Todos niegan el fraude

Jorge Muñoz | 22 de abril de 2018 a las 2:00

El tribunal que enjuicia el "procedimiento específico" de los ERE

El tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE

Se acabó la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo por el caso de los ERE y mañana, sin solución de continuidad, comenzarán a declarar los 150 testigos que han sido citados en la macrocausa. Con el testimonio de estos testigos y la prueba pericial que les seguirá arranca el verdadero juicio, donde las acusaciones intentarán corroborar los cargos en los que sustentan sus peticiones de inhabilitación y los ocho años de prisión que solicitan para algunos de los acusados. También asistiremos al estreno de las acusaciones populares, que hasta ahora no han podido interrogar a nadie, porque todos los acusados se han limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del tribunal y de su abogado defensor.
En la primera fase de la vista oral que ahora ha terminado todos los acusados han negado los cargos, cierto es que unos con más rotundidad que otros. No ha habido ninguna asunción de la más mínima culpabilidad por parte de ninguno de los ex altos cargos procesados en las 40 sesiones que se han desarrollado ya de la vista oral.
En líneas generales, los procesados han defendido la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y la mayoría ha negado que recibieran los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de los reparos. Quién si admitió que los recibió, la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, explicó que no le dio traslado al ex presidente José Antonio Griñán –cuando ella era viceconsejera y Griñán consejero–, porque ninguno de esos informes eran de los denominados “de actuación” y no requerían intervención de la Consejería.
La legalidad del uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEApara el pago de las ayudas y el rechazo a que los parlamentarios andaluces pudiesen haber sido “engañados” sobre el uso de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, han sido otras de las constantes que más se han repetido en estos primeros cuatro meses de juicio.

Manuel Chaves
Negó que se creara un sistema para “burlar la ley”
El ex presidente de la Junta Manuel Chaves atacó en su declaración la base de la acusación pública, al negar la existencia misma de ese denominado “procedimiento específico” para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Chaves, que fue presidente de la Junta durante 19 años (1990-2009) rechazó con vehemencia que su Gobierno estableciera un sistema “conscientemente ilegal o para burlar la ley”.

 

JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA

José Antonio Griñán
Defensa de la legalidad e ignorancia sobre los reparos
El ex presidente andaluz, que fue consejero de Economía y Hacienda previamente, sostuvo en su declaración que no recibió las alertas de la Intervención General de la Junta porque no había “menoscabo o riesgo de menoscabo” de los fondos públicos y por tanto no se requería una “actuación directa” suya, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009.
Griñán añadió que todos los informes se presentaron de acuerdo con el artículo 12.3 del decreto 9/99 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta, pero nunca plantearon la realización de un “informe de actuación”, que figura en el artículo 12.5. de la citada norma.

Gaspar Zarrías
El ex consejero defendió que había una “regulación”JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA
El ex consejero de la Presidencia destacó en su declaración que siempre hubo una “regulación” de las ayudas bajo sospecha, dado que las mismas estaban contempladas en las leyes de Hacienda y de Presupuestos, en decretos y en las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995 que tenían una “carácter supletorio” sobre la legislación autonómica.
Gaspar Zarrías explicó que desconoce cómo se articuló el mecanismo de concesión de las ayudas en la Consejería de Empleo, pero en cualquier caso sostuvo que era “público y notorio” que las mismas existían. “Lo conocía yo y todo el mundo que se daban ayudas sociolaborales”, sentenció.

 

 

 

 

 

Magdalena ÁlvarezREANUDACIÓN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Desconocía el procedimiento de las subvenciones
La ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento no sólo desconocía cómo se daban las ayudas de los ERE sino que además tampoco tuvo conocimiento de los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta alertando sobre las presuntas irregularidades.
Magdalena Álvarez defendió que existió un control de las ayudas, refiriéndose a la “fiscalización previa” de las transferencias de financiación cuando los recursos llegaban a la empresa pública (IFA/IDEA), mientras que el pago estaba sometido a Control Financiero Permanente(CFP).
La ex consejera añadió que los reparos se trabajaban entre la Consejería afectada, en este caso Empleo de la que dependía la partida 31L, y la intervención delegada, y cuando no se llegaba a un acuerdo, se elevaba la cuestión a la Intervención, y si no había cuerdo, es cuando lo conocía el Consejo de Gobierno. “En diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y tampoco a la Consejería”.

