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La recaída de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2018 a las 2:00

CASO ERE La juez Mercedes Alaya

Alaya ha logrado la unidad de los jueces en su contra. Al menos, de todos los jueces de Instrucción de Sevilla, sus antiguos compañeros, a los que ha denigrado con ocasión de sus recientes declaraciones en las que no ha dejado títere con cabeza. Sólo la más grande, como es conocida por muchos Alaya en la vieja sede judicial del Prado de San Sebastián, podía hacer algo así en la creencia de que sólo ella puede estar llamada a liderar una mesiánica labor en la Justicia y en la lucha contra la corrupción.
La salvadora Alaya, la juez infalible e infatigable, la única que se consideraba capaz de acabar las macrocausas, cada vez va dejando más cadáveres en el camino y engrosando la lista de enemistades. Vilipendiar a los jueces de refuerzo que tuvo en su faceta de instructora como ha hecho ahora, le ha granjeado el rechazo absoluto del colectivo de jueces de Instrucción, quienes han expresado por unanimidad su “profundo malestar” con las declaraciones.
Sobre todo porque es que además los comentarios no son justos. Decir que un juez de refuerzo en concreto –en realidad es el único que aceptó trabajar con ella después de la desbandada que protagonizaron otros dos jueces– le decía a la una de la tarde que se iba a almorzar con su mujer a un club de Sevilla, del que ni siquiera es socio, o a recoger a las niñas del colegio, supone una mezquindad. Olvida Alaya que ella misma llegaba muchos días a mediodía al juzgado y hacía esperar durante horas a abogados e imputados durante horas antes de tomarles declaración. Basta con preguntarles a los abogados de los que ahora están en el juicio de los ERE.
Y se olvida también de que detrás de un juez, hay todo un equipo de funcionarios que son fundamentales para la marcha de las investigaciones. De este juez de refuerzo también ha asegurado que durante su estancia el juzgado ha estado más retrasado que nunca en la tramitación de los asuntos ordinarios, una afirmación que es fácilmente desmontable, sólo hace falta ver las estadísticas judiciales del juzgado de la época.
Mercedes Alaya, la que en su día se autodefinió como una instructora incansable, parece haber perdido el norte. Y no se resigna a su nueva situación como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
A Alaya le ha faltado quizás contar con ese esclavo que llevaba Julio César, cuando era vitoreado por el pueblo en su trayecto subido en el carro triunfal, y al que le iba diciendo “mira hacia atrás y recuerda que sólo eres un hombre” (en este caso una mujer).
Cierto es, y en esta página lo he defendido siempre, que Alaya es una excelente profesional, con una gran capacidad de trabajo que puede superar en un momento dado a otros jueces, pero eso no es óbice para presentarse como la última esperanza de la Justicia, un mensaje populista que cala en parte de la ciudadanía, cada vez más asqueada de la clase política y cuya decepción aumenta a medida en que se conocen sentencias como la de los 1.600 folios de la Gürtel.
Pero la labor instructora de Alaya no se está traduciendo luego en condenas, lo que cuestiona su particularísima forma de instruir y la denunciada búsqueda de “causas generales” o prospectivas. Lo cierto es que la estadística no deja en buen lugar a Alaya. Además del archivo de la “pieza política” de los cursos de formación, la Justicia ha tumbado las instrucciones de Alaya relacionadas con la macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde los diez acusados fueron absueltos, y más recientemente la Audiencia de Sevilla absolvió al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, la primera de las grandes investigaciones que inició Alaya y que tanta fama le generó.
Hasta ahora, la única instrucción de Alaya que ha sido avalada con una condena es la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería, que acabó sólo con la condena de dos de los cuatro acusados.
Muchos se preguntan a qué han venido ahora estas declaraciones de Alaya, en las que no sólo ha criticado a los jueces de Sevilla y a los partidos políticos, sino también a otras instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el CGPJ que, por cierto, siguen callados, sin reaccionar.
Sólo Alaya sabe por qué ha vuelto en este momento al candelabro, como diría Sofía Mazagatos. Quizás sea por no caer en el olvido, o porque la magistrada no ha pasado página y ha sufrido una recaída, tras el varapalo que supuso en el otoño de 2015 verse apartada de la instrucción de las macrocausas, algo que se debió a sus propios errores de cálculo y por criticar con la dureza que lo hizo a su sucesora en el juzgado, de la que sacó a relucir una supuesta estrecha relación de amistad con el entonces consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, además de poner en duda la capacidad y profesionalidad de la juez María Núñez Bolaños.
Y todo ello, claro está, con independencia de que algún vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le prometiera a Alaya que aunque solicitara la plaza de magistrada en la Audiencia no tendría problemas para continuar investigando las macrocausas. Ése fue otro error de cálculo de Alaya del que ahora no puede culpar a los demás o fabular con un supuesto pacto entre los dos grandes partidos por miedo a que ella investigara los cursos de formación. Hay que recordar que el PP ha recurrido el archivo de la denominada pieza política de la formación, en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento.
Tampoco creo que Alaya esté pensando en entrar en política, como se ha apuntado. Esta semana, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, dejó abierta la posibilidad al fichaje de la juez por la formación naranja, al afirmar en Ondaluz que en Ciudadanos nunca negarán “la entrada al talento”, pero parece más bien que este político se vio sorprendido por la pregunta. Aunque quien sabe…

