Café para todos

Jorge Muñoz | 10 de febrero de 2018 a las 2:00

PRIMERA SESION JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS

El tribunal de los ERE repartió ayer el café para todos que en su día acuñó el prestigioso jurista Manuel Clavero, pero en forma de auto. Los magistrados que juzgan a los 22 ex altos cargos en la pieza política de los ERE, que sienta en el banquillo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, rechazaron todas las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, y también por las defensas, con la única e importante excepción de apartar del procedimiento el delito de asociación ilícita.
Este delito fue atribuido por el PP a los 22 ex altos cargos en su escrito de conclusiones provisionales y ahora la Audiencia considera que su inclusión en el auto de apertura de juicio oral por el juez de refuerzo Álvaro Martín provocó la indefensión de los acusados, puesto se incluyó de manera “sorpresiva” una acusación que, a juicio de laAudiencia, no estaba permitida por los hechos recogidos en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
Dicen los jueces que en la instrucción y en ese auto no se refleja la existencia de una estructura jerárquica, un inicial reparto coordinado de cometidos o papeles entre los acusados, sino que se describe un supuesto de “mera codelincuencia, pero no de asociación ilícita”, por lo que no se puede formular una acusación por este delito.
El tribunal está dinamitando con la expulsión de este delito la teoría de la “trama criminal” en torno al caso de los ERE fraudulentos y, en cierto modo, avala la postura que en torno a la pieza del “procedimiento específico” ha venido manteniendo la acusación particular que ejerce en esta macrocausa la Junta de Andalucía, que es la perjudicada por el presunto fraude.
La Junta no ejerce la acusación particular en esta pieza política de los ERE porque en su día solicitó el archivo porque entendía que no existía ninguna “trama criminal” ni el procedimiento específico se creó para eludir los controles de la Intervención general y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
El auto de la Audiencia también avala la postura que ha llevado al gabinete jurídico de la Junta a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la negativa de la Audiencia de Sevilla a que el ex consejero de Empleo y otros ex altos cargos puedan ser enjuiciados más allá de la pieza del “procedimiento específico” de los ERE.
A este respecto, la Sección Primera ha advertido de que “las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa” y la Junta alegaba precisamente en su recurso de amparo que la pieza política de los ERE no incluye ninguna acusación por las más de 160 piezas –la Fiscalía asegura que son unas 270– que siguen actualmente en instrucción, por lo que criticó que la Audiencia de Sevilla había “redefinido” o “reinterpretado” el objeto que en su día se había fijado para este juicio por el “procedimiento específico” de los ERE.
El gabinete jurídico alegó finalmente que se le había impedido a la Junta el “ejercicio de la acción penal en su condición de víctima para reclamar el castigo” del ex consejero de Empleo como responsable de la concesión de las subvenciones y ayudas. Por último, criticó el cambio “radical” de criterio de la Sección Séptima de la Audiencia –la que resuelve los recursos de la macrocausa de los ERE–. La acusación particular de la Junta consideró que ese cambio de la Audiencia afecta a la “validez de la división de la causa matriz y a la persecución penal de los hechos relativos a la gestión de cada concreta ayuda”.

Facua considera “escandaloso” que Justicia denuncie al informático que destapó el fallo de Lexnet

Jorge Muñoz | 8 de febrero de 2018 a las 18:40

FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Ministerio de Justicia haya decidido denunciar al informático que descubrió la vulnerabilidad en LexNet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial. Sobre todo, después de que ese descubrimiento permitiera al propio Ministerio resolver este gravísimo fallo que propició más de 400 descargas de datos.

Y lo hace una vez parcheado el agujero de seguridad que permitía a cerca de 150.000 abogados y procuradores, con sólo cambiar el ID que le identifica, publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia. La cartera encabezada por Rafael Catalá ha decidido denunciar al joven ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional por, según ellos, no cumplir con el artículo 197 del Código Penal sobre la revelación de secretos, ha denunciado la asociación de consumidores.