 

 

 

 

Antonio FernándezEL EXCONSEJERO DE EMPLEO ANTONIO FERNÁNDEZ CONTINÚA DECLARANDO MAÑANA EN EL JUICIO DE ERE
La declaración más extensa de todos los ex altos cargos
Siete jornadas acaparó la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyo director general de Trabajo, Javier Guerrero, se sitúa en el epicentro del presunto fraude.
Fernández sostuvo la legalidad del sistema y alegó que las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo estaban amparadas en una “base normativa suficiente”, llegando a afirmar incluso que estas ayudas eran “absolutamente iguales” a las que el Estado había otorgado a través de la tan traída y llevada orden de 5 de abril de 1995.
Pero la sorpresa se produjo al final de la declaración de Fernández, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña acorraló al ex consejero con sus preguntas, después de que éste hubiese afirmado en la sesión anterior que se sintió “acosado” por la juez Mercedes Alaya cuando prestó declaración en la fase de instrucción. El interrogatorio del magistrado para que Fernández dijera qué aspectos de aquella declaración ratificaba y cuáles no, dejó al acusado contra las cuerdas y sólo se salvó al alegar motivos de “cansancio” por sus problemas de voz. Al día siguiente, cuando el magistrado iba a seguir con sus preguntas, Fernández, ya asesorado por su abogado, se acogió a su derecho a no declarar, “asustado y aturdido” por las preguntas del magistrado.

 

José Antonio VieraCONTINÚA JUICIO CASO ERE CON INTERROGATORIO AL EXCONSEJERO VIERA
En defensa de la “legalidad” del sistema de ayudas
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera fue uno de los primeros altos cargos en prestar declaración, en febrero pasado, tras la reanudación de la vista oral por el parón para resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del proceso. Viera aseguró en su declaración que el sistema por el que se concedían las ayudas era “absolutamente legal” y precisó que la Intervención General de la Junta “jamás” se dirigió a él para advertirle de una “situación de ilegalidad”. El ex consejero fue uno de los primeros en defender el convenio marco de 17 de julio de 2001 que él mismo firmó con Antonio Fernández –entonces director del IFA–.
Sobre el conocimiento concreto que el presidente de la Junta Manuel Chaves podía tener de las ayudas, por ejemplo como las que se otorgaron ante la crisis de Santana Motor, Viera destacó que “el presidente conocía el problema, pero tenía un desconocimiento total de los instrumentos” que se empleaban para darle solución a los conflictos laborales y empresariales.
Viera admitió que tuvo conocimiento en el segundo semestre del año 2000 que la Intervención había paralizado el pago de unas ayudas por importe de 159 millones de pesetas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), por lo que unos meses más tarde “propuso” a su equipo en la Consejería que buscara una “fórmula legal y ágil” para la concesión de las ayudas a los trabajadores de empresas en crisis. El objetivo, prosiguió, era “resolver el drama personal de los trabajadores y de las comarcas” en las que estaban ubicadas dichas empresas. El resultado de ese encargo fue el convenio marco de 2001, que tenía la “apariencia absoluta de legalidad”, al pasar por todos los departamentos correspondientes, por todos los “centros directivos” de la Consejería: técnicos de la dirección general, el director general, el secretario general de área, la secretaría general técnica y el viceconsejero de Empleo.

 

Carmen Martínez Aguayo
La ex consejera de Economía que defendió a Griñán
Carmen Martínez Aguayo lo había afirmado antes del juicio y lo mantuvo en la vista oral: “nunca” trasladó al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las “discrepancias” que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L.
La que fuera ex viceconsejera –luego también fue consejera– insistió ante el tribunal en que “en ningún momento” tendría que haber comunicado al consejero de Economía los informes porque siempre se emitieron “con carácter de normalidad”. Aguayo agregó que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de “discrepancias contables” y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado la realización del “informe de actuación”.