El lapsus del fiscal de los ERE

Jorge Muñoz | 26 de mayo de 2018 a las 2:00

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

La anécdota ocurrió en la última sesión del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. El fiscal Juan Enrique Egocheaga interrogaba a un testigo que había trabajado como director del área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de la Presidencia de la Junta. Al inicio del interrogatorio, el fiscal suele preguntar por la formación y el cargo que el testigo ha ocupado en la Administración andaluza.
Después de presentarse como director de esta área de la Presidencia, el testigo explicó que se encargaba de realizar las labores de “atención al ciudadano”, con lo cual recibía las cartas que, como ocurre en el caso de los ERE, podían enviarles ex trabajadores o prejubilados afectados por esas situaciones de crisis empresariales, con la idea de que sus peticiones llegaran hasta el presidente de la Junta.
El lapsus se produjo cuando el fiscal preguntó al testigo por una de sus funciones de “atención al cliente”. El testigo rápidamente corrigió al ilustre representante del Ministerio Público y le recordó que su departamento se encargaba en realidad de la “atención al ciudadano”. Vamos que no era un servicio de los que habitualmente disponen las operadoras telefónicas u otras empresas similares. El desliz del fiscal provocó las risas en la Sala de los ERE, que alivia de esta forma la inevitable tensión y cansancio que se genera después de varias horas de comparecencias.
Aunque la expresión del fiscal fue un lapsus, a algunos se les vino a la mente uno de los términos que se asocian a la instrucción de las macrocausas, el de la “red clientelar” supuestamente establecida en la concesión de las ayudas públicas para la prejubilación de los EREo los cursos de formación.
Pero no fue la única anécdota que se produjo en la última sesión del juicio de los ERE. La otra está relacionada con la citación “telefónica” de los testigos para acudir a declarar al juicio, dado el interés del tribunal en agilizar todo lo posible estas comparecencias para evitar que el juicio se eternice.
Así, en la sesión del miércoles, el tribunal llamó a declarar por la mañana a dos ex trabajadores de la empresa Bilore de Lucena (Córdoba), que tuvieron que desplazarse esa misma mañana a toda prisa para declarar. Cuando el presidente del tribunal le hizo a uno de estos testigos la advertencia de que debían decir la verdad, dado que el falso testimonio es un delito contemplado en el Código Penal, el testigo, un hombre campechano, respondió con una sencillez tremenda:“No he mentido en mi vida y no voy a mentir aquí”, contestó a la pregunta de si prometía o juraba decir la verdad.
Cuando la declaración terminó y el magistrado le dio las gracias por su presencia, el testigo se dirigió al magistrado para rogarle que, la próxima vez que le citen, “por favor que lo hagan con tiempo”, porque había tenido que buscar un coche para poder desplazarse desde la localidad cordobesa hasta Sevilla, y todo ello en la misma mañana. Se trata de una petición razonable del testigo, que no estaba al corriente de las pretensiones del tribunal para agilizar la comparecencias. Quien no ha accedido a la premura del tribunal es el ex consejero de Empleo Manuel Recio, que fue convocado telefónicamente pero que pidió ser citado formalmente.

