Primera sentencia del Supremo dictada por una Sala formada sólo por mujeres magistradas

Jorge Muñoz | 11 de mayo de 2018 a las 14:24

Magistradas TSLa Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en una sentencia que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple, según ha informado este viernes el Tribunal Supremo.

La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma. En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. En todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción de sustitución por reducción de jornada.

 

Enviamos fotografía del tribunal que ha dictado la sentencia, formado por cinco magistradas. De izquierda a derecha: María Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y María Luz García Paredes (ponente).

La ‘venia’ de Javier Guerrero

Jorge Muñoz | 6 de mayo de 2018 a las 2:00

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y principal imputado en el caso de los ERE cambió recientemente de abogado. Fernando de Pablo, quien le ha acompañado en su defensa en los últimos siete años, desde que se inició la instrucción de la macrocausa en el año 2011, ha sido sustituido por el abogado José Ávila, quien esta misma semana se ha estrenado en el juicio con el interrogatorio a uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que realizó varias preguntas relacionadas en el ERE de la empresa sevillana Río Grande, donde los investigadores detectaron la presencia de dos intrusos.
Con independencia de las posibles discrepancias que pudieran existir o no desde hace tiempo entre Javier Guerrero y Fernando de Pablo, la sustitución de este abogado cinco meses después de iniciada la vista oral del denominado “procedimiento específico” de los ERE, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando comienzan a conocerse algunos de los entresijos en los que se produjo esa renuncia/sustitución de Fernando de Pablo.
Para empezar, existe un escrito firmado por Javier Guerrero y Fernando de Pablo, fechado a principios de abril, en el que el primero reconoce al abogado que el cambio en la defensa en la pieza política de los ERE se realiza siguiendo las indicaciones de otro letrado que está imputado en los ERE, Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís, que intervino en la tramitación de varias ayudas de los ERE. En ese escrito, Guerrero y De Pablo reconocen que en los últimos días se habían producido entre ambos divergencias de criterio en cuanto a la línea de defensa que debía seguirse en el presente proceso.
Como consecuencia de esas discrepancias, Guerrero considera conveniente que se produzca el cambio en su defensa, por lo que ambos de común acuerdo dan por resuelta la relación profesional que mantenían.
Hasta aquí todo normal, lo curioso viene en una de las cláusulas del escrito, en la que se afirma que Fernando de Pablo se compromete a entregar la venia al letrado José Ávila u otro letrado que a través del señor Guerrero “sea indicado por el también letrado Carlos Leal Bonmati para el mejor fin de la defensa de Guerrero”. Es decir, un imputado en los ERE que dirige, coordina, designa o pone al abogado que debe representar al principal imputado en la macrocausa.
Es cierto que Leal Bonmati no está imputado en la pieza política de los ERE, pero resulta cuanto menos sospechoso que aparezca manejando los hilos de la defensa de Guerrero.
Y también resulta sospechoso que haya quien apunte incluso que otros dos empresarios imputados en la causa de los ERE habrían contribuido presuntamente abonando 10.000 euros cada uno para sufragar la defensa de Guerrero.
Este periódico preguntó precisamente por este extremo al abogado Fernando de Pablo, quien reconoció precisamente que “había oído que dos imputados en otras piezas habían contribuido con esa cantidad” para que se abonaran los honorarios al nuevo abogado de Javier Guerrero.
El abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia a la defensa de Guerrero en un total de 104 piezas separadas que están actualmente en investigación por otras tantas ayudas –en la mayoría de las cuales Guerrero está siendo excluido– y en otros dos procedimientos que están ya listos para su enjuiciamiento.
Sobre Carlos Leal Bonmati, la juez Mercedes Alaya afirmó en su día que este investigado habría prestado su bufete, Estudios Jurídicos Villasís, como “centro de lavado” de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante “facturas falsas por servicios inexistentes”, según puso de manifiesto la juez en el auto que en julio de 2013 decretó la puesta en libertad de Leal Bonmati tras abonar una fianza de 150.000 euros.

Torpeza

Jorge Muñoz | 2 de mayo de 2018 a las 2:02

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Clar0 está que un ministro de Justicia no debe ser “ciego, sordo y mudo” ante lo que sucede alrededor, ningún ministro debe ser ajeno a aquello que ocurre en el ámbito de su competencia o que afecta al Gobierno, pero ante todo lo que no debe mostrar signos de torpeza. Y aquí es donde falla la argumentación de Rafael Catalá, el ministro de Justicia que ha desatado la ira conjunta –y eso suele ser bastante complicado– de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales de España.

