El Supremo confirma que la libertad de expresión no ampara el “discurso del odio” en las redes sociales

Jorge Muñoz | 4 de noviembre de 2016 a las 14:05

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de  un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus víctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subió a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el año 2013. La sentencia hace un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado ‘discurso del odio’ (hate speech en inglés – alabanza o justificación de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica “pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.

Entre los 13 mensajes que se destacan en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que queda ahora ratificada, figuran los siguientes: “A mi no me da pena alguna Miguel Ángel Blanco me da pena la familia desahuciada por el banco”, “Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Jaén) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro …”, “Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza”, o “Tengo la botella de champán preparada para el día que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa”.

Al aplicar al caso concreto la jurisprudencia sobre el ‘discurso del odio’, el Supremo rechaza el recurso del acusado, que alegó que la Audiencia Nacional no había sopesado las detalladas explicaciones sobre cada de una de las frases que había realizado en el acto del juicio.

“Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No están presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente”, contesta el alto tribunal.

“Ciertamente en ocasiones –añade la resolución- probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diabólica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea hercúlea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es así no por una aplicación indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparición del suceso. En delitos de expresión en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autoría, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ahí se hace muy difícil encontrar una disculpa razonable que sea convincente”.

La sentencia rechaza además aplicar al caso el nuevo artículo 579 bis del Código Penal, que permite una rebaja de condena a la vista de la gravedad de los hechos, medio empleado y resultado producido. “No se dan los presupuestos para semejante devaluación de la gravedad de conducta, a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades típicas abarcada”, es decir, que hay mensajes tanto de enaltecimiento del terrorismo como de humillación a las víctimas.

HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS, MORFOLOGÍA DE DELITO PÚBLICO

En relación a las modalidades del delito, el Supremo destaca que el de enaltecimiento del terrorismo exigía publicidad, (“… por cualquier medio de expresión pública o difusión ….”), y que no sucedía así con el tipo de humillación a las víctimas (“…. o la realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humillación de las víctimas …”).

“Esta segunda figura reviste una naturaleza más privada: afecta directamente al honor de las víctimas de acciones terroristas por el hecho de serlo; aunque también sin duda golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos”, explica la sentencia.

Esa humillación supone una lesión a su dignidad humana, “violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuración la ofensa privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aquí se tipifica, sin perjuicio de que también pueda observarse su concurrencia en el caso de una pluralidad de afectados y de que sociológica y criminológicamente la afectación tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores colectivos lo que otorga a la infracción la morfología de delito público a diferenciación del delito de injurias con el que guarda algún parentesco (las palabras “menosprecio” o “descrédito” traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con su clásica definición de injurias)”.

El retorno del juez rebelde

Jorge Muñoz | 30 de octubre de 2016 a las 5:00

El juez Francisco Serrano, con su nuevo abogado Fernando Rodríguez Galisteo.

El juez Francisco Serrano, con su nuevo abogado Fernando Rodríguez Galisteo.

Francisco Serrano está de regreso, al menos, como él mismo ha dicho para que la prensa le haga “muchas fotos” con la toga puesta. El que fuera célebre y mediático juez de Familia número 7 de Sevilla ha conocido esta semana la sentencia del Tribunal Constitucional que le rehabilita en la carrera judicial, al tumbar el fallo del Tribunal Supremo que le condenó a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa, por haber ampliado el régimen de visitas para permitir que un niño saliera de paje en una cofradía de la Madrugada de la Semana Santa de 2010.
El Constitucional no ha absuelto a Serrano, sino que ha dejado las cosas de acuerdo con la decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le impuso dos años de inhabilitación por prevaricación culposa. En cualquier caso, Serrano, que colgó la toga de juez para vestir la de abogado, ya ha cumplido con creces la condena y, en consecuencia, tiene derecho a volver a la carrera judicial. Al menos, para hacerse fotografías y cobrar todos los emolumentos que se le adeudan desde que habría cumplido la pena hace varios años.
Pero Serrano no volverá a dictar sentencias, sino que solicitará una excedencia voluntaria para seguir su ejercicio como abogado, la misma decisión que adoptó en su día el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño cuando tuvo que optar entre volver a la carrera –tras ser indultado por el Gobierno– o continuar en la abogacía.
En la rueda de prensa que ofreció el pasado jueves para valorar la sentencia del Constitucional, Serrano no dudó en cargar las tintas contra el máximo órgano de gobierno de los jueces y lo hizo al modo más puramente loperiano si me lo permiten:“El Poder Judicial está en la UCI”, llegó a afirmar, lo que a muchos de los presentes les recordó el antiguo discurso del ex mandatario verdiblanco. Sólo le faltó añadir aquellas frases que se interrumpían con los vítores del entregado respetable bético: “Nadie daba un duro por el Poder Judicial, pero yo os entrego un Consejo (CGPJ) libre, de ustedes… Viva el Consejo”.
Serrano volvió a alegar que fue víctima del sistema. No hay que olvidar sus críticas ante el aumento de las denuncias falsas por malos tratos y sus advertencias respecto a que la ley de Violencia sobre la Mujer podría pervertirse y acabar siendo usada como un arma de maltrato al varón. Serrano había afirmado incluso que España había miles de mujeres que “abusaban” del sistema creado con la ley de Violencia de Género, lo que le llevó a enfrentarse directamente en el año 2009 con la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán.
Ése fue uno de sus frentes mediáticos y que, sin duda, no ayudó en su proceso. Pero tuvo muchos más. Serrano adquirió una gran notoriedad a mediados de la década de los 90, cuando se negó a ejecutar una orden de la Audiencia de Sevilla que le obligaba a devolver a la conocida como niña de Benamaurel a sus primeros padres adoptivos. A ese caso se unieron otros mediáticos, como el de una madre que pidió a la Junta que asumiera temporalmente la custodia de una hija porque su pareja la maltrataba. La mujer rompió con su compañero sentimental, buscó trabajo en otra provincia y reclamó la custodia de la niña, pero el juez Serrano rechazó su petición y acordó el acogimiento familiar. Este caso llevó al juez a enfrentarse seriamente con la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla, que ordenó el regreso de la menor con su madre y, ante la negativa del juez –Serrano siempre alegó que actuaba en interés del menor–, el tribunal le acusó de incumplir de forma “consciente y deliberada” sus órdenes en una actitud que los magistrados de la Audiencia no dudaron en calificar de “rebelde”.
Después llegaría el caso de Carmen Fernández, donde también negó la vuelta de sus hijos Iván y Sara con la madre biológica, que ganó 11 sentencias en 11 años de “tortuoso calvario” judicial, y que finalizó con una indemnización de 1,7 millones de euros para la madre, que falleció víctima del cáncer sin cobrar el dinero porque el caso había sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, que finalmente también le dio la razón. Antes de fallecer, Carmen Fernández vio su sueño cumplido en parte, porque su hija Sara decidió volver a vivir con ella, lo que en cierto modo echaba por tierra las tesis que durante tantos años había mantenido Serrano, al menos en lo que se refiere a Sara.
Ahora la figura del juez rebelde, el rehabilitado, el que volverá a vestir la toga aunque sea para hacerse las fotografías anunciadas, dará paso definitivamente a la del letrado Francisco Serrano.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 Cabrera y los “50 grados” de la Gepol

El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, declaró el pasado viernes como testigo en el juicio de lo Contencioso que los agentes del extinto Grupo Especial de Policía Judicial (Gepol), la unidad de Asuntos Internos, han planteado contra el Consistorio a raíz de la supuesta disolución –que el delegado no aclaró– de la misma y la reubicación de sus dos miembros en activo en otras unidades, donde además están junto a familiares o incluso imputados en el fraude de las oposiciones de la Policía Local. Cabrera no lo escuchó, pero dos agentes aseguraron que el delegado amenazó con mandar a estos agentes “a regular el tráfico a 50 grados en el distrito Sur”. Cabrera, que como cualquier testigo debe jurar o prometer decir la verdad cuando comparece ante un juez, no negó las afirmaciones, pero sí intentó matizarlas, al admitir que “si estuvieran dirigiendo el tráfico” no tendrían tiempo para estas cuestiones.

En la práctica, Cabrera estaba confirmando las declaraciones de los otros dos testigos que le habían precedido, porque según él mismo mencionó el aspecto de la regulación del tráfico en relación con estos agentes. Otros dos policías afirmaron que en otra reunión también había dicho, en alusión a la unidad de Asuntos Internos, que “no estaba de acuerdo con las policías políticas” y acusó supuestamente a los miembros de la Gepol de haberse llevado “de forma ilegal” los exámenes que se investigan en la causa del presunto amaño. Cabrera intentó salvar los muebles emulando a Verónica Pérez y su célebre “la única autoridad que existe en el PSOE soy yo”.

El delegado de Seguridad lo expresó de la siguiente forma: “En absoluto dije que eran una policía política, el político soy yo…”, afirmó Cabrera ante el juez de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla. Durante el interrogatorio, el concejal socialista también rechazó que haya dado alguna orden, instrucción o sugerencia sobre cómo debía de actuar la Jefatura de la Policía Local con respecto a la reubicación de los miembros de la Gepol en otras unidades. Es más, ni siquiera confirmó que esta unidad haya sido disuelta.

“Yo no los he apartado, no he dado orden de disolver la unidad”, añadió el concejal, quien no obstante sí reconoció que ordenó abrir una investigación sobre el viaje en autobús que varias mujeres de la Policía Local realizaron por las calles de Jerez y en el que estando de uniformes montaron una fiesta subiéndose a las barras del autobús en marcha. Por cierto que el Ayuntamiento aún no ha informado cómo ha acabado esa investigación.

Los jueces decanos reclaman más inversión en Justicia y el aumento de la planta judicial

Jorge Muñoz | 26 de octubre de 2016 a las 14:57

balanza justicia

Estas son las CONCLUSIONES DE LAS XXVI JORNADAS NACIONALES DE JUECES DECANOS DE ESPAÑA, celebradas en Málaga del 24 al 26 de octubre.