Tras averiguar el error de la plataforma, el hacker además de avisar a todas las partes afectadas, se descargó un archivo con 11.000 documentos de índole informática, como el código fuente de LexNET, y que estaban disponibles para todo el mundo a esas horas del 28 de julio.

FACUA considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán difíciles de conocer y más aún que su mayor representante, Catalá, siga ocultando el alcance real de las incursiones ilegales y castigue al joven que ayudó a corregir el grave problema.

La asociación advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, “el Gobierno continúa sin asumir responsabilidades y está intentando maquillar la magnitud de lo ocurrido, que representa un auténtico escándalo ya que se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos”.

Alerta asimismo de que resulta una incógnita si existen más fallos de seguridad en LexNet, ya que Justicia se niega a facilitar su código fuente, como también mantiene en secreto buena parte de los datos relativos a las contrataciones realizadas para el desarrollo de este sistema, el nombre de las empresas adjudicatarias y las cantidades que cobraron.

Desde su implantación -es obligatorio desde 2016-, numerosos profesionales del Derecho han criticado una larga lista de errores técnicos y de diseño en LexNet, un sistema lento y obsoleto impuesto sin proveer a los juzgados de medios técnicos y humanos necesarios para su correcta aplicación y que está entorpeciendo la labor de todos los operadores de la Administración de Justicia.

Hasta la fecha no había trascendido una irregularidad de las dimensiones de la que ha salido a la luz a finales de julio de este año, cuando el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, dio a conocer en Facebook el agujero de seguridad ante la falta de respuesta a su queja por parte del Ministerio. Justicia paralizó unos días el acceso a la plataforma para modificar su código fuente, pero no ha aclarado desde cuándo existía el problema, cuya gravedad ha minimizado con argumentos que vienen refutando públicamente numerosos abogados.

Foro Judicial critica el nuevo plan de urgencia para las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 6 de febrero de 2018 a las 11:49

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El acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ atribuyó a determinados juzgados el conocimiento de manera exclusiva y no excluyente de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, las cláusulas suelo

El informe que servía de soporte a dicho acuerdo resultó  absolutamente superado. A fecha 17 de diciembre de 2017 se habían presentado en España más de 150.000 demandas.

El previsible colapso se hizo realidad en pocos meses y obligó al CGPJ a rectificar. Sin embargo, la decisión adoptada “ahondaba en el error cometido”, según critica Foro Judicial Independiente (FJI) en un comunicado. El acuerdo de 28 de diciembre de 2.017 prevé que un juzgado por provincia y con un ámbito provincial, además, de otros en Baleares y Canarias, conozcan de manera exclusiva y excluyente de esta materia, implicando en todos ellos a la plantilla titular.

La decisión de “encapsular” el problema conlleva su “enquistación y supuración” ante la evidente falta de medios personales y materiales para atender este tipo de reclamaciones.

Es necesario empezar a hablar de la necesidad de reformas legales que resuelvan los problemas de reclamaciones en masa. Además de búsquedas de sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos,  las “class action” del derecho anglosajón son un ejemplo a seguir. En nuestra realidad procesal podemos extender y aplicar en la jurisdicción civil conceptos existentes como la prejudicialidad y la extensión de efectos, a fin de no hacer necesaria la reiteración de sentencias ante los mismos conflictos. “Y por qué no, plantearnos la aplicación de intereses punitivos como ya se hizo en el año 1989 con el art. 20 de la LCS, lo que redujo drásticamente este tipo de reclamaciones”, se pregunta la asociación de jueces.

Pero mientras que los otros dos poderes “siguen ausentes y derivando al Poder Judicial la resolución de todos los problemas del Estado, el desacierto del CGPJ va de la mano a la desidia de nuestros políticos”, añade. La última ha sido solicitar a los jueces destinados en “juzgados de cláusulas suelo” que realicen una estadística judicial e informen sobre señalamientos, demandas y sentencias en función del suplico de las mismas. Un trabajo que les obliga a revisar cientos de miles de reclamaciones en un plazo de 7 días.