El “problema” que Rafael Catalá atribuyó el pasado lunes al magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que pedía la absolución de los cinco sevillanos que integran la Manada, se ha vuelto por el imprevisible efecto boomerang en su contra. Ahora, el problema es el del ministro, del que las asociaciones judiciales ya han pedido su cabeza, recordándole además que tiene el dudoso honor de ser el “único ministro reprobado en nuestra democracia”.
Si Catalá mantiene que el juez del voto particular “tiene un problema singular”, debería haberlo puesto en conocimiento del máximo órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque no parece que con sus afirmaciones se estuviera refiriendo a la suspensión por seis meses de la que fue objeto este magistrado en el año 2001, por una falta disciplinaria grave, por el retraso en más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio.
El ministro se reafirmó ayer en sus manifestaciones, asegurando que aunque no tiene detalles “sabe” lo que le han contado “con mucha preocupación” los compañeros del juez González.
No se trata de que el ministro no pueda opinar de la sentencia de la Manada, de si es necesario o no reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales, etc., pero atacar personalmente como lo ha hecho al autor del voto discrepante de la mayoría puede considerarse, como entienden los jueces, un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes.
La prudencia exige a los responsables del Gobierno acatar las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, sobre todo si se trata de asuntos que siguen vivos, dado que ya se ha anunciado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y casi con total probabilidad llegará incluso al Tribunal Supremo.
Creo que al juez del voto particular se le puede criticar no por lo que dice, sino por cómo lo dice, porque es evidente que podría haber recurrido a otras expresiones para describir cómo en su opinión tuvieron lugar esas relaciones sexuales y no relatar ese “ambiente de jolgorio y regocijo” que tanto estupor ha causado. Pero no se puede poner en duda la capacidad de un juez con 32 años de experiencia sólo porque no nos guste cómo redacta sus sentencias.
El antecedente más próximo a lo que ha ocurrido a Catalá con sus declaraciones sobre los jueces está, salvando las distancias, en el ex consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera, quien también fue reprobado por el Parlamento andaluz, después de asegurar en una entrevista que los jueces de Instrucción actúan “como si fueran reyes de Taifa” y criticar su independencia. “Los jueces son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y mire la que montó”, dijo el fiscal De Llera. Catalá se ha Dellerizado.

El fallo de la Manada pone cerco a la Justicia

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2018 a las 2:00

La polémica por la condena de los cincos sevillanos rebasa el ámbito de la crítica razonable y necesaria para entrar en el terreno del ataque a la independencia e imparcialidad de los jueces

pamplona

Una protesta en Pamplona tras hacerse pública la sentencia.

Dentro de cada español hay un gran juez, y un gran árbitro, un gran entrenador, un gran profesor, un gran médico, un gran director de cine… Pónganle como modelo cualquier profesión. Sabemos de todo y mejor que nadie, vamos de sobrados muchas veces y al final acabamos perdiendo el respeto a los profesionales y a las instituciones, y al trabajo que realizan. Es algo que se palpa en nuestra sociedad, donde aumentan por ejemplo las agresiones de los pacientes a los médicos, o de los padres a los profesores y a los entrenadores del equipo de fútbol de sus hijos o del equipo rival. Con frecuencia los telediarios ofrecen vídeos lamentables con este tipo de agresiones.

