CASO NEVADA: Un error de 165 millones

Jorge Muñoz | 3 de junio de 2018 a las 2:00

El interior del centro comercial Nevada, objeto de una batalla judicial que se ha prolongado durante más de una década. Foto: Carlos Gil

El interior del centro comercial Nevada, objeto de una batalla judicial que se ha prolongado durante más de una década. Foto: Carlos Gil

Aunque el euro ya lleva con nosotros bastante tiempo, los que conocimos la peseta todavía ponderamos mejor en esta moneda la relevancia de algunas macrocifras, como la indemnización que la Junta de Andalucía debe pagar al promotor del centro comercial Nevada de Granada, Tomás Olivo, en concepto de indemnización por el daño emergente y el lucro cesante durante los casi ocho años que estuvieron paralizadas las obras. Son 165 millones de euros, que hacen 27.560 millones de las antiguas pesetas.
Estos 165 millones de euros que el empresario percibirá, salvo que el Tribunal Constitucional falle a favor del recurso de amparo que ha anunciado la Junta –el Tribunal Supremo ha rechazado recientemente el recurso de la Administración andaluza–, superan con creces otras macrocifras que se han barajado en casos de corrupción como la propia Gürtel, donde se estima que la trama movió 120 millones en las instituciones públicas, e incluso duplica el presunto fraude de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción fija el fraude con las ayudas públicas de la Junta en 741,6 millones, pero en realidad este importe se corresponde con el total de las ayudas concedidas –muchas de las cuales se siguen pagando en la actualidad–, mientras que la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán reduce la cuantía del fraude a efectos dialécticos a 80,8 millones de euros –6,6 millones por los intrusos, 30 millones de sobrecomisiones y 44,2 millones por las ayudas directas a empresas. En total esos 80 millones, que siguen siendo menos de la mitad de lo que habrá que pagar al empresario Tomás Olivo
La indemnización por la paralización de las obras del centro comercial Nevada es, no obstante, inferior a la multa de 240 millones que se impuso en el caso Malaya al ex asesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que además fue condenado a 17 años de prisión.
El caso Nevada es además un ejemplo de las paradojas inexplicables de la Justicia, porque el empresario a quien se ha reconocido el derecho a recibir esa millonaria indemnización, fue también condenado –junto a varios responsables del Ayuntamiento granadino de Armilla– por un delito contra la ordenación del territorio a 15 meses de cárcel y a demoler parte del centro comercial, en concreto un trozo de terreno de 1.000 metros cuadrados del camino Viejo de Alendhín –suelos calificados como zona verde y equipamiento público–, según expone la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Granada el 28 de julio de 2011. Siete años después de esa condena en la vía penal, la misma Justicia, aunque en una jurisdicción distinta –la Contencioso-administrativa– le da la razón en cuanto a los perjuicios económicos sufridos por la paralización de unas obras que en la vía penal se consideraron ilegales y posibilitaron la condena de Tomás Olivo. Es decir, la Justicia otorga una doble condición al constructor: la de autor de un delito urbanístico y la de víctima por unos relacionados con ese delito.
¿Quién tiene la culpa de todo este desaguisado en el que como siempre juega en contra la lentitud de los tiempos judiciales? Si se acude a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Granada, dictada en mayo de 2017 y que ahora ha sido avalada por el Tribunal Supremo, buena parte de la culpa la tiene la Junta de Andalucía, por los errores que cometió en el pleito, a pesar de que el TSJA haya dado parcialmente la razón a la Administración andaluza, únicamente en lo que se refiere a la reducción en un 17% del lucro cesante. Y por eso se rebajó a 165 millones la indemnización que reclamaba Tomás Olivo, que inicialmente superaba los 220 millones.

