicción. Sin el trabajo de la prensa no habríamos sabido nunca tanto de los casos Filesa, Naseiro, Gal, Gürtel o Yak-42. Son ventajas de un régimen de libertad de prensa como el que tenemos. Eso no habría sido posible en la Cuba de los Castro, en la Venezuela de Chavez o en la España de Franco, por poner ejemplos de estados policiales. Otra contradicción de Cospedal es hablar del riesgo de las instituciones. El bloqueo que desde hace meses ha montado el PP valenciano para impedir que su Parlamento regional designe senadora a la dirigente socialista Leire Pajín es un claro ejemplo de irresponsable política institucional. Ni estas ‘venganzas’ de Camps, ni las pataletas de Cospedal van a exonerar de los delitos de corrupción a los implicados en la trama Gürtel. El principal partido de la oposición debería dejar trabajar a jueces, fiscales, policías y periodistas. España no es un Estado policial, es el PP el que está en un estado de necesidad.

Los hermanos Marx en el Congreso

Ignacio Martínez | 29 de mayo de 2009 a las 6:42

El Congreso se ha convertido en el camarote de los hermanos Marx. Sus señorías se lanzan de un lado a otro del hemiciclo toda la basura que encuentran. El Falcon de Zapatero, los trajes de Camps, la hija de Chaves, el proceso a Garzón, la gripe A de un cuartel y el sexto aniversario de la tragedia del Yak-42, convenientemente sazonados, son ingredientes de una campaña electoral sucia como pocas. De Europa, por cierto, no se habla una palabra. Pero los episodios de este sainete nos dejan alguna lección.

¿Deben los presidentes del Gobierno ir a los actos de su partido en transporte oficial? No. Ni los alcaldes, ni los delegados de los gobiernos autonómicos. Nadie. Pero todo el mundo lo hace en España. Si no recuerdo mal, Sa Carneiro murió en el accidente de un avión privado, siendo primer ministro portugués, cuando se desplazaba a un acto electoral. Este es el riesgo, la seguridad, y más en un país con terrorismo. Pero aquí se asoma uno a un acto del PSOE o del PP, según la región en la que tengan hegemonía, y podrá ver una obscena fila de dcenas de berlinas con sus chóferes esperando a sus jefes y jefas. Así que bienvenida la polémica del Falcon, si a partir de ahora ahorramos en coches oficiales y sólo los utilizan unos pocos cargos, estrictamente para el servicio público.

El PP se alegra de que procesen a Garzón. Para los populares y su brunete mediática Garzón está en una fase de villano, porque ha iniciado la instrucción contra la plana mayor del PP valenciano y madrileño por corrupción. Si se pone en cuestión su auto por los crímenes de la guerra civil, se podrá vender a la opinión pública que también prevaricó al procesar a Camps y compañía. Qué más da que en la empresa de sastrería no haya ni el menor rastro de los pagos que el presidente valenciano asegura haber hecho en efectivo. Debe ser el único español que paga en metálico medio millón de pesetas sin pedir ni recibo. ¿Pagó IVA? El dinero se lo dio su mujer de la farmacia. Debe estar contabilizado. Porque su mujer pagara impuestos por sus ingresos. ¿O ese dinero se distrajo? Poca defensa tiene Camps, aunque no pueda demostrarse que hubo cohecho.

Poca justificación tiene Chaves por la empresa multinacional que contrata a su hija antes o después de una subvención de 10 millones de euros. Hay mecanismos de inhibición para evitar la incómoda coincidencia de padre e hija a ambos lados de las ayudas. Pero la lección moral está en otra parte. La familia del presidente está condicionada en su actuación pública, es verdad. Razón de más para no eternizarse en el poder.

A Chacón le ha sacudido el PP. La consideran responsable de los errores y dejaciones en la epidemia de gripe A en un cuartel de Madrid. Me gusta esa doctrina. Aplicándosela a Trillo ya estaría en su casa hace tiempo, por su enorme responsabilidad en la tragedia del Yak-42. Pero ahí sigue, gritando con los demás ¡más madera, que es la guerra!

Seis años del Yak-42

Ignacio Martínez | 26 de mayo de 2009 a las 7:39

Hoy se cumplen seis años del accidente en Turquía de un avión Yakolev de fabricación soviética y compañía ucraniana en el que murieron 75 personas, entre ellos 62 militares españoles que venían de Afganistán, en donde participaban en la misión de paz. El aparato tenía 20 años y escaso mantenimiento. Al menos una docena de militares españoles se había quejado con anterioridad del estado precario de estas aeronaves. Incluso algunos de los pasajeros de ese vuelo se negaron, sin éxito, a embarcar. Treinta de los 62 militares españoles no fueron identificados y se entregaron a familias distintas de las suyas. Un general, un jefe y un oficial del Ejército han sido condenados a diversas penas de cárcel por falsear sus identidades.

