Alaya fracasa otra vez

Jorge Muñoz | 18 de marzo de 2018 a las 2:00

La macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, el archivo de la denominada “pieza política” de los cursos de formación, y ahora el caso Betis. La absolución de Manuel Ruiz de Lopera, cuya investigación se convirtió en el año 2008 en la primera macrocausa de la juez Mercedes Alaya y la que la aupó a la fama antes del escándalo de los ERE, vuelve a cuestionar la labor instructora de la magistrada que ahora está destinada en la Audiencia de Sevilla. Cierto es que la labor de un juez de instructor consiste en recopilar el mayor número de indicios de la presunta comisión de un delito para llevarlos a juicio, no en lograr las condenas, pero el hecho de que sean ya varias las instrucciones de Alaya que han acabado tumbadas por una sentencia da mucho que pensar y reflexionar, sobre todo respecto a si tienen sentido o no la creación de macrocausas judiciales que se prolongan en su fase de instrucción durante muchos años, una década en el caso del Betis. Como dice la defensa de Lopera, ¿ahora quién repara el daño causado a la persona del ex mandatario bético y a su patrimonio?
La única instrucción de Alaya que ha sido avalada hasta el momento por un sentencia condenatoria es la que está relacionada con la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. En esta causa, que a la larga sería el germen del que surgió el caso ERE, Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo Antonio Rivas. Sólo fueron condenados a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por la mordida los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.
En junio del año pasado, la juez de lo Penal Yolanda Sánchez Gucema absolvió a los 10 procesados –entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo– por la venta de los terrenos de Mercasevilla, que la juez Alaya había calificado de “fraudulenta e ilegal”, pero en la que la sentencia no aprecia prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a una constructora frente a las demás empresas que optaron a dicho concurso.
A estas sentencias se suma ahora la absolución de Manuel Ruiz de Lopera y de los otros siete acusados por delitos de apropiación indebida y administración desleal en la gestión del club verdiblanco.
La sentencia dictada ahora por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, cuya ponencia corresponde al magistrado Ángel Márquez –quien fue el juez de Instrucción número 6 hasta la llegada de Alaya y quien investigó el denominado caso Guerra–, carga precisamente contra el informe pericial encargado por Mercedes Alaya. Dice la sentencia que los peritos judiciales dieron “fiel respuesta al objeto de la pericia tal y como fue acordada por autos de 19 de marzo y 4 de junio de 2008”, en los que la magistrada pidió a estos expertos de Hacienda que informaran además sobre “cuál habría sido la situación económica, financiera y patrimonial del Real Betis” si no se hubieran suscrito los contratos con Tegasa y Encadesa, las empresas vinculadas a Lopera. Y dice el fallo que “por ser hipotético el objeto propuesto, las conclusiones del informe pericial se sitúan en el terreno de la conjetura y tienen escasa virtualidad en sede penal”, es decir, Alaya les planteó que informaran sobre hipótesis y los peritos cifraron el supuesto perjuicio económico para el Real Betis en 25 millones de euros, pero el tribunal “rechaza sin ambages” porque no se puede afirmar que las empresas de Lopera “hicieron gastos que el Real Betis no hubiera realizado”.
La Audiencia rechaza el ánimo de lucro en la conducta de Lopera, quien cogió el Betis, precisa, en una “situación ruinosa”, con cuantiosas deudas, en Segunda División y con el estadio vendido, y recuerda que de ese estado se pasó en la temporada 2007/08 a contar con unos fondos propios que rondaban los 36 millones, llegando incluso Tegasa a sufragar las obras de ampliación del estadio al lograr resultados beneficiosos en los ejercicios siguientes.
Con la absolución de Lopera y de los otros acusados en el caso Betis, la estadística sigue castigando las instrucciones de Alaya. De las 22 personas procesadas por la magistrada, 20 de ellas han sido absueltas finalmente en sentencia, y sólo dos, los ya mencionados directivos de Mercasevilla han sido condenados a pagar una multa. Nadie ha ido a prisión por ahora.
La juez María Núñez Bolaños, que sucedió a Alaya en el juzgado, archivó en octubre de 2016 la “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un archivo que más de un año después sigue aún pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por el PP y Manos Limpias, dado que el archivo se produjo tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
En la Audiencia Nacional continúa en investigación otra de las macrocausas que instruyó Alaya, la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados, muchos de ellos ya procesados en las distintas piezas en las que se separó dicha macrocausa.
Las contundentes absoluciones del caso de la venta de los suelos de Mercasevilla y del caso Betis pueden convertirse en el preludio de lo que puede ocurrirle a la macrocausa estrella de Alaya: el caso de los ERE fraudulentos, donde se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
De esos 22 acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, es bastante probable que la mayoría salgan absueltos y que, finalmente, las condenas sean mínimas. El marcador de Alaya es, por ahora, de una condena frente a dos absoluciones, por usar un símil futbolístico. Y el caso de los ERE puede suponer el hat-trick que vuelva a cuestionar su manera de instruir.

 

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Lopera en el Cautivo. Al día siguiente de conocerse su absolución, el ex mandatario del Betis acudió, como hace cada viernes de marzo, a la Iglesia de San Ildefonso, a su cita devocional con el Cautivo, al que limpió los pies tras los besos depositados por los fieles.