Una imagen exterior del macrocomplejo comercial en Armilla. J. Ochando

Una imagen exterior del macrocomplejo comercial en Armilla. J. Ochando

La Junta consideró irracional e ilógica la valoración de los daños y perjuicios realizada por la mercantil General de GaleríasComerciales, al estimar que los daños eran meros “sueños de fortuna” que no estaban mínimamente acreditados, pero lo cierto es que el varapalo de la sentencia dictada por la del TSJA han acabado por convertir en realidad esos sueños y en hacer a Tomás Olivo un hombre más rico.
La licencia de obras para la construcción del centro comercial Nevada fue concedida por el ayuntamiento de Armilla en septiembre de 2005 y la Consejería de Obras Públicas instó al Consistorio en abril de 2006 a revisar la licencia, lo que motivó la suspensión de las obras. Y ese mismo año, la Junta presentó un recurso contencioso-administrativo en el que se pidió como medida cautelar la paralización de las obras, que fue acordada el 31 de octubre de 2006.
La Junta alegaba que el juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investigó el delito urbanístico, también paralizó las obras, y argumentaba que el promotor había sido condenado en esta causa, por lo que no era razonable otorgar una indemnización “como consecuencia de la comisión de un delito”.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJA recuerda que la paralización de las obras se acordó a instancias de la Junta –se acordó el 31 de octubre de 2006 y se levantó en 2014–, mientras que en la vía penal la paralización se produjo en abril de 2007 y el proceso finalizó con la sentencia de la Audiencia de 2011, por lo que “ninguna incidencia pudo tener sobre la medida acordada en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues la suspensión en vía penal comenzó más tarde y finalizó tres años antes de que se dictara sentencia firme por este órgano judicial”.
El tribunal concluye que la indemnización “no es por causa de un delito” y así recuerda que las consecuencia del procedimiento penal supusieron, además de las penas de cárcel, la demolición de 1.000 metros cuadrados “sobre los que ningún tipo de resarcimiento se pretende por la actora; y es incuestionable que la consecuencia anudada al procedimiento penal no es la total paralización de unas obras durante casi ocho años, que es el supuesto objeto de estudio en el presente incidente, y que se adoptó en otro procedimiento distinto y seguido en otro orden jurisdiccional”.

El promotor Tomás Olivo y el alcalde de Armilla visitan las obras.  Foto: Miguel Ángel Molina.

El promotor Tomás Olivo y el alcalde de Armilla visitan las obras. Foto: Miguel Ángel Molina.

Es más, aunque la Junta entendía que la “excesiva dilación” en el procedimiento penal también tuvo incidencia (se prolongó desde 2006 a 2014) en el daño, el TSJA recuerda que la Administración “estuvo en disposición de solicitar en cualquier momento la finalización de la medida cautelar. Ni este tribunal ni la demandante podían proceder a su revocación. Así pues, ante la duración del procedimiento y las consecuencia que podía llevar aparejadas una suspensión como la que nos ocupa, era la demandada la única que se hallaba en situación de poner fin a la medida cautelar, por lo que debemos concluir que es la única responsable”, sentencia el Alto Tribunal andaluz. Pero no sólo la Junta es la única responsable por ese motivo, sino que hay más. En 2015, Tomás Olivo presentó la reclamación de indemnización y es aquí donde se produce un nuevo error de la Junta de Andalucía, que aportó un dictamen pericial negando los perjuicios. El juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada fijó una vista para el 6 de junio de 2016 a la que no compareció el letrado de la Junta, lo que motivó que la juez no admitiera el informe pericial.
Esto llevó a que el TSJA sólo pudiera valorar el dictamen pericial elaborado por General de Galerías Comerciales, al haberse inadmitido el aportado por la Junta ante su incomparecencia. Razonan los magistrados que el “presupuesto de hecho indispensable para la admisión en segunda instancia de las pruebas que no se practicaron en la primera” es que no se hubieran practicado por causas que no le son imputables. Pero en este caso, concluye, “la prueba no se practicó por causas sólo imputables a la Administración recurrente, y en ningún momento se presentó recurso de reposición o se formuló protesta en la vista a los efectos de poder hacer valer dicho medio probatorio en segunda instancia, lo que impide su válida admisión ante este tribunal”.
Más claro, imposible.

