Condenados dos empleados de banco por no compartir el “cuponazo” con la limpiadora

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2016 a las 13:38

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos empleados de un banco de Palencia a un año de prisión a cada uno por apropiarse de la parte del premio perteneciente a la limpiadora de la entidad bancaria con la que jugaban todos los viernes un cupón de la ONCE que resultó premiado cuando ella estaba de vacaciones. Los dos condenados tendrán que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización de 33.333 euros, la tercera parte de los 100.000 euros del premio, a la mujer como copropietaria del billete.

Según los hechos probados, los dos empleados del banco, junto a la limpiadora, compraban entre los tres un cupón para el sorteo del “cuponazo” que se celebra los viernes. De los tres euros que costaba el cupón, cada uno pagaba un euro, y si alguno estaba de vacaciones, los otros pagaban el importe y después el ausente pagaba su parte. De forma verbal, acordaron que si algún día tocaba el billete se repartirían el premio en proporción a su participación.

Una semana después de que la limpiadora comenzara sus vacaciones, el día 7 de septiembre de 2012, el cupón que los otros dos habían comprado en su ausencia resultó premiado con 100.000 euros, cantidad que cobraron íntegramente los dos condenados, incluida la cantidad que correspondía a su compañera, a quien le ocultaron el premio. Cuando la limpiadora se enteró y reclamó su parte, ambos negaron cualquier pacto de compra conjunta y se negaron a entregarle el dinero.

La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por uno de los condenados –la otra persona condenada no recurrió- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia confirmada ahora por el Tribunal Supremo. En su recurso, argumentó que no había pacto con la mujer, que compraba el cupón de forma independiente.

Sin embargo, los magistrados concluyen que “entre los acusados y la perjudicada existía un pacto verbal para la adquisición conjunta todos los viernes del “cuponazo”, aportando cada uno de ellos un euro, siendo el reparto del hipotético premio proporcional a dicha cantidad (un tercio del premio)”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, destaca que se trata de un pacto verbal con datos suficientes para concluir la obligación de los acusados de repartir el premio. En consecuencia, la conducta del acusado de no repartirlo con una de las personas que participaban en la compra conjunta del mismo es constitutiva del delito de apropiación indebida.

Asimismo, la Sala de lo Penal concluye que la Audiencia Provincial de Palencia dictó su condena con indicios de gran consistencia como la declaración de la perjudicada, del vendedor de los cupones de la ONCE y de una empleada del banco, que pasó un día por dicha sucursal, que declaró que vio a los tres comprando el cupón.

La sentencia concede mayor credibilidad al vendedor de la ONCE frente al testimonio de otra empleada del banco –testigo de la defensa del recurrente- que afirmó que la limpiadora compraba al mismo tiempo que los acusados su propio cupón. En este sentido, afirma que no sólo por la falta de relaciones de compañerismo del vendedor con los acusados, sino por ser el testigo directo de la forma de proceder durante un año; quien de forma rotunda afirmó que los implicados únicamente adquirían un cupón –no dos como afirman los acusados- siendo abonado el mismo a partes iguales por los tres”.