DECLARACIÓN DE CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE

Javier GuerreroCONTINÚA JUICIO PIEZA POLÍTICA DEL CASO ERE
El principal acusado reniega del fondo de reptiles
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social, el principal imputado en el caso, ha sido el único de los 22 ex altos cargos que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del tribunal. Guerrero culpó a la “presión mediática y de la Policía” de sus declaraciones en la fase de instrucción, de las que se retractó en el juicio. A preguntas de su abogado, el ex alto cargo quiso aclarar que “nunca” habló de que existiera un fondo de reptiles para el pago de las ayudas, ya que, según afirmó, en su dirección general no tenían “fondos reservados”.

 

 

 

 

 

Manuel GómezDECLARACIÓN EXINTERVENTOR GENERAL GOBIERNO ANDALUZ EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Ni apreció ningún delito ni menoscabo de fondos
El ex interventor general de la Junta es una de las figuras clave del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. Sus informes alertando de las deficiencias en el sistema por el que se concedían las ayudas, del uso inadecuado de las transferencias de financiación, es el argumento principal sobre el que se sustenta la base de la acusación pública, junto al informe pericial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Manuel Gómez, que en el juicio mostró un perfil menos combativo con otros acusados del que había hecho gala durante la fase de instrucción, sostuvo que no hizo un informe de actuación en relación con el uso de las transferencias para el pago de las ayudas porque no apreció que se estuviera cometiendo un delito ni el menoscabo de fondos públicos que exige la ley para la emisión de dicho informe.
El ex interventor aclaró que las ayudas sociolaborales “no son subvenciones” y aunque lo fueran estaba la normativa supletoria estatal, la orden de 1995 que, a su juicio, era aplicable a estas ayudas y exige únicamente para su concesión la petición y un memoria justificativa, por lo que rechaza que las ayudas se hayan concedido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.
Manuel Gómez explicó que aunque había “muchas deficiencias” en la concesión de las ayudas, “ninguna suponía un menoscabo de fonos públicos”, algo que no apreciaron ni él ni una docena de interventores”.

Agustín BarberáPRIMERA SESIÓN JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS
El Parlamento no fue engañado con las ayudas
El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá rechazó que se engañara al Parlamento andaluz con el uso de las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas bajo sospecha, dado que, según afirmó, los parlamentarios andaluces “siempre tuvieron la posibilidad de pedir” la aclaración de las memorias presupuestarias en lo que respecta a la utilización de la partida 31L.
Barberá recordó que los parlamentarios andaluces formulaban “modificaciones” a la partida para que se aumentara el crédito, para lo cual sostuvo que sólo basta acudir a las actas de la Comisión de Empleo. “Me causa estupor que se intente criminalizar en esta causa el acudir a una modificación presupuestaria”, algo que era normal porque la conflictividad que existía en aquella época “descuadraba” cualquier presupuesto.

 

  • Pepe Gürtel

    “Todos niegan el fraude“, y como se demuestre que no lo hubo, la causa va a quedar tintada de causa Política, y algunas Señorias van a tener que dar explicaciones muy difíciles de entender. Instruir y que luego se las apañen otros puede dejar a algun@ con el trasero al aire.

  • Uno q estaba arando

    Todos niegan… La primera Bolaños. ¿ Para cuándo la Justicia para los andaluces ? Hay que liberar Andalucía del PSOE para que florezca la Democracia. El último baluarte del CACIQUISMO.

  • Segugon

    Sin duda, todos necesitamos que estos personajes salgan definitivamente de todo con una sentencia que les baje la arrogancia. Especialmente a la cabeza más alta y arrogante que se llevó 20 años sin saber que estaba pasando. La democracia lo necesita.. Como también a los de la Gurtel, la punica… por limpieza democratica todos deben que tener el mismo final.

  • Miguel

    Los que jaleaban a diario a la señoría de la espada flamigera están comprobando con horror que sus argumentos podían servir para llenar portadas de pequeño formato, pero que a la hora de la verdad, en los ERE había mucho de intencionalidad política, lo de acabar “como sea” con un partido político que lleva 36 años gobernando… con el voto de los ciudadanos, y bastante poco, o muy poco, de fraude sustancial, y nada, de fraude generalizado ni organizado desde el poder. Así que el del arado va a tener que seguir labrando, o sea trabajando más y mejor para que la derecha alcance el poder en Andalucía, algo que posiblemente necesitemos, pero no “como sea”.


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