 

Y ahora ‘estafa’ en los ERE

Jorge Muñoz | 17 de marzo de 2018 a las 2:00

bolaños

Desde que se inició la instrucción de los ERE en el año 2011, hace más de siete años, siempre se ha determinado tanto por el juzgado que instruye como por la Audiencia de Sevilla que los hechos constituían delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha introducido en un auto, en el que revoca parcialmente un archivo acordado por la juez María Núñez Bolaños contra cuatro acusados por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), un nuevo delito de estafa que, según fuentes del caso, podría estar prescrito en muchos casos dado el tiempo transcurrido.
En el auto, dictado el pasado 6 de marzo, el tribunal confirma el archivo de la juez acordado en el caso de dos sindicalistas de CCOO que intervinieron en el ERE del Hotel Cervantes, pero revoca el sobreseimiento contra otros dos acusados: el director, Miguel Rodríguez Ortega, y Claudio Andrés Sendino, un supuesto intruso que había trabajado en otra sociedad del grupo de empresas de Ruiz-Mateos.
La Sección Séptima señala con respecto al director del hotel Cervantes que en el caso hipotético de que se llegara a entender que no tuvo conocimiento de la ilegal obtención de la ayuda económica pública obtenida por la empresa propietaria del hotel, “lo que no es fácil de aceptar tratándose del director del hotel afectado y estando tan implicado en la tramitación, aún así permanecen incólumes los severos indicios en su contra de la necesaria colaboración prestada para que los tan citados trabajadores ‘intrusos’ cobraran espuriamente dinero público sin estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada, algo incurso, cuando menos en un posible delito de estafa del que sería perjudicada la Junta de Andalucía”, sostiene el auto.
Y lo mismo dice sobre el trabajador Claudio Andrés Sendino, por cuanto aun suponiendo que es investigado “no tuvo conocimiento de la ilegal obtención de la ayuda económica pública” con la que iba a ser pagado, “no estando justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada pudo, al menos, cometer un delito de estafa del que sería perjudicada la Junta de Andalucía”.
En ambos casos y dado el tiempo transcurrido, algunas fuentes del caso subrayan a que este nuevo delito al que ahora apunta la Audiencia, más allá de los habituales de prevaricación y malversación que siempre se ha achacado en el caso de los ERE desde el 2011, podrían estar ya prescritos por el tiempo transcurrido entre que ocurrieron los hechos y el inicio de las actuaciones judiciales.
El auto de la Audiencia critica, de otro lado, que la resolución de la juez María Núñez Bolaños es “bastante escueta” y “no contiene argumentación o motivación alguna para sustentar la decisión de sobreseer la causa” respecto al director del hotel, dicen los magistrados, que por otra parte recogen que la instructora “sí dedica, en cambio” parte de un razonamiento para afirmar que estos imputados podrían ser considerados “víctimas de una macrocausa” y no delincuentes. Parece que a los magistrados no les ha gustado la apreciación de la juez de considerar víctimas a los imputados.
La Audiencia concluye que lo más relevante del ERE del hotel Cervantes fue la “ilegal tramitación y concesión de ayudas públicas para el abono a los trabajadores del dinero apalabrado en un ERE que no es sino una cuerdo de naturaleza privada para negociar un despido colectivo”.

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El Supremo establece que se puede prohibir acceder al Metro a los condenados por hurtos en sus instalaciones

Jorge Muñoz | 16 de marzo de 2018 a las 17:23

metro

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece que se puede imponer como pena a un condenado por un  delito de hurto  la prohibición de acceder a las instalaciones del metro de una ciudad, aunque los hechos se hayan cometido en una estación o en una línea concreta y no en todo el suburbano, según ha informado el Alto Tribunal.

 

El tribunal considera proporcionada la prohibición de utilizar el metropolitano de Barcelona impuesta a dos condenados por este delito que se apoderaron del teléfono móvil de una turista cuando se disponía a bajar del vagón en una estación –Urquinaona- de la línea 4. Además de esta pena, la Audiencia Provincial de Barcelona fijó otra de tres meses de prisión para cada uno de ellos por estos mismos hechos. Ambos ya habían sido condenados con anterioridad por otros hurtos.

 

La Sala ha fijado el criterio para resolver casos, como el planteado en estos recursos, en los que no había jurisprudencia y existían divergencias interpretativas entre las Audiencia Provinciales. En concreto, los magistrados abordan si el artículo 48.1 del Código Penal (prohibición de acudir al lugar en que se ha cometido el delito) permite adoptar una pena como la referida y si concurren los requisitos que establece el artículo 57 del Código Penal (gravedad de los hechos o peligro del delincuente) como base de esa penalidad.

 

Los recurrentes pedían que se suprimiese esa pena y el fiscal cuestionaba que pudiera extenderse la prohibición a todas las instalaciones del metropolitano de la ciudad, pues ello se traduciría en la imposibilidad de usar ese medio de transporte público. Por esa razón, defendían que tendría que limitarse al lugar de realización del hecho, a lo sumo a la línea concreta del metro o en un radio alrededor de distancia razonable para evitar la reiteración delictiva.

 

La Sala afirma que “puede admitirse con naturalidad y sin forzar ni el lenguaje, tanto en su versión popular o vulgar como en la más académica; ni la naturaleza de las cosas, que las instalaciones de la red de metropolitano de una ciudad, conectadas todas entre sí, constituyen un lugar; un lugar bien delimitado, aunque no sea regular y se extienda con un largo kilometraje por el subsuelo de la capital con dependencias que asomar al exterior –las respectivas estaciones-  para acceder a o desde la superficie”.

