El anticipo de los ERE

Jorge Muñoz | 25 de junio de 2017 a las 2:00

ALAYA EN LA PICOTA

Rosell

 

La labor de un juez de Instrucción consiste en recopilar el mayor número de indicios o pruebas de la comisión de un delito, garantizando el ejercicio del derecho de defensa de los investigados y adoptando, en su caso, las medidas para proteger a las víctimas o a los perjudicados por esos delitos. En función de cómo haya sido esa instrucción, de la contundencia o no de las pruebas que se pongan a disposición del tribunal que debe enjuiciar el caso, habrá más probabilidades de que la sentencia acabe en una condena. Y a la inversa, si la instrucción no ha sido buena y se ha sustentado en meras conjeturas o sospechas, la posibilidad de una sentencia absolutoria está más que cantada.
A lo largo de mi carrera como cronista de los tribunales he asistido a centenares de juicios, desde los antiguos juicios de faltas a algunos de los procesos relevantes, y siguiendo el desarrollo de una vista oral, con la práctica de las pruebas, el interrogatorio de los acusados y de los testigos, cualquier persona puede llegar a hacerse una idea de los hechos, aunque es finalmente el tribunal el que decide si realmente hay delito o no.
Cierto es que, como dice Michael Connelly en su novela El Veredicto, un juicio es un concurso de mentiras, donde todo el mundo miente: los acusados, los testigos, los abogados e incluso los policías. De ahí la importancia que tiene la fase de instrucción a la hora de recopilar las pruebas que puedan contrarrestar la subjetividad de todos esos testimonios que se someten a la deliberación de los jueces.
Una juez de lo Penal de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha desmontado esta semana con contundencia una de las macrocausas que en su día abrió la mediática Mercedes Alaya, absolviendo a los diez acusados, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo, por la “fraudulenta e ilegal” –según Alaya– adjudicación del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Se ha pasado de una instrucción en la que se hizo creer a la opinión pública, mediante vehementes y mediáticos autos y resoluciones judiciales, que había numerosas pruebas del presunto fraude a una sentencia que dice todo lo contrario: que no hay prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a la constructora Sanma.
Un ejemplo. Cuando Mercedes Alaya imputó –el 7 de abril de 2011– al entonces primer teniente de alcalde y candidato de IU a las elecciones municipales de 2011 Antonio Rodrigo Torrijos –la imputación se hizo un mes y medio antes de la cita electoral–, lo hizo en un auto en el que la magistrada afirmaba que del resultado de las pruebas practicadas en esa instrucción se deducía la “responsabilidad y activa participación” de Torrijos en los asuntos de la Unidad Alimentaria y de “modo especial” en el proceso de adjudicación de los terrenos de la lonja a Sanma.
De esa “activa participación” que citaba Alaya podemos leer ahora en los 393 folios de la sentencia de la juez Yolanda Sánchez Gucema que hay una “escasa o nula participación” de Torrijos en los hechos, afirmando esta magistrada que ex portavoz de IU no participó ni intervino en los acuerdos entre Mercasevilla, Larena 98 y Sanma, ni mantuvo ningún contacto con los empresarios, ni tuvo ninguna intervención en el pliego de condiciones del concurso. Como declaró el propio Torrijos en su declaración en el juicio, lo único que hizo fue promover la fórmula del concurso público para evitar un “pelotazo urbanístico” en la operación de enajenación de los suelos del mercado mayorista.
La abogada de Torrijos, Encarnación Molino, criticó la instrucción “inquisitiva” y “viendo fantasmas donde no los había” en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2009. Como el caso de Torrijos, sucede lo mismo con respecto a la ausencia de pruebas de su implicación en las supuestas irregularidades en los otros nueve acusados que también han sido absueltos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y delito societario, por los que se enfrentaban a una condena de dos años de cárcel.
A la espera de la decisión que pueda adoptar ahora la Fiscalía de Sevilla, que dispone de un plazo de diez días para recurrir –aunque parece que el Ministerio Público no tiene muchos resquicios legales para plantear un recurso de apelación que pueda prosperar–, la sentencia supone un auténtico varapalo y un fracaso de la instrucción de Alaya, sin olvidar que la denuncia partió del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y fue avalada hasta el final por el propio Ministerio Público, que llegó a calificar el concurso como “un paripé”.
La absolución de todos los acusados es un verdadero mazazo para la tesis acusatorias que en su día dibujó Mercedes Alaya, porque en el caso de que la juez hubiera dictado alguna condena se había corroborado mínimamente la labor de la instructora, pero con una absolución total como la que se ha producido, las críticas por el calvario que han padecido todos los acusados durante esta larga instrucción y enjuiciamiento tras más de ocho años, se vuelven directamente hacia Alaya.
Lo cierto es que en los 393 folios de la sentencia no hay ningún reproche concreto a la instrucción de Alaya –que a la hora de analizar determinados aspectos puede incluso echarse en falta para comprender el sentido del fallo–, a la que ni siquiera menciona. Es más, la única vez en la sentencia en la que la juez habla de la instrucción es para defender a Alaya respecto a las cuestiones previas en las que se le atribuía una falta de imparcialidad por el hecho de que su marido, Jorge Castro, hubiese auditado las cuentas de Mercasevilla con anterioridad al inicio de esa investigación.