El Huesca y la juez Alaya, a primera división, por Alberto Revuelta

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2018 a las 20:19

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La Sociedad Deportiva Huesca, con su equipo de fútbol, acaba de ascender por puntos a la primera división de la Liga española. La magistrada sevillana señora Alaya ascendió entre ayer y hoy, gracias a sus declaraciones a ABC, al primer puesto de jueces estrella de la Administración de Justicia española. Como el Huesca, por puntos. El Huesca, metiendo goles se ha ganado el ascenso. La magistrada señora Alaya le ha metido goles al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia andaluz, al Gobierno y a los partidos políticos, a sus compañeros jueces y a los dependientes fiscales acollarados a través del Fiscal general por el poder ejecutivo. Con tales chupinazos colados en tantas porterías nos hecho saber a los ciudadanos que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Tal aseveración la conocíamos y experimentábamos hace años, pero ahora tenemos el golaverage de la magistrada como aval confirmatorio.
El gol de chilena de la señora Alaya constata que la independencia del poder judicial español está afectada de grave enfermedad, ya que el Consejo General del Poder Judicial esta, a su juicio, absolutamente politizado.
El día 27 de abril de este año de gracia, un antiguo magistrado, don Elpidio Silva, presentaba en el Tribunal Supremo, en nombre de ATENAS, una asociación de abogados registrada en Cataluña, una querella contra el presidente y algunos vocales del Consejo por trazar un plan y llevarlo a efecto para controlar los altos órganos jurisdiccionales, en beneficio de determinados aforados.
He tenido el honor, y el placer bienhumorado, de asistir a testigos e imputados en el juzgado de instrucción seis de los de Sevilla cuando lo servia la señora Alaya. Si el juez de refuerzo se iba a Pineda a la una, doña Mercedes llegaba a las 11 o las 12 y los justiciables y sus letrados debíamos aguantar una o dos horas de espera, citados a las nueve y media o a las diez, a que su señoría debidamente compuesta, se dignara cumplir con su deber y cortesía con el pueblo llano aunque togado en parte. No es oro todo lo que reluce.

La magistrada, con veste de amarillo limón como los lazos liberadores de políticos presos según el lenguaje correcto al uso, acusa a sus colegas, a algunos de ellos al menos, de haberla engañado, quitándole la instrucción de sus causas dando así al traste con su justiciero afán de perseguir poderosos a su alcance. No olvidemos que la acusación de esta instructora a una peligrosísima comunista sevillana dio en absolución liberadora en el juzgado de lo penal; que la espantosa asociación de políticos, funcionarios y empresarios para saquear suelos y erario municipal de la capital sevillana, dio en absolución de los diez imputados, tras sentencia de trescientos y pico folios de otra magistrada; que la sangrante vaciada de fondos del Real Betis -en primera como el Huesca- con millones por medios, de euros y de folios, de días y de años, ha dado en absolución por sentencia brillante de una de las secciones de la Audiencia, en la cual se ubica el puesto escalafonado de la magistrada señora Alaya. Téngase , Señoría, téngase.

Non enim quae se ipsum commendat ille probatus est, sed quem Deus commendat. Dice la Escritura. No está probado el que se alaba a sí mismo. Sino aquel a quien Dios recomienda. Y no debe olvidarse que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver.

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Alberto Revuelta

abogado

Tiento al fiscal y la causa se acelera

Jorge Muñoz | 20 de mayo de 2018 a las 2:00

 

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Una imagen del juicio de los ERE.

El tercer aviso del tribunal de los ERE, el que ha dado precisamente esta semana a la Fiscalía Anticorrupción, para que no se eternice el juicio con el interrogatorio de los testigos, parece más atinado que los otros dos anteriores y comienza a dar sus frutos. Del ritmo cansino de las semanas anteriores, parece que, por fin, se ha pasado al “pisa el acelerador… gasta las ruedas” que cantaba Joaquín Sabina. El cambio se ha producido después de que en la sesión del pasado lunes, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, se dirigiera a los “señores fiscales” delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra– para que no hicieran tantas preguntas relacionadas con las piezas separadas que, tal y como recordó la Audiencia en el auto en el que resolvió las cuestiones previas, no son objeto de este juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, el supuesto sistema que según las acusaciones idearon presuntamente los 22 ex altos cargos para conceder las ayudas sin procedimiento legal y eludiendo los controles de la Intervención General de la Junta.