 

“Por lugar hay que entender una porción de espacio (DRALE), pero sin limitaciones en extensión (como se apostilla en uno de los más conocidos diccionarios de uso del castellano). La pregunta ‘¿dónde se cometió el delito?, puede contestarse escuetamente con cuatro sílabas distribuidas en tres palabras: ‘en el metro’, subraya la Sala en esta sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral.

Ese término –añade el tribunal- puede designar un punto muy concreto y focalizado, pero también un inmueble, una zona, una ciudad, incluso una provincia o extensiones geográficas mayores. Según los casos, –precisa- la medida se ajustará o no a parámetros de proporcionalidad desde los que evaluar la acotación del lugar objeto de prohibición, pero la ley en su literalidad no impide fijar la prohibición cuestionada. “No sería coherente que sobre la base del artículo 48.1 CP pudiese decretarse la prohibición del entrar en la ciudad de Barcelona; y, sin embargo, no fuese factible limitarla a esas instalaciones”, explican los magistrados.

 

Para el tribunal, el artículo 48.1 CP diseña y escribe una pena que como todas tiene un contenido aflictivo que supone una privación de derechos. Añade que en este caso impedirá a los penados utilizar un medio público de transporte durante un periodo de tiempo, lo que tiene una carga aflictiva probablemente inferior a la que tendría una pena de prisión más alta. Su cumplimiento –explica la sentencia- “lleva aparejadas molestias, limitaciones y privaciones para los condenados, pero eso sucede con todas las penas por definición y ésta, en concreto, comporta un coste personal muy inferior al de otras similares (prohibición de aproximación a personas con una fuerte ligazón afectiva). El hecho de que se puedan cometer delitos en otros ámbitos (más similares –autobuses, aglomeraciones-, o menos –vía pública-) y de que la medida no anule esa posibilidad –indican los magistrados- no es razonamiento coherente con la decisión de imponer una pena.

 

En el caso analizado, explica la sentencia, existen motivos sobrados para la adopción de la medida, que requiere para su imposición que se valore la gravedad del hecho o el peligro del condenado; peligro –aclara la Sala- que no es la reincidencia ni la multirreincidencia, aunque éstas puedan ser signo de peligrosidad o profesionalidad. La Sala concluye que la Audiencia Provincial de Barcelona valoró a la hora de imponer la medida a los recurrentes que se dedican “con signos que evocan cierta profesionalidad a esa actividad sustractora en ese medio de transporte, escenario especialmente apto para una delincuencia como la descrita en el hecho probado. La habilidad demostrada y la actuación coordinada de los dos; la previa condena de ambos por un mismo delito de hurto; y su habitual presencia allí, no justificada por un recorrido rutinario cada día, hacen fundada esa estimación”.

 

13 órganos judiciales andaluces solicitan la intervención de la Unidad de Apoyo para causas por corrupción

Jorge Muñoz | 14 de marzo de 2018 a las 14:21

A nivel nacional son 58 los órganos judiciales que lo han solicitado. Las principales solicitudes proceden de la Comunidad valenciana, con 18 peticiones, Andalucía, con 13, y Murcia, con 10

Un total de 58 órganos judiciales han solicitado la intervención de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) desde la constitución de esta unidad técnica del Consejo General del Poder Judicial el 10 de marzo de 2015, hace ahora tres años. El territorio desde el que más solicitudes se han cursado a la UACC, que se encarga de tramitar las peticiones y elaborar una propuesta de medidas de refuerzo que posteriormente eleva a la Comisión Permanente del CGPJ para su aprobación, es la Comunidad Valenciana, con 18; seguido por Andalucía, con 13; y la Región de Murcia, con 10, según ha informado el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Estas tres Comunidades Autónomas reúnen, por tanto, el 70,7 por ciento de las peticiones de apoyo recibidas. Les siguen Cataluña, con 4 solicitudes; Illes Balears (3) y Canarias (2).

 

Solicitudes de intervención de la UACC por Comunidades Autónomas

 

Comunidad Valenciana 18
Andalucía 13
Región de Murcia 10
Cataluña 4
Illes Balears 3
Canarias 2
Cantabria 1
Castilla-La Mancha 1
Castilla y León 1
Extremadura 1
Galicia 1
Navarra 1
País Vasco 1
Ciudad Autónoma de Melilla 1

 

Atendiendo al tipo de órgano que cursa la solicitud, la mayoría de las peticiones recibidas en estos tres años procede de Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, responsables de la investigación de los delitos de corrupción.

En los últimos meses, sin embargo, la UACC ha comenzado a recibir también solicitudes de órganos encargados del enjuiciamiento de este tipo de causas.

Esto ha llevado a la Comisión Permanente a aprobar, en su reunión del pasado 1 de febrero, una modificación del Protocolo de Actuación de la UACC, ampliando su ámbito competencial a los órganos de enjuiciamiento, al estimar que el volumen de las causas, la duración de las sesiones de la vista oral y el tiempo necesario para la posterior redacción de las sentencias, que se suman al trabajo habitual de las Salas correspondientes, también hacen necesaria la adopción de medidas como el nombramiento de  magistrados de apoyo o la petición de plantilla funcionarial de refuerzo.

Solicitudes de intervención de la UACC por tipo de órgano

 

Órganos de instrucción Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción 17
Juzgados de Instrucción 37
Órganos de enjuiciamiento Juzgados de lo Penal 1
Audiencias Provinciales 3

 

Medidas de refuerzo aprobadas por el CGPJ

 

En los tres años que lleva constituida la UACC, la Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado decenas de medidas de apoyo y refuerzo de los órganos judiciales encargados de la instrucción y/o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción.