Alaya vuelve a escena

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2016 a las 7:00

alayaAlaya lleva ya ocho meses en su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde comienza a hacerse notar por su gran capacidad de trabajo y por los primeros casos relevantes que le están correspondiendo tras haber pasado página a su etapa de instructora de las macrocausas. La juez está inmersa actualmente en la redacción de la sentencia por la presunta estafa piramidal del grupo Contsa –sentencia que todo apunta será voluminosa, dada las peculiaridades del caso–, de la que fue designada como ponente, y también está a la espera de que, en los próximos meses, presida su primer caso con jurado popular, en relación con el supuesto cohecho del bolso de Loewe, la Loewe story, que sentará en el banquillo a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso por haber recibido supuestamente ese regalo a cambio de su voto en una moción de censura. La ex regidora alega que se trató, en realidad, de un regalo amoroso, ya que mantenía una relación con el empresario que le hizo el obsequio.
Pero sí interesantes eran estos dos primeros casos llamativos, más lo es para el que acaba de ser designada su ponencia: el carpetazo por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la investigación que en noviembre pasado acabó con un auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, al estimar la instructora que no había prevaricación por parte de los funcionarios y técnicos que decidieron adjudicar el contrato a Grupo México-Minorbis, en detrimento de la empresa denunciante, Emerita Resources.
Alaya vuelve a escena y lo hace por todo lo alto, enfrentándose de nuevo con la Junta de Andalucía, la Administración con la que protagonizó sonados enfrentamientos en las macrocausas de los ERE fraudulentos y de los cursos de formación.
Como magistrada ponente de los recursos de Aznalcóllar, Alaya tendrá que estudiar una investigación en la que fueron detenidas formalmente 15 personas, de las cuales siete fueron finalmente imputadas y citadas a declarar en el juzgado.
Pero aunque Mercedes Alaya es la ponente de estos recursos, no será la que única que decida sobre si el archivo es correcto o debe ordenarse la reapertura de la investigación, como plantean Emerita y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación. Al tratarse de un órgano colegiado, la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia dependerá de los tres magistrados designados para resolver los recursos, si bien es cierto que siempre se tiene en bastante consideración la opinión del magistrado ponente, aunque la misma no sea vinculante.
En cualquier caso, Alaya vuelve a toparse con la Junta, o la Junta con Alaya. Seguro que la designación de esta ponencia ha puesto nervioso a más de uno en San Telmo -no sin razón-, porque no se puede olvidar que durante cinco años Alaya se convirtió en el azote de la Junta, a la que viernes tras viernes –era el día elegido por Alaya para soltar sus autos-bomba– sobresaltaba con sus contundentes resoluciones.
Ahora habrá que ver si Alaya ve delitos en la reapertura de Aznalcóllar donde la otra instructora apreció un procedimiento “correcto” y advirtió de que había que distinguir las “ilegalidades administrativas” de las infracciones penales. Sea cual sea la decisión de laAudiencia sin duda será relevante.

La querella imposible

Jorge Muñoz | 22 de febrero de 2016 a las 7:00

Sev.

La Audiencia de Sevilla ha tumbado definitivamente el intento de la junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla de querellarse contra el ex alcalde Juan Ignacio Zoido, al que atribuían delitos de prevaricación y usurpación de funciones por haber mantenido al Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de Asuntos Internos cuya legalidad ha sido avalada en varias ocasiones por los tribunales, a pesar de los intentos del sindicato de la Policía Local de echar por tierra su legitimidad.
Una querella que ni siquiera fue admitida a trámite, ni por el juzgado ni por la Audiencia. Según han confirmado fuentes judiciales, la Sección Tercera ha zanjado la polémica sobre esta querella al rechazar el recurso de apelación presentado por la junta de personal contra la decisión del juzgado de Instrucción número 8 de no admitir a trámite la misma por no apreciar la presunta comisión de ninguno de los delitos denunciados.
La querella fue presentada en abril de 2015 por la junta de personal, que acusaba al entonces alcalde popular de esos delitos por haber mantenido a una unidad que consideraban una especie de “policía política”. Por cierto, que la querella no fue presentada por unanimidad de todos los miembros de la junta de personal, puesto que el sindicato CSIF aseguró en su día que no apoyaba el pleito contra Zoido si lo que se pretendía era regularizar “exclusivamente a una unidad, obviando las mismas deficiencias en el resto que se encuentran ante igual inseguridad jurídica”, en alusión a que no es sólo la Gepol la que no aparece en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, sino que ocurre lo mismo con otras unidades especializadas que funcionan a pleno rendimiento, como el grupo Giralda, que desarrolla labores de seguridad ciudadana en el casco histórico; el grupo Diana, especializado en la lucha contra los malos tratos en el ámbito familiar; o la Unidad de Intervención Nocturna. Tampoco figuran la Oficina de Gestión de Atestados (OGA), que investiga los accidentes de tráfico; el Seti, servicio de control del intrusismo en el transporte de mercancías y viajes; el servicio técnico de transmisiones; la unidad antigorrillas; la oficina de coordinación de distritos; el servicio de prensa; y el Grupo Fiscal, que lucha contra el contrabando y las falsificaciones.
¿Y qué dice la Audiencia sobre la querella contra Zoido? Pues que no debe ni siquiera de admitirse por la “inexistencia de indicios” de los delitos que se le atribuyen por haber mantenido a la Gepol realizando funciones de Policía Judicial, una labor que se sustenta legalmente en el artículo 238 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al establecer que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”, y añade que esta función competerá, cuando sean requeridos para prestarla, “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias”.
Los magistrados, que ya en anteriores resoluciones destacaron el rigor y la profesionalidad de la actuación de los miembros de la Gepol, subrayan en un auto que el trabajo de esta unidad se ha venido realizando “a instancias de distintos juzgados y por la Fiscalía, de la que ha recibido, incluso, una felicitación por la labor desarrollada, y por este tribunal, que ha validad su intervención en diversas resoluciones”.
La Audiencia admite que, “ciertamente, podría cuestionarse desde el punto de vista administrativo y orgánico su funcionamiento y el hecho de no estar incluida en la RPT, pero ello no implica la comisión de los delitos por los que se entabla la querella, y sí el posible ejercicio de acciones en la jurisdicción Contencioso-administrativa.
El tribunal recuerda la jurisprudencia sobre el principio de intervención mínima del derecho penal y ratifica la decisión de la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, de no admitir a trámite la querella, porque, insiste la Audiencia, “no nos encontramos con un supuesto de delito de prevaricación”, sino en todo caso ante unas “posible anomalías procedimentales, en las que no se aprecia un supuesto de ilegalidad manifiesta, arbitraria e injusta merecedora de reproche penal”.
La junta de personal había alegado que la instructora ni siquiera había accedido a investigar los hechos denunciados, pero en este punto, una vez más, laAudiencia vuelve a quitarle la razón a los denunciantes porque “el derecho a la tutela judicial efectiva no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral en el ámbito penal, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal”.
Es decir, que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye que se dé una “decisión judicial razonada sobre las pretensiones deducidas, que bien puede ser el sobreseimiento o archivo de las actuaciones, o incluso, la inadmisión de la querella presentada”, como ocurre en este caso y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional.
Llama la atención que la junta de personal no haya dado difusión a este auto de la Audiencia, que es de enero pasado, aunque también es comprensible visto el contenido del mismo. Un auténtico varapalo a sus expectativas.