La sentencia que ha condenado a los cinco sevillanos de la Manada –más que lobos podrían ser considerados cabestros, a tenor de sus actitudes y comportamientos–, ha puesto cerco a la Justicia, con esa ola de indignación que se echó espontáneamente a la calle la tarde del pasado jueves para criticar una condena que consideran exigua, y para criticar la interpretación jurídica que ha hecho un tribunal –ciertamente dividido–, que ha llegado a la conclusión de que los hechos denunciados no constituían un delito de agresión sexual, sino de abusos sexuales.
Podemos estar de acuerdo o no con la sentencia, compartir o no el voto particular del magistrado Ricardo Javier González –el juez que únicamente aprecia sexo explícito “en un ambiente de jolgorio y regocijo” en los vídeos sobre las relaciones sexuales que mantuvieron los acusados con la víctima–, estimar que la condena debía ser mayor o menor, que debían ser absueltos o no. Todas las posibilidades y todas las opiniones y todas las críticas a los jueces son respetables, pero lo que no se puede hacer es criminalizar a los magistrados por haber hecho su trabajo, al examinar los hechos y dictar una sentencia que, por una mayoría de dos votos a uno, consideran que es la que corresponde a la Manada.
Respeto a la Justicia y a sus tiempos. Y menos presiones a los jueces y menos campañas en change.org pidiendo la inhabilitación de los jueces. A la hora de escribir este artículo casi un millón de personas habían firmado a favor de inhabilitar a los jueces de la sentencia de la Manada.
La situación creada es tan grave que hasta el Gobierno, sin tener en cuenta el argumento, otras veces empleado también con mucha frecuencia, de que no se debe legislar en caliente, ha tenido que salir al paso para anunciar que revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el actual Código Penal, que se remonta a 1995.
Y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha salido en defensa de los tres jueces que han dictado la polémica sentencia, afirmando que el tribunal ha “valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico”.
Tiene razón Lesmes. En los 370 folios que integranel fallo y en el voto particular se analizan pormenorizadamente todas las pruebas aportadas en el juicio, el testimonio de la víctima, las declaraciones de los testigos y de los acusados, los vídeos que grabaron, etc.
La sentencia de la Manada no acaba con el fallo dictado por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, porque de momento otros tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tendrán que revisar esta condena a la hora de resolver los recursos, y después, si alguien sigue sin estar de acuerdo, como probablemente ocurrirá, también queda la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, por lo que todavía le queda bastante recorrido al caso de la Manada.
Mientras tanto, Antonio Manuel, Alfonso Jesús, Jesús Escudero, Ángel, y José Ángel, seguirán donde la Justicia ha dicho que deben estar ahora: en prisión provisional, salvo que sorpresivamente prospere la petición de libertad que ha anunciado que planteará la defensa.
Los acusados seguirán en prisión hasta que haya una sentencia firme, una situación que podría prolongarse hasta que se cumpla la mitad de la condena impuesta, es decir, que podrían seguir en prisión preventiva durante otros dos años y ocho meses más si no se han resuelto antes los recursos. Esto es precisamente lo que contempla el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que “si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida”.
Otra de las leyendas que se extienden por las redes sociales es que con esta condena de nueve años en poco tiempo estarían en la calle, algo que tampoco es cierto. El artículo 36.2 del Código Penal prevé que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.
En el caso de la Manada, esta medida de seguridad no fue solicitada por la Fiscalía de Pamplona ni acordada por el tribunal, pero en cualquier caso para disfrutar de los beneficios penitenciarios o de un tercer grado, los penados tienen que cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca especialmente el del arrepentimiento del delito. Los cinco acusados han mantenido, dentro de su legítimo derecho a la presunción de inocencia, que no cometieron delito alguno, y en el caso de que finalmente se confirme la condena, no podrían acceder a esos beneficios si no han expresado ese arrepentimiento y petición de perdón, además por ejemplo de satisfacer todas la responsabilidades derivadas del delito –aquí han sido condenados a indemnizar con 50.000 euros a la joven–. Todas esas circunstancias son valoradas por la junta de tratamiento de la prisión.
Un último apunte. Los nueve años de prisión pueden considerarse una condena leve si se comparan con los 18 años que había reclamado la Fiscalía navarra por el delito de agresión sexual, pero en realidad no es una pena leve. Son nueve años. Y no puede olvidarse que otros delitos aparentemente más graves, como el homicidio, se castiga con penas de entre diez y quince años de prisión. En definitiva, el fallo de la Manada sigue abierto, a la espera de la decisión de los tribunales superiores.

Condena con polémica, caso abierto

Jorge Muñoz | 27 de abril de 2018 a las 2:00

sanfermin

Los cinco jóvenes sevillanos que formaban la Manada

La sentencia dictada ayer por la Audiencia iba a ser polémica fuese cual fuese el resultado, sobre todo porque ni siquiera ha conseguido lograr la unanimidad de los tres magistrados que han conformado el tribunal, tras cinco meses de complicadas deliberaciones. En lo único que estuvieron de acuerdo los tres magistrados, y no es nada desdeñable, es que en los hechos investigados no hubo la violencia o intimidación que requiere el delito de agresión sexual, el principal cargo por el que la Fiscalía había pedido 18 años de cárcel para cada uno de los cinco sevillanos.
A partir de ahí, la mayoría que formaban dos magistrados, un hombre y una mujer (José Francisco Cobo, presidente de la Sección Segunda y ponente del caso, y Raquel Fernandino Nosti), decidieron condenar a los cinco acusados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, en contra del criterio de magistrado Ricardo Javier González González, que ha emitido un extenso voto particular de 237 folios –la sentencia tiene 134– en el considera que, una vez descartada la agresión sexual, los cinco acusados tendrían que haber sido absueltos, con todos los pronunciamientos favorables.
Si la condena a nueve años ya ha despertado una auténtica ola de indignación que ayer se mostró a modo de manifestaciones espontáneas en las principales ciudades españolas, imagínense la que se podría haber liado con una sentencia absolutoria. Pero los jueces no pueden dejarse influir por los juicios paralelos que, como recoge el magistrado discrepante, se han producido en el caso de la Manada desde el primer día en que se conoció el suceso.
La Justicia, que es muy garantista en España, tiene afortunadamente los mecanismos adecuados para la revisión de las sentencias, que evidentemente siempre dejan insatisfechas a una de las dos partes confrontadas. El caso de la Manada queda abierto, por tanto, para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el que dicte el fallo definitivo, confirmando o modificando esta sentencia, tras los recursos que ya han anunciado que van a presentar tanto la defensa como la propia víctima. Y esa última sentencia –no llegará al Tribunal Supremo, puesto que la causa es posterior al año 2015–, podrá ser compartida o no, podrá convocar nuevas protestas en la calle o donde sea, pero será la que haga Justicia al caso y así habrá que acatarla.