Esas medidas se han traducido en la incorporación de jueces o magistrados de refuerzo a 21 de los órganos solicitantes, mediante la concesión de comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o la adscripción de jueces sustitutos.

Además, el CGPJ ha cursado peticiones de nombramiento de funcionarios de refuerzo a las Administraciones correspondientes –el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas en aquellos territorios en los que se han transferido las competencias en materia de Justicia-, así como de medios materiales: adecuación de las dependencias judiciales, escáneres, sistemas de videograbación, equipos multicopia, etc.

También se han enviado requerimientos a otras Administraciones para que colaboren en las investigaciones en curso, ya sea emitiendo informes solicitados por los jueces de instrucción o poniendo a disposición de estos peritos expertos en distintas materias. Entre las Administraciones requeridas figuran la Dirección General de la Policía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Intervención General del Estado.

 

Medidas aprobadas por el CGPJ

 

Adscripción de jueces de refuerzo (incluidas prórrogas) 42
Peticiones de funcionarios de refuerzo 14
Peticiones de medios materiales para los órganos judiciales 10
Requerimientos a otras Administraciones 9

 

Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción

 

El número de solicitudes recibidas por la UACC se ha incrementado desde la publicación, en julio de 2017, de la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuyó entre los miembros de la Carrera Judicial.

La guía propone pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la UACC, como las defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

El texto ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa  hasta su enjuiciamiento; incluye el modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial; refiere las actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las Administraciones y enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales, como la asistencia para cursar comisiones rogatorias o en relación con instrumentos de reconocimiento mutuo o la gestión de los desplazamientos del juez español durante la ejecución de la petición de cooperación internacional.

 

Víctimas de los ERE

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2018 a las 2:00

Jueza Bola??os.

La juez María Núñez Bolaños tira de los recursos tipográficos para seguir desmontando en sus autos las tesis de la Fiscalía Anticorrupción de seguir solicitando la imputación en la causa de los ERE de los numerosos beneficiarios de las ayudas. Se trata de uno de los principales motivos de enfrentamiento entre la instructora y el Ministerio Público, junto al de la exclusión de los ex altos cargos del resto de las piezas en las que se investigan cada una de las ayudas.
Frente a la postura del Ministerio Público, que considera que los beneficiarios son también responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de extraneus, la magistrada María Núñez ya ha dicho en varios autos que estas personas deben ser consideradas “víctimas o perjudicados” más que “delincuentes” de la “caótica y desordenada” tramitación de los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa.
Ahora la instructora, posiblemente ya cansada de repetir una y otra vez sus argumentos –sólo Alaya se autodefinió como incansable– ha dado un paso más, en un auto dictado el pasado 1 de marzo, en el que rechaza un recurso de Anticorrupción que pedía que se citara como investigados a los responsables de la empresa de muebles ubicada en Lucena (Córdoba) Industrias Elizana, que recibió en 2010 una ayuda de 700.000 euros para 49 trabajadores. En la resolución, la instructora no duda en emplear mayúsculas y negritas para declarar que no se puede traer como investigados a la macrocausa de los ERE a “TODOS LOS CIUDADANOS” que solicitaron y recibieron ayudas de la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2010, “por el mero hecho de que dichas ayudas se tramitaron de forma irregular, como pretende y ha mantenido el Ministerio Público durante los años que dura la instrucción” de las diligencias previas 174/11.
El reproche a la actuación de la Fiscalía es claro. Para Bolaños, la conducta de estos ciudadanos “no constituye indicio alguno de criminalidad que justifique su investigación”. Recuerda la magistrada que el Ministerio Público solicita que se impute a uno de los copropietarios de Industrias Elizana por haber “mantenido reuniones con sucesivos directores generales de Trabajo”, con la intermediación del entonces alcalde de Lucena, y que se tradujo en una serie de resoluciones dictadas por los sucesivos directores de Trabajo que “no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)” –los peritos oficiales–, es decir, prosigue la juez, “por la falta de competencia, ausencia de control, procedencia de las ayudas de la partida 31L, en definitiva por la inadecuación del procedimiento”.
Tras analizar la imputación que solicita la acusación pública, la juez concluye que el hecho de que un administrado se reúna con un director general de la Junta “para interesarse y obtener ayudas públicas no constituye ilícito penal alguno” y añade: “el hecho de que tras la reuniones le sean concedidas las ayudas a través de un procedimiento inadecuado, según la IGAE, no es en absoluto responsabilidad del solicitante”.
La magistrada insiste en este punto en que la Fiscalía no pide que el dueño de la empresa sea traído al procedimiento como investigado por haber solicitado o gestionado ayudas “a sabiendas de su ausencia de derecho, en connivencia con el concedente para obtener ayudas a la que no tuviera derecho, mediante resoluciones injustificadas, arbitrarias, prevaricadoras, dictadas con la única finalidad de lucrar injustificadamente” al empresario, sino que quiere imputarlo porque dichas ayudas se concedieron a través de “resoluciones que no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la IGAE” a través de un procedimiento que los peritos consideran inadecuado para la concesión de este tipo de ayudas sociolaborales y a empresas.
Así, la juez reflexiona que el ciudadano que en la creencia de su derecho “se reúne, se dirige, solicita y recibe de la administración pública, ya sea estatal, local o autonómica, una subvención o ayuda, no es responsable de la posible falta de competencia, irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la que proviene la ayuda”.
En el auto, Bolaños aclara que hace estas afirmaciones salvo el criterio último que pueda establecer la Sección Séptima de la Audiencia, que resolverá el recurso que, sin duda, la Fiscalía presentará contra el auto de Industrias Elizana.