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El equilibrio territorial de la Justicia

Jorge Muñoz | 21 de febrero de 2016 a las 7:00

LA LITIGIOSIDAD BAJA UN 3 % EN ANDALUCÍA, CON INCIDENCIA DE TASAS JUDICIALES

Sevilla y Málaga quieren tener sus propias Salas de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una aspiración histórica que ahora puede hacerse realidad con la inminente puesta en marcha de la segunda instancia penal en las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia de Andalucía. De aprobarse la creación de estas salas desplazadas, la capital judicial de Andalucía –Granada– lo sería algo menos. De aprobarse la medida, los recursos contra las sentencias de los ERE o el fraude de los cursos de formación, por ejemplo, se verían en la Sala de lo Penal de Sevilla, pero no sólo eso, porque la Sala sevillana tendría también competencia para resolver los recursos contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales de Cádiz, Huelva y Córdoba.

En cualquier caso, la decisión debe abordarse en el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA, que se reunirá en marzo o a principios de abril. Eso es lo que han pedido precisamente las principales asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente(FJI)– y fiscales –la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)–, así como el decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien en diciembre pasado pidió al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que impulse desde la Sala de Gobierno la creación de las Salas penales de Sevilla y Málaga.
Gallardo le remitió una carta al presidente del AltoTribunal andaluz en la que exponía que la creación de estas salas está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial y resultan “absolutamente necesarias para mantener el organigrama judicial andaluz, pues es de pura lógica que existan salas desplazadas de lo Penal en las dos grandes ciudades que ya vienen siendo sedes de Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de ese TSJA”. El decano añadía que los abogados sevillanos no entenderían “un desequilibrio de esa índole en el mapa territorial de la Justicia de nuestra comunidad autónoma”.
En el Pleno del TSJA de diciembre pasado se acordó la realización de un estudio motivado de toda la problemática que afecta sensiblemente a la Sala Civil y Penal tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que generaliza el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia, así como contra los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre.
Por tanto, en el próximo pleno de la Sala de Gobierno, que se celebrará en marzo o abril, se debatirá un informe detallado de toda esta materia, a efectos de integrar todas las propuestas en la propia memoria anual de actividades y funcionamiento del TSJA.
Según explicaron fuentes del Alto Tribunal andaluz, los puntos a examinar son varios. En primer lugar, se analizarán los datos estadísticos: las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias, valorando los porcentajes de sentencias de conformidad y absolutorias.
El segundo aspecto que se abordará, que es el que reclaman las asociaciones profesionales, es la creación de “secciones funcionales o Salas de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia”, tal y como recoge el artículo 73.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Las mismas fuentes subrayan que estas secciones funcionales “nunca instruirían ni enjuiciarían delitos, pues la ley sólo les atribuye competencia en materia de recursos”.
En el Pleno también se abordarán las “necesidades derivadas de la entrada en vigor de la ley, tanto en referencia a plantilla de magistrados, oficina judicial o medios materiales” y la provisión de plazas de magistrados, ya que la ley da prioridad a los “magistrados especialistas en el orden penal antes que a la antigüedad”. Por último, el Pleno tratará la regulación procesal de los recursos de apelación.
Las fuentes consultadas aseguran que este informe que debe ser elevado al pleno ya se está elaborando y, de hecho, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha solicitado a todos los presidentes de las Audiencias provinciales un informe detallado sobre estas cuestiones, que debe remitirse antes de finalizar el mes de febrero.