 

INTRODUCCIÓN

La Justicia es un elemento clave en el Estado de Derecho: el cumplimento de la ley, el respeto a las instituciones, la convivencia pacífica, el comercio, el regular intercambio de bienes y servicios e incluso el desarrollo económico de un país dependen de la Justicia. En España, además, nos encontramos en un momento clave, porque está en juego su prestigio ante la multiplicación de asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto de escasez de recursos y de escasa inversión.

Todo ello en un trasfondo político y social complicado debido a una grave crisis económica prolongada en el tiempo, a las dificultades derivadas de la necesidad de constitución de un nuevo gobierno tras dos elecciones generales y a nuevas formas de entender la política que ponen en cuestión ante la opinión pública permanentemente la legitimidad de las instituciones y ciertas resoluciones judiciales.

No obstante pese a las dificultades y a la escasa apuesta institucional por el sistema judicial, parece evidente que la Justicia está funcionando, muchas veces con lentitud, pero funcionando. Los jueces hemos asumido un firme compromiso en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la corrupción, la violencia de género, la avalancha de demandas sobre productos financieros o la protección del consumidor y el control de las cláusulas abusivas, por citar algunos ejemplos. Estamos preparados para afrontar estos retos, sin duda. Pero obvio es que también necesitamos de la colaboración de los restantes Poderes del Estado, que son los que gestionan el presupuesto y proporcionan los medios e instrumentos legales que necesitamos para nuestro trabajo.

El problema es que el transcurso de los años ha evidenciado que en España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Sólo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia. Por ello llama poderosamente la atención cómo frecuentemente desde determinados ámbitos se exige celeridad para ciertas causas, o se lamenta la lentitud del sistema judicial, cuando desde ese mismo ámbito se ha cerrado sistemáticamente el paso a una decidida modernización de la Justicia, que sí se ha dado en otros ámbitos.

Sin embargo afortunadamente los ciudadanos y los profesionales van percibiendo esta situación y la cuestión relativa a la necesidad de un Pacto de Estado en materia de Justicia hoy ya está, por fin, en el debate público. En efecto, sendas encuestas realizadas recientemente evidencian que tanto la ciudadanía como los profesionales –en definitiva los usuarios o destinatarios del trabajo judicial- consideran que la Justicia funciona mal, que su organización y funcionamiento no responde a las exigencias de una sociedad avanzada, que con los medios que dispone no puede luchar eficazmente contra la corrupción y que todos los gobiernos han tenido siempre más interés por controlarla que por dotarla de los medios suficientes para optimizar su funcionamiento. No obstante, una abrumadora mayoría de los encuestados considera que la Justicia es la garantía última de los ciudadanos y las libertades y que es necesaria una reforma inmediata y un Pacto de Estado para su modernización.

Los Jueces nos sumamos a esta apreciación. Hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional. Pero para conseguir la excelencia necesitamos de los medios humanos y materiales que están obligados a proporcionar el Estado y las Comunidades Autónomas, algo que no debería recordarse, aunque es necesario hacerlo ante el histórico abandono del sistema judicial. Precisamente por ello, nos adherimos al reciente acuerdo de todas las Asociaciones Judiciales españolas reclamado un Pacto por la Justicia.

Lamentablemente no existe hoy una hoja de ruta, ni constatamos tampoco interés político por mejorar el funcionamiento del sistema judicial. En realidad nunca lo ha habido, la Justicia no interesa, no da votos. Todo está en el aire: los tribunales de instancia, la oficina judicial, la nueva demarcación territorial… Y esta falta de diseño de cara al futuro provoca un enorme desconcierto en la carrera judicial y dificulta la creación de plazas judiciales. Esta situación de indefinición no evidencia precisamente altura de miras, sobre todo porque en España, el tiempo y los acontecimientos están poniendo en valor lo importante que es un sistema judicial eficaz e independiente en un Estado democrático. En definitiva, es el momento de llegar a un gran Pacto de Estado en el qeu sobre todo figure un Plan Director General de Modernización de la Justicia, a medio y largo plazo.

Tenemos un buen sistema judicial, muy garantista y de alta calidad, pero poco ágil y escasamente dotado. Y la agilidad (cuyo presupuesto ineludible es una adecuada carga de trabajo en cada juzgado) forma parte de la calidad. Sin embargo ambas cuestiones tienen solución, el problema es sencillamente de voluntad política.

En este contexto, con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas relacionadas con la corrupción) y avalanchas de demandas, es sorprendente que en España la justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, no puede dejarse de lado la influencia del sistema judicial en el desarrollo económico, como han señalado los expertos en economía, el Consejo de la UE y el propio Banco de España en recientes  informes. Son decenas de miles de millones de euros los que están en juego en el sistema judicial y son a la vez miles las empresas cuya subsistencia depende de la agilidad de la Justicia, algo que quizás algún día debiera llevar a una profunda reflexión sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial y reducir los tiempos de espera para contribuir a la reactivación económica.

Es necesario invertir en Justicia, o lo que es lo mismo, apostar por la eficaz tutela de los derechos de los ciudadanos, por la convivencia civilizada, por la rápida solución de las situaciones conflictivas, por el respeto a la ley y las instituciones y por el buen funcionamiento de la economía. Por el futuro de nuestro país en definitiva. Ya es tiempo de que las palabras dejen paso a los hechos; y por cierto, también al diálogo, ese bien hoy tan escaso. La Justicia es cosa de todos.

Pero los jueces no nos resignamos. Queremos la excelencia en el servicio que prestamos. Los ciudadanos demandan y merecen la mejor Justicia posible: atenta, dispuesta, eficaz, moderna, independiente, con suficientes jueces formados y motivados que dispongan del tiempo necesario para atender cada asunto.

En suma, creemos que en un Estado de Derecho la Justicia debe ser una prioridad, como la sanidad o la educación. Hoy en España lamentablemente no lo es, esto es algo evidente, pero afortunadamente ya lo perciben los ciudadanos, como lo demuestran las aludidas encuestas de opinión, que por cierto revelan que las críticas se centran más en las deficiencias y el abandono de la Administración de Justicia que en el trabajo de los jueces. La modernización no es algo imposible: se ha conseguido con otras importantes instituciones o servicios públicos del Estado cuando existe interés en su eficaz funcionamiento. Así ha sucedido, por ejemplo, con la sanidad, la Seguridad Social o la AEAT, con las que no se han escatimado recursos.

Como hemos dicho otras veces, la Justicia no debe ser percibida como un problema sino como la solución a muchos problemas.

Por ello, en nombre de los más de 2.000 jueces a los que representamos y que desempeñan su trabajo hasta el último Juzgado del partido más recóndito de España, demandamos con urgencia un Pacto de Estado con una hoja de ruta clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial. No se trata sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa. 

 

A tal fin proponemos en el presente documento una serie de puntos a nuestro juicio esenciales.

 

1.- PROPUESTAS FRENTE AL FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE. MODERNIZACIÓN. ATENCIÓN ADECUADA AL CIUDADANO.

  1. a) Incremento de la inversión. Sin inversión no puede haber modernización, ni siquiera mejoras. Solo mero voluntarismo. Después de muchos años la experiencia lo demuestra y los hechos son incontestables. Dicho esto, no es de recibo que la Justicia apenas represente el 1% de los Presupuestos Generales del Estado. Ha de elaborarse un plan de inversiones prolongado durante varias legislaturas, que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles, asignando un porcentaje concreto de los PGE y exigiendo que cada reforma legal vaya acompañada de una memoria económica e inversión suficiente. Por otro lado, no es admisible que una tras otra se aprueben leyes que prevén abierta y expresamente, sin reparo, que no van a suponer incremento de gasto alguno, porque ello sencillamente nos coloca en la tesitura de aplicar las nuevas leyes sin dotaciones adecuadas de personal ni nuevos medios adicionales. Dos casos paradigmáticos de leyes sin suficiente inversión son las relativas al expediente digital o al Estatuto de la Víctima, que se analizan más adelante. Frente a esta sequía inversora en Justicia llama la atención, por citar un ejemplo, que las ayudas públicas al sector financiero hayan ascendido a más de 60.000 millones de euros, que representa nada menos que 17 veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España.

 

  1. b) Ampliación de la planta judicial.- Suscribimos la demanda realizada por las asociaciones judiciales recientemente en el sentido de que es imprescindible incrementar el número jueces y elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno para garantizar un servicio de calidad. Como ha señalado el CEPEJ en un reciente informe, España tiene exactamente la mitad de jueces que la media europea. En efecto: hoy somos 5.500 jueces y juezas en España y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con 9.600 jueces. Pero antes debemos diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización judicial queremos. La planta judicial es un tema pendiente de resolver desde hace años. Además del número de jueces que hacen falta también hay de determinar en qué lugares son necesarios. No pueden crearse nuevas plazas dependiendo del peso político de los territorios. En algunos lugares la justicia funciona razonablemente bien y en otros mal o muy mal.

 

  1. c) Control de la litigiosidad. Es preciso arbitrar medidas para reducir la litigiosidad, excesiva en España, sin que ello suponga en absoluto merma del derecho a la tutela judicial efectiva. Ya en el año 2009 los Jueces Decanos elaboramos un completo catálogo de medidas procesales, muchas de las cuales han tenido reconocimiento legal y han dado buenos resultados: podemos citar la desjudicialización en materia de jurisdicción voluntaria, la ampliación del ámbito del procedimiento monitorio civil, la creación del denominado monitorio notarial, la ampliación del ámbito del juicio verbal civil y la introducción de la contestación escrita, la supresión de vistas innecesarias en ciertos incidentes, la racionalización de la segunda instancia y la casación civil así como la ampliación del procedimiento abreviado y la introducción del criterio del vencimiento para la imposición de costas y la limitación de recursos en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la introducción del proceso monitorio laboral, la despenalización de infracciones penales leves, la no remisión de los atestados sin autor conocido a los Juzgados de Instrucción, la potenciación de la unificación de criterios, etc…. Debe continuarse explorando esta línea de trabajo, a la que tanto han aportado los jueces en los últimos años como bien conocen el Ministerio de Justicia y el CGPJ. En este sentido, es preciso, por ejemplo, valorar si no se evitarían innumerables pleitos si se dispusiera de informes periciales neutrales (por designación judicial) previos a la vía judicial como introdujo el legislador en la Ley 35/2015, la indudable necesidad de limitar la cadena de recursos en asuntos de escasa cuantía o en trámites interlocutorios, si se posibilitara el rechazo inicial de pretensiones carentes de fundamento y la sanción de pretensiones abusivas o temerarias, o la introducción en determinados ámbitos del “pleito testigo”, y sobre todo, potenciar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o ADR (mediación y arbitraje, especialmente el arbitraje de consumo) o el principio de oportunidad en materia penal, entre otras medidas. En este punto proponemos un paso más en la regulación de la mediación, pues consideramos insuficiente la regulación actual. En concreto, imponer legalmente la obligación de acudir a la sesión informativa en determinados asuntos, por ejemplo de familia: lo que no se conoce, no se elige.