La instructora insiste en que para imputar a una persona delitos de prevaricación y malversación en su calidad de extraneus “no basta, no es suficiente, el simple hecho de que se reunieran, buscaran contactos, información, solicitaran y obtuvieran, en la forma que determinara la administración concedente, ayudas públicas (conducta que podría ser atribuible a cualquier ciudadano honrado), es necesario, por contra, la existencia de otros indicios que nos lleven a valorar inicialmente lo injustificado y arbitrario, que no discrecional, de la ayuda”.
Si se adoptar el criterio contrario –prosigue la juez– y se abre una investigación judicial contra un ciudadano “por la simple razón de confiar en la Administración pública y ajustarse al procedimiento preestablecido puede conllevar un perjuicio irreparable al mismo”.
De esta forma, la juez rechaza el recurso de reforma de la Fiscalía, que también había pedido que se imputara a cuatro ex altos cargos de la Junta, tres de los cuales han sido excluidos en aplicación del criterio de la Audiencia, y el cuarto porque la juez entiende que no hay indicios de prevaricación y malversación en su conducta.
La batalla legal entre Bolaños y la Fiscalía –que centra ahora buena parte de sus esfuerzos en el juicio– o entre la Fiscalía y Bolaños, como quiera verse continúa y avisa con dar nuevos y apasionantes momentos.

Presupuestario o contable

Jorge Muñoz | 4 de marzo de 2018 a las 2:00

EL JUICIO DE LOS ERE SE REANUDA HOY CON EL INTERROGATORIO A MAGDALENA ÁLVAREZ

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez alza las manos en una respuesta al fiscal Anticorrupción.

La partida presupuestaria 440; la 22E; la 31L –el fondo de reptiles del que ahora reniega Guerrero–; el decreto 9/99; las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1995; las transferencias de financiación; el encargo de ejecución; los pagos cruzados; el Control Financiero Permanente (CFP); los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (Paif); el expediente de fiscalización; la envolvente financiera; las miles de modificaciones presupuestarias acordadas en una década; y los informes de cumplimiento, cuentas y eficacia de la Intervención General de la Junta (IGJA). Este es el vocabulario más frecuente que está apareciendo cada día en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde se juzga a 22 ex altos cargos por la supuesta creación del sistema para la concesión de unas ayudas que, según las acusaciones, utilizaba un procedimiento inadecuado con el que se pretendía eludir los férreos controles de la Intervención.
Un juicio eminentemente técnico, demasiado, que cuesta trabajo seguir para los que, como le ocurre a este cronista, no son expertos en las materias presupuestaria y contable, sino que más bien sus conocimientos económicos se limitan a calcular más o menos si llegará a fin de mes sin tener que recurrir a usar las tarjetas de crédito, algo que no siempre se consigue.
La excesiva complejidad técnica, que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de los ex altos cargos como la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, el secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa, pero sobre todo en el interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, cuya declaración ha sido la más farragosa de los ocho ex altos cargos de la Junta que han rendido testimonio hasta ahora ante el tribunal.
Para que vean el nivel del juicio, más propio de un curso universitario de postgrado, vean algunas de las preguntas que esta semana le hizo el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra durante su interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano: “Cuando preparaban la documentación de los presupuestos, quedamos ayer que la tarea de la Dirección de Presupuestos era aglutinar la información remitida desde otras consejerías, ¿en esa información (anexo VIII, presupuesto 2003, avance liquidación 2002, primera carpeta de archivo, página 306 pdf), se ve el crédito inicial, la adición de modificaciones y el saldo del crédito autorizado?”, preguntó el fiscal con naturalidad.
O esta otra, también al mismo acusado: “¿Recuerda con qué frecuencia se requería memoria complementaria en relación con la propuesta que realizaban los centros directivos sobre las modificaciones presupuestarias?”. Y para completar el enredo, el fiscal pregunta en otro momento lo siguiente: “¿Es un tema presupuestario o es un tema contable?”.
Hay momentos en que parece que sólo el fiscal y el interrogado saben de qué hablan. Muchos de los asistentes, sobre todo en la bancada de las defensas, no salen de todavía de su asombro ante el interrogatorio del fiscal. Si estamos hablando de temas presupuestarios, contables, económicos, ¿dónde está la materia penal, delictiva?, se preguntaba no sin parte de razón uno de los defensores. Horas y horas de interrogatorios –algunos de los ex altos cargos han estado hasta más de cuatro horas respondiendo a preguntas de este tipo– sin que haya quedado claro aparentemente el reproche penal a los acusados.
A la vista del curso de los interrogatorios de los fiscales, muchas defensas consideran que la materia que se está enjuiciando se enmarca más en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo que en la jurisdicción penal.
El principal reproche de la Fiscalía está en que “no pusieran freno” al uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, que a su juicio impedía la labor de fiscalización de la Intervención, algo que han rechazado los acusados, como por ejemplo Magdalena Álvarez, que defendió que había una doble fiscalización de las ayudas: la previa cuando llegaban los recursos al IFA y luego el Control Financiero Permanente.
Las sesiones de la vista oral resultan por momentos tediosas, en especial las de la tarde, y tantas horas de interrogatorio a este nivel tan técnico han hecho que muchos de los asistentes al juicio –y no me refiero sólo a los propios acusados, a los periodistas o al escaso público que sigue las sesiones dentro de la misma sala, sino también a los que están en el estrado– acaben whasappeando con sus teléfonos móviles– mientras el fiscal y el acusado de turno se enfrascan en nuevos debates técnicos.

