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La ‘guerra’ del aborto

Ignacio Martínez | 22 de marzo de 2009 a las 11:34

La Iglesia ha decidido jugar fuerte contra la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tanto que quiere sacar la infantería a la calle: le ha pedido a las cofradías que aprovechen la salida procesional de Semana Santa para lucir lazos blancos en los palios y las cruces de guía, en señal de rechazo hacia la iniciativa gubernamental. Con independencia de la respuesta, éste es un hecho histórico por el lado de la propia infantería: las cofradías no han tenido tradicionalmente una buena relación con la jerarquía eclesiástica, en particular en Andalucía. Aun así, esta región será el escenario fundamental de la guerra del aborto: una ministra andaluza lleva adelante la reforma de la ley, y aquí es donde más base social tienen las cofradías y más impacto público alcanzan las procesiones de Semana Santa.

La tendencia general de las hermandades de penitencia es de apoyo a la jerarquía. De una u otra manera, ya se han sumado a la campaña de la Conferencia Episcopal los consejos o agrupaciones de cofradías de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez y Almería. En otros lugares como Valladolid, Toledo o Palencia, hay adhesiones. Y también críticas: el presidente de la junta de cofradías de Zamora ha asegurado que la posibilidad de que algunas hermandades andaluzas coloquen lazos blancos contra la nueva ley sobre el aborto le parece “absurda”. Opina que son “problemas ajenos a la Semana Santa”.

Es curioso que la avanzadilla de este movimiento sean las cofradías andaluzas, cuya relación con la jerarquía ha tenido en el pasado episodios de desconfianza mutua. Pasaron 20 años desde la constitución del Consejo de Cofradías en Sevilla en 1955 hasta que fue nombrado un seglar como presidente en 1975. Presidente que además no fue el votado abrumadoramente por las hermandades. En Málaga, después de la Guerra Civil, desavenencias entre el clero y los cofrades provocaron que los tronos empezaran a montarse fuera de las iglesias, bajo tinglados de palos y toldos, y que las imágenes iniciaran y finalizaran sus recorridos fuera de las iglesias. Incluso algunas hermandades aumentaron el tamaño de los tornos, lo que les impedía pasar por la catedral. En fin, esta campaña contra el aborto supone una reconciliación histórica entre los cofrades andaluces y una jerarquía que los ha mirado con recelo en el pasado.

En todo caso, tenga recorrido o no la campaña de la Iglesia, y consiga o no el Gobierno llevar a buen puerto el trámite parlamentario de la nueva ley, el problema sigue siendo que hay un número extraordinario de embarazos no deseados en España. El resultado es de 112.000 abortos en 2007. La última estadística andaluza, de ese año, es de 20.358, de los que una cuarta parte se produjeron en Málaga. Uno de esos abortos fue de una niña menor de 14 años, que había tenido ¡otros tres! con anterioridad. Casi dos tercios de los abortos son practicados a mujeres cuyo grado de instrucción llega como mucho a la Secundaria. Estamos ante un problema educativo y social de primer orden.

Un 51% de las abortistas andaluzas tienen entre 20 y 29 años, el 48% tiene pareja, un 56% dispone de ingresos económicos, un 55% ya ha tenido hijos antes, el 43% son reincidentes, el 97% aducen riesgo para la salud de la madre. Este es el retrato robot del problema. La escuela, la familia, los medios de comunicación tenemos una labor educativa dura y difícil por delante para reducir del número de embarazos no deseados. Es ahí donde se deberían gastar las principales energías de la sociedad y no en una nueva disputa de buenos y malos.

El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

”Evangelina

 

El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.