“¿Hasta dónde llegará el despropósito? La orden dada por el CGPJ  resulta contraria a lo establecido en el art. 461 de la LOPJ y el art. 182.4 de la LEC”. Los jueces y magistrados, prosiguen,  carecen de funciones de estadística judicial  y de competencias en certificación. Saben que la instrucción dada es ilegal, pero se aprovechan del hecho que muchos de los afectados son compañeros de la 67 promoción y de otros tantos que acaban de tomar posesión provenientes del “cuarto turno”, todos a las espera de que el CGPJ les saque sus plazas. Se está jugando con el temor que causa la incertidumbre en el destino profesional de todos estos compañeros.

Por todo ello, y como ya han empezado a hacer algunos, FJI recomienda a los jueces afectados no atender a este requerimiento del CGPJ, no acusando recibo siquiera del mail recibido, y se ponen a disposición de todos los jueces para asistirlos en cuantas dudas puedan tener o las “presiones” que puedan recibir.

Deliberación

Jorge Muñoz | 4 de febrero de 2018 a las 2:00

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presiden el juicio a los 22 ex altos cargos.

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presiden el juicio a los 22 ex altos cargos.

Siempre me ha parecido que los jueces españoles están muy mal pagados para la complicada labor que tienen encomendada y la trascendencia de las decisiones que adoptan a diario, sobre todo cuando está en juego, por ejemplo, la privación de libertad de una persona. Desde hace años, la labor de los jueces en la lucha contra la corrupción ha devuelto en parte a la sociedad la confianza en la Justicia, más allá de las repetidas críticas a un hecho que, de otro lado, resulta más que evidente: el lastre que supone muchas veces la lentitud de la Justicia.
Si a las complicaciones de una causa como la de los ERE añadimos además la presión mediática, la labor de un tribunal se vuelve encima más laboriosa. Los magistrados de la Sección Primera que enjuician la pieza política de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta, llevan ya varias semanas deliberando sobre las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los acusados, unas cuestiones que pueden marcar el futuro del proceso.
La deliberación de un tribunal, un órgano colegiado compuesto como en este caso por tres magistrados, puede volverse aún más difícil si se producen discrepancias entre los miembros, como se ha visto por ejemplo en el caso de los cinco sevillanos juzgados en Pamplona por la violación en grupo de una joven –caso que sigue a la espera de sentencia, algo que se anunció para después de las Navidades–, donde uno de los jueces emitió al término del juicio un voto particular en el que se mostraba favorable a la puesta en libertad de los jóvenes. La deliberación de esa sentencia seguro que está siendo bastante reñida y probablemente contendrá algún voto particular.
En el caso de los ERE no parece que existan a priori tantas disensiones, dado que desde el principio la Sala ha ido adoptando sus decisiones y acuerdos de manera unánime y sin que haya trascendido ninguna discrepancia digna de mención.
Ahora bien, es lógico que el debate sobre las cuestiones previas pueda estar planteando algunas dudas entre el tribunal, porque las cuestiones planteadas tienen un enorme calado y repercusión para la marcha del proceso.
El hecho de que el tribunal haya facilitado un calendario de sesiones hasta el 31 de octubre no implica que todo esté ya decidido, sobre todo porque ese calendario se ha entregado a instancias de varios abogados defensores a los efectos de justificar ante otras instancias judiciales que ya están celebrando un juicio que les mantiene ocupados tres días a la semana.
Los magistrados del juicio de los ERE tienen que pronunciarse, principalmente, sobre dos cuestiones previas que son trascendentales para el caso. La primera, sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se delimite el objeto del juicio, para tratar de determinar si en este juicio se agota toda la posible responsabilidad penal de los ex altos cargos, que no podrán ser enjuiciados en el resto de las 270 piezas que conforman la macrocausa, de acuerdo con el criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y que rechaza el Ministerio Público.
La segunda cuestión fue planteada por el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y en la misma el letrado pide la devolución de la causa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Esta defensa sostiene que todas las actuaciones realizadas en esta causa por el juez de refuerzo Álvaro Martín son nulas, por cuanto al designarlo para investigar la causa de los ERE se vulneró el derecho al juez natural predeterminado por la ley.
Sobre la cuestión planteada por la Fiscalía, el tribunal puede explicar, como en su momento avanzó en el juicio el magistrado Juan Antonio Calle Peña que el objeto de este juicio está delimitado por los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral, así como por los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares. Pero la cuestión planteada por Mohedano sí que puede generar más quebraderos de cabeza y dudas a los magistrados.
Si el tribunal aceptara esa cuestión previa, el juicio se tendría que suspender y devolver la causa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que su titular, María Núñez Bolaños, devolviera la causa al estado en el que se encontraba el 27 de enero de 2016, anulando todas las decisiones adoptadas por Álvaro Martín hasta la elevación del caso a la Audiencia de Sevilla, una decisión que ya adoptó la propia Núñez Bolaños.
Varias de las defensas habían pedido hasta el último momento al abogado de Griñán que no planteara esta cuestión previa al tribunal porque, en el caso de que prosperara, se pondría a su vez en una complicada situación a los ex altos cargos enjuiciados en el “procedimiento específico” que están siendo excluidos del resto de las 270 piezas en las que se ha dividido la macrocausa. Si se anulara el procedimiento, volverían a poder ser incluidos de nuevo en cada una de las piezas, puesto que en principio al dejar de estar procesados en la pieza política no se les podría aplicar la posible vulneración del principio non bis in ídem.
La solución se conocerá el próximo 12 de febrero, cuando el tribunal retome las sesiones del juicio y haga público el auto resolviendo las cuestiones previas.
A pesar de las dudas que puedan haber albergado inicialmente los magistrados, todo apunta a que el tribunal rechazará todas las cuestiones previas, las ya mencionadas y también la que propone que primero se practiquen las declaraciones de los testigos y peritos, y sólo al final declaren los 22 ex altos cargos acusados. Devolver a estas alturas, siete años después, la causa al juzgado de instrucción sería un auténtico escándalo que dañaría de nuevo la imagen de la Justicia.