VISTO PARA SENTENCIA

Juicios para 2021 en los juzgados de lo Social 

*El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla va camino de entrar en el Guiness de los récords. Esto es lo que puede decirse si observan la imagen que se adjunta y que está extraída de una citación para un juicio relacionada con una reclamación de cantidad a la Seguridad Social planteada por un trabajador, uno de los muchos litigios laborales que resuelven los juzgados de lo Social. Pues el demandante se habrá quedado a cuadros cuando su abogado le ha informado de la fecha del juicio: “10 de marzo de 2021 a las 10:15 horas”.

juiciosocial

La fecha no es ninguna broma, la vista oral ha sido fijada nada más y nada menos que para dentro de tres años. Y lo lamentable es que esta situación, fijar señalamientos a más de tres años vista, también se está produciendo en otros juzgados de lo Social, aunque en otros tantos es verdad que el retraso es menor. En cualquier caso, el colapso de esta jurisdicción se está convirtiendo en un verdadero problema para los ciudadanos que acuden a los tribunales para reclamar un despido, impugnar un grado de incapacidad o una reclamación de cantidad.

Aunque los juicios por despido tienen una tramitación preferente, en muchos casos se están celebrando con un retraso de un año. Dicen algunos abogados que este importante retraso sólo se produce en Sevilla y que en otras provincias, como Córdoba, le demora es mucho menor.

Inspecciones nocturnas

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2018 a las 2:00

PASEO COLÓN

¿Es Sevilla una ciudad silenciosa por las noches? Para el Ayuntamiento puede que sí, porque de hecho los inspectores municipales no realizan nunca una inspección de veladores o locales de copas por las noches. Pero la situación puede cambiar, al menos a golpe de tribunales. Un juez de Sevilla ha ordenado por primera vez al Ayuntamiento que realice una medición de ruidos en horario nocturno, después de que el Consistorio presentara un informe con unos datos recabados en horario de mañana, entre las ocho y media y las diez y media.
En este caso, se trata de un litigio que se remonta al año 2011 y que versa sobre el ruido que emiten unos aparatos de aire acondicionado de un edificio con funcionamiento las 24 horas del día, con el consiguiente perjuicio para el descanso de los ciudadanos. El juez condenó al Ayuntamiento a que comprobara si los ruidos que emiten las máquinas de climatización sobrepasaban o no los límites permitidos.
Tras solicitar la ejecución de la sentencia, el Consistorio presentó en agosto de 2017 un informe sobre la medición acústica y las medidas correctoras adoptadas por la empresa a la que pertenecen las máquinas.

El informe del Ayuntamiento tras las mediciones realizadas en horario diurno concluyeron que el nivel de ruido de las máquinas apenas incrementa los valores de ruido de fondo, siendo la diferencias inferior a tres decibelios, por lo que no podía determinarse con exactitud, y añadía que atendiendo a los resultados puede considerarse que las fuentes sonoras en funcionamiento en horario diurno “no inciden en un incremento de los valores de ruido ambiente”.
En el auto dictado ahora, el juez destaca que la Administración no ha justificado por qué, en aplicación de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, “no repitió las mediciones en otro momento en que el ruido de fondo podría ser más bajo”, dado que las efectuadas se hicieron un día laborable y en la franja horaria mencionada.
“Lo cierto es que no se logra entender el motivo por el que la Administración no accede a realizar las mediciones en horario nocturno, tal y como demanda la parte actora”, precisa el auto dictado recientemente por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, que recuerda que las denuncias de los vecinos insisten en la necesidad de comprobar el nivel de ruidos en el horario en el que los focos de contaminación acústica están en funcionario y en el periodo “indudablemente más desfavorable, si se considera desde el punto de vista del bien jurídico protegido, y por tanto, de protección del descanso y la salud del ciudadano”. Dice el juez que si como sostiene la Administración se trata de un supuesto de “inspecciones acústicas municipales disciplinarias, no cabe duda de que se ha de tener en cuenta lo interesado de forma constante por el denunciante, para que las comprobaciones se efectúen en horario que considera más desfavorable, que es el nocturno”.
En la parte dispositiva de la resolución, el juez declara “insuficiente” la comprobación de la contaminación acústica efectuada por el Ayuntamiento e insta a la Administración a que en el plazo de “tres meses” realice la medición de los ruidos procedentes de las máquinas de aire acondicionado con funcionamiento las 24 horas “durante el periodo nocturno”, atendiendo de esta forma la petición de los vecinos afectados en relación con las “condiciones más desfavorables para la prueba, según la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. El auto puede considerarse un aviso a navegantes para la Administración local, que tampoco controla el ruido nocturno de bares y veladores.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La “caza” al abogado de Manos Limpias

El expresidente de la Junta de Andalucia Jose Antonio Gri?an

El abogado del sindicato Manos Limpias en el juicio de los ERE, Rafael Prieto Tenor.

 

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la que enjuicia el caso del “procedimiento específico” de los ERE, ha pedido esta semana a las partes que se pronuncien sobre una serie de llamadas recibidas por el secretario del tribunal en las que un antiguo funcionario del ayuntamiento de Madrid aseguraba que los poderes presentados en su día por el coordinador general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, eran “totalmente falsos”, porque “jamás” se habían producido juntas ni nombramientos ni asambleas. Lo curioso del caso es que estas llamadas se remontan al 11 de diciembre de 2017, es decir, han pasado más de dos meses sin que se haya comunicado las mismas a las partes.