El Supremo fija el margen de error de los radares móviles de Tráfico en el 5% y no en el 7%

Jorge Muñoz | 25 de abril de 2018 a las 14:15

trafico

La Sala de lo Penal ha establecido que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación fija, en trípodes o en coches parados, tienen un margen de error del 5% y no del 7%, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos. Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1.080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial, según ha informado este miércoles el Alto Tribunal.

 

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos –fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión. 

En el caso planteado en este recurso de casación, señalan los magistrados, dicho porcentaje es relevante, pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado. De hecho, el juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%”, y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, afirma que las órdenes ministeriales distinguen entre instrumentos de medición fijos o móviles, a los que asigna un distinto margen de error en sus mediciones, derivadas de su distinta ubicación y función.

Los fijos son los instalados en elementos inmuebles –arco, edificio, poste o pórtico de carretera- con carácter permanente, y los móviles son los trasladados de un lugar a otro. Dentro de este último grupo, por su movilidad, explica el tribunal, se distingue entre móviles en sentido estricto, dispuestos para la medición en movimiento, y aquellos otros que, además de la movilidad, por poder ser trasladados, desarrollan su función de medición en situación de parados. “Estos últimos son denominados estáticos a los que se atribuye el margen de error de los fijos”, concluye la Sala en su sentencia.

Montero-Aramburu ficha a 11 profesionales de Roca Junyent

Jorge Muñoz | 24 de abril de 2018 a las 20:11

La firma andaluza incorpora en Madrid a los socios de Roca Junyent Isidro del Saz, José Antonio Cahadía y María Martínez-Avial junto a sus respectivos equipos de abogados para consolidarse en el mercado jurídico nacional.

El despacho duplica así su tamaño en Madrid y estrena nuevas oficinas * Montero Aramburu cuenta con más de 150 profesionales en sus seis oficinas y obtuvo en 2017 unos ingresos de 14,5 millones de euros.

La firma sevillana Montero-Aramburu apuesta decididamente por afianzarse en Madrid y consolidarse como una de las firmas de abogados de referencia a nivel nacional. El despacho, fundado en Sevilla en 1971 y líder en el mercado jurídico de Andalucía y Canarias, incorpora a tres nuevos socios con sus correspondientes equipos provenientes del despacho Roca Junyent. En total se incorporan 11 abogados, incluidos los socios Isidro del Saz (fiscal), José Antonio Cahadía (civil, concursal e inmobiliario) y María Martínez-Avial (laboral), según ha informado el bufete.

De izquierda a derecha Isidro del Saz, María Martínez-Avial y José Antonio Cahadia.

De izquierda a derecha Isidro del Saz, María Martínez-Avial y José Antonio Cahadía.

El despacho se embarca así en un nuevo y ambicioso proyecto, a cuyo efecto ha trasladado su sede madrileña a unas nuevas oficinas situadas en la calle de Ayala nº 27, dotadas de espacio suficiente para abordar la presente ampliación de la firma, por la que se ha duplicado el número de profesionales en Madrid, así como los planes de expansión de futuro. La oficina de la capital de España seguirá estando dirigida por el socio de la firma Ricardo Astorga Morano.

Los nuevos socios

Isidro del Saz es licenciado en Derecho y en Económicas y Empresariales, especialidad Hacienda Pública, por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Sistema Fiscal Español por la Escuela de Economía. Tras su paso por Arthur Andersen y Estudio Legal (posteriormente Landwell-Pwc), en 2001 fichó como socio del departamento fiscal de Roca Junyent, donde ha ocupado también el cargo de socio director de la oficina de Madrid y miembro del Consejo de Administración del bufete.

José Antonio Cahadía es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Contabilidad Financiera, Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Tras su paso por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa y del despacho Zurbano 39, en 1999 fichó por el bufete Roca Junyent, donde ha ostentado la condición de socio director de las áreas de Derecho Civil, Concursal e Inmobiliario en la oficina de Madrid.

María Martínez-Avial es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tras una etapa en Estudio Legal (posteriormente Landwell-Pwc) y en Ernst & Young Abogados, en 2005 se incorpora a Roca Junyent como socia del departamento laboral.

 Los nuevos socios, junto a los dos socios directores del bufete (De izquierda a derecha, Armando Fernández-Aramburu,  Isidro del Saz, María Martínez-Avial y José Antonio Cahadia, Enrique Montero).

Los nuevos socios, junto a los dos socios directores del bufete (De izquierda a derecha, Armando Fernández-Aramburu, Isidro del Saz, María Martínez-Avial y José Antonio Cahadía, Enrique Montero).

Un proyecto ilusionante

Los socios directores del despacho, Enrique Montero y Armando Fernández-Arámburu, explican que “el despacho llevaba tiempo con la mirada puesta en Madrid, donde abrimos una pequeña oficina en 2014, como plaza clave para la expansión de la firma. Éramos conscientes de que sólo con un equipo amplio, fuerte y competitivo en Madrid podríamos cumplir el objetivo de situar a nuestro despacho como una de las firmas jurídicas de referencia a nivel nacional. Estamos convencidos de que, con la incorporación de este magnífico equipo de experimentados abogados, lograremos nuestro propósito”.