 

  1. d) Mapa judicial. Concentración territorial.- Es preciso acomodar la obsoleta organización territorial judicial que data de principios del siglo XIX y acomodarla a la realidad social, política, económica y demográfica actual. No tiene sentido hoy que el territorio español esté dividido en 422 partidos judiciales. La eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentre un número suficiente de Juzgados para que puedan disponer de mejor organización del trabajo y suficientes y adecuados servicios comunes y técnicos. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física. En todo caso estas modificaciones de planta judicial deberá contar con el parecer de la Junta de Jueces.

 

  1. e) Organización de los tribunales. Colegiación organizativa.- Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países –pero con las garantías de una Presidencia elegida por los propios jueces y al margen de todo nombramiento discrecional del CGPJ, de respeto a los principios constitucionales de inamovilidad judicial y al juez ordinario predeterminado por la ley, y con el compromiso de que el diseño resultante no suponga aumentos de las cargas de trabajo de los jueces- cuyo complemento ineludible es una oficina judicial moderna que realmente sirva como instrumento de asistencia y apoyo a la actividad jurisdiccional y no como un fin en sí mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses.

 

  1. f) Registro Civil.- Si bien es adecuada la tendencia a la desjudicialización de ciertas materias que propugnamos desde hace años cuando no se trata del ejercicio de la función jurisdiccional, ante la inaceptable situación actual derivada de la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de 2011 durante cinco años, que no tiene precedente en España, así como los problemas y las reticencias para asumir el servicio por otras profesiones jurídicas, lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función, que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los Letrados de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna inversión, adaptación, reorganización y modernización del actual Registro Civil, lo que resulta viable y económicamente asumible. En otro caso el Registro Civil continuará ocupando el primer lugar entre las quejas de los ciudadanos.

 

  1. g) Creación de potentes y eficaces servicios comunes de apoyo a los Juzgados. Entre otras medidas, es ineludible la mejora, centralización y especialización del sistema de averiguación de bienes así como la creación de servicios comunes especializados en ejecución e incluso debería plantearse seriamente la externalización de este cometido a la AEAT bajo estricto control judicial, comenzando por la ejecución de las multas que ingresan en el Tesoro Público.

 

  1. h) Mejorar la atención al ciudadano. La mejora de la atención al ciudadano debe ser una máxima a tener en cuenta en todo momento. En este sentido propugnamos la potenciación de las Oficinas de Atención al Ciudadano coordinadas y servidas por personal técnico especializado, la adecuada dotación de las Oficinas de Atención a las Víctimas y la creación de Oficinas de Información de Asistencia Social. Debe ser una máxima a tener en cuenta en todo momento, y en este sentido, propugnamos la creación de oficinas de información sobre servicios de asistencia social integrados por trabajadores sociales que orienten a los usuarios de la Justicia en aspectos de índole asistencial que se plantean diariamente en los Juzgados pero que no pueden resolver aunque están íntimamente relacionados con los asuntos judiciales. Dichas oficinas –que ya existen en el ámbito sanitario en los grandes hospitales- son imprescindibles en Justicia porque todos los conflictos sociales antes o después acaban en los Juzgados y se trata de situaciones que no se solucionan sólo con la respuesta jurídica. Las funciones de estas oficinas de información y asistencia social podrían ser, a título de ejemplo, las siguientes: informar u orientar al ciudadano que acude a la Justicia sobre la existencia de plazas en centros de rehabilitación, de inserción social, de rehabilitación psicosocial, materno infantiles, de atención a la mujer, a ancianos, a menores en situación de desamparo, a enfermos mentales, a discapacitados, o bien proporcionar información en relación con situaciones dependencia, servicios disponibles de ayuda a domicilio, asistencia en situaciones de alcoholismo o toxicomanías, posibilidad de acudir a servicios de mediación, medidas de inserción laboral, prestaciones económicas de la Seguridad Social (contributivas y no contributivas), ayudas e información en caso de desahucios, actuaciones sobre escolarización, localización de grupos de ayuda mutua, facilitación de personal voluntario, asistencia en situaciones de donación de órganos, etc…  todo ello sin perjuicio de las funciones de atención a la víctima que la ley atribuye a las OAVD.  Con ello se daría un servicio integral en los Juzgados, jurídico y social, donde todos los días se detectan este tipo de problemas, más allá del asunto jurídico concreto. Se complementaría el trabajo judicial con el diagnóstico social y con información, y se buscarían posibles soluciones en el ámbito asistencial. En suma, nos acercaría un poco más a la excelencia. Al concepto de una Justicia más humana, atenta y cercana.

 

  1. i) Establecimiento de mecanismos procesales y organizativos que permitan afrontar con eficacia y celeridad la entrada masiva de demandas. La jurisprudencia del TJUE ha supuesto indudablemente mayor concienciación de los derechos de los consumidores que en contrapartida ha generado aluviones de demandas que se han contado por decenas de miles en ciertos partidos judiciales. Es necesario que el proceso español se adapte debidamente a las directrices que ha desarrollado el TJUE en materia de consumo desde el año 2000 y que exista una cierta previsión organizativa y mecanismos procesales adecuados para afrontar estas situaciones, al tiempo que deben sin duda potenciarse los mecanismos alternativos de solución de conflictos (ADR), como lo es el arbitraje de consumo, en la línea que marca la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que por cierto debería haber sido traspuesta al ordenamiento español el pasado mes de julio de 2015.

 

  1. j) Revisión del reparto competencial con las CCAA. Es preciso redefinir las competencias de las CCAA, ya que frecuentemente actúan como auténticos reinos de taifa en el ámbito judicial con una descoordinación absoluta poniendo fin a la fragmentación de los centros de decisión y sobre todo al frecuente incumplimiento de su obligación institucional de dotar de medios suficientes a la Administración de Justicia, y paralelamente, que se reconozca al CGPJ la facultad de control sobre el cumplimiento por las CCAA de dicha obligación, en especial cuando se trata de refuerzos ya acordados por el propio CGPJ, y singularmente en lo relativo a funcionarios. La situación de los Juzgados es muy lamentable en algunas CCAA, que en cuanto a la modernización judicial ni están ni se les espera. La falta de un claro y único modelo de organización de ámbito nacional ha derivado en el escenario actual de dispersión, superposición y confusión de competencias en el ámbito de la Justicia. El resultado es un sistema de gestión y control absolutamente irracional e ineficiente, que no solo hace inviable una política seria y coherente en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia (dotación y racionalización de los medios materiales y humanos), sino que además ha terminado comprometiendo el gobierno mismo del Poder Judicial y la independencia material de jueces y magistrados y ha determinado evidentes desigualdades en materia de justicia en diferentes territorios.

 

  1. k) Insuficiente modernización informática. Continúa la triste e incomprensible incompatibilidad sistemas informáticos de las distintas CCAA. Ha de adoptarse con urgencia una solución que permita compatibilizar todos los sistemas o establecer uno único para todo el Estado.

 

  1. l) Expediente digital. La falacia del “papel cero”. El expediente digital es desde luego deseable y necesario y sería un avance muy positivo, pero se ha seguido un camino inadecuado sin previsión, sin inversión, de forma incompleta, con precipitación e improvisación, sin experiencias piloto y con falta de coordinación de las CCAA y con constantes fallos del sistema debido a la ausencia de modernización informática en muchos territorios. Y, muy importante, sin contar con los jueces, al margen de nuestra opinión y de las características de nuestro trabajo. Las experiencias puestas en marcha han convertido a los Juzgados en oficinas impresoras de demandas que luego son repartidas en papel. Este no es el expediente digital que pedimos.

Los jueces no nos oponemos a la implantación del expediente digital, pero el sistema de desarrollo del mismo es altamente deficitario; se está haciendo, ninguneando absolutamente a los jueces, prohibiendo incluso la impresión de documentos por los mismos, eso sí, pudiendo hacerlo los LAJ. El sistema es estructuralmente deficiente ya que no tiene en cuenta la necesidad de que en juicio estén presentes los documentos originales, a efectos de su reconocimiento por las partes y los testigos, de lo cual puede depender una absolución o una condena. El CGPJ debe poner a disposición de los jueces una oficina de coordinación informática para recoger las sugerencias y quejas que puedan producirse en el desarrollo del expediente digital ya que el Ministerio no tiene en cuenta ninguna de ellas. Es el momento de que CGPJ ejerza sus competencias y deje de ponerse de lado.