Y lo que todavía resulta más llamativo es que se trasladen a las partes la misma semana en la que el abogado del sindicato, Rafael Prieto Tenor, que ejerce la acusación popular, se posicionó a favor de las defensas de los 22 ex altos cargos –y no es la primera vez que lo hace en las 12 sesiones del juicio celebradas hasta ahora– para pedirle al tribunal que enviase al médico forense al domicilio del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo antes de decidir si este acusados estaba en condiciones o no de comparecer en el juicio, algo a lo que finalmente accedió el tribunal y provocó la suspensión del juicio hasta mañana.

Es cierto que el sindicato Manos Limpias está totalmente desacreditado tras el escándalo de las extorsiones vinculado con Ausbanc, pero también lo es que el abogado Rafael Prieto ha mantenido en su actuación en el juicio una conducta totalmente profesional y rigurosa, hasta el punto de que no ha dudado en mostrar su apoyo a las defensas cuando entendía que debía hacerlo, a pesar de que su papel teórico es el de acusación popular. El letrado, que gracias a un préstamo personal costea su asistencia al juicio –no recibe honorarios y ha renunciado a las posibles costas del juicio–, ha defendido que asumió la defensa del sindicato con la esperanza de que “podía ser útil para la sociedad, guiándose dentro de sus convicciones, por las decisiones más acordes al Evangelio”. Habrá que cómo termina la “caza” a este letrado.

Mano dura del tribunal

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2018 a las 2:00

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, con su abogada, Encarnación Molino, en la segunda sesión del juicio de los ERE.

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, con su abogada, Encarnación Molino, en la segunda sesión del juicio de los ERE.

Hasta ahora habíamos visto como el tribunal de los ERE había mostrado cierta condescendencia ante las peticiones de las acusaciones y de las defensas, con la idea de tratar de contentar a todo el mundo, lo que podía hacer pensar a algunos que el juicio se le estaba yendo de las manos a los magistrados que deben dirigir el debate jurídico y el orden de las sesiones. Esa imagen cambió radicalmente ayer con motivo del rifirrafe que el magistrado Juan Antonio Calle Peña mantuvo con la defensa del ex consejero Francisco Vallejo, a raíz de la petición de suspensión del juicio debido a una reciente intervención quirúrgica.

El idilio de las defensas con el tribunal se truncó ayer y en la Sala se oyeron palabras más duras, como el recordatorio legal de que los acusados pueden ser “detenidos” si no comparecen en la vista, que se introdujo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la nueva citación al ex consejero de Innovación.

Y por si fuera poco, se fijaron tres nuevas sesiones de tarde para recuperar las que se han perdido con este affaire, lo que tampoco tiene mucho sentido en un juicio que durará un año. Unos días más o menos no se notan. En cualquier caso, el tribunal mostró ayer su mano dura. Todo un aviso a navegantes.

No es el juicio de la ‘coca’

Jorge Muñoz | 18 de febrero de 2018 a las 2:00

GUERRERO: "NUNCA HE HABLADO DE FONDO DE REPTILES"

Cuando se instruye una macrocausa es muy frecuente que trascienda a la opinión pública la versión de las acusaciones por encima de la que puedan ofrecer las defensas, que son minimizadas frente al poder informativo que pueda tener los escritos de la Fiscalía y de las acusaciones. Es frecuente también, sobre todo si se ha producido una singular instrucción como la que se hizo en el fraude de los ERE, donde prácticamente las defensas apenas podían representar a sus clientes porque la mayoría de las preguntas que por ejemplo intentaron hacer a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –que elaboraron el informe pericial sobre el que se sustentan las acusaciones contra los 22 ex altos cargos– eran rechazadas o consideradas impertinentes.

Pero la fase del juicio oral es bien distinta y los acusados y sus defensas pueden desarrollar con plenitud su defensa y, lo que es también muy importante, el hecho de que la vista se celebre en audiencia pública, con presencia de los ciudadanos y de los medios de comunicación, hace que la versión de los procesados pueda lograr la misma resonancia que la de los acusados.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido esta primera semana de declaraciones en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde por primera vez los ciudadanos han podido conocer directamente el testimonio de los propios ex altos cargos procesados. Y la verdad es que la cosa cambia radicalmente.