El Supremo avala el nombramiento de la presidenta de la Audiencia de Málaga

Jorge Muñoz | 2 de febrero de 2018 a las 13:01

Lourdes García Ortiz

La magistrada Lourdes García Ortiz.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el magistrado Antonio Alcalá Navarro contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 20 de diciembre de 2016 que nombró presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga a Lourdes García Ortiz. El recurrente, ex presidente de dicha Audiencia, entendía que debía anularse la designación de García Ortiz porque está casada con el presidente de la Audiencia de Granada y el artículo 391 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera incompatible que integren una misma Sala de Gobierno (en este caso la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) dos presidentes de audiencia provincial unidos por vínculo matrimonial. 

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira, explica que no estamos en este caso ante una causa de inelegibilidad  sino “ante una incompatibilidad, tesis que es pacifica para las partes en litigio, incompatibilidad que conlleva la prohibición, no como pretende la parte recurrente de nombramiento como Presidente/a, sino una prohibición de  integrar,  formar parte,  simultáneamente de  una misma Sala de Gobierno”, ha informado este viernes el Tribunal Supremo.

Por tanto, prosigue la resolución, la incompatibilidad “sólo opera en relación al ejercicio de la función correspondiente al cargo anejo de miembro  de la Sala de Gobierno, la  que por otra parte no es la función principal y más relevante de las que corresponden al cargo de Presidente de Audiencia Provincial. Si el legislador hubiera pretendido otra cosa habría establecido sin ambages una causa de inelegibilidad   que sí daría lugar a la prohibición de nombramiento que sostiene el recurrente”.

Para la Sala, los distintos caminos seguidos a la hora de interpretar el alcance de la incompatibilidad prevista en el artículo 391 párrafo segundo de la LOPJ llevan a una misma conclusión, tanto si se atiende a la finalidad perseguida por la norma, a la protección del derecho constitucional que puede resultar afectado o a una interpretación sistemática de la totalidad del precepto en cuestión y concordantes de la Ley.

