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Como un espectador de una película de terror llamada ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2015 a las 6:00

vlcsnap-2015-04-09-23h24m18s14Griñán trazó ayer una buena estrategia defensiva en su declaración ante el Tribunal Supremo, pero que plantea muchos interrogantes sobre el papel que jugó o debía jugar a la hora de evitar el fraude, primero en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y posteriormente como presidente de la Junta. Si el pasado martes el ex consejero de Empleo José Antonio Viera culpó a sus subordinados, porque él era un maestro sin formación jurídica, ayer el que fuera presidente de la Junta se situó como un mero espectador de una película de terror que se ve sorprendido por un trágico desenlace final pero que se veía venir prácticamente desde el principio. Griñán asegura que no pudo hacer nada para frenar el fraude, porque no lo conocía y nadie le advirtió, pero al final tuvo que asumir su responsabilidad política y dimitir del cargo.

José Antonio Griñán, que es inspector de Trabajo, puso en práctica una sólida estrategia defensiva, contundente a la hora de tachar de “irreprochable” la actuación de su Consejería y de la dirección general de Presupuestos, y que se fundamenta básicamente en defender la legalidad del sistema, de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y en poner de manifiesto que las numerosas señales de alertas que lanzó la Intervención General de la Junta en forma de sucesivos informes nunca le llegaron a él, porque su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no se los trasladó, y porque la Intervención no dio nunca el paso de realizar un informe de actuación, que hubiera requerido una actuación concreta por parte de su departamento y la adopción de unas medidas para evitar el fraude.

Griñán deriva toda la responsabilidad en el interventor general de la Junta –aunque en su extensa declaración llega a decir que no hizo dejación de funciones- y en la Consejería de Empleo, a la que atribuye el decisivo papel de controlar el gasto relacionado con el pago de las ayudas.

Pero a pesar de esta estrategia defensiva expuesta ante el Tribunal Supremo, que como he dicho me parece bastante sólida desde el punto de vista de una investigación judicial, la argumentación no puede ocultar las posibles responsabilidades que Griñán, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente de la Junta, tiene con respecto a esta fraude masivo y millonario. Su ex viceconsejera llegó a decir esta semana, en este caso en su comparecencia ante el TSJA, que recibió los informes de la Intervención pero simplemente no los leyó, porque no eran informes de actuación y no requerían una actuación concreta de la Consejería. Griñán corroboró ayer esta versión exculpatoria y coincidió en que la Intervención únicamente advertía de “discrepancias contables” pero no de ilegalidades.

La pregunta del millón es si la responsabilidad política del ex presidente debe quedarse sólo en el ámbito político, como ayer recordó el propio Griñán al afirmar que dimitió del cargo por el escándalo de los ERE, o su presunta participación en el fraude –que la juez Alaya dio por hecho en la exposición razonada-, bien por acción u omisión, es merecedora de un reproche penal. La respuesta la tiene el instructor del Supremo, que es el que una vez que finalice la ronda de declaraciones de los aforados debe decidir si archiva el proceso o pide el suplicatorio al Congreso y el Senado para realizar una inculpación formal. Griñán dijo ayer que confía en la Justicia. Dejemos que ésta actúe.


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