 

Visto para sentencia

Bolaños no entrega las grabaciones
*La juez María Núñez Bolaños, que investiga las macrocausas como los ERE, está rechazando de forma sistemática la entrega de las declaraciones de los imputados que fueron grabadas en CD, después de que se produjera una filtración a la prensa de la comparecencia del ex director de Trabajo Javier Guerrero. A los letrados que lo están pidiendo, la juez está respondiendo con una negativa “a la vista de los hechos acontecidos en la declaración del señor Guerrero, de la cual se publicó en prensa al haberse dado traslado a las partes”, precisa la magistrada en un providencia. No es el único altercado en relación con posibles filtraciones, porque el juez Álvaro Martín advirtió recientemente a los letrados de que alguien había grabado con su teléfono parte de una declaración y después se la mostró a un periodista, conminándoles a no hacerlo en el futuro si no querían que perdiera “su confianza”. Al final, como vuelvan a producirse incidentes de este tipo los jueces van a tener que tomar medidas tan drásticas como las que adoptó Mercedes Alaya, que antes de cada declaración ordenaba a la Guardia Civil que custodiara los móviles de los abogados…

De la corrección en el trato jueces-abogados

*Ocurrió durante la declaración de una joven investigada por una supuesta apropiación indebida. La juez de Instrucción no paraba de interrumpir a la imputada cuando ésta trataba de narrar su versión de los hechos –recuerden que la ley dice que el imputado tiene derecho incluso a mentir–. La situación se complicó y la declaración se suspendió, sin que la juez permitiera realizar preguntas a la letrada defensora, Blanca Moeckel, quien presentó un escrito solicitando una nueva declaración y que la misma se “grabara”. Según la abogada, la magistrada mostró “cierto menosprecio y tensión” hacia ella, empleando expresiones como “lo que debe hacer es no confundir a la clienta e informarla bien” o “cállese que no es su turno de palabra”, todo ello delante de la clienta, quebrantando así “las más elementales normas de educación y cortesía, sin tener por qué soportar tales manifestaciones”. Al final, la juez accedió a una nueva declaración, que se grabó y a la que asistió incluso el fiscal… Y es que imputados y letrados también tienen derecho a un trato educado.

Medalla de oro al mérito profesional al abogado Francisco José Fernández Romero

Jorge Muñoz | 17 de febrero de 2016 a las 18:39

 

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El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT) ha entregado esta tarde en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla la Medalla de Oro al Mérito Profesional (con distintivo rojo y amarillo) al abogado y profesor universitario Francisco José Fernández Romero por su dilatada experiencia en el ámbito jurídico y académico.

La ceremonia de entrega, a la que han asistido diversas personalidades relacionadas con el mundo empresarial y académico, ha estado presidida por el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, el presidente del CGRICT, José Andrés Magallón, y el secretario general del CGRICT, Rafael Ruiz Calatrava. Mientras que, el secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Julio Coca, ha sido el encargado de entregar la medalla a Francisco José Fernández Romero, del que ha destacado “su gran trayectoria profesional” y los logros que ha alcanzado durante todo este tiempo.

Desde 1998, el Consejo distingue con este prestigioso galardón a personas y entidades que tienen una destacada y brillante trayectoria en relación con las Relaciones Industriales, las Ciencias del Trabajo, las Ciencias Sociales y la docencia. Entre los premiados de otros años, se encuentran José Torres Hurtado, alcalde del Ayuntamiento de Granada, Juan José Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y Guillermo Jiménez, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España, entre otros.

Francisco José Fernández Romero es profesor universitario, doctor en Derecho, y abogado experto en contratación, colaboración público-privada y organización de las Administraciones Públicas. Es socio director de la multinacional INEO en Andalucía y asesora a distintas entidades públicas y privadas. Pertenece a diversos consejos asesores como la Fundación Cuidar y Curar, el Foro Innova Universidad Empresa y la mutua Umivale. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías como KPMG Abogados, Garrigues&Andersen o AYESA y en la Administración Pública.