Los magistrados indican que es igualmente razonable concluir que en los supuestos en que la Sala de Gobierno puede actuar en Comisiones (como sucede en el TSJ andaluz) opera la excepción a que se refiere el artículo 391 de la Ley, que prevé que en los casos en que existieren varias secciones, en una misma Sala no opera la incompatibilidad a la que se refiere el precepto.

Respecto a la forma en que el respeto  a la incompatibilidad que el precepto establece debe ser llevada a buen fin cuando la Sala de Gobierno del TSJ actúe en Pleno,  -bien por la vía de la sustitución, bien por la de su composición  atendiendo a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley en el que se establece el número de miembros necesarios para su valida constitución-, el Supremo señala que excede del ámbito del presente recurso y debe ser resuelto por la propia Sala de Gobierno en su caso.

VOTO PARTICULAR

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Luis Díez-Picazo (presidente de la Sala), quien considera que el recurso debió ser estimado. Este magistrado se pregunta en su voto si el órgano de gobierno del Poder Judicial puede designar para un cargo a un Magistrado de quien sabe –o habría debido saber- que será automáticamente incompatible por razón de matrimonio con otro que ocupa un cargo similar. Y su contestación es que no, “máxime cuando el CGPJ ni siquiera ha impuesto como condición la renuncia de uno de los dos. El CGPJ, obviando este grave problema, se ha limitado a tomar una decisión que directamente conduce a una situación contraria a lo que, de manera tajante e inequívoca, establece el artículo 391 de la LOPJ”.

Caso de los ERE: Culpa compartida

Jorge Muñoz | 28 de enero de 2018 a las 2:20

TERCERA JORNADA DEL JUICIO DE LA PIEZA POLITICA DE LOS ERE

Hace unos años un juez tomó declaración como imputado (los ahora llamados investigados) a un corredor de fincas con pocos escrúpulos que había sido imputado una estafa. El imputado había vendido reiteradamente la misma propiedad a diferentes personas e incluso con distintos precios. Una auténtica estafa de libro.
–Entonces, ¿no es verdad que usted vendió la finca a esta persona y por este dinero? –preguntó el juez aportándole datos sobre la venta de la propiedad.
–Correcto. –admitió.
–Más tarde, ¿no volvió a vender la misma propiedad a otra persona y por este otro importe?
–Así es, señoría –contestó de nuevo.
–¿Es cierto que posteriormente vendió nuevamente la finca a otra persona por esta cantidad?
–Sí, señoría.
–¡Pues usted me dirá cómo arreglamos esta situación! –exclamó con vehemencia el magistrado.
Eso mismo digo yo, señoría. ¡A ver si encontramos un juez con dos cojones que nos diga cómo arreglamos esto! –aseveró con espontaneidad y gracejo el imputado.
Esta anécdota bien podría ilustrar la esperpéntica situación que se está viviendo en el caso de los ERE, donde la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia de Sevilla están en plena bronca dialéctica, con reproches mutuos sobre quién ha cambiado las reglas y ha provocado el lío que llevó a los magistrados de la Sección Séptima a fijar el criterio de que los ex altos cargos que están siendo enjuiciados en el “procedimiento específico” de los ERE no podrán ser juzgados posteriormente en ninguna de las 270 piezas en las que se separó la macrocausa.
Para enredar aún más la situación, la propia Sección Séptima ha aprovechado un reciente auto para responder a la cuestión previa planteada por el Ministerio Público en el juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán, donde los fiscales han pedido al tribunal que realice una delimitación del objeto de este juicio a raíz de la decisión de la Sección Séptima de aplicar a los ex altos cargos el principio non bis in ídem.
Los jueces de la Sección Séptima consideran que el “procedimiento específico” se ha visto “desbordado” por la decisión de la Fiscalía y de las demás acusaciones de introducir el delito de malversación en este primer juicio donde se juzga la supuesta creación y mantenimiento de un sistema para la concesión de las ayudas que eludía los controles de la Intervención y empleaba de forma inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA para el pago de las ayudas.
Y tienen razón en este argumento, pero esta Sala también tiene parte de culpa en el desaguisado. Es cierto que el instructor del Tribunal Supremo, cuando investigó la causa contra Chaves y Griñán y otros aforados, concluyó que en esta pieza de la macrocausa no apreciaba el delito de malversación, dado que sólo propuso continuar la causa por prevaricación y advirtió que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
¿Entonces, por qué Anticorrupción y las demás acusaciones introdujeron la malversación en el procedimiento específico? Pues hay quien dice que lo hicieron para no arriesgarse a sufrir otro descalabro en el juicio, que les ocurriera como sucedió posteriormente con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde hubo un pleno de 10 acusados absueltos.
Decía que los magistrados de la Sección Séptima, los que llevan siete años resolviendo los recursos de la macrocausa de los ERE, también tienen su parte de culpa en este auténtico galimatías jurídico que entre unos y otros han montado. Durante años, esta Sala estuvo avalando, auto tras auto, la expansiva instrucción y las tesis de Mercedes Alaya, quien de otro lado siempre se opuso a una división en piezas sin la que hubiera sido posible que este juicio se iniciara. La división de la causa no se produjo hasta la llegada de María Núñez Bolaños al juzgado, y desde luego no se puede culpar de lo ocurrido a esa separación en piezas que llevaba tiempo pidiendo la Fiscalía.
La Audiencia, la Fiscalía, la propia Mercedes Alaya…. todos tienen su parte de responsabilidad en la maraña jurídica sin precedentes en la que se ha convertido este proceso. Culpa compartida.
Quizás la solución más garantista para todas las partes sea la de estimar la cuestión previa de la Fiscalía Anticorrupción, pero no en el sentido por el que apuesta el Ministerio Público, sino la primera opción: la devolución del caso al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que Bolaños dicte un nuevo auto de procedimiento abreviado, en el que delimite expresamente el objeto de este juicio para despejar cualquier duda.
Y ojo, que la Junta ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado. La verdad es que en este caso a lo mejor habría que encomendar el destino de la causa a un juez como el que solicitaba el estafador de la mencionada anécdota.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron a 99 personas por corrupción entre julio y septiembre de 2017

