El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.


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