Montero Aramburu, fundado en Sevilla en 1971, es un despacho multidisciplinar español con oficinas en Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Huelva y Córdoba, siendo la firma de abogados de referencia en Andalucía y Canarias. Cuenta con más de 200 personas, incluidos más de 150 abogados y economistas, entre los que se incluyen 15 socios y 6 consejeros. En 2017 facturó 14,5 millones de euros.

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Todos niegan el fraude

Jorge Muñoz | 22 de abril de 2018 a las 2:00

El tribunal que enjuicia el "procedimiento específico" de los ERE

El tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE

Se acabó la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo por el caso de los ERE y mañana, sin solución de continuidad, comenzarán a declarar los 150 testigos que han sido citados en la macrocausa. Con el testimonio de estos testigos y la prueba pericial que les seguirá arranca el verdadero juicio, donde las acusaciones intentarán corroborar los cargos en los que sustentan sus peticiones de inhabilitación y los ocho años de prisión que solicitan para algunos de los acusados. También asistiremos al estreno de las acusaciones populares, que hasta ahora no han podido interrogar a nadie, porque todos los acusados se han limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del tribunal y de su abogado defensor.
En la primera fase de la vista oral que ahora ha terminado todos los acusados han negado los cargos, cierto es que unos con más rotundidad que otros. No ha habido ninguna asunción de la más mínima culpabilidad por parte de ninguno de los ex altos cargos procesados en las 40 sesiones que se han desarrollado ya de la vista oral.
En líneas generales, los procesados han defendido la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y la mayoría ha negado que recibieran los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de los reparos. Quién si admitió que los recibió, la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, explicó que no le dio traslado al ex presidente José Antonio Griñán –cuando ella era viceconsejera y Griñán consejero–, porque ninguno de esos informes eran de los denominados “de actuación” y no requerían intervención de la Consejería.
La legalidad del uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEApara el pago de las ayudas y el rechazo a que los parlamentarios andaluces pudiesen haber sido “engañados” sobre el uso de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, han sido otras de las constantes que más se han repetido en estos primeros cuatro meses de juicio.

Manuel Chaves
Negó que se creara un sistema para “burlar la ley”
El ex presidente de la Junta Manuel Chaves atacó en su declaración la base de la acusación pública, al negar la existencia misma de ese denominado “procedimiento específico” para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Chaves, que fue presidente de la Junta durante 19 años (1990-2009) rechazó con vehemencia que su Gobierno estableciera un sistema “conscientemente ilegal o para burlar la ley”.

 

JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA

José Antonio Griñán
Defensa de la legalidad e ignorancia sobre los reparos
El ex presidente andaluz, que fue consejero de Economía y Hacienda previamente, sostuvo en su declaración que no recibió las alertas de la Intervención General de la Junta porque no había “menoscabo o riesgo de menoscabo” de los fondos públicos y por tanto no se requería una “actuación directa” suya, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009.
Griñán añadió que todos los informes se presentaron de acuerdo con el artículo 12.3 del decreto 9/99 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta, pero nunca plantearon la realización de un “informe de actuación”, que figura en el artículo 12.5. de la citada norma.

Gaspar Zarrías
El ex consejero defendió que había una “regulación”JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA
El ex consejero de la Presidencia destacó en su declaración que siempre hubo una “regulación” de las ayudas bajo sospecha, dado que las mismas estaban contempladas en las leyes de Hacienda y de Presupuestos, en decretos y en las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995 que tenían una “carácter supletorio” sobre la legislación autonómica.
Gaspar Zarrías explicó que desconoce cómo se articuló el mecanismo de concesión de las ayudas en la Consejería de Empleo, pero en cualquier caso sostuvo que era “público y notorio” que las mismas existían. “Lo conocía yo y todo el mundo que se daban ayudas sociolaborales”, sentenció.

 

 

 

 

 

Magdalena ÁlvarezREANUDACIÓN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Desconocía el procedimiento de las subvenciones
La ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento no sólo desconocía cómo se daban las ayudas de los ERE sino que además tampoco tuvo conocimiento de los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta alertando sobre las presuntas irregularidades.
Magdalena Álvarez defendió que existió un control de las ayudas, refiriéndose a la “fiscalización previa” de las transferencias de financiación cuando los recursos llegaban a la empresa pública (IFA/IDEA), mientras que el pago estaba sometido a Control Financiero Permanente(CFP).
La ex consejera añadió que los reparos se trabajaban entre la Consejería afectada, en este caso Empleo de la que dependía la partida 31L, y la intervención delegada, y cuando no se llegaba a un acuerdo, se elevaba la cuestión a la Intervención, y si no había cuerdo, es cuando lo conocía el Consejo de Gobierno. “En diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y tampoco a la Consejería”.