Jorge Muñoz | 26 de enero de 2018 a las 14:17

 Se terminaron 20 procedimientos  por este tipo de delitos · El 80,9 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fueron condenatorias

Además, en el último trimestre del año pasado adquirieron firmeza otras sentencias que suponen la condena de 69 personas, la mayoría de ellas por delitos de prevaricación administrativa y malversación

Los jueces españoles concluyeron en el tercer trimestre de 2017 un total de 20 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 99 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al tercer trimestre del año, según ha informado este viernes el máximo órgano de Gobierno de los jueces.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

 

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas Procedimientos
Tribunal Supremo 0 0
Audiencia Nacional 0 0
Órganos centrales 0 0
Andalucía 1 1
Aragón 0 0
Asturias 4 1
Baleares 5 1
Canarias 24 5
Cantabria 0 0
Castilla-La Mancha 3 1
Castilla y León 8 2
Cataluña 23 3
Comunidad Valenciana 16 4
Extremadura 1 1
Galicia 14 1
Madrid 0 0
Murcia 0 0
Navarra 0 0
País Vasco 0 0
La Rioja 0 0
Comunidades Autónomas 99 20
TOTAL 99 20

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

Un 80,9 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, los Juzgados y Tribunales dictaron 21 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

 

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

Condenatorias con conformidad Condenatorias sin conformidad Parcialmente condenatorias Absolutorias TOTAL
T.Supremo 0 0 0 0 0
A.Nacional 0 0 0 0 0
Ó.centrales 0 0 0 0 0
Andalucía 2 3 1 1 7
Aragón 1 0 0 2 3
Asturias 1 1 0 1 3
Baleares 2 0 0 0 2
Canarias 2 1 0 0 3
Cantabria 0 0 1 0 1
C.-La Mancha 0 0 0 0 0
C.- y León 0 0 0 0 0
Cataluña 0 0 0 0 0
C.Valenciana 1 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0
Galicia 0 1 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0
País Vasco 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
CC.AA. 9 6 2 4 21
TOTAL 9 6 2 4 21

 

69 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al último trimestre del año pasado, es de 69 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.