Durante varios años ha sido el Jefe de contratación en empresas públicas de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, interviniendo en las licitaciones públicas para la implantación y desarrollo de las infraestructuras ferroviarias, hidráulicas y de carreteras de la Junta de Andalucía, especialmente en metros y tranvías. Actualmente es el director ejecutivo del Máster de Asesoría Jurídica y Empresa de la Universidad de Loyola Andalucía, centro en el que imparte clases desde 2014. Además ha publicado varios libros sobre contratación pública, Project management y comunicación en la empresa y ha desarrollado numerosos trabajos de investigación.

La Medalla de Oro que ha recibido hoy se suma a otros galardones que recibió anteriormente, como el Premio al Mérito Profesional de ámbito europeo que le otorgó el Fórum Europa en 2014 o el Premio a la Trayectoria profesional por la dedicación a proyectos de políticas sociales que le concedió la Federación Andaluza de empresas en 2015.

El Supremo rechaza recursos contra dos sentencias de 1940

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2016 a las 13:24

SupremoLa  Sala II del Tribunal Supremo ha denegado la autorización para presentar un recurso de revisión contra dos sentencias de 1940 que condenaron al pago de una multa de 300.000 pesetas a un responsable político del Partido Izquierda Republicana, Javier Domezain Chávarri. El rechazo se produce por falta de legitimación de la recurrente, por lo que el tribunal no entra  en el fondo del asunto.

Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Pamplona, que impuso en primera instancia la incautación de sus bienes, y a continuación por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que cambió esa incautación por una multa de 300.000 pesetas.

El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, estima que la recurrente, sobrina nieta de Domezain Chávarri, carece de legitimación para presentar el recurso de revisión de acuerdo al artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Añade que, al haber fallecido ya el condenado, y ser la pretensión la rehabilitación de la memoria del difunto, la promovente podría ser su esposa, ascendiente o descendiente del mismo, y sin embargo quien pide autorización para recurrir es la nieta de la hermana del condenado.

El auto señala que ni de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que se basa el recurso para revisar las citadas sentencias de 1940, cabría encajar la legitimación de la recurrente, ya que otorga el derecho a la declaración de reparación y reconocimiento personal en caso de personas fallecidas al cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes, y sus colaterales hasta el segundo grado.

Ante la falta de legitimación de la recurrente, el Supremo no entra a resolver el fondo del asunto, incluidas las dudas planteadas por la Fiscalía sobre si la competencia correspondería mejor a la jurisdicción contencioso-administrativo, y no a la penal, debido a la naturaleza y composición de los tribunales de responsabilidades políticas creados por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939.