El magistrado indicó a los fiscales que estaban haciendo “excesivas preguntas” sobre las piezas separadas que siguen actualmente en instrucción, tantas que rebasaban lo que el tribunal comentó en su momento que “iba a permitir” para poder enmarcar esta causa en el contexto de la macrocausa de los ERE. La advertencia, al menos en lo que respecta a esta semana, ha surtido efecto, porque ya han declarado 21 de los 150 testigos que deben rendir testimonio. Recalculemos las cuentas que hicimos la semana pasada, en las que irremediablemente la vista oral se iba a meter irremediablemente en los primeros meses de 2019.
Sin embargo, esta semana han pasado ocho testigos –y a partir de mañana hay otros 11 testigos citados–, con lo que se si este ritmo se mantiene de manera constante y parecida, se llegaría a las vacaciones de agosto habiéndose superado la centena de testigos (102 aproximadamente), con lo que la fase testifical podría finalizar para mediados de octubre. A partir de ahí deben declarar los doce peritos, incluidos los de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hicieron el peritaje oficial y los propuestos por las partes, pero aún así se estaría más o menos en el calendario que planteó el tribunal con sesiones hasta finales de noviembre.
Para que se haya podido acelerar el ritmo de las declaraciones de los testigos, desde los propios fiscales, a las acusaciones populares (PP yManos Limpias), así como las defensas han limitado sus preguntas en los interrogatorios, incluso algunas de las partes y defensas no han planteado ninguna pregunta a muchos de lo comparecientes.
Además, muchos de los testigos –esta semana les ha tocado a trabajadores y directivos del IFA/IDEA– han coincidido en las principales afirmaciones que han realizado, por lo que no era necesario insistir demasiado en los interrogatorios. Para las próximas sesiones está previsto uno de los principales testigos que más morbo puede despertar: el ex chófer de Guerrero que admitió el gasto del dinero de las ayudas en cocaína y regalos. A lo mejor con este testigo alguna de las partes, lejos de acelerar, pisa el freno y se detiene para hacer más preguntas. Será interesante. Ya veremos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La Fiscalía y la denuncia de José Castro

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

*La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez que investiga al presidente del Sevilla, José Castro, el archivo de la denuncia abierta por el uso de la cuenta que tiene en el club y por la compra de varios paquetes de acciones, al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delitos de administración desleal ni de falsedad documental.

La postura de la Fiscalía, que se ha producido una vez que la defensa de Castro había pedido el sobreseimiento de la causa, ha despertado cierta sorpresa, sobre todo si se tienen en cuenta que fue la propia Fiscalía hispalense la que, tras una primera investigación de los hechos, decidió presentar una denuncia en los juzgados contra el presidente del Sevilla para que un juzgado investigase precisamente si había delito o no.

El juzgado, que ahora debe decidir y muy probablemente archivará la denuncia, ha tomado declaración como investigado a Castro y a varios testigos, pero no se han practicado más diligencias. El caso de Castro recuerda recientemente al del ex jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores Rafael Carretero, quien también fue denunciado por la Fiscalía y cuya causa se archivó por el juzgado, aunque en este caso Carretero no llegó ni siquiera a prestar declaración como investigado. La Fiscalía no recurrió el archivo, pero tanto en el caso de Carretero como ahora Castro no cabe duda de que ambos han sido sometidos a la pena de banquillo.

El 53,5% de las sentencias de 2017 las dictaron mujeres

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2018 a las 16:30

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por mujeres jueces y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial en activo, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este es uno de los datos que figura en el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” publicado hoy por la Sección de Estadística, en el que se analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial desde distintas perspectivas.

La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta la entrada en vigor de la Ley 96/1966, que suprimía la limitación establecida en el apartado c) del número 2 del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. Aun así, hubo que esperar hasta la Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada.

Desde entonces se ha recorrido un largo camino, pero en los últimos años la mujer viene incrementando de manera imparable su presencia en la Administración de Justicia, como prueba su predominio total en el ingreso en la Carrera Judicial desde 1996, lo que ha hecho que desde el año 2013 las mujeres sean mayoría entre los jueces y magistrados españoles.

Así, a 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los miembros de la Carrera Judicial en activo era del 53,2 por ciento y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los Juzgados de lo Mercantil. Entre los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las mujeres suponen el 71,4 por ciento.

Por el contrario, y tal y como reflejaba el informe sobre Estructura Demográfica de la Carrera Judicial publicado el pasado 28 de marzo, el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 por ciento; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 por ciento; y el de presidentas de Sección del 21,9 por ciento. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 por ciento.

Puede acceder a los datos del informe sobre Estructura demográfica de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2018 en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/

El 53,5 por ciento de las sentencias, dictadas por mujeres

El porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas, que en total fue del 53,5 por ciento, alcanzó el 66,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales), el 62,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (civiles) y el 62 por ciento en los Juzgados de Menores.

Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y en los Juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias –exactamente el 56 por ciento- en los Juzgados de lo Social.

Por el contrario, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40 por ciento son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6 %), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8 %), las Salas de lo Social de los TSJ (37,9 %) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5 %).

En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Otras profesiones jurídicas

El informe “Una perspectiva de género en la Justicia” ofrece datos de la presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas. Así, en la Carrera Fiscal las mujeres representan a fecha de hoy el 64,1 por ciento de sus miembros y el 36 por ciento de sus cuadros directivos (fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma).