87 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en España 74 penados –en 40 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y 13 preventivos.

El TSJA incorpora a siete nuevos magistrados

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2018 a las 19:01

Jura 23 enero

Siete nuevos magistrados han jurado o prometido hoy sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los nuevos miembros de la carrera judicial fueron nombrados magistrados una vez superado el concurso entre juristas de reconocida competencia.

Dos de los nuevos magistrados pasarán a desempeñar sendas plazas en Ceuta, en concreto, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 y 6. Los otros cinco magistrados quedan a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tres en el orden penal y dos en el civil.

De estos cinco magistrados, dos han sido adscritos a Sevilla. Uno de ellos cubrirá la plaza del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, en funciones de sustitución de su titular, que se encuentra en comisión de servicio en la Audiencia de Sevilla, concedida para reforzar este órgano judicial por la sobrecarga de trabajo de las secciones penales debido a las causas de especial complejidad que se tramitan.

Otro de los nuevos magistrados ha sido destinado a los Juzgados de lo Penal de Sevilla, en funciones de refuerzo que desempeñará conforme al plan de actuación actualmente vigente, quedando asignado al Juzgado de lo Penal número 14 hasta el 2 de febrero y al Juzgado de lo Penal número 9 hasta el 1 de julio de 2018.

Juzgado de cláusulas suelo de Córdoba

A Córdoba irá destinado otro magistrado que hoy ha tomado posesión. En concreto, al Juzgado de Primera Instancia número 9 en funciones de refuerzo para asumir la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

A otro magistrado se le ha asignado el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, en funciones de sustitución de su titular, mientras que a Málaga irá otra magistrada al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos, también en funciones de sustitución de su titular.

Los magistrados que hoy han prometido o jurado son:

María Victoria Rodríguez Caro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta.

María de la Luz Lozano Gago. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta.

Jerónimo García San Martín. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, en funciones de sustitución de su titular.

Silvia Coll Carreno. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de Primera Instancia 4 de Torremolinos, en funciones de sustitución de su titular.

Felipe Javier Pérez Castillo. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba, en funciones de refuerzo para asumir la materia relativa a cláusulas suelo.

José Jesús Maraver Lora. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgados de lo Penal de Sevilla en funciones de refuerzo.

Jesús Miguel Moreno Ramírez. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de lo Penal 5 de Almería, en funciones de sustitución de su titular.

 

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Ovejas negras en la Policía Local

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2018 a las 16:13

Don José Luis Barranco Álamos, miembro de la Policía Local de Sevilla, quien no me consta que sea el autor de la carta que publiqué el día 22/05/17 bajo el título “Ovejas Negras en la Policía Local” manifiesta “Que en el ejercicio de su derecho de rectificación quiere hacer constar que no es él el autor de la carta” a la que me he referido.

El alijo menguante

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2018 a las 2:00

Una imagen del cargamento de cocaína, camuflado en cajas de bananas, que fue incautado en septiembre de 2016.

Una imagen del cargamento de cocaína, camuflado en cajas de bananas, que fue incautado en septiembre de 2016.