 

2.- PROPUESTAS PARA ELIMINAR LA APARIENCIA DE POLITIZACIÓN

  1. a) Sistema de elección de los Vocales del CGPJ. En este asunto debe partirse de la premisa de que los jueces españoles ejercen su función jurisdiccional con total independencia y libertad de criterio, sólo sometidos a la Ley tal y como establece el art. 117.1º CE, sin que exista ningún tipo de influencia política. Pero si bien ello es cierto, coincidimos con las asociaciones judiciales (porque es sentir mayoritario de la Carrera Judicial y así lo venimos señalando año tras año), que es preciso reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en su órgano de gobierno, o lo que es lo mismo para apuntalar la credibilidad del sistema, y en este sentido la designación política de los Vocales del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, está resultando muy perjudicial para la imagen de los jueces y de su independencia, por lo que entendemos que el CGPJ debe de quedar al margen de cualquier tipo de influencia o designación política, como así venimos postulando desde hace muchos años. Ello pasa no sólo porque sus miembros judiciales sean elegidos por los jueces –mediante sufragio libre, igual, directo y secreto- y no por el Poder Legislativo, sino también por potenciar sus competencias, garantizar un cierto ámbito de autonomía presupuestaria y asegurar que la elección de sus miembros responden al único fin de garantizar la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros, para lo cual se considera imprescindible recuperar la elección directa de los vocales judiciales por los propios jueces con criterios de proporcionalidad y las competencias necesarias para el desarrollo de su función constitucional en la línea señalada por la reciente Sentencia de 21 de junio de 2016, dictada por el TEDH, en el asunto “Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal”. En el mismo sentido el Comité de Ministros del Consejo Europa recomienda la elección de los miembros judiciales de los consejos del poder judicial por los propios jueces. De hecho en abril de 2016 aprobó un “Plan de acción para fortalecer la independencia y la imparcialidad judicial” que recomienda a los Estados miembros la adopción de medidas para “despolitizar el proceso de elección o nombramiento de personas para los consejos del poder judicial”, propugnando que dicha elección se realice “por sus pares”, asegurando así que “una mayoría o al menos la mitad de ellos son miembros judiciales que representan a todos los niveles de la judicatura”. Finalmente, hace sólo unos días se ha hecho público el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa, en el que se criticó duramente al Estado Español por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. El informe denuncia la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del CGPJ para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”. Los miembros del GRECO lamentan que a pesar de advertencias anteriores de este organismo España parezca no haber hecho ninguna reflexión y recuerda que para luchar contra la corrupción las autoridades políticas no deberían intervenir en “ninguna de las etapas” del proceso de designación de los magistrados. El Estado español sigue incumpliendo dichas recomendaciones.

 

  1. b) Elección por los propios jueces y magistrados de las Presidencias de Tribunales.- Hoy dichos cargos son de designación discrecional. La razón de la propuesta es sencilla: se trata también de relevantes órganos de gobierno judicial, la elección por los propios jueces está en el espíritu de las recomendaciones del Consejo de Europa y no existe otro sistema más sencillo, trasparente, democrático y objetivo que éste. Por supuesto en el caso de creación de los Tribunales Colegiados el nombramiento de su Presidente o Decano deberá ser por elección de los propios jueces. Los jueces Decanos defendemos este sistema de elección que es el que se sigue en nuestro caso y el de mayor aceptación en la carrera judicial según recientes encuestas.

 

  1. c) Independencia económica del poder judicial. El Poder Judicial es hoy económico-dependiente. Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos, ya que ello puede derivar en una sutil forma de condicionamiento de la eficacia judicial. Al menos debería garantizarse dicha autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el CGPJ es caótico, lento e ineficaz. En todo caso, las retribuciones de los jueces deben pasar a depender del CGPJ y no del Ministerio de Justicia.

 

  1. d) Mayor contundencia del CGPJ en el amparo frente ataques a la independencia judicial. Los Jueces Decanos demandamos del CGPJ una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional en lo que suponen de afrenta a la independencia judicial. Quizás por este motivo el cauce institucional de la solicitud de amparo es escasamente utilizado por los jueces.

 

  1. e) Responsabilidad judicial, responsabilidad pública y responsabilidad política. El proceso penal debe quedar al margen de cualquier tipo de instrumentalización y para ello es muy necesario zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación en los cargos públicos cuya indefinición genera mucha confusión y debates estériles pero muy dañinos ya que en la mayoría de los casos son utilizados políticamente. El debate político debe tener lugar fuera de los tribunales.

 

  1. f) Reducción de los aforamientos.- Los aforamientos complican, dilatan y perjudican notablemente la tramitación de las causas por corrupción –sobre todo en la fase de investigación- y además evidencian desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que no tiene sentido en pleno siglo XXI. Lo cierto es que a pesar del ya dilatado debate sobre la supresión o limitación de los aforamientos, no se ha suprimido ni uno solo, ni siquiera los previstos en los Estatutos de Autonomía, que los han multiplicado por 17, situación sin parangón en Europa. De hecho hace ya tres años los Jueces Decanos fuimos los primeros en señalar el problema y abogamos por su desaparición. Por otro lado, la medida que se propone fue avalada por el 85% de los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada en 2015 por el CGPJ. En la misma línea argumental, deberían suprimirse ciertos privilegios recogidos en la LECrim que eximen a determinadas autoridades y/o personalidades políticas de su obligación de comparecer ante el juez.

 

  1. g) Una excepción a la potestad jurisdiccional: los indultos. La regulación de los indultos en España es obsoleta, regulada en una Ley de 1870. No basta con excluir determinados delitos de su ámbito (corrupción, violencia de género, etc…) porque en los demás casos, el indulto seguirá siendo una excepción a la independencia judicial. La institución del indulto puede tener sentido en casos muy excepcionales para mitigar la rigurosa o tardía aplicación de la ley, pero debería ser siempre motivado y requerir al menos informe favorable del tribunal sentenciador; y especialmente debe modificarse la regulación de la suspensión provisional de la ejecución pena en caso de solicitud de indulto (art. 4.4º CP), de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo.

 

  1. h) Regulación y limitación de las “puertas giratorias”.- El trasiego de los jueces de la judicatura a la política y viceversa, aunque poco frecuente, provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad de los jueces. Por ello, los Jueces Decanos proponemos limitar estos viajes de ida y vuelta, con la oportuna reforma de la LOPJ.

 

  1. i) Supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.- Deben prohibirse no sólo por tratarse de una rechazable forma de designación política de los magistrados, sino porque además dichos magistrados una vez destinados en los Tribunales Superiores de Justicia son potencialmente los jueces encargados de enjuiciar a los aforados que les han nombrado.

 

3.- SOLUCIONES PARA LA AGILIDAD, LA EFICACIA Y LA CALIDAD

 

  1. a) Cargas de trabajo. Sin la definición de este elemento no es posible ninguna planificación de futuro y mucho menos un mapa judicial serio. Debe determinarse definitivamente la carga de trabajo de los jueces por el CGPJ y aplicar el límite de entrada de asuntos máximo admisible. Una vez alcanzada la carga máxima, y sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares para no perjudicar al ciudadano, no debe permitirse la tramitación de ningún asunto más para garantizar la eficacia y calidad del trabajo judicial creando de forma automática las nuevas plazas judiciales necesarias para cubrir el exceso, pero nunca permitir la sobrecarga. Hoy no se adopta ninguna medida si el juzgado lleva por ejemplo 2000 asuntos cuando el máximo recomendable son 500 más allá de refuerzos coyunturales. El sistema no puede descansar exclusivamente en el voluntarismo o heroicidad de los jueces poniendo en riesgo su salud debido a la resistencia a crear plazas judiciales suficientes o incrementar la plantilla judicial.

A los indicados efectos, se interesa del CGPJ que dé el impulso necesario en orden a hacer realidad la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016, conforme a la cual se planteaba: “fijar, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010”, que sigue utilizando para la inspección de los Tribunales. Y sin que en ningún caso pueda hacerse recaer en los integrantes de la carrera judicial la inoperatividad del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo. En todo caso, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para la determinación de dichas cargas de trabajo.

 

  1. b) El supuesto descenso de las causas penales según el Ministerio de Justicia.- Recientemente se ha difundido en diversos medios de comunicación las sorprendentes declaraciones del Ministerio de Justicia sobre el descenso de las causas penales gracias a las recientes reformas penales. Al respecto cabe aclarar, para evitar confusiones, que la carga de trabajo de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal es exactamente la misma que antes de las reformas, solo que, como consecuencia de la nueva redacción del art. 284 LECrim ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción los atestados sin autor conocido, lo que simplemente ha supuesto descargar a la oficina judicial -que no al Juez- de un trabajo meramente burocrático, es decir, ahora estos atestados se quedan en las Comisarías. La medida es positiva y de hecho fueron los Jueces Decanos quienes ya en 2009 la propusieron, pero no debería utilizarse demagógicamente dando una información incompleta. Por otro lado la despenalización de las faltas -también propuesta por los Jueces Decanos en su día- ha tenido un efecto relativo, porque se ha agravado la mayor parte de dichas infracciones elevándolas a la categoría de delito. De hecho, siguen conociendo de las mismas los Jueces de Instrucción y tras la reforma, no sólo cuando la pena corresponde a delito leve sino incluso también a delito menos grave. Finalmente los delitos relacionados con la circulación de vehículos ha pasado en su mayor parte a la jurisdicción civil, por lo que esta carga de trabajo simplemente ha pasado de un orden jurisdiccional a otro. Por otro lado, la incomprensible instauración de la limitación temporal de la instrucción, ejemplo de reforma innecesaria y meramente voluntarista llevada a cabo sin valorar las consecuencias y, obviamente, sin inversión alguna para agiliza las causas, ha afectado muy negativamente al trabajo de las fiscalías y juzgados. No por introducir en una ley una limitación temporal los procedimientos van a ganar en rapidez ni en calidad de la investigación, si acaso se verá incrementado el riesgo de cerrar en falso de investigaciones penales que no han podido concluirse debidamente, y sobre todo, supone desconocer que gran parte de los “tiempos muertos” de la investigación no dependen del juzgado (comisiones rogatorias, atestados ampliatorios, informes periciales de todo tipo, etc…), por lo que la reforma merece un juicio muy negativo.