El pleito de la bici

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2016 a las 6:00

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D. Rosell

Imagínense que salen de su lugar de trabajo, en la isla de la Cartuja, y se encuentran que le han quitado su bicicleta. En su lugar, le han dejado el siguiente cartel, escrito a mano con letras mayúsculas: “La bicicleta de la marca Rockrider blanca y rosa está depositada en Comisaría Macarena”. Imagínense que cuando acuden a la Comisaría para interesarse por lo que ha ocurrido, la Policía le informa de que el vehículo está intervenido porque otra joven lo ha identificado “sin ningún género de dudas” como el suyo, que le había sido robado. Pero lo que seguro que no podrán imaginarse es que, a partir de ese momento, van a ser denunciados por un delito de robo y pasarán varios meses imputados por un juzgado. Ello les obligará a demostrar su inocencia, buscando la factura de compra de hace varios años de la bicicleta, algo que no se suele guardar una vez transcurrido el periodo de la garantía.
Toda esto es lo que le ocurrió a una joven sevillana, que acaba de recibir un auto del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla en el que se acuerda el archivo de la causa por el delito de robo que se le imputaba porque, según razona el juez, “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” por el que fue imputada, “al no existir indicio definitivo” de que la bicicleta que la otra chica encontró en la Glorieta Olímpica sea precisamente la que le sustrajeron y no otra de “idénticas características”. Además de decretar el archivo, el juez ordena la devolución de la bicicleta a la joven que ha sido denunciada.
La abogada Blanca Moeckel, que ha defendido a esta joven imputada por el robo de su propia bici (parece kafkiano), asegura que una vez que se declare firme el auto de archivo van a reclamar el pago de los candados y cadenas que la Policía rompió para intervenir el ciclo, pero el contraataque legal que planea no sólo se va a quedar ahí. La letrada asegura que van a denunciar a los policías nacionales que otorgaron credibilidad a la versión de la otra chica y decidieron entregarle la bicicleta sin haber aportado más pruebas que su propio testimonio. Blanca Moeckel, tan combativa como su padre Joaquín a pesar de su juventud, considera que los agentes se “extralimitaron en sus funciones”, porque el único que puede decidir sobre la titularidad del vehículo es la autoridad judicial, como ahora ha hecho el juez al ordenar la devolución del ciclo a su cliente.
Blanca Moeckel criticó que los policías entregaran la bicicleta a la otra joven sin existir ninguna resolución judicial y, lo que entiende más grave, sin que se practicara “ningún tipo de prueba” para acreditar la propiedad de la misma. “Le entregaron la bici con la simple afirmación de que era de su propiedad”, explicó la abogada, que añadió que su clienta, además de haberse visto involucrada en un proceso penal, ha tenido que afrontar a una serie de gastos como la compra de una nueva bicicleta.
El acta de la declaración de la denunciante y en la que funcionarios de la Comisaría de la Macarena entregaron la bicicleta a la otra chica, recoge que la denunciante relata que, debido al tiempo transcurrido, no conserva ni la factura de compra ni la garantía, ni tampoco “ninguna fotografía” en la que apareciera con la bicicleta. Tampoco sabía si tenía número de serie.
La mujer reconoció que la bici era suya porque “el timbre estaba roto y no suena; porque debajo del manillar presenta una serie de arañazos que se los ha ido haciendo por su uso durante estos últimos años; y porque debajo del sillín, tiene dibujada una silueta de un hada de color rosa, la cual está manchada de grasa, así como porque en la parte derecha del manillar tenía instalado un foco con luz”.
Los policías mostraron entonces la bicicleta a la denunciante y ésta la reconoció “con total seguridad y sin ningún género de dudas” como la que le había sido robada en diciembre de 2014. Los agentes decidieron entonces proceder a la entrega de la bici reconocida como de su propiedad, aunque le advirtieron de que la misma se le entregaba “en calidad de depósito, debiéndola presentar ante la autoridad judicial, si por ella le fuera requerida”.
Además, el acta policial señalaba que se procedía al corte de los candados “bajo su responsabilidad en caso de que se desmostrase que no se trataba de su bicicleta” y la joven se comprometía “por escrito” a pagarlos en el caso de que existiera un error, como ahora ha acreditado el auto judicial. Y es que los robos de bicis se han disparado en consonancia con el aumento del uso de este medio de transporte ecológico y la ampliación del carril bici.

 

 VISTO PARA SENTENCIA

Los jueces de los ERE, a pleno rendimiento

ERE

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, esta semana en los juzgados de Sevilla

*Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, que investigan el caso de los ERE y las primeras seis piezas en las que ha sido dividida la macrocausa, han estado a pleno rendimiento esta semana. Cada uno ha tomado una decenas de declaraciones a investigados. Lo que ocurre es que algunas de las declaraciones se han solapado y se han provocado algunos retrasos, dado que los fiscales y las partes son las mismas en ambos procedimientos. Ya han llegado a un acuerdo para tomar declaración en días alternativos de la semana, evitando estas incidencias.

Alaya sigue firmando autos de los cursos

*Muchos se llevaron una sorpresa esta semana cuando recibieron un nuevo auto del juzgado de Instrucción número 6 sobre los cursos de formación firmado por Mercedes Alaya ¿El retorno del Jedi? ¿La vuelta de la más grande a escena? No. La realidad es más sencilla: El nuevo auto, del 5 de febrero, lo firmaba la juez Alaya por un error de la oficina judicial que se subsanó nada más dictarse la resolución, aunque ésta fue notificada así.

Funcionarios que se quedan sin cenar

*Nuevo capítulo en el enfrentamiento que mantienen un grupo de funcionarios del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla con la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial). Un funcionario ha denunciado ante la Secretaría general de la Administración de Justicia que dicha letrada le impidió ejercer su derecho a la cena cuanto se hallaba de guardia. Dice el funcionario que entró de servicio el 8 de enero a las nueve de la mañana y que a las tres de la tarde se fue a comer, regresando a las cinco, y que a partir de ese momento se el “prohibió abandonar las dependencias” hasta las nueve de la mañana del día siguiente. La letrada alegó que la hora y media es para “todas las comidas” del día”. Sigue el conflicto.

El Supremo avala el pago a los jueces de los días de descanso no disfrutados

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2016 a las 14:06

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los días de descanso no disfrutados tras las guardias. El recurso de casación en interés de Ley planteado por el abogado del Estado se dirigió contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que condenó a la Administración a abonar a un juez 6.600 euros por el concepto citado, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
El abogado del Estado argumentó que la sentencia aplicaba una doctrina errónea y que representaba un grave daño para el interés general, ya que podría acarrear “reconocer una indemnización a todos los jueces que han hecho guardias por los días de descanso que no han disfrutado después de su realización”, y la “aplicación de esta doctrina no sólo podría producirse por la interposición de nuevos recursos, sino también mediante la extensión de efectos de la sentencia recurrida”.