Escuchar las explicaciones que han dado ante el tribunal el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera y el ex viceconsejero Agustín Barberá me ha devuelto la confianza en que aquellos Gobiernos andaluces que concedieron estas ayudas no eran una especie de charlotada en la que un director general campaba a sus anchas, repartiendo millones de euros como se entregan cromos a las puertas de los colegios, para enganchar a los niños a que sigan la colección.
El testimonio de Viera y Barberá y las explicaciones que dieron sobre el convenio marco de 2001 por el que se concedían las subvenciones, podrá convencernos o no –para eso están los tres magistrados que deben analizar el caso y dictar la sentencia–, pero por lo menos han transmitido una apariencia de seriedad y rigor que hasta ahora no se había hecho patente en torno al escándalo de los ERE. Y esto no ha hecho nada más que empezar, todavía quedan muchos ex altos cargos por rendir testimonio ante el tribunal, como la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que arrancará mañana la décima sesión de la vista oral y que a buen seguro que ofrecerá esa misma imagen distinta a la que hasta ahora se ha transmitido.
El juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes Chaves y Griñán, no es el juicio de la ‘coca’, el de los miles de euros de fondos públicos dilapidados en estas sustancias estupefacientes y en regalos –25.000 euros mensuales gastaban en droga, según Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero–. Ni el de los Marlboro o los gin-tonics de Beefeater por los que Guerrero tiene tanta predilección. Es evidente que lo más llamativo del caso es precisamente el uso de los fondos públicos para la compra de drogas. Este es el verdadero juicio de los ERE, que se enjuicia en una pieza distinta –la de las ayudas que Guerrero concedió a su chófer–, aunque Trujillo será uno de los más de cien testigos que deben comparecer en esta pieza política.
Tampoco es el juicio de los intrusos, esos trabajadores que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones, a pesar de que nunca habían trabajado en estas empresas, como ocurrió con la suegra de Javier Guerrero, beneficiara de una de estas ayudas.
Este juicio es el del procedimiento que se empleó durante una década por parte de la Junta de Andalucía para pagar unas ayudas a 6.300 trabajadores que, en la actualidad, siguen en su mayoría percibiéndolas.
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera se mostró contundente cuando afirmó en su declaración, con respecto al convenio marco de 2001 y al uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las subvenciones, que “presumir” que un dirigente político llega para “eludir los controles de fiscalización y legalidad” le parece un “sinsentido”.
Y Barberá, en la misma línea que el anterior, defendió la utilización del sistema al negar que el Parlamento de Andalucía fuese engañado con las transferencias.
Javier Guerrero, el principal imputado en la causa, sólo ha ratificado una de las cinco declaraciones que la Fiscalía pidió que se exhibieran en el juicio, precisamente la que prestó voluntariamente ante la juez María Núñez Bolaños. Guerrero sólo respondió a varias preguntas de su abogado para aclarar que “nunca” utilizó la expresión fondo de reptiles para referirse a la partida presupuestaria 31L con la que se pagaban las ayudas.
Y en medio del juicio irrumpen la juez Bolaños y el Tribunal Supremo para ponerle nombre a las tropelías que Guerrero llevó a cabo durante una década. La primera para decir que los beneficiarios de las ayudas pueden considerarse “víctimas”, más que delincuentes, de la “caótica y desordenada” gestión de Guerrero. Y el Supremo para anular una subvención de 3,8 millones concedida por el ex director de Trabajo por la “grosera omisión” de los trámites.
Está claro que en el fraude de los ERE existió una culpa in vigilando de los superiores de Guerrero, pero las acusaciones tienen que demostrar que aquí hay más de cuatro golfos, de acuerdo con la teoría que expuso Chaves para fijar el ámbito del escándalo. Pero todavía queda mucho juicio por delante.

Guerrero rebaja la tensión del juicio

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2018 a las 2:00

EXDIRECTOR DE TRABAJO JAVIER GUERRERO ABRE DECLARACIONES ACUSADOS JUICIO ERE

Javier Guerrero en su declaración ante el tribunal /EFE

Con Javier Guerrero y su fondo de reptiles se destapó el escándalo de los ERE y con el vídeo de su declaración ante la juez María Núñez Bolaños llegaron las primeras risas al juicio de los ERE. Siempre que comienza un juicio de estas características lo hace con mucha tensión, pero poco a poco esa tensión va dando a paso cierta relajación y hasta las risas, sin perjuicio de que nunca se pierda de vista la gravedad que envuelve un juicio como éste.
A lo largo de la instrucción, Guerrero ha dado muestras de un buen sentido del humor, incluso en los momentos más difíciles, como cuando la juez Mercedes Alaya lo envió a prisión hasta en dos ocasiones.
En las declaraciones que se han leído o visto en el juicio, se han recogido testimonios en los que Guerrero recordaba, por ejemplo, que sus únicos vicios son un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater, y así rechazaba las “desafortunadas” manifestaciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien en una ocasión le llamó “chorizo, putero y drogadicto”, expresiones por las que dijo se querelló.
En otra declaración, Guerrero se refirió de la siguiente forma a los fondos públicos con los que trabajaba su departamento. “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”, lo que provocó de nuevo la sonrisa de los presentes en la sala de vistas.
En unas de las declaraciones que no han sido ratificadas por Guerrero, el ex director de Trabajo contó que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA a solucionar los pagos de unas pólizas. Literalmente, según Guerrero, el ex consejero le dijo lo siguiente: “Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó a los agentes de la Guardia Civil que le tomaron declaración.
Las risas de la declaración de Guerrero vinieron después de que se viviera un momento de gran tensión no con éste acusado sino con el secretario del tribunal, Rafael Castro, quien después de haber estado leyendo numerosos folios llegó un momento en el que se negó a continuar haciéndolo. El letrado de la Administración de Justicia le dijo al presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que no tenía por qué seguir leyendo porque entendía que la lectura de las preguntas que en su día planteó el fiscal –y a las que no respondió entonces Javier Guerrero– no eran parte de la declaración en sí misma, a pesar de que las mismas aparecieran en el acta de la declaración. “Son preguntas que está haciendo el fiscal, no estoy dando fe de nada”, dijo con tono indignado el letrado de la Administración de Justicia.
El presidente del tribunal le pidió que siguiera leyendo y tras varios minutos, el secretario volvió a detenerse, esta vez aún más enojado. “Tengo derecho a parar de vez en cuando, a beber un poco de agua, no soy una máquina”, dijo. La sesión se interrumpió para buscar a una funcionaria para auxiliar al letrado de la administración de Justicia en la lectura de las declaraciones. La normalidad volvió al juicio y el secretario se ausentó cuando comenzó el vídeo con la declaración de Guerrero.