 

 

 

 

Antonio FernándezEL EXCONSEJERO DE EMPLEO ANTONIO FERNÁNDEZ CONTINÚA DECLARANDO MAÑANA EN EL JUICIO DE ERE
La declaración más extensa de todos los ex altos cargos
Siete jornadas acaparó la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyo director general de Trabajo, Javier Guerrero, se sitúa en el epicentro del presunto fraude.
Fernández sostuvo la legalidad del sistema y alegó que las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo estaban amparadas en una “base normativa suficiente”, llegando a afirmar incluso que estas ayudas eran “absolutamente iguales” a las que el Estado había otorgado a través de la tan traída y llevada orden de 5 de abril de 1995.
Pero la sorpresa se produjo al final de la declaración de Fernández, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña acorraló al ex consejero con sus preguntas, después de que éste hubiese afirmado en la sesión anterior que se sintió “acosado” por la juez Mercedes Alaya cuando prestó declaración en la fase de instrucción. El interrogatorio del magistrado para que Fernández dijera qué aspectos de aquella declaración ratificaba y cuáles no, dejó al acusado contra las cuerdas y sólo se salvó al alegar motivos de “cansancio” por sus problemas de voz. Al día siguiente, cuando el magistrado iba a seguir con sus preguntas, Fernández, ya asesorado por su abogado, se acogió a su derecho a no declarar, “asustado y aturdido” por las preguntas del magistrado.

 

José Antonio VieraCONTINÚA JUICIO CASO ERE CON INTERROGATORIO AL EXCONSEJERO VIERA
En defensa de la “legalidad” del sistema de ayudas
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera fue uno de los primeros altos cargos en prestar declaración, en febrero pasado, tras la reanudación de la vista oral por el parón para resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del proceso. Viera aseguró en su declaración que el sistema por el que se concedían las ayudas era “absolutamente legal” y precisó que la Intervención General de la Junta “jamás” se dirigió a él para advertirle de una “situación de ilegalidad”. El ex consejero fue uno de los primeros en defender el convenio marco de 17 de julio de 2001 que él mismo firmó con Antonio Fernández –entonces director del IFA–.
Sobre el conocimiento concreto que el presidente de la Junta Manuel Chaves podía tener de las ayudas, por ejemplo como las que se otorgaron ante la crisis de Santana Motor, Viera destacó que “el presidente conocía el problema, pero tenía un desconocimiento total de los instrumentos” que se empleaban para darle solución a los conflictos laborales y empresariales.
Viera admitió que tuvo conocimiento en el segundo semestre del año 2000 que la Intervención había paralizado el pago de unas ayudas por importe de 159 millones de pesetas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), por lo que unos meses más tarde “propuso” a su equipo en la Consejería que buscara una “fórmula legal y ágil” para la concesión de las ayudas a los trabajadores de empresas en crisis. El objetivo, prosiguió, era “resolver el drama personal de los trabajadores y de las comarcas” en las que estaban ubicadas dichas empresas. El resultado de ese encargo fue el convenio marco de 2001, que tenía la “apariencia absoluta de legalidad”, al pasar por todos los departamentos correspondientes, por todos los “centros directivos” de la Consejería: técnicos de la dirección general, el director general, el secretario general de área, la secretaría general técnica y el viceconsejero de Empleo.

 

Carmen Martínez Aguayo
La ex consejera de Economía que defendió a Griñán
Carmen Martínez Aguayo lo había afirmado antes del juicio y lo mantuvo en la vista oral: “nunca” trasladó al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las “discrepancias” que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L.
La que fuera ex viceconsejera –luego también fue consejera– insistió ante el tribunal en que “en ningún momento” tendría que haber comunicado al consejero de Economía los informes porque siempre se emitieron “con carácter de normalidad”. Aguayo agregó que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de “discrepancias contables” y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado la realización del “informe de actuación”.

DECLARACIÓN DE CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE

Javier GuerreroCONTINÚA JUICIO PIEZA POLÍTICA DEL CASO ERE
El principal acusado reniega del fondo de reptiles
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social, el principal imputado en el caso, ha sido el único de los 22 ex altos cargos que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del tribunal. Guerrero culpó a la “presión mediática y de la Policía” de sus declaraciones en la fase de instrucción, de las que se retractó en el juicio. A preguntas de su abogado, el ex alto cargo quiso aclarar que “nunca” habló de que existiera un fondo de reptiles para el pago de las ayudas, ya que, según afirmó, en su dirección general no tenían “fondos reservados”.