El abogado del Estado calculó, teniendo en cuenta sólo las guardias anuales de 24 y 48 horas, que la cuantía de estas indemnizaciones podía ascender a 1,6 millones de euros anuales, lo que multiplicado por 4 (al ser 4 años el plazo ordinario de prescripción de reclamaciones ante la Administración) representaría un total de 6,7 millones.

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En su sentencia, la Sala III del Supremo destaca que “la parte recurrente no aporta dato alguno respecto de las guardias semanales, sobre las que recae precisamente la sentencia recurrida, ni tampoco en relación a las guardias de disponibilidad permanente. Únicamente cuantifica las guardias de 24 y de 48 horas, pero incluyendo las cifras de Madrid y de Barcelona, que representan un 43,47% del total y en relación con la cuales la normativa española ya contemplaba la posibilidad del día de descanso a la conclusión de la guardia”.

“Y, además –añade– desde el Acuerdo de 13 de octubre (de 2013) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ya está extendida la posibilidad del día de descanso tras el servicio de guardia o la correspondiente compensación horaria, para todos los Jueces y Magistrados que presten dicho servicio, lo que imposibilitará de futuro recursos con idéntica pretensión”.

El alto tribunal concluye que “no cabe estimar la concurrencia del grave daño para el interés general” que defiende el abogado del Estado, “dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico, ni el número aproximado de posibles afectados”.

Además, señala que, “al haber sido reconocido en el año 2013 el día de descanso posterior al servicio de guardia, difícilmente se va a producir el efecto multiplicador de persistencia en el futuro de una doctrina eventualmente errónea, la cual sólo podría considerarse susceptible de proyección para supuestos en los que resultase de aplicación la antigua normativa, los cuales no han sido cuantificados, con una mínima precisión, por la parte recurrente. no siendo posible apreciar la gravedad del daño que pueda ocasionarse a la Administración”.

 

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El Supremo anula un “enchufe” en el Tribunal de Cuentas

Jorge Muñoz | 11 de febrero de 2016 a las 13:42

tribunaldecuentasLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la convocatoria para la provisión del puesto de Subdirector Técnico del Tribunal de Cuentas, al constatar que se modificaron los requisitos establecidos en una convocatoria anterior para facilitar la adjudicación de la citada plaza por el sistema de libre designación al hermano de un consejero y no al candidato más idóneo para su desempeño, según ha informado el Alto Tribunal.
Un letrado del Tribunal de Cuentas recurrió la nueva convocatoria del puesto de trabajo, de 26 de septiembre de 2013 y pidió su nulidad argumentando que se habían modificado las condiciones de la misma para favorecer a Enrique Medina Guijarro, hermano del Consejero Javier Medina Guijarro.

La sentencia considera fundada la “desviación de poder” denunciada por el recurrente y aprecia una “finalidad torcida” en la convocatoria con la que se pretendía, mediante la descripción del puesto de trabajo que se efectúa, facilitar su adjudicación al aspirante elegido para la misma.

Del mismo modo, afirma que son datos especialmente elocuentes de esa finalidad desviada que en la convocatoria impugnada se prescindió, sin justificación, de las exigencias de dominio de los idiomas inglés y francés y de otros perfiles técnicos de la plaza; y destaca los intentos de excluir de la misma a funcionarios de Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas, con un perfil profesional más próximo a las exigencias del citado puesto. Asimismo, señala la designación previa en comisión de servicios para un puesto del Tribunal de Cuentas de Enrique Medina Guijarro, perteneciente a un cuerpo funcionarial ajeno a dicha institución, prescindiendo de los funcionarios del propio Tribunal.

A todo ello, subraya la sentencia, hay que sumar los intentos frustrados de modificar por la inadecuada vía de la rectificación de errores la convocatoria inicial, de 7 de marzo de 2013, de dejarla sin efecto, y de dejar desierta la plaza controvertida; así como la ausencia de una explicación de esas decisiones, tanto en la respuesta del Tribunal de Cuentas en el actual proceso jurisidiccional como en el expediente administrativo remitido.

Con todos esos datos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que hay una base objetiva para asumir como la convicción más razonable que “la nueva convocatoria estuvo dirigida a suprimir los obstáculos que frente a otros aspirantes pudiera tener Medina Guijaro para obtener la plaza objeto de discusión”.