 

Un abogado que fue juez y un instructor parecido a Alaya

El caso Nevada tiene otras particularidades como la de que el abogado de Tomás Olivo, que representó a la mercantil General de Galerías Comerciales y ha ganado el litigio en la vía Contencioso-administrativa, Joaquín García Bernaldo de Quirós, es magistrado en excedencia y especialista en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. De hecho, el ex magistrado García Bernaldo fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJAen Málaga entre los años 2001 y 2011. Fue además presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y desde el año 2013 es socio del bufete Ramón y Cajal abogados. Por su parte, el juez Miguel Ángel García del Arco, que en su momento paralizó las obras del centro comercial Nevada, fue titular hasta su jubilación del juzgado de Instrucción número 6 de Granada. Muchos ven similitudes entre este magistrado y la juez Mercedes Alaya, la instructora que inició la investigación de las macrocausas como los ERE y que en su día dirigía el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –ambos coincidían también en el número-. En una reciente entrevista en el periódico Granada Hoy, Miguel Ángel del Arco, quien en su día calificó el Nevada como un “leviatán de hierro y cemento” comentaba que hizo “bien en paralizar la obra” y aludía a los comentarios que le hizo el perito del caso, quien según el juez le manifestó que ese edificio es “el más grande disparate urbanístico que se haya producido en la historia de Granada pero además es un delito, pleno de trampas y de engaños, claramente demostrados pero que los jueces no han querido ver. Y un partido prefiere pagar esa enorme cantidad para indemnizar -un dinero nuestro, claro- a reconocer responsabilidades de sus gobiernos municipal y autonómico”, recogía la cita que el juez atribuye al perito que intervino en la causa.

Absuelto de la Malaya y que llevó sus empresas a la bolsa

El promotor murciano Tomás Olivo compartió el banquillo de los acusados con Juan Antonio Roca, el presunto “cerebro” de la trama de corrupción del caso Malaya destapada en Marbella, si bien los destinos de ambos corriendo suertes bien distintas. Roca fue condenado a 17 años, mientras que Tomás Olivo fue absuelto en la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga. Tomás Olivo fundó la empresa General de Galerías Comerciales precisamente en Marbella en el año 1995, tan sólo cuatro años después del desembarco de Jesús Gil y de su hombre de confianza. Su éxito consiste en comprar suelos a buen precio, promover la construcción de un centro comercial y ocuparse de su gestión. De esta forma, ha llegado a ser propietario de seis complejos comerciales en España, entre ellos el Nevada de Granada, o La Cañada de Marbella, el negocio más jugoso del promotor. Tomás Olivo se ha convertido asimismo en el primer empresario de la Costa del Sol cuyas empresas han llegado a cotizar en la Bolsa. Desde el 4 de julio de 2017, la mercantil General de Galerías Comerciales cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y en el primer mes alcanzó una revalorización del 24%. El valor de su sociedad superaba los 2.500 millones de euros a mediados de 2017 y tiene además el atractivo de no arrastrar deuda. Y a todo ello se sumarán ahora los 165 millones que la Junta tendrá que abonarle por el caso Nevada.

 

  • Un pringao

    Decía uno por ahí que la Justicia es un cachondeo….

  • 1barquero

    Alguna vez,alguien tendra que parar las puertas giratorias de los fu cionarios de Justicia a la privada.Alguien tendra que poner coto a ese trasvase,….como se puso en su epoca entre los pilotos militares que se pasaban a Iberia,….y esto vale para jueces,fiscales abigados del estado y….cualquier funcionario del primer nivel,….porque esto si es corrupcion

  • Uno q estaba arando...

    Todos sabíamos ya que el PSOE es corrupto. Ahora también sabemos que son inútiles e ineptos.

  • Uno q estaba arando...

    Sr. Muñoz, nunca le he visto poner en pesetas el importe que se JUZGA EN LOS ERES…. ¿ Cuánto será ?


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