 

 

 

 

 

Manuel GómezDECLARACIÓN EXINTERVENTOR GENERAL GOBIERNO ANDALUZ EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Ni apreció ningún delito ni menoscabo de fondos
El ex interventor general de la Junta es una de las figuras clave del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. Sus informes alertando de las deficiencias en el sistema por el que se concedían las ayudas, del uso inadecuado de las transferencias de financiación, es el argumento principal sobre el que se sustenta la base de la acusación pública, junto al informe pericial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Manuel Gómez, que en el juicio mostró un perfil menos combativo con otros acusados del que había hecho gala durante la fase de instrucción, sostuvo que no hizo un informe de actuación en relación con el uso de las transferencias para el pago de las ayudas porque no apreció que se estuviera cometiendo un delito ni el menoscabo de fondos públicos que exige la ley para la emisión de dicho informe.
El ex interventor aclaró que las ayudas sociolaborales “no son subvenciones” y aunque lo fueran estaba la normativa supletoria estatal, la orden de 1995 que, a su juicio, era aplicable a estas ayudas y exige únicamente para su concesión la petición y un memoria justificativa, por lo que rechaza que las ayudas se hayan concedido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.
Manuel Gómez explicó que aunque había “muchas deficiencias” en la concesión de las ayudas, “ninguna suponía un menoscabo de fonos públicos”, algo que no apreciaron ni él ni una docena de interventores”.

Agustín BarberáPRIMERA SESIÓN JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS
El Parlamento no fue engañado con las ayudas
El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá rechazó que se engañara al Parlamento andaluz con el uso de las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas bajo sospecha, dado que, según afirmó, los parlamentarios andaluces “siempre tuvieron la posibilidad de pedir” la aclaración de las memorias presupuestarias en lo que respecta a la utilización de la partida 31L.
Barberá recordó que los parlamentarios andaluces formulaban “modificaciones” a la partida para que se aumentara el crédito, para lo cual sostuvo que sólo basta acudir a las actas de la Comisión de Empleo. “Me causa estupor que se intente criminalizar en esta causa el acudir a una modificación presupuestaria”, algo que era normal porque la conflictividad que existía en aquella época “descuadraba” cualquier presupuesto.

 

Adiós al actor de la serie “Juzgado de Guardia”

Jorge Muñoz | 19 de abril de 2018 a las 14:18

El actor Harry Anderson, el juez Stone....

El actor Harry Anderson, el juez Harry Stone….

Ha fallecido el actor Harry Anderson, que interpretaba al juez Harry Stone en la serie televisiva que da título a este blog…. Sirva como homenaje este post a quien durante años nos hizo pasar un buen rato con esas peripecias de un peculiar juzgado neoyorquino.

El actor ha fallecido a los 65 años según ha informado Variety. El crítico de TV del grupo Joly Francisco A. Gallardo recuerda que Juzgado de guardia (Night Court) fue una de las comedias de éxito a principios de los años 90 (su nombre daría idea a Antonio Mercero para crear Farmacia de guardia).

El protagonista, Harry Anderson, fue hallado muerto el pasado lunes en su casa de Asheville, en Carolina del Norte. El actor daba vida al desastroso juez Harry Stone, al frente de un tribunal nocturno de Manhattan, con un equipo que halló la complicidad de los espectadores españoles. Se emitió en la NBC entre 1984 y 1992.

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Justicia contable en los ERE

Jorge Muñoz | 15 de abril de 2018 a las 2:00

* El Tribunal de Cuentas dicta cuatro primeras sentencias que condenan al ex director de Trabajo Juan Márquez a devolver 1,2 millones a la Junta * Los fallos ratifican todas las irregularidades

Las primeras cuatro sentencias de los ERE ya han sido dictadas y todas ellas son condenatorias. La Justicia contable, la que emana del Tribunal de Cuentas y que en muchas ocasiones es una gran desconocida, ha condenado al que fuera director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, el sucesor de Javier Guerrero en el organismo que durante diez años otorgó las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, a reintegrar a las arcas de la Junta de Andalucía 1.252.611,83 euros, en concepto de “responsable contable” de los pagos realizados con fondos públicos a los ex trabajadores de cuatro empresas que figuran en la macrocausa judicial de los ERE fraudulentos: Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.

De los 1,2 millones que deben ser reintegrados a la Administración autonómica, Juan Márquez –que ha sido declarado en rebeldía en todos estos procedimientos al no haber comparecido a los mismos– debe devolver personalmente la cantidad de 402.280,23 euros (183.649,67 por Calderinox y 218.630,56 por Saldauto), mientras que el resto, 850.331,6 euros, tendrá que reintegrarlos de manera solidaria con las empresas beneficiarias (381.601,9 euros en el caso de Nueva Lima y 468.729,70 euros por Valeo Iluminación). Dice el Alto Tribunal que con su actuación, Márquez dio lugar al “menoscabo” de los caudales públicos.
Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas están fechadas en diciembre pasado y han sido dictadas por la consejera del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante, la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.
Con un contenido básicamente similar y salvando las evidentes distancias entre la jurisdicción contable y la Penal, lo relevante de estas cuatro sentencias condenatorias es que consideran probadas todas y cada una de las irregularidades sobre las que la SecciónPrimera de la Audiencia de Sevilla tendrá que pronunciarse una vez que finalice el juicio que se celebra actualmente por del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Para empezar, las sentencias del Tribunal de Cuentas estiman las demandas presentadas por la propia Junta de Andalucía –a las que se ha adherido la Fiscalía–, que en la vía penal ejerce la acusación particular pero que en el juicio a los ex altos cargos fue apartada tras haber pedido el sobreseimiento para los 22 acusados, al estimar que no hay ninguna “trama criminal” ni se creó un procedimiento concreto para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Las cuatro resoluciones recuerdan que los hechos fueron investigados en las actuaciones previas 116/2013 del Tribunal de Cuentas, que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Junta en el periodo 2001-2010.
Así, señalan las sentencias que el informe de fiscalización pone de manifiesto, con carácter general, “graves irregularidades”, entre las que destaca que hasta la orden de 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias para que las ayudas de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, pudiesen ser otorgadas por el director general de Trabajo y no por el consejero de Empleo.
Tampoco consideraba el informe del órgano de control andaluz que haya quedado acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas las “razones de interés social o económico” que exige el artículo 12.5 del decreto 254/2001.
De la misma forma, entiende que “se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria” para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L, lo que ha conducido a la “ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional”.