 

  1. c) La Justicia como elemento dinamizador de la economía.- A pesar de que el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos, nadie duda hoy, en cualquier país desarrollado, de la enorme relevancia de la Administración de Justicia como elemento para dinamizar la economía, para impulsar el intercambio de bienes y servicios. Es más, los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión. Por tanto, la eficacia del sistema judicial es un factor de primer orden a tener en cuenta para favorecer la competitividad de los Estados, en este caso de España. Es más, el Consejo de la UE ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos. Como hemos señalado los Jueces Decanos de toda España, un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y por ende la inversión interna y extranjera. De hecho, uno de los primeros parámetros que analizará con sumo interés una empresa extranjera es la solidez del sistema judicial y la seguridad jurídica del país donde se pretende invertir. En este sentido basta reseñar un dato para evidenciar la trascendencia de la maquinaria judicial en la economía: según los últimos datos del CGPJ correspondientes a 2014, los movimientos (ingresos y devoluciones) en las cuentas de consignaciones judiciales en toda España han ascendido a más de 16.000 millones de euros, suma que aun siendo muy elevada, no hay que olvidar que se refiere a una mínima parte de los procesos que se tramitan en nuestro país, pues la mayoría de las resoluciones judiciales no conllevan consignación en las cuentas de los juzgados. Algunos expertos afirman que los intereses en juego en la Justicia pueden ascender a más de 50.000 millones de euros. En el sistema judicial actual, estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años si contamos las diversas instancias. Por tanto, este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras esta “judicializado”; no puede ser que tal potencial económico quede congelado en la Justicia, que debería ser precisamente un acicate para engrasar la maquinaria económica, para fijar y dar satisfacción y salida a los créditos, a las transacciones controvertidas, en un plazo razonable, fijando y declarando derechos. Debe pues darse una respuesta rápida a las situaciones litigiosas “congeladas” en los tribunales. Una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores, puede, por ejemplo, hundir una empresa a la que se deba una importante suma, sobre todo si es pequeña o que acabe siendo liquidada en un proceso concursal, o que desaparezca antes de que se le reconozca su derecho a la segunda oportunidad o extinción de sus deudas en casos excepcionales. La Justicia no puede ser un problema para la economía, al contrario, debe ser la solución, debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas, dicho de otro modo, debe contemplarse como instrumento para contribuir al flujo económico sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario. Recientes informes del Banco de España subrayan que la Justicia tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito, la morosidad, la subsistencia o la creación de nuevos negocios por parte de los emprendedores, que pueden verse afectados por el buen o mal hacer de los órganos judiciales, y se ponen de manifiesto toda una serie de evidencias que muestran, en definitiva, que invertir en Justicia repercute finalmente en la buena evolución de la economía y los mercados. Ante todo ello la pregunta es obligada: ¿para cuándo una inversión suficiente en Justicia que repercuta en beneficio de la economía?

 

  1. d) Urge una solución inmediata para los Juzgados de lo Mercantil, de 1ª Instancia y de lo Social. A propósito de la influencia de la Justicia en la economía, cabe destacar que la entrada masiva de asuntos en el ámbito civil, mercantil y laboral han saturado a los Juzgados de dichas jurisdicciones –fundamentales en el ámbito económico- hasta el punto que los señalamientos se han demorado en algunos casos hasta fechas insoportablemente lejanas siendo especialmente lamentable la situación de los Juzgados de lo Social, que bien puede calificarse de “crítica”. El 93% de los Juzgados de lo Mercantil, el 95% de los Juzgados de 1ª Instancia y el 97% de los Juzgados de lo Social superan el 150% del indicador de entrada adecuada de asuntos del CGPJ. Esta situación produce desánimo, sobre todo por la inacción y porque, al final, están en juego los derechos ciudadanos y en ocasiones la propia subsistencia de quien acude a los tribunales, de su familia o de una empresa. Año tras año se denuncia la situación, incluso existen informes del CGPJ que señalan los Juzgados necesarios que deberían crearse, pero todo sigue igual y no se adoptan soluciones más allá de refuerzos coyunturales.

 

  1. e) Creación de órganos especializados en materia de investigación e instrucción de los delitos de corrupción y económicos a nivel provincial.- Esta medida fue apoyada por el 89% de los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015.

 

  1. f) Cuerpos de peritos e informes periciales.-

 

  1. Necesaria creación de un cuerpo de peritos contables.- Es imprescindible la creación de un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse -ordinariamente por los jueces en el orden penal- con la rapidez que supone su cercanía y trabajo conjunto, y no sólo en las causas complejas. Se trata de una medida fundamental de asesoramiento a los jueces, expertos en Derecho, no en contabilidad o economía, que redundaría en una mayor agilidad, calidad y eficacia del trabajo judicial. Esta medida, que obtuvo el respaldo casi unánime de los jueces (94%) en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015, debería ir acompañada por otras como la organización de equipos de investigación integrados por expertos en materia económica o financiera desde el inicio de las investigaciones, que deben trabajar en perfecta coordinación entre los Jueces y las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado (UDEF y UCO en particular). Dichos peritos deberían prestar su asesoramiento si así se solicita, no sólo al Juez sino por designación de éste, sino a los funcionarios policiales desde el primer momento de las investigaciones.
  2. Facilitar la disponibilidad de peritos y su adecuada retribución.- En todo caso, al margen de lo ya expuesto sobre la necesidad de un cuerpo de peritos contables, la práctica enseña que en materia penal los peritos son designados normalmente de oficio y los retribuye la Administración. El problema radica en que las causas y los informes que se solicitan son cada día más complejos y ante la escasa retribución son constantes las renuncias de los peritos. Si se desean informes periciales de excelencia y de cierta complejidad, es necesario retribuir adecuadamente a los peritos judiciales. Ello que sitúa a los jueces en una agotadora y constante labor de búsqueda del perito dispuesto a realizar el oportuno informe. Esta situación complica notablemente el trabajo de los jueces e implica que, más allá de su función, tengan que enfrentarse a innumerables dificultades y ciertas resistencias a la hora de contar con asesoramiento pericial, en especial el contable o financiero en asuntos complejos, cada vez más necesario y fundamental en cierto tipo de delitos. Téngase presente por otro lado, que dicha pericia es fundamental en un buen número de delitos, cada vez más frecuentes, quizás la segunda modalidad de prueba pericial en importancia tras la pericial médica que realizan hoy los médicos forenses integrados en los IML, un cuerpo de funcionarios altamente cualificados y especializados en medicina legal, hoy absolutamente imprescindible.
  3. Creación de un cuerpo peritos informáticos a disposición jueces, cada vez más necesario dada la proliferación de causas en las que es necesaria la pericia informática debido a la creciente comisión de delitos las redes sociales o internet en general. También esta medida fue ampliamente respaldada por los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015 (97%).
  4. Potenciación de los conciertos con entidades públicas que puedan auxiliar a los Juzgados con pericias de calidad como la AEAT, el Banco España, la Intervención General del Estado, Universidades, Colegios Profesionales, etc…
  5. Exigencia de colaboración institucional en apoyo del trabajo de los juzgados, que no siempre se da. En este sentido la creación de la Unidad de Apoyo para las Causas por Corrupción (UACC) del CGPJ merece una valoración positiva y debe potenciarse su papel para recabar la colaboración de las Administraciones Públicas y en particular la puesta a disposición de los jueces instructores de causas por corrupción de especialistas en economía, contabilidad, informática y otras materias, siendo ésta una de las funciones atribuidas a dicha oficina.
  6. El papel del CGPJ.- Reclamamos del CGPJ que adopte las medidas necesarias para facilitar y asegurar el debido asesoramiento técnico de los jueces liderando e impulsando las medidas que estime oportunas a la vista de lo anteriormente expuesto en lo relativo a la prueba pericial, dado que es al máximo órgano de gobierno judicial al que corresponde desarrollar las gestiones necesarias para mejorar la efectividad del trabajo de los jueces. A tal fin aplaudimos la creación y finalidad de la Unidad de Apoyo para causas de Corrupción (UACC) que debe potenciarse.

 

  1. g) Incremento de policía judicial especializada y su regulación como auténtica policía judicial. Es imprescindible que los jueces y fiscales cuenten con directos colaboradores policiales a sus órdenes directas dando pleno cumplimiento al art. 126 CE y en los términos previstos en el Anteproyecto de Reforma de la LECrim de 2012, con un estatuto que impida que puedan ser removidos de su cargo hasta que finalice la instrucción, salvo autorización del juez instructor (o fiscal), y siempre con los medios adecuados y más avanzados. No debe olvidarse que hoy por hoy la policía depende orgánicamente del Poder Ejecutivo. Además, procede incrementar la plantilla de los equipos de policía judicial especializada en delitos económicos y de corrupción, hoy manifiestamente insuficiente (UDEF, UCO, etc…) cuyo trabajo merece un justo reconocimiento, junto con una formación intensiva y el incremento y modernización de los medios de que disponen si se pretende una lucha eficaz contra quienes tienen todos los recursos a su alcance.

 

  1. h) Reformas procesales y penales. Sin perjuicio de la necesidad de la anhelada reforma integral del proceso penal, que nunca llega, y del debate entorno a la cuestión de a qué autoridad se otorga la dirección de la investigación, es necesario al menos acometer sin demora reformas de menor calado y sin grandes costes pero que podrían producir buenos resultados en el orden penal como:

 