Y el ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo (PP), sin dimitir.

Un delito deshonroso

Ignacio Martínez | 20 de mayo de 2009 a las 11:40

Un general, un jefe y un oficial del Ejército español han sido condenados a diversas penas de cárcel por empaquetar a treinta compañeros sin identificar, muertos en la tragedia del Yak-42, y repartirlos a voleo entre los familiares con muy mala suerte: ni por casualidad uno solo de los 30 acabó en manos de sus auténticas familias. El ministro de entonces, Federico Trillo, intentó por todos los medios evitar que el juicio por las falsas identificaciones se produjera y, sobre todo, que le afectara directamente. Primero sus colaboradores trataron de ocultar la principal prueba de cargo del caso: el acta turca en la que consta que el general Navarro se llevó del lugar del accidente 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar. Después pretendieron anular el acta o declararla ilegal. Más tarde, propusieron a los forenses turcos que asumieran la culpa por el error de identificación, a lo que se negaron. Finalmente tres militares españoles han sido condenados por un delito particularmente deshonroso.

Este es el último episodio de la tragedia en la que murieron 75 personas, el 26 de mayo de 2003, cerca del aeropuerto turco de Trebisonda: allí se estrelló el avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento, alquilado por el Ministerio de Defensa para repatriar a militares desde Afganistán. Trillo rechazó ayer asumir responsabilidad alguna por lo sucedido, dijo que los médicos militares actuaron de buena fe y que no comparte la sentencia. Para él, todo ha sido muy limpio.

La no asunción de responsabilidades es marca de la casa. Trillo fue el estratega jurídico de la defensa que el PP de Aznar hizo del caso Naseiro. Consiguió que se declararan ilegales las escuchas de 5.240 llamadas telefónicas y se quedara castigo penal un claro caso de corrupción en el PP valenciano. Ahora el ex ministro de Defensa actúa como asesor en la sombra de Camps, a cuyos abogados aconseja que pidan la nulidad de las grabaciones que constan en el sumario del caso Gürtel. Ya veremos qué conejo se saca de la chistera hoy el presidente de la Generalitat de Valencia, en su declaración ante el juez. Las grabaciones demuestran que Camps, su mujer y su hija, recibieron regalos por valor de varios millones de pesetas de la trama corrupta y que su Gobierno le dio contratos de varios millones de euros a las empresas de Correa. Si una cosa se puede vincular con la otra, Camps sería imputado por cohecho. De momento, el presidente valenciano se ha limitado a organizar baños de multitudes en los que distintos colectivos le han jurado adhesión inquebrantable. La intensidad con la que su equipo se dedica a esta tarea es directamente proporcional a su debilidad. Aunque él, como su amigo Trillo, rechaza cualquier responsabilidad. Todo ha sido limpio, impecable; como sus trajes, como su sonrisa.

Cárcel para los militares que falsearon la identidad de las víctimas del Yak-42

Ignacio Martínez | 19 de mayo de 2009 a las 13:40

Un tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro, responsable de las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003. También ha condenado a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por complicidad con ese delito. Sin embargo, el ministro de Defensa en aquel momento, Federico Trillo, sigue en la política activa. La sentencia de la Audiencia Nacional dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre “la conducta de personas no acusadas”. Aun así, el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, considera también responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y absuelve a las aseguradoras.

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. Los testimonios de los dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque tenían prisa para llegar al funeral de Estado.

El 2 de marzo de 2004, unos días antes de las elecciones generales, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, número tres del Ministerio con Trillo, envió una carta a los familiares en las que tildaba de “campaña sensacionalista y cruel” lo publicado en los medios sobre los errores en las identificaciones. Mentía. 

El general Navarro admitió en el juicio que le pudieron “bailar los números”. En la última sesión alegó que solo “dulcificó” las autopsias para evitar el sufrimiento de los familiares. 

Y Trillo, sin dimitir.

Y Trillo sin dimitir

Ignacio Martínez | 17 de abril de 2009 a las 9:37

Debe ser terrible lo que están pasando las familias de los 62 militares españoles muertos en el accidente del avión Yakovlev 42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003. Es una ignominia que un general español se llevara 30 cadáveres sin identificar y el Ejército los entregara a los familiares poco menos que por sorteo. El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desvela que actuó tan a la ligera porque estaba presionado por las autoridades del Ministerio para llegar a tiempo al funeral de Estado. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. De unas responsabilidades que van más allá del comportamiento de este militar y sus ayudantes.