DECLARACION EXDIRECTOR TRABAJO JUNTA EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

 

Otras irregularidades, según el informe de fiscalización, consisten en que la Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, por lo que no se establecieron los requisitos, los plazos de ejecución ni las actuaciones posteriores para la justificación de las finalidades y de empleo de los fondos.
Por todo ello, el dictamen concluye que hasta el año 2010 esas ayudas se han otorgado “prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto” y no se ha acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la “correcta aplicación de los fondos”.
El informe concluía asimismo que la calificación de estas ayudas como “subvención excepcional” ha dado lugar a un “abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos tales como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas”.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante explica a continuación que desde la perspectiva de la “responsabilidad contable” el pago con fondos públicos realizado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con “absoluto desprecio” de la exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un “hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación, en el sentido de los artículos 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP) y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTcu)”.
La responsabilidad contable alcanza “a los gestores de fondos públicos que hayan ordenado o realizado los pagos, o hayan realizado cualquier otra actuación que suponga ejecutar, forzar o inducir a ejecutar , o cooperar en la comisión de los hecchos, o incluso participar con posterioridad para ocultar los hechos o impedir su persecución (artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas)”.
Al analizar las ayudas concedidas, las sentencias destacan en primer lugar que se trata de pagos “carentes de cobertura legal”, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos, al tiempo que resulta “imposible determinar cuál fue el destino final de los fondos, ya que ni siquiera está acreditado que los mismos se hayan ingresado en una cuenta de la empresa a la que, según el expediente de la ayuda, debían ir destinados”. Tampoco existió una “convocatoria pública” para la concesión, siendo entregados los fondos de forma directa, y además el pago “no cumplía los requisitos legalmente exigidos en para la concesión de las ayudas públicas”, ni hay constancia de la solicitud de las ayudas ni de que la Dirección general de Trabajo realizara un análisis de la situación económica de las empresas beneficiarias o de la merma económica que sufrieron sus ex trabajadores.

 

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Sobre las transferencias de financiación a IDEA para el pago de las ayudas, el Tribunal de Cuentas considera que “por imperativo legal” el fin era cubrir pérdidas y no pagar subvenciones, por lo que las cantidades de esas transferencias de la partida 31L “quedaron al margen del control previo de la Intervención de la Junta porque en lugar de aparecer como pagos de subvenciones con cargo al presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se contabilizaron como transferencias de financiación para IDEA, no estando sometida esta entidad a dicho control previo”.
Las sentencias reproducen el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) para firmar que estas “subvenciones” fueron concedidas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Las ayudas concedidas por Juan Márquez constituyeron, según el Tribunal de Cuentas, un “acto de disposición de fondos públicos carente de la más mínima justificación en cuanto a su finalidad e interés público y con total incumplimiento de la normativa para la concesión de este tipo de ayudas”.
Para el Tribunal de Cuentas, el ex director de Trabajo Juan Márquez, en cuanto que fue él quien ordenó los pagos de estas cuatro ayudas, es “responsable contable directo del mismo ya que con su actuación dio lugar a ese menoscabo para los caudales públicos”.
En esa gestión de los fondos públicos no cabe sino apreciar “culpa grave”, pues omitió “la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado” y a ello añade que el ex director era “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”.
A estas cuatro primeras sentencias pueden sumarse otras tantas en los próximos meses a raíz de los distintos procedimientos que siguen en el Tribunal de Cuentas, a instancias de la Administración andaluza, para la devolución de las ayudas concedidas de forma irregular.

 

La consejera que nombró a Zoido director de Justicia

 

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante.

Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas que han declarado la responsabilidad contable del ex director de Trabajo de la Junta Juan Márquez han sido dictadas por la consejera del departamento segundo de Enjuciamiento Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.

Mariscal De Gante fue además quien nombró en 1996 como director general de Relaciones con la Administración de Justicia al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien a su vez fue quien llevó a los tribunales el escándalo de los ERE fraudulentos cuando fue elegido alcalde de Sevilla, cargo que ocupó entre los años 2011 y 2015.