La primera carta de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2016 a las 6:00

PERITOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS CONFIRMAN ANOMALÍAS EN LAS AYUDAS DE LOS ERELo ha dicho muy claro, aunque sus palabras no aparecieran recogidas en el resumen oficial del auto que difundió a la prensa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La lectura profunda de la resolución dictada esta semana por la juez María Núñez Bolaños no deja lugar a duda alguna. La conclusión que puede extraerse es que la instructora entiende que la absolución de los imputados en la pieza principal de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.
¿El planteamiento de Bolaños es descabellado? Evidentemente no lo es. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio.
Bolaños no es la única que plantea esta cuestión. Basta recordar lo que dijo el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Merces Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.
Es la misma línea que marcó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el sospechoso habitual de los ERE (ha declarado ya en el juzgado en seis ocasiones), cuando declaró ante el Tribunal Supremo, donde minimizó el posible fraude. Fernández afirmó que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.
Bolaños ha puesto ahora la atención sobre los juicios del procedimiento específico y las sobrecomisiones, que marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Lo que no tiene mucho sentido es que haya que esperar a que se dicten las sentencias en esas piezas para continuar con el enjuiciamiento del resto de las piezas.
Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, la house of cars (para los que le guste la serie de televisión), ese castillo de naipes que constituye el macroproceso de los ERE, podría acabar desplomándose a las primeras de cambio según el resultado de la sentencia. Y si eso ocurriera y tuviera las consecuencias que Bolaños plantea para el resto de las ayudas en ese supuesto, la cuestión es cómo se podrá explicar a la sociedad lo que ha ocurrido durante tantos años de instrucción…

VISTO PARA SENTENCIA

Confusiones por la nueva nomenclatura
*La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sustituido algunos vocablos de la nomenclatura legal ya está provocando las primeras confusiones. Recuerden que ahora los imputados se llaman investigados y los secretarios judiciales letrados de la Administración de Justicia. Les voy a contar una anécdota que ocurrió recientemente y que refleja perfectamente cómo los cambios en materia de Justicia tardan un tiempo en asimilarse. Un preso telefoneó indignado a su abogada defensora, El diálogo que se produjo entre ambos fue el siguiente:
–Hola. ¿Por qué has renunciado a mi defensa? –pregunta el preso.
–¿Qué estás diciendo? Yo sigo siendo tu letrada… –responde sorprendida la abogada.
–Que sí, no me cuentes historias… Que me ha llegado una carta del turno de oficio designando a la “letrada de la administración de Justicia” y yo quiero que tu sigas defendiéndome, que para eso te pago. –añadió el interno.
Menudo jaleo tuvo la abogada para explicarle que, mientras estaba a la sombra, el Gobierno había decicido cambiar el cargo de los antiguos secretarios judiciales.
De las confusiones a las erratas graciosas
*Errare humanum est. Un reciente escrito del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre los EREordenaba dar traslado de la causa al también investigado “ManuelChavez González”(sic). Chavez con zeta y sin tilde, como el que fuera presidente venezolano. Pero lo curioso es que el presidente de la Junta lo lleva claro, por lo menos en lo que se refiere a que escriban bien su apellido, porque la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya remitió al Tribunal Supremo en agosto de 2014 no paraba de citarle, incluso desde el primer folio, como “Manuel Chávez González”. Por cierto que no es la única errata que aparece en esa diligencia del juzgado, puesto que la misma también da traslado de la actuaciones a ”José Antonio Viera Aguayo”, una mezcla de apellidos de los ex consejeros José Antonio Viera Chacón y Carmen Martínez Aguayo. Lo dicho, errar es humano.
La procesión de la vágina de plástico
*La Justicia se ve en muchas ocasiones desbordada por la excesiva litigiosidad. Asistimos a la judicialización de muchos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día se denuncia todo, desde la pelea con la vecina por el tendedero hasta las situaciones más insólitas o inverosímiles. El aumento de las denuncias y demandas se debe en muchas ocasiones a asuntos que no deberían llegar a la mesa de un juez. Esta semana, la juez de Instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha tomado declaración como “investigadas” por un delito contra los sentimientos religiosos a tres mujeres que portaban en procesión una vagina de plástico en la manifestación del primero de Mayo de 2014. Las tres imputadas han negado que tuvieran una “voluntad de mofa”. La historia no deja de ser anecdótica, pero denuncias de este tipo hacen que los jueces tengan que emplear un tiempo y un esfuerzo que podrían emplear a otros asuntos de verdadera trascendencia.