La presencia femenina también es mayoritaria entre los letrados de la Administración de Justicia, donde suponen el 67,5 por ciento. Las mujeres son exactamente el 50 por ciento de los LAJ destinados en el Tribunal Supremo y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4 por ciento de los secretarios de Gobierno y el 46,9 por ciento de los coordinadores provinciales.

En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40 por ciento de los abogados del Estado, el 30,8 por ciento de los notarios, el 44,7 por ciento de los registradores, el 33,4 por ciento de los procuradores y el 47,1 por ciento de los graduados sociales.

Por último, las mujeres superan el 55 por ciento entre los estudiantes matriculados de grado y primer y segundo ciclo de Derecho, y el 57 por ciento entre los que obtienen el título.

 

El juicio de los ERE se eterniza

Jorge Muñoz | 13 de mayo de 2018 a las 2:00

DECLARACION DE JACINTO CA?ETE EN JUICIO CASO ERE

Cuando en diciembre pasado arrancó el juicio del “procedimiento específico” de los ERE ya se sabía que iba a ser la vista más larga de la historia judicial de Sevilla y posiblemente de Andalucía –sólo superada por el momento por el caso Malaya–, pero lo que nadie podía prever es el avance tan lento y cansino de la fase testifical, que se inició el pasado 23 de abril con la comparecencia de los primeros agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaron el fraude.

El tribunal ha acordado la declaración de 150 testigos, de los cuales hasta el pasado miércoles sólo han pasado 13 testigos, aunque el último todavía seguirá rindiendo testimonio mañana en una nueva sesión del juicio.
Las declaraciones avanzan, en el mejor de los supuestos, a un parsimonioso ritmo de seis testigos a la semana, con lo que para completar el extenso listado de comparecientes aún harían falta casi 23 semanas (22,8 en concreto). Según el calendario inicial del juicio, que tiene agosto como mes inhábil, hasta la fecha de las vacaciones quedan otras 11 semanas, con lo que daría lugar aproximadamente a completar la mitad de la lista, mientras que para llegar al final el calendario se trasladaría a la semana del 19 de noviembre.
A partir de ahí tendrían que comparecer los 12 peritos propuestos por las distintas partes, lo que sin duda requerirá varias semanas de sesiones, y después vendría la fase final con los informes de conclusiones. Con todo lo que queda de prueba por practicar, evidentemente el juicio, si no se remedia su lentitud, se meterá de lleno en los primeros meses del año 2019.
El problema de este retraso es que este juicio tiene paralizados, a la espera de su finalización –porque en muchos casos coinciden los propios acusados o sus abogados, o los mismos fiscales delegados de Anticorrupción–, más de una decena de procesos que no pueden comenzar hasta que éste acabe. Esto ocurre con la vista por el delito societario de Mercasevilla, cuyo inicio está señalado para el 15 de enero de 2019, así como con otras piezas separadas de ayudas de los ERE que están precisamente a la espera de que acabe este juicio para fijar la fecha de arranque de la vista oral, y lo mismo sucede con una media docena de piezas en las que se han investigados las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo andaluza Invercaria.
El retraso del juicio de los ERE, además de que como dicen muchos letrados “no hay despacho que aguante un proceso de estas características”, implica una serie de demoras en otros procesos que evidentemente luego conllevarán la aplicación de determinadas circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, si en el camino no se produce alguna prescripción que concluya en una sentencia absolutoria.
Creo que el tribunal que enjuicia la pieza política de los ERE es plenamente consciente de este problema, que repercute directamente en la labor de los otros magistrados de la Audiencia de Sevilla. De hecho, el juez Juan Antonio Calle Peña ya ha hecho dos avisos a las acusaciones y a las defensas, el último esta misma semana, cuando se dirigió a todas las partes volviendo a reclamar que acorten los interrogatorios o, de lo contrario, se verá obligado a ampliar las sesiones de la vista, incluyendo una tarde más (el juicio se celebra de lunes a miércoles, pero sólo el miércoles hay sesión de tarde).
Pero parece que nadie hace caso al tribunal. Cada parte realiza el interrogatorio que considera oportuno, aunque en muchos casos se acaban repitiendo preguntas para que el testigo ratifique lo que ya ha dicho con anterioridad, y en otras ocasiones, como el propio juez entiende, se hacen preguntas que la Sala considera que no son relevantes para la causa.
En cualquier caso, la cuestión no es fácil de afrontar, porque debe conjugarse el derecho de las partes a interrogar a todos los testigos, lo que resulta fundamental para las defensas, en el marco del principio de contradicción, con la necesidad de que la vista oral avance y no acabe eternizándose.
Pero como cada parte sigue igual, todo parece indicar que habrá más sesiones de tarde, para perjuicio de todas las partes personadas, puesto que dado el carácter eminentemente técnico de los interrogatorios, todo el mundo llega muy cansado. Por lo menos los 22 ex altos cargos están exonerados de asistir a esta fase del juicio y no tendrán que volver hasta la fase de informe. La pena de banquillo o de telediario se les ha reducido en parte. Algo es algo.