  1. Agilizar y acelerar el nombramiento de refuerzos, en especial para los jueces de instrucción que conozcan de causas de especial complejidad, lo que les permite dedicarse en exclusiva a dichas causas con absoluta dedicación. Hoy el trámite es lento y muy burocrático y frecuentemente llega tarde. En este sentido destacar la creación de la UACC en la línea de las propuestas de los Jueces Decanos de los últimos años, ya que se ha establecido un procedimiento preferente e inmediato para tramitar con rapidez las solicitudes de refuerzo, a través de las Salas de Gobierno de los TSJ y posterior remisión directa a la UACC.
  2. La necesidad limitar y racionalizar sistema recursos en fase sumarial manteniéndolos respecto de medidas cautelares y acumulando los mismos al finalizar la instrucción es una medida fundamental para agilizar la instrucción: hoy cualquier resolución del Juez de Instrucción es recurrible, hasta la más intrascendente o de mero trámite, que acaba resolviendo la Audiencia Provincial lo que retrasa considerablemente la investigación. Esta medida tuvo un respaldo del 87% de los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015.
  3. La potenciación y regulación adecuada de la figura del denunciante confidencial, o del arrepentido, en este caso con importantes reducciones de penas, así como la reforma de la Ley de Protección de Peritos y Testigos de 1994, que tiene más de 20 años de antigüedad y cuya regulación hoy es insuficiente e inadecuada. Debe ponerse fin a la injusta e impresentable situación de acoso constante a los denunciantes especialmente en delitos de corrupción a menudo sometidos a presiones, coacciones y amenazas de todo tipo. Es necesaria una especial sensibilidad sobre esta cuestión que debe llevar a estudiar este tipo de medidas protectoras, que además redundará en beneficio del afloramiento de casos de corrupción e incentivará su denuncia (ambas medidas fueron ampliamente respaldadas por la Carrera Judicial con el voto de un 85% y 91% de los encuestados, respectivamente, en la Encuesta del CGPJ de 2015).
  4. El mantenimiento de la institución de la acusación popular pero con limitaciones y adecuada regulación para evitar un mal uso de la institución, constitucionalmente reconocida; singularmente, se debe reflexionar sobre la personación de los partidos políticos en los procesos judiciales como acusación popular.
  5. La necesidad de abrir un debate sobre el mantenimiento de la exigencia de responsabilidad civil en el proceso penal, ya que lo retrasa extraordinariamente, al menos cuando exista una ingente cantidad de perjudicados (medida apoyada por el 74% de la carrera Judicial en la Encuesta de 2015).
  6. Sustraer del ámbito del Tribunal del Jurado los delitos de corrupción política.- Media respaldada por el 87% de la Carrera Judicial en la referida encuesta.
  7. Plantear la externalización a la AEAT de la exacción de las multas penales, obviamente bajo control judicial, como de hecho ya se prevé para los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, sin perjuicio de extender la medida progresivamente y en un futuro, a toda la ejecución civil o la responsabilidad civil derivada del delito, obviamente bajo estricto control judicial.
  8. Valorar la introducción de una modalidad de delito cualificado de obstrucción a la Justicia para el caso de falta de colaboración con la Justicia y en especial cuando en el curso de una investigación no se remita al juez la documentación requerida o se remita incompleta bajo excusas o subterfugios.
  9. La agravación del delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario público cuando se dan circunstancias de especial gravedad.
  10. La limitación o prohibición legal de la suspensión de la pena en caso de delitos de corrupción, salvo casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas recibidas, malversadas o apropiadas.
  11. La articulación de instrumentos eficaces de cooperación judicial internacional. Las comisiones rogatorias retrasan notablemente los procesos especialmente cuando se trata de países que quedan fuera de la UE, por lo que es muy conveniente promover convenios para el auxilio judicial internacional y el intercambio de información directa entre jueces y fiscales.
  12. Es imprescindible poner en marcha y a pleno rendimiento, cuanto antes, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuyo papel es esencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
  13. La promoción de la utilización de los servicios de EUROJUST y REJUE.
  14. El impulso de acciones eficaces para combatir los paraísos fiscales.

 

4.- VALORACIÓN DE LAS RECIENTES REFORMAS LEGALES

 

1. Referencia a las recientes reformas.- Muchas de las reformas recientes no son las que necesita la Justicia española, e incluso en ocasiones han tenido efectos muy perjudiciales como ha sucedido con la relativa a la limitación del plazo de la instrucción; otras son claramente positivas como la nueva regulación del decomiso, el estatuto de la víctima, la regulación pormenorizada de medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales, la introducción del principio de oportunidad en delitos leves o la no remisión de atestados sin autor conocido, medidas solicitadas en su día por los Jueces Decanos. En todo caso sería deseable que se superara la dinámica de continuas y parciales reformas legales, siempre sin dotación presupuestaria, y rechazar la “motorización legislativa” y avalancha de leyes sin apenas vacatio legis, como la acaecida en 2015, que genera inseguridad y dificulta el estudio de las nuevas normas por los profesionales.

 

  1. Especial referencia a la reforma de la LECrim operada por LO 13/2015 en lo relativo a las medidas limitativas de derechos fundamentales. Dicha reforma, que ha actualizado la obsoleta regulación de las medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales, merece sin duda un juicio muy positivo dado que, aunque pueda sorprender, la regulación derogada en una materia tan trascendental era manifiestamente deficiente, algo que ya se reclamó en las Conclusiones de la XXIV Reunión de Jueces Decanos celebrada en Valencia en diciembre de 2014 en las que solicitábamos “una regulación clara, actualizada, exhaustiva y ordenada de todas y cada una de las diligencias de investigación y sus requisitos con las aportaciones de la jurisprudencia”. Y añadíamos: “Su regulación es hoy anticuada, deficiente o confusa, a veces incluso inexistente. Ello proporcionaría seguridad jurídica a los jueces de instrucción y evitaría dudas, recursos y nulidades”.

 

  1. Especial referencia al Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima aprobado por Ley 4/2015 merece una valoración positiva, una Ley sin duda imprescindible, aunque los medios para aplicarla son claramente insuficientes. Es más, su Disposición Adicional Segunda prohíbe expresamente destinar ni un solo euro a los medios personales de atención a las víctimas, algo realmente sorprendente. Si se legisla sin invertir, la aplicación de la ley será tarea imposible. Hacen falta traductores, intérpretes, psicólogos, trabajadores sociales, dependencias adecuadas para realizar las exploraciones de menores sin riesgo de daño psicológico, sistemas adecuados de videoconferencia, suficientes oficinas de asistencia a la víctima, etc…. El Estado cada vez reconoce más derechos e impone más obligaciones a los Juzgados en la tramitación de las causas, pero no ayuda ni invierte en Justicia, lo cual es un contrasentido.

 

  1. Especial referencia Ley de Segunda Oportunidad. La Ley de Segunda Oportunidad es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos. Las cifras son elocuentes: sólo 344 concursos de persona física no empresario en el primer semestre de 2016, que no llegaron a 600 en 2015, cuando en Francia o Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de persona física al año. Hemos sido los últimos de Europa en regular la segunda oportunidad y lo hemos hecho de forma timorata, hasta el punto que la Ley no ha tenido incidencia alguna, no ha servido para recuperar a miles de personas situadas en el ostracismo civil debido a sus deudas y que podrían iniciar una nueva vida como emprendedores, generar riqueza y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos con sus tributos. Y además la regulación es muy compleja y el proceso laberíntico, alejándonos de la agilidad y sencillez que recomendaba la UE. Para un jurista no hay mayor fracaso que una ley inútil. Urge por tanto la reforma de la Ley Concursal en este punto y regular una verdadero sistema de exoneración de deudas siempre que se trate lógicamente de deudores responsables y de buena fe, arbitrando un sistema más sencillo eludiendo el laberinto concursal, extendiendo la posibilidad de exoneración a las deudas públicas, definiendo de manera más estricta el concepto de deudor de buena fe y fomentando el crédito responsable, haciendo de peor condición al acreedor irresponsable, como sucede en Francia, en la línea de la Directiva 2014/17 cuyo plazo de transposición ha transcurrido.

 

 

Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.

El Supremo reconoce por primera vez el derecho de los padres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2016 a las 15:06

vientre dealquiler

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social. En una nota informativa, el Pleno ha hecho pública su decisión de estimar los recursos de casación para la unificación de doctrina planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestación por sustitución, que está inscrito en el Registro del Consulado de España en Los Angeles; y en el otro caso, el de un hombre que concertó una reproducción asitida en la India  con su material genético. En este último caso, la Sala Cuarta transfiere las prestaciones que corresponderían a la madre biológica, que no va a poder disfrutarlas, al padre de las dos niñas. La Seguridad Social les había denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducción Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustitución.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo constituida en Pleno ha deliberado en la fecha de hoy dos recursos de casación para unificación de doctrina en los que se planteaba si la maternidad por subrogación o sustitución puede considerarse situación protegida a los fines de la prestación por maternidad, adopción o acogimiento, con la particularidad de que en uno de los casos el solicitante de la prestación era un varón.

En efecto, en el primer caso se trata de una trabajadora que tiene un hijo en virtud de un contrato de gestación por sustitución, hijo que consta escrito en el Registro del Consulado de España en Los Ángeles, figurando la actora como madre y su pareja varón como padre.

En el otro supuesto se trata de un español que concierta una reproducción asistida en la India, utilizándose su material genético. La madre gestante alumbró dos niñas y aceptó que el hombre asuma, en exclusiva, “todas las funciones y obligaciones que se derivan de la patria potestad”. Las menores fueron inscritas en el Registro Consular como hijas de los padres biológicos (la madre “de alquiler” y el varón español), siendo trasladadas a España por su progenitor. La Seguridad Social española denegó las prestaciones “de maternidad” solicitadas por el padre de las menores puesto que la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los solicitantes de tales prestaciones, pues ha estimado que ha de hacerse una interpretación integradora de las normas aplicadas, contempladas a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de diversos preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.

En el caso del varón, se recuerda que las prestaciones por maternidad también cubren supuestos de adopción o acogimiento, que la madre puede transferir al padre una parte de ellas y que, en ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas (muerte, ausencia de protección) se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión.

El Tribunal Supremo también advierte que no se aprecia conducta fraudulenta, que la atención a los menores es el punto de vista predominante cuando se trata de prestaciones de Seguridad Social, que las prohibiciones sobre inscripción registral o sobre el propio contrato de maternidad por sustitución quedan al margen del problema y que no se está creando una prestación de Seguridad Social, sino interpretando las exigencias de las actuales conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico.

 

Los asuntos ingresados en los juzgados andaluces caen un 29,6% en el segundo trimestre

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2016 a las 6:00

El descenso más acusado, del 40,4 %, se da en la jurisdicción penal, como consecuencia de la reforma de la LECrim

Baja también el número de nuevos asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que aumenta en la social y civil * La tasa de litigiosidad en Andalucía en el segundo trimestre del año fue de 39,7 asuntos por cada mil habitantes, la segunda más alta de España Granada, 19 de octubre de 2016.

abogado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales andaluces en el segundo trimestre del año fue de 340.209, lo que supone una disminución del 29,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, según los datos del informe “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2016” hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El descenso más acusado se dio en la jurisdicción penal, con un 40,4 % menos de nuevos asuntos que en el segundo trimestre del año pasado, como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción.

La reforma legal tiene también reflejo en el número de asuntos resueltos por los tribunales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados, que fue de 361.442. La cifra supone un 27,9 % menos que en mismo trimestre de 2015, cuando la LECrim aún no había sido modificada y se contabilizaban los asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción, que se
resolvían de forma inmediata con un auto de archivo por falta de autor conocido.

Por último, el número de asuntos que quedaron en trámite al final del segundo trimestre del año fue de 478.538, un 9% menos en al final del mismo periodo del año anterior.