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla.

La juez Yolanda Sánchez explica en la sentencia que no puede afirmarse que las defensas hayan mantenido “el rigor exigido” cuando apoyan sus argumentos sobre la ausencia de imparcialidad de Alaya en “meras alegaciones de irregularidades graves que, sin embargo, no identifican, ni detallan ni reseñan de forma pormenorizada”.
Pero la falta de reproches a la instrucción de Alaya en la sentencia no quita que, de la lectura de la misma, se aprecie que la juez rechaza la existencia de prueba o indicios de delitos y de ello se desprende que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria.
Es como si a Alaya se le desmoronaran todas las macrocausas, algo que también le ha pasado a otros jueces estrella a lo largo de la historia judicial más reciente. Su sucesora al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, la denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y que fue la última operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que autorizó Alaya. No obstante, otras piezas de los cursos de formación siguen abiertas, como la del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.
El caso Mercasevilla es la segunda macroinvestigación de Alaya en la que se dicta sentencia. La anterior también estaba relacionada con la empresa pública del mercado mayorista, en concreto, con la petición de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.
En esa causa, Mercedes Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Sólo fueron condenados, finalmente, al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet –que ahora ha sido absuelto de la venta de los suelos– y Daniel Ponce.
De los 14 procesados por la juez Alaya en estos dos asuntos, sólo dos de ellos han sido condenados y los otros doce han sido exculpados. Dos condenas y doce absoluciones no parece una gran estadística para una instructora de grandes procesos, ni tampoco para la Fiscalía, pero sobre todo lo relevante, más allá de la cifra de imputados, es cómo se argumenta la absolución en el proceso de la enajenación de los suelos.
Una tercera causa, que en realidad es la primera de gran relevancia que comenzó a instruir Mercedes Alaya, está siendo actualmente enjuiciada en la Audiencia de Sevilla: la investigación por el delito societario al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que está acusado junto a otras siete personas y se enfrente a una petición del fiscal de tres años de cárcel.
También está en investigación, aunque en la Audiencia Nacional, la macrocausa de la operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados. En este macroproceso, que también se inició por parte de Alaya, el juez José de la Mata ya ha anunciado que la instrucción finalizará en noviembre próximo.
Sin duda la macrocausa más importante que instruyó Alaya es la relacionada con el escándalo de los ERE fraudulentos, en la que implicó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta misma semana se ha conocido la fecha del juicio por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que arrancará el 13 de diciembre próximo. Además de los ex presidentes, están acusados otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El tribunal que enjuiciará  a los ex presidentes Chaves y Griñán

El tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán.