Me sorprende que el ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo, siga en la política activa. Y con una actitud dura e intolerante con los errores de los demás, por cierto. En ningún país de Europa eso sería posible. Ni en la Italia de Berlusconi. No es cierto el argumento de que la responsabilidad política ya está saldada por las elecciones de 2004, que perdió el PP. No. Las repetidas victorias de Gil en la Marbella en los 90 no le daban legitimidad a sus tropelías. La elección de Trillo como diputado por Alicante en 2004 y 2008 tampoco le exonera de su culpabilidad en este caso.

En el accidente cerca del aeropuerto de Trebisonda murieron 75 personas. Es la peor tragedia del Ejército español en tiempos de paz. El Ministerio de Defensa alquiló un avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento. Aquel fatídico viaje, junto a 12 miembros de la tripulación ucranianos y uno bielorruso, lo realizaban 62 militares españoles que llevaban cuatro meses y medio de misión con las fuerzas de mantenimiento de la paz en Afganistán. Cuando vieron el avión alguno de los forzados pasajeros se resistió a montarse. Otros mandaron mensajes muy desesperanzados a sus familiares: “Reza por mí, porque el avión es una mierda”, “son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite”, “la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia”, “quieren que volvamos en una tartana”.

Hubo catorce quejas previas al accidente por este tipo de aviones, cuya contratación se hacía dentro de una lista de la OTAN. Pero se siguieron utilizando sus servicios, mientras que Noruega canceló el contrato tras una reclamación que decía: “Salía aceite de los motores, pasamos mucho miedo, no dábamos crédito a lo que vimos, había paneles sueltos y cables pelados”. No. La responsabilidad política por la muerte de estos 62 militares no se salda con unas elecciones, ni con cien. Se salda con una dimisión.

¿Dimitir de qué? De su puesto en el Congreso. Hace tiempo que debería haberse retirado de la vida política. El accidente del Yak 42, el trato a las víctimas y a sus familiares no es un desliz.

Eso no me lo dices en la calle

Ignacio Martínez | 27 de septiembre de 2008 a las 2:08

”Magdalena

 

La ministra de Fomento ha salido bastante malparada en los periódicos de su rifirrafe del miércoles en el Congreso con el diputado popular Andrés Ayala. Me parece injusto. He criticado aquí a Magdalena Álvarez cuando sus gestos, actuaciones o palabras eran inoportunas, pero francamente el señor Ayala Sánchez se propasó de lo lindo con la ministra y consiguió sacarla de sus casillas. Y encima, se ha hecho famoso: es un abogado urbanista de la quinta del 52, la misma de la ministra, que fue cinco años secretario general de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Murcia. Ha sido coprotagonista del debate sobre las filtraciones de la investigación del accidente del avión de Spanair, que se estrelló en Barajas el 20 de agosto, con un saldo de 154 muertos.

El diputado del PP acusó a la ministra de “prácticas deleznables” por haber filtrado todo lo que le ha interesado “para tapar la verdad”: el cambio de avión, las conversaciones, las averías, los posibles errores humanos, el vídeo de Aena con el accidente. Otra diputada popular, la canaria Carmen Guerra, llegó a calificar el discurso de la ministra como “mezquino”. Es obvio que el PP ha decidido destapar la caja de los truenos en el caso del MD 82. La réplica de Magdalena Álvarez no defraudó a la afición y ha generado miles de comentarios en las ediciones digitales de toda España, a favor y en contra. Le preguntó a Ayala cómo se atrevía a acusarla sin pruebas de filtrar el vídeo y cómo llamaba filtraciones a la información que proporcionó en la comisión parlamentaria, sobre el intento de la compañía de sustituir el avión.

Lleva el PP desde el día siguiente del accidente del avión de Spanair buscando paralelismos con el Yakolev. Aunque Mariano Rajoy dijo en agosto “nosotros no vamos a hacer con este accidente lo que el PSOE hizo con el Yak 42″, en alusión a la tragedia del avión tartana fletado por el Ministerio Defensa para repatriar a un grupo de militares españoles de misión en Afganistán, en el que murieron 64 miembros del Ejército en mayo de 2003, cuando era ministro Federico Trillo. Y hace unas semanas la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría llegó a decir que “acosar al Gobierno con la tragedia del avión de Spanair nos alejaría de nuestro objetivo de conocer la verdad”.

La ministra, indignada, le dijo a Ayala que si repetía sus acusaciones sin pruebas fuera de la Cámara le llevaría a los tribunales. No podría, pero era el eco de un clásico: siempre se ha dicho “esto no me lo repites en la calle, que te parto la boca”. También quiso Álvarez reprochar al diputado que no tenía respeto a las instituciones y tuvo un acto fallido. Preguntó “qué respeto tiene usted a las filtraciones”. Y aquí ya se remangó para contestar la rechifla popular: “Me he equivocado, ¿pasa algo?” Aquello acabó como el rosario de la aurora.