Visto para sentencia

A propósito del cambio de abogado de Guerrero

*El abogado Carlos Leal Bonmati, que está imputado en la macrocausa de los ERE, ha rechazado que esté detrás de la sustitución de Fernando de Pablo como encargado de la defensa del ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El letrado explicó que el cambio de Fernando de Pablo se ha producido por divergencias en la línea de defensa, por cuanto Guerrero, al igual que un grupo de imputados –coincide con la defensa que José Ávila mantuvo con Daniel Rivera–, entienden que las ayudas sociolaborales estaban amparadas en la orden de 1995 del Ministerio de Trabajo. “El gran error de Mercedes Alaya está en que sabiendo y manteniendo en la instrucción que las únicas normas que regulan las ayudas sociolaborales son las órdenes del Ministerio de 1994 y 1995, se limita a comparar las ayudas de la Junta con la orden de 94, y concluye que se infringe la ley”, aseguró Leal.

Primera sentencia del Supremo dictada por una Sala formada sólo por mujeres magistradas

Jorge Muñoz | 11 de mayo de 2018 a las 14:24

Magistradas TSLa Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en una sentencia que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple, según ha informado este viernes el Tribunal Supremo.

La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma. En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. En todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción de sustitución por reducción de jornada.

 

Enviamos fotografía del tribunal que ha dictado la sentencia, formado por cinco magistradas. De izquierda a derecha: María Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y María Luz García Paredes (ponente).

La ‘venia’ de Javier Guerrero

Jorge Muñoz | 6 de mayo de 2018 a las 2:00

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y principal imputado en el caso de los ERE cambió recientemente de abogado. Fernando de Pablo, quien le ha acompañado en su defensa en los últimos siete años, desde que se inició la instrucción de la macrocausa en el año 2011, ha sido sustituido por el abogado José Ávila, quien esta misma semana se ha estrenado en el juicio con el interrogatorio a uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que realizó varias preguntas relacionadas en el ERE de la empresa sevillana Río Grande, donde los investigadores detectaron la presencia de dos intrusos.
Con independencia de las posibles discrepancias que pudieran existir o no desde hace tiempo entre Javier Guerrero y Fernando de Pablo, la sustitución de este abogado cinco meses después de iniciada la vista oral del denominado “procedimiento específico” de los ERE, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando comienzan a conocerse algunos de los entresijos en los que se produjo esa renuncia/sustitución de Fernando de Pablo.
Para empezar, existe un escrito firmado por Javier Guerrero y Fernando de Pablo, fechado a principios de abril, en el que el primero reconoce al abogado que el cambio en la defensa en la pieza política de los ERE se realiza siguiendo las indicaciones de otro letrado que está imputado en los ERE, Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís, que intervino en la tramitación de varias ayudas de los ERE. En ese escrito, Guerrero y De Pablo reconocen que en los últimos días se habían producido entre ambos divergencias de criterio en cuanto a la línea de defensa que debía seguirse en el presente proceso.
Como consecuencia de esas discrepancias, Guerrero considera conveniente que se produzca el cambio en su defensa, por lo que ambos de común acuerdo dan por resuelta la relación profesional que mantenían.
Hasta aquí todo normal, lo curioso viene en una de las cláusulas del escrito, en la que se afirma que Fernando de Pablo se compromete a entregar la venia al letrado José Ávila u otro letrado que a través del señor Guerrero “sea indicado por el también letrado Carlos Leal Bonmati para el mejor fin de la defensa de Guerrero”. Es decir, un imputado en los ERE que dirige, coordina, designa o pone al abogado que debe representar al principal imputado en la macrocausa.
Es cierto que Leal Bonmati no está imputado en la pieza política de los ERE, pero resulta cuanto menos sospechoso que aparezca manejando los hilos de la defensa de Guerrero.
Y también resulta sospechoso que haya quien apunte incluso que otros dos empresarios imputados en la causa de los ERE habrían contribuido presuntamente abonando 10.000 euros cada uno para sufragar la defensa de Guerrero.
Este periódico preguntó precisamente por este extremo al abogado Fernando de Pablo, quien reconoció precisamente que “había oído que dos imputados en otras piezas habían contribuido con esa cantidad” para que se abonaran los honorarios al nuevo abogado de Javier Guerrero.
El abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia a la defensa de Guerrero en un total de 104 piezas separadas que están actualmente en investigación por otras tantas ayudas –en la mayoría de las cuales Guerrero está siendo excluido– y en otros dos procedimientos que están ya listos para su enjuiciamiento.
Sobre Carlos Leal Bonmati, la juez Mercedes Alaya afirmó en su día que este investigado habría prestado su bufete, Estudios Jurídicos Villasís, como “centro de lavado” de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante “facturas falsas por servicios inexistentes”, según puso de manifiesto la juez en el auto que en julio de 2013 decretó la puesta en libertad de Leal Bonmati tras abonar una fianza de 150.000 euros.