Datos por jurisdicciones

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en los meses de abril, mayo y junio de este año alcanzó los 97.390, lo que representa una aumento interanual del 1,5 %. La cifra de asuntos resueltos fue de 99.414 y la de asuntos en trámite al final del periodo de 223.303. En la jurisdicción penal, el número de nuevos asuntos fue de 211.854, un 40,4 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2015. En esta jurisdicción se resolvieron 223.598 asuntos y quedaron en trámite al final
del periodo otros 146.864.

Como se ha indicado, la importante reducción en el número de asuntos ingresados obedece a la entrada en vigor de la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim, que en el segundo trimestre de 2016 ha tenido como consecuencia que la cifra de nuevos asuntos en los Juzgados de Instrucción –que antes recibían los atestados policiales sin autor conocido del delito
denunciado- haya bajado casi a la mitad.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en el segundo trimestre del año 13.249 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 9,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. El número de asuntos resueltos fue de 19.139 y el de asuntos en trámite al final del trimestre de 47.108, lo que supone un 24, 7% menos que en el segundo trimestre de
2015.

En cuanto a la jurisdicción social, el número de asuntos ingresados en el segundo trimestre fue de 17.716, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 19.291 asuntos y quedaron en trámite otros 61.263.

Canarias, Andalucía y Madrid, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el segundo trimestre del año fue de 34,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional son Canarias (40,8 asuntos por cada mil habitantes), Andalucía (39,8), Madrid (35,9), Murcia (35,8), Illes Balears (35,5), Comunidad Valenciana (35,3) y Cantabria (34,8). En el otro extremo, las Comunidades con una tasa de litigiosidad más baja
fueron el País Vasco y La Rioja (ambas con 24,6 asuntos por cada mil habitantes), y Navarra (26,6).

El Supremo reconoce el derecho de una juez a prorrogar la reducción de jornada por un hijo enfermo

Jorge Muñoz | 17 de octubre de 2016 a las 15:42

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de no prorrogar la reducción de jornada de una jueza para el cuidado de su hijo enfermo.
El Consejo General del Poder Judicial concedió a la magistrada una reducción de jornada de un 80 por ciento para cuidar del niño, menor de edad, que nació con múltiples enfermedades congénitas. Como tenía que ser hospitalizado con frecuencia, la madre adaptó la vivienda siguiendo las indicaciones del servicio médico del Hospital de la Paz que desaconsejaban los ingresos, debido, entre otras razones, al alto riesgo de infección respiratoria. Los mismos médicos formaron a la mujer para que pudiera cuidar a su hijo preferentemente en casa.

El permiso que se le concedió el 23 de octubre de 2013 no afectaba a su sueldo y suponía que la jueza tenía que ir un día a la semana al juzgado, encargándose un juez sustituto del resto de las jornadas y de las guardias. La medida se le concedió por un periodo de seis meses, siempre que subsistiese la situación y sin perjuicio de posibles prórrogas.

La situación fue prorrogada en tres ocasiones, mediante acuerdos de la Comisión Permanente de 29 abril 2014, 27 octubre de 2014 y 27 de mayo 2015, pero la cuarta solicitud fue denegada por este mismo órgano que consideró que los cuidados que necesita el niño durante el horario de trabajo de la madre pueden ser asumidos por el padre que no trabaja. En el mismo se indicaba que las enfermedades graves acreditadas por su hijo menor no requerían actualmente ingreso hospitalario de larga duración por lo que no concurría el supuesto que requiere una licencia de este tipo –artículo 223 h) Reglamento Carrera Judicial (cuidado directo, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor afectado por enfermedad grave hasta que cumpla los 18 años con 50% reducción jornada como mínimo sin tope máximo), sin perjuicio de que solicite otra más acorde con la situación padecida, como la prevista en el artículo 223 e) del Reglamento de Carrera Judicial (cuidado directo de menor de doce años con tope máximo del 50% de reducción con disminución proporcional de retribuciones) .

En desacuerdo con esta decisión, la mujer presentó recurso contra dicho acuerdo en el que argumentaba que su situación se encuadra en el supuesto de hospitalización y tratamiento del hijo menor de edad del artículo 223 h) que permite la reducción de jornada sin disminución de retribuciones, al menos en la mitad del periodo de audiencia pública. Añadía que la adaptación de su vivienda, el cuidado continuado y especializado del menor y la supervisión del servicio médico del hospital equiparan su situación a la de hospitalización. Y, por último, sobre la posibilidad de que su marido se ocupara de una parte de los cuidados, sostenía que no estaba preparado y que su matrimonio estaba en crisis.

Falta de justificación

La Sala Tercera en su sentencia concluye que el CGPJ acordó inicialmente la reducción de jornada basándose conjuntamente en los apartados e) y h) del artículo 223 del Reglamento de la Carrera Judicial, y ese mismo criterio mantuvo en las sucesivas prórrogas. Así mismo añade que “si ha considerado varias veces que la situación es encuadrable en el referido apartado h), habría debido explicar qué ha cambiado en esta ocasión con respecto a anteriores solicitudes de prórroga de la reducción de jornada inicialmente concedida en 2013. Al no haberlo hecho así, el argumento de que el apartado h) no es aplicable al presente caso no puede ser acogido. En otras palabras, el acto impugnado se aparta inmotivadamente del criterio seguido en ocasiones similares anteriores”.

La sentencia considera que las razones aducidas para denegar la solicitud de prórroga no son ajustadas a derecho y que, además, el propio Consejo General del Poder Judicial había accedido en el pasado a solicitudes similares con respecto a la misma situación. Por todo ello, estima la pretensión subsidiaria planteada por la magistrada reconociendo su derecho a la prórroga en los mismos términos en que se acordó la última.

Sin embargo, rechaza la petición principal planteada por la jueza relativa a que se le reconozca el derecho a una reducción de jornada del 100%; un extremo sobre el que nunca se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial.

De sospechosos habituales a acusados perpetuos

Jorge Muñoz | 16 de octubre de 2016 a las 5:30

CASO ERE. Declaran cinco nuevos imputados.

El ex consejero Antonio Fernández, con su abogado Alfonso Martínez del Hoyo.

Fueron sin duda alguna los sospechosos habituales de la instrucción de los ERE, en la que llegaron a declarar en varias ocasiones –algunos incluso más de media docena de veces– y ahora se han convertido en los principales acusados de las tres primeras piezas cuya instrucción ha finalizado. Ninguno es Keyser Söze (el poderoso jefe de una organización criminal que interpreta Kevin Spacey en la película titulada Sospechosos habituales), pero son los acusados perpetuos, un reducido grupo compuesto, por ahora, por cinco ex altos cargos que figuran como procesados en esos tres procedimientos judiciales y a los que la Fiscalía ha solicitado penas de prisión de hasta 28 años y medio.
El juez de refuerzo Álvaro Martín ha culminado ya tres de las piezas piloto de los ERE diseñadas por María Núñez Bolaños: la del procedimiento específico –en la que hay 26 procesados–, la de las ayudas a Aceitunas y Conservas (Acyco), con 12 procesados, y la de Surcolor-Surcolor Óptica, con 16 implicados.Sólo en estas tres piezas de las más de 200 que deben formarse hay ya 54 procesados, de los cuales cinco son ex altos cargos que se repiten.

Agustín Barberá

Agustín Barberá

La lista de acusados perpetuos la encabezan Antonio Fernández y Agustín Barberá, ex consejero y ex viceconsejero de Empleo, respectivamente, quienes se sentarán en el banquillo en la primera pieza de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas; así como por las ayudas concedidas por la Junta a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica. La Fiscalía ha pedido a Fernández y Barberá la misma condena: ocho años de cárcel por el procedimiento específico, otros doce años y medio por su intervención en la subvención a Acyco, y ocho más por Surcolor.En total, las peticiones del Ministerio Público suman ya los 28,5 años de prisión, una condena global que supera la máxima para un delito grave como el asesinato –20 años– y el límite de cumplimiento máximo, que es de 25.
Otro ex altos cargos que acumulan tres peticiones de condena de la Fiscalía son los ex directores general de Trabajo Javier Guerrero (se enfrenta por ahora a 24 años de cárcel, a razón de ocho años por cada una de las acusaciones), Juan Márquez (18,5 años) y Daniel Alberto Rivera (18 años).

Javier Guerrero

Javier Guerrero

Además de estos cinco ex altos cargos, hay otros tres procesados que han sido enjuiciado en dos de las tres piezas finalizadas. Así, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, los ex representantes de Vitalia, la mediadora que gestionaba las pólizas, se enfrentan a 16 y 10 años de prisión, respectivamente, por su intervención en las ayudas de Acyco y Surcolor, en las que aparecieron los primeros intrusos, personas que fueron incluidas para percibir las ayudas a pesar de que nunca habían trabajado allí.

Y otro acusado, Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director de IDEA, la agencia que actuaba como caja pagadora de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo, se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 16 años de cárcel tras haber sido procesado en la pieza del procedimiento específico y en la de Acyco.
Estos ocho acusados concentran sólo ellos 159 años y medio de cárcel, y todavía quedan muchas piezas por cerrar y muchos escritos de acusación de la Fiscalía por conocer. Es el peligro del que llevan ya advirtiendo las defensas desde hace tiempo, sobre todo desde que se dividió la macrocausa en piezas separadas para agilizar su enjuiciamiento. Uno de los primeros en alzar la voz fue el abogado de Juan Márquez, Manuel Pérez Cuajares, quien recurrió precisamente la división de los ERE porque entendía que con la separación de la causa su cliente podría ser condenado a 20 años de prisión, el doble de la pena prevista para un delito continuado de malversación. Así el artículo 76 del Código Penal establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena “no podrá exceder del triple del tiempo que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años”.
El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero Antonio Fernández, también lleva tiempo advirtiendo de los riesgos e incluso nada más dictarse el auto de procedimiento abreviado en la “pieza política” de los ERE promovió un incidente solicitando el sobreseimiento en todas las demás piezas y que no fuera incluido en ninguna más. “Y ello en base a que, como principio elemental del derecho Penal, nadie puede ser investigado y juzgado más que una vez por unos mismos hechos”, explicó ayer el letrado.