La absolución de los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla puede entenderse hasta cierto punto como un anticipo de lo que puede ocurrir con el caso de los ERE, que podría acabar con un resultado similar –con absoluciones de los acusados– si el tribunal encargado de enjuiciar la causa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, llegara a apreciar las mismas supuestas deficiencias en la instrucción que se han revelado con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.
Si los magistrados que tienen la difícil misión de analizar estos hechos advierten esa misma falta de indicios o pruebas que se ha apreciado de forma tan clara y rotunda en Mercasevilla, la macrocausa podría derivar en la absolución de parte o muchos de estos 22 ex altos cargos, como por ejemplo los ex presidentes, de los que habría que probar sin ningún género de dudas que tenían conocimiento de que se estaba utilizando durante una década un procedimiento inadecuado para la concesión de las subvenciones públicas; que tenían conocimiento además de que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos públicos; y que a pesar de ello no realizaron ninguna actuación para evitarlo.
Esa presunta responsabilidad podría centrarse sobre los altos cargos más próximos a la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, encargada de la concesión de las ayudas, pero también es cierto que a medida que se asciende en la organización de la Junta y en el Gobierno andaluz ese posible conocimiento sería más complicado de acreditar con la contundencia que exige una condena penal.
El problema es que los altos cargos que salgan finalmente absueltos ya habrán sido condenados a seis, ocho o diez años de instrucción –de momento los ex presidentes llevan cuatro años imputados–, con la consiguiente pena de banquillo o de telediario que ello conlleva. Y de daños y perjuicios colaterales e irreparables.

  • José Luis Fernández

    En el caso de Manuel Ruiz de Lopera, la acusación del fiscal se parece al auto de procesamiento como un huevo a una castaña. Alaya hablaba de un desfalco de 25 millones de euros y el fiscal de una apropiación indebida de 3. Más de lo mismo.

  • Miguel

    Poner la justicia al servicio de la política conduce a estos desenlaces. Muchos se preguntarán que como se ha podido estar tantos años engañando a la opinión pública, pero cuando hay detrás una trama perfectamente organizada, que cuenta como sustentó a un poderoso instrumento mediático, cuesta trabajo aceptar que se van cayendo los decorados de la tramoya que ellos mismos fueron construyendo. La pena es que los promotores de todo se van de rositas, uno de ellos flotando como el corcho en el estanque cenagoso de la política, el otro ascendido al mismísimo consejo de ministros, y la tercera pata de la estrategia en lo más alto de su escalafón profesional. Y cientos de miles de ciudadanos, millones tal vez, empezando a preguntarse como ha sido posible tamaño desafuero, sin que le osaré nada a los promotores y actores del desaguisado.

  • fjas

    Supongo que el CGPJ tendra algo que decir, no?

  • Manuel Gómez

    Valiente artículo. Enhorabuena.

  • Pelayo

    Este pais esta podrido, nos escandalizabamos con las corruptelas politicas, pero todo el aparato del estado esta tocado.

  • el_otro_Alejandro

    Es curioso repasar AHORA las declaraciones de los “hunos” y los “hotros” y hasta los comentarios de lectores que se hacían no hace tantos meses.

    Cómo se nota que, en política, hay mucho forofo que jamás ve el penalti cometido, pero que tampoco olvida la jugada dudosa que conviene “a los nuestros”.

    La política no es eso. Es algo más hermoso y más grande que un concurso de fanáticos al estilo futbolero: ¡Se trata del gobierno de la RES PUBLICA!

    RES PUBLICA es un latín de donde procede la palabra república y significa: conjunto de cuestiones que afectan a conjunto de la población.

  • ciudadano libre

    España en estado puro,más no da de si.La ¿ley?,no existe,la ¿justicia?,brilla por su ausencia,resultado,país de pandereta y el más listo vive como quiere.Salud y Libertad

  • Juan luis

    La verdad es que es vergonzoso lo que ha pasado con esta jueza y sus instrucciones dirigidas. Y muchos periodistas se han cebado con acusados e investigados dando dogma de fe de todo lo que se decía en esos autos ahora desmontados. La policía política al servicio del estado.

  • José Luis Martin

    Si se confirma lo que parece va a suceder, es decir, la absolución de acusados en el caso ERE, yo me preguntaría, como es posible que esta jueza continúe en su cargo y haya sido ascendida. En cualquier otra profesión,estaría de patitas en la calle

  • El Retorno de la Diosa

    Soberbio artículo, mis enhorabuenas


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