Torpeza

Jorge Muñoz | 2 de mayo de 2018 a las 2:02

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Clar0 está que un ministro de Justicia no debe ser “ciego, sordo y mudo” ante lo que sucede alrededor, ningún ministro debe ser ajeno a aquello que ocurre en el ámbito de su competencia o que afecta al Gobierno, pero ante todo lo que no debe mostrar signos de torpeza. Y aquí es donde falla la argumentación de Rafael Catalá, el ministro de Justicia que ha desatado la ira conjunta –y eso suele ser bastante complicado– de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales de España.

El “problema” que Rafael Catalá atribuyó el pasado lunes al magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que pedía la absolución de los cinco sevillanos que integran la Manada, se ha vuelto por el imprevisible efecto boomerang en su contra. Ahora, el problema es el del ministro, del que las asociaciones judiciales ya han pedido su cabeza, recordándole además que tiene el dudoso honor de ser el “único ministro reprobado en nuestra democracia”.
Si Catalá mantiene que el juez del voto particular “tiene un problema singular”, debería haberlo puesto en conocimiento del máximo órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque no parece que con sus afirmaciones se estuviera refiriendo a la suspensión por seis meses de la que fue objeto este magistrado en el año 2001, por una falta disciplinaria grave, por el retraso en más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio.
El ministro se reafirmó ayer en sus manifestaciones, asegurando que aunque no tiene detalles “sabe” lo que le han contado “con mucha preocupación” los compañeros del juez González.
No se trata de que el ministro no pueda opinar de la sentencia de la Manada, de si es necesario o no reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales, etc., pero atacar personalmente como lo ha hecho al autor del voto discrepante de la mayoría puede considerarse, como entienden los jueces, un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes.
La prudencia exige a los responsables del Gobierno acatar las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, sobre todo si se trata de asuntos que siguen vivos, dado que ya se ha anunciado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y casi con total probabilidad llegará incluso al Tribunal Supremo.
Creo que al juez del voto particular se le puede criticar no por lo que dice, sino por cómo lo dice, porque es evidente que podría haber recurrido a otras expresiones para describir cómo en su opinión tuvieron lugar esas relaciones sexuales y no relatar ese “ambiente de jolgorio y regocijo” que tanto estupor ha causado. Pero no se puede poner en duda la capacidad de un juez con 32 años de experiencia sólo porque no nos guste cómo redacta sus sentencias.
El antecedente más próximo a lo que ha ocurrido a Catalá con sus declaraciones sobre los jueces está, salvando las distancias, en el ex consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera, quien también fue reprobado por el Parlamento andaluz, después de asegurar en una entrevista que los jueces de Instrucción actúan “como si fueran reyes de Taifa” y criticar su independencia. “Los jueces son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y mire la que montó”, dijo el fiscal De Llera. Catalá se ha Dellerizado.

El fallo de la Manada pone cerco a la Justicia

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2018 a las 2:00

La polémica por la condena de los cincos sevillanos rebasa el ámbito de la crítica razonable y necesaria para entrar en el terreno del ataque a la independencia e imparcialidad de los jueces

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Una protesta en Pamplona tras hacerse pública la sentencia.

Dentro de cada español hay un gran juez, y un gran árbitro, un gran entrenador, un gran profesor, un gran médico, un gran director de cine… Pónganle como modelo cualquier profesión. Sabemos de todo y mejor que nadie, vamos de sobrados muchas veces y al final acabamos perdiendo el respeto a los profesionales y a las instituciones, y al trabajo que realizan. Es algo que se palpa en nuestra sociedad, donde aumentan por ejemplo las agresiones de los pacientes a los médicos, o de los padres a los profesores y a los entrenadores del equipo de fútbol de sus hijos o del equipo rival. Con frecuencia los telediarios ofrecen vídeos lamentables con este tipo de agresiones.