CASO ERE. DECLARA JUAN MARQUEZ

juan Márquez

Alfonso Martínez del Hoyo añade que dada la delimitación objetiva de la causa que se hacía en aquel auto, efectuando un relato de hechos que incluía la concesión y el pago de la totalidad de las ayudas objeto del proceso y efectuando, además, una calificación provisional de tales hechos como delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, “sólo cabe entonces entender que cualesquiera de las ayudas objeto de las demás piezas separadas no son sino una parte del todo que constituye ya el objeto de la pieza de procedimiento específico, y cuyo todo sin excepción, además, ha sido objeto ya de la acusación por parte del Ministerio Fiscal en dicha pieza. De manera que no caben nuevas y duplicadas investigaciones ni acusaciones en cuanto a lo que, en definitiva, no son más que unos mismos hechos”.
Pero ese incidente, planteado en junio pasado, sigue sin resolverse por el juzgado a día de hoy. El defensor entiende que el juzgado ha entrado en contradicción con los autos dictados sobre Acyco y Surcolor e incluir en las mismas a Antonio Fernández por hechos que no son sino “una parte de ese todo” en el que ya previamente lo incluyó. Esos nuevos autos han sido recurridos por tal motivo, pero lo cierto es que, antes de ser resueltos, han sido presentados los correspondientes escritos de acusación por parte de la Fiscalía.

CASO ERE / DECLARA EL EX DIRECTOR DE TRABAJO DANIEL ALBERTO RIVERA.

Daniel Alberto Rivera

Para Del Hoyo, la situación actual resulta “muy alarmante” desde la necesidad de preservar la pureza del procedimiento. A su juicio, “se está avanzando precipitadamente, y no se entiende bien tras seis años de instrucción por causa de qué urgencias, de las cuales estos nuevos escritos de acusación son clara muestra. Nos movemos en lo que a mi juicio es un ya muy claro contexto de nulidad de actuaciones y con vulneración de derechos fundamentales de Antonio Fernández”.
El abogado lamenta que el ex consejero se ha convertido en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones, desde la pura presunción de que todo lo tuvo que conocer y todo lo tuvo que consentir u ordenar, dado el cargo que ocupó. Ello constituye una clara inversión de su derecho a la presunción de inocencia, el cual, como ya he denunciado cada vez que he tenido ocasión, le fue gravemente lesionado a partir de que en mayo de 2012 fuese innecesaria y por tanto injustamente decretado su ingreso cautelar en prisión”.
Reponer tal presunción de inocencia y luchar contra ese intolerable prejuicio es la “ímproba pero crucial labor a que se ha de enfrentar la defensa en la antesala ya de la fase de juicio. Pero uno y sólo un juicio”, sentenció el letrado.

Se amputó una mano para cobrar el dinero del seguro

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2016 a las 14:50

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a un hombre que se amputó una mano y simuló un accidente de tráfico para cobrar la indemnización correspondiente a las pólizas que había suscrito con ocho compañías de seguros. El condenado tendrá que devolver 335.000 euros que le ingresaron mediante transferencia bancaria tres de las aseguradoras contratadas: 35.000 euros a Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 90.370 euros a Liberty Seguros y 209.564 euros a Axa Seguros y Reaseguros, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida recogen que en la madrugada del día 10 de diciembre de 2007 el acusado, solo o con la ayuda de terceros, se amputó con un instrumento cortante la mano derecha para cobrar las coberturas pactadas en las pólizas. Después de hacerse un torniquete para controlar la hemorragia, se dirigió con su coche hacia la carretera conocida como Camino Viejo de Nules a Moncofar (provincia Castellón) y lo dejó caer por un terraplén. Acto seguido, colocó la mano que se había cortado a los pies del asiento del conductor y, después de incendiar el automóvil con una bolsa de gasolina, llamó al 112 y se tumbó hasta que llegó un policía local que lo encontró en la misma postura y fumándose un cigarro.

Con posterioridad a estos hechos, emprendió acciones judiciales para cobrar las pólizas de seguro suscritas con las aseguradoras -con algunas tenía hasta tres pólizas- que cubrían, entre otros riesgos, el de fallecimiento, la incapacidad permanente y absoluta por accidente y la gran invalidez. El condenado, que era agricultor, tenía problemas económicos para pagar una hipoteca que había pedido para construir una vivienda, que le habían embargado junto al coche.

Atenuante de dilaciones indebidas

La sentencia estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el acusado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Castellón que le impuso 4 años de prisión, pena que ahora el Tribunal Supremo reduce a tres años y seis meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas por el largo tiempo transcurrido desde que se incoaron las diligencias, en junio de 2009, hasta que se dictó sentencia por dicho tribunal, en enero de 2016.

En todo lo demás, hace suyo el criterio de la sentencia recurrida para condenar al acusado que en su recurso plantea alternativas al relato de hechos probados: que sufre un cuadro psiquiátrico grave crónico, con actual diagnóstico de esquizofrenia paranoide, desde el accidente; que el corte de la mano no fue limpio y se produjo en el momento del accidente, no antes; que el tramo de carretera donde se salió el vehículo es un tramo curvo y no recto y, por último, que solo la amputación de la mano no estaba garantizada en las pólizas contratadas.

Todas son desechadas por la Sala Segunda que en su sentencia concluye que el acusado ocultó a las distintas compañías aseguradoras que había sido él quien había provocado el siniestro origen de las lesiones que constituía la base de su reclamación a las mismas, engaño revestido de una apariencia de realidad y seriedad suficientes para engañarlas, dado lo maquiavélico del plan urdido a tal efecto, hasta el punto de que al menos tres de ellas –Santa Lucía, Liberty y Axa- le abonaron las cantidades citadas y las restantes no lo hicieron, pese a las reclamaciones formuladas, por la prejudicialidad derivada de la existencia de la presente causa penal.

La sentencia añade que “el hecho nuclear del engaño fue amputarse intencionadamente la mano simulando haber sido consecuencia de un siniestro vial, con una puesta en escena apta para provocar la mendaz apariencia deseada”.

Asimismo, indica que los indicios, plenamente acreditados, para condenar se apoyan, entre otros, en el perfil de riesgo del acusado que no justifica la contratación de tantas pólizas en tan poco tiempo. También se basa en su perfil patrimonial, que considera impropio de una persona que contrata ese número de pólizas cuyo pago requiere un aporte económico que no parece poder soportarlo con los ingresos de su trabajo o el de su esposa. Sobre la amputación de la mano, afirma que se produjo antes del accidente y, en ningún caso, por la barra o regle porque el corte es limpio. Por último, señala que la salida del vehículo fue a poca velocidad y de forma controlada, y que el incendio no fue accidental sino por la aplicación de una fuente directa de calor que sólo pudo venir del acusado.

El Supremo confirma el cese de un juez que fijó la puesta a disposición de un detenido para después del fin de semana

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 14:24

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el cese de un juez que fijó para después del fin de semana la puesta a disposición judicial de un detenido un viernes por un presunto delito de violencia de género. La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le cesó por la falta de idoneidad o aptitud para el cargo por incumplir sus obligaciones de diligencia al no recibir de inmediato al detenido, según ha informado este jueves el Alto Tribunal.

Como hechos probados recogidos en la sentencia consta que la Guardia Civil de Borja (Zaragoza) detuvo a un hombre por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras recibir una denuncia de su ex esposa. Eran las 21:15 horas del viernes día 6 de marzo de 2015. A las 22:25 horas se comunicó la detención al juez, que, a su vez, indicó que la persona detenida fuese puesta a disposición judicial el lunes 9 de marzo de 2015 a las 10:00 horas en el juzgado de Tarazona. Dos días más tarde, el día 11, la titular del juzgado comunicó que se había producido una incidencia anormal en el funcionamiento del Servicio de Guardia por la que se abrió una información sumaria al afectado que finalizó con el acuerdo de cese de la Comisión Permanente del CGPJ.

“Malentendido”

El juez cesado cuestiona el relato de hechos y afirma que, en todo caso, se trató de un malentendido, pues lo que él hizo fue comunicar a la fuerza pública que investigara o practicara más diligencias antes de poner al detenido a disposición judicial y que si el lunes lo trasladaban al juzgado que fuera a las 10.00 horas, puesto que aún no se habría cumplido el tiempo máximo de 72 horas de detención.

Frente a esta tesis, la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, afirma que del expediente administrativo no se deduce que se hubiera producido un malentendido con la Guardia Civil o que el juez de guardia ordenara la práctica de más diligencias que, en todo caso, pudieron practicarse después de la presentación del detenido y de la resolución sobre su situación personal.

A la vista de esos hechos, prosigue la sentencia, el juez con dicha indicación incumplió la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 520.1- que establece que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.

La Sala Tercera considera que lo ocurrido se debe a la inobservancia de las más elementales normas de diligencia de un juez instructor, entre cuyas funciones más trascendentales en el ámbito del proceso penal está, sin duda, el riguroso control de la situación de las personas privadas de libertad. “En efecto, de las diligencias policiales se desprende que ninguna circunstancia impedía la puesta a disposición del detenido el sábado, puesto que ninguna diligencia o actuación de investigación se practicó por parte de la Guardia Civil después de la diligencia de comunicación a la autoridad judicial, ni tampoco se aprecia su necesidad, por lo que debemos concluir que el detenido permaneció injustificadamente en esta situación hasta el lunes 9 de marzo”, subraya la sentencia.

Hecho puntual

Sobre la falta de idoneidad o aptitud, el juez argumenta en su recurso que no se deja de ser “idóneo” por un hecho puntual, como el que ha llevado a su cese, y que los cinco años que lleva trabajando como sustituto no se ha cuestionado esta cualidad.
La sentencia rechaza este argumento y recuerda que el cese de un juez sustituto, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, consiste en dejar sin efecto un nombramiento que está condicionado al mantenimiento de las circunstancias, de aptitud, capacidad, compatibilidad, no incurrir en prohibición, o acreditación de la efectiva diligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo.

La Sala Tercera alude a que la falta de idoneidad “puede venir dada por la contemplación panorámica del desempeño profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero también por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente trascendencia y gravedad como para fluir de ellos un déficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese”.