La sentencia que ha condenado a los cinco sevillanos de la Manada –más que lobos podrían ser considerados cabestros, a tenor de sus actitudes y comportamientos–, ha puesto cerco a la Justicia, con esa ola de indignación que se echó espontáneamente a la calle la tarde del pasado jueves para criticar una condena que consideran exigua, y para criticar la interpretación jurídica que ha hecho un tribunal –ciertamente dividido–, que ha llegado a la conclusión de que los hechos denunciados no constituían un delito de agresión sexual, sino de abusos sexuales.
Podemos estar de acuerdo o no con la sentencia, compartir o no el voto particular del magistrado Ricardo Javier González –el juez que únicamente aprecia sexo explícito “en un ambiente de jolgorio y regocijo” en los vídeos sobre las relaciones sexuales que mantuvieron los acusados con la víctima–, estimar que la condena debía ser mayor o menor, que debían ser absueltos o no. Todas las posibilidades y todas las opiniones y todas las críticas a los jueces son respetables, pero lo que no se puede hacer es criminalizar a los magistrados por haber hecho su trabajo, al examinar los hechos y dictar una sentencia que, por una mayoría de dos votos a uno, consideran que es la que corresponde a la Manada.
Respeto a la Justicia y a sus tiempos. Y menos presiones a los jueces y menos campañas en change.org pidiendo la inhabilitación de los jueces. A la hora de escribir este artículo casi un millón de personas habían firmado a favor de inhabilitar a los jueces de la sentencia de la Manada.
La situación creada es tan grave que hasta el Gobierno, sin tener en cuenta el argumento, otras veces empleado también con mucha frecuencia, de que no se debe legislar en caliente, ha tenido que salir al paso para anunciar que revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el actual Código Penal, que se remonta a 1995.
Y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha salido en defensa de los tres jueces que han dictado la polémica sentencia, afirmando que el tribunal ha “valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico”.
Tiene razón Lesmes. En los 370 folios que integranel fallo y en el voto particular se analizan pormenorizadamente todas las pruebas aportadas en el juicio, el testimonio de la víctima, las declaraciones de los testigos y de los acusados, los vídeos que grabaron, etc.
La sentencia de la Manada no acaba con el fallo dictado por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, porque de momento otros tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tendrán que revisar esta condena a la hora de resolver los recursos, y después, si alguien sigue sin estar de acuerdo, como probablemente ocurrirá, también queda la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, por lo que todavía le queda bastante recorrido al caso de la Manada.
Mientras tanto, Antonio Manuel, Alfonso Jesús, Jesús Escudero, Ángel, y José Ángel, seguirán donde la Justicia ha dicho que deben estar ahora: en prisión provisional, salvo que sorpresivamente prospere la petición de libertad que ha anunciado que planteará la defensa.
Los acusados seguirán en prisión hasta que haya una sentencia firme, una situación que podría prolongarse hasta que se cumpla la mitad de la condena impuesta, es decir, que podrían seguir en prisión preventiva durante otros dos años y ocho meses más si no se han resuelto antes los recursos. Esto es precisamente lo que contempla el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que “si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida”.
Otra de las leyendas que se extienden por las redes sociales es que con esta condena de nueve años en poco tiempo estarían en la calle, algo que tampoco es cierto. El artículo 36.2 del Código Penal prevé que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.
En el caso de la Manada, esta medida de seguridad no fue solicitada por la Fiscalía de Pamplona ni acordada por el tribunal, pero en cualquier caso para disfrutar de los beneficios penitenciarios o de un tercer grado, los penados tienen que cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca especialmente el del arrepentimiento del delito. Los cinco acusados han mantenido, dentro de su legítimo derecho a la presunción de inocencia, que no cometieron delito alguno, y en el caso de que finalmente se confirme la condena, no podrían acceder a esos beneficios si no han expresado ese arrepentimiento y petición de perdón, además por ejemplo de satisfacer todas la responsabilidades derivadas del delito –aquí han sido condenados a indemnizar con 50.000 euros a la joven–. Todas esas circunstancias son valoradas por la junta de tratamiento de la prisión.
Un último apunte. Los nueve años de prisión pueden considerarse una condena leve si se comparan con los 18 años que había reclamado la Fiscalía navarra por el delito de agresión sexual, pero en realidad no es una pena leve. Son nueve años. Y no puede olvidarse que otros delitos aparentemente más graves, como el homicidio, se castiga con penas de entre diez y quince años de prisión. En definitiva, el fallo de la Manada sigue abierto, a la espera de la decisión de los tribunales superiores.