Hay quien piensa que siempre que se habla de los alijos de droga que decomisan los cuerpos policiales se tiende a informar, por parte de las autoridades, de que es el más grande o la mayor intervención de la historia, haciendo comparaciones con otras operaciones, como si quisiera dársele más importancia de la que realmente tiene a esa concreta actuación contra el tráfico de sustancias estupefacientes.
Los traficantes tratan de burlar a la Policía camuflando la droga en cualquier objeto o producto con el que pretenden sortear los controles y así no es de extrañar lo que ocurrió en Sevilla en agosto de 2016, cuando en el transcurso de una operación antidroga fueron detenidas tres personas que usaban como tapadera una empresa de frutas ubicada en Sevilla.
La operación fue llevada a cabo por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional quienes, en una investigación conjunta, se incautaron del “mayor alijo de cocaína” –para sorpresa de los más reacios con esta expresión– intervenido en la provincia de Sevilla hasta esa fecha: 900 kilos procedentes de Colombia. O, al menos, eso es lo que en su momento se trasladó a los medios de comunicación, porque una vez que se ha analizado y pesado la droga, la cantidad ha sufrido una importante reducción de nada más y nada menos que 87,2 kilos.
En este caso, la Fiscalía de Sevilla señala en su escrito de conclusiones provisionales que una vez analizado el total de las sustancias intervenidas se ha podido determinar que la droga incautada asciende a 800 paquetes que arrojaron un peso neto de 812,8 kilos, con una pureza del 75,6%. Fuentes del Ministerio Público consultadas por este periódico explicaron que este tipo de discrepancias suelen ser habituales, por la diferencia en el pesaje, entre el peso bruto y el neto de las sustancias estupefacientes decomisadas por las fuerzas policiales. ¡No se asusten que no estamos hablando de un nuevo robo de drogas en la Jefatura! (Recuérdese el caso del ex agente de Policía Lars Sepúlveda, que fue condenado a 12 años por el robo de 154  kilos de cocaína y heroína en la Jefatura de Blas Infante, y que el pasado verano fue detenido en Madrid por su presunta relación con una red traficantes de cocaína).
En el caso de los 812,8 kilos de cocaína camuflados en bananas hay tres acusados: J. P. R. R., R. R. R. y R. C. Q. Según el escrito de acusación de laFiscalía, el primero de los acusados era administrador único de la empresa R&R en octubre de 2014. La empresa cambió de nombre y de objeto social, dejando de importar y exportar material informático para dedicarse a la importación de frutas.

El Ministerio Público considera que, para dar “apariencia de legalidad” a esta empresa, el acusado realizaba viajes a Colombia, en los que negociaba la importación tanto de frutas como de sustancias estupefacientes. Así, los días 7 y 14 de junio de 2016 importó sendos contenedores de bananas frescas, y tras considerar que de esta forma existía dicha apariencia de legalidad, procedió a importar desde Colombia otros dos contenedores, uno de los cuales contenía bananas y otro la cocaína.
La descarga de la droga la realizaron personas de su confianza, los otros dos acusados. Al legar el camión a una nave ubicada en la avenida de la Industria, el acusado R. C. instó a los transportistas a que se marcharan a tomar un café, mientras él y R. R. R., buscaban los palés concretos en los que se encontraba la cocaína, con la idea de proceder a su almacenamiento y posterior distribución, precisa el fiscal.
El 5 de agosto de 2016, agentes del servicio de Aduanas sospecharon del contenido de uno de los contenedores, por lo que previa autorización judicial, lo habían examinado y decidieron solicitar la “entrega vigilada” de estas sustancias.
Según el Ministerio Público, la sustancia intervenida habría obtenido una beneficio en la venta al por mayor de 32,7 millones de euros; de más de 90 millones si se hubiera vendido al por menor; y de 170,8 millones en el supuesto de que se hubiera suministrado por dosis. De los tres acusados, sólo continúa en prisión provisional el responsable de la empresa.
La Fiscalía de Sevilla considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en el que concurre la circunstancia agravante de notoria importancia simulando operaciones de comercio internacional. Dada la gravedad de los hechos, el fiscal reclama una condena de 11 años de prisión para cada uno de los tres acusados, así como el pago de dos multas que ascienden a un total de 1.032 millones de euros. El juicio se celebrará en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Sevilla.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Paréntesis en el juicio de los ERE fraudulentos

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo 12 de febrero la reanudación de la vista oral del “procedimiento específico” de los ERE, que sienta en el banquillo de los acusados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos.

En estas semanas, los tres magistrados que componen la Sala deben resolver sobre las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas. Las más controvertidas son la propuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que siete años después de iniciada la instrucción ha pedido al tribunal que delimite el objeto de este juicio –para ver si en el mismo se engloban el resto de las 270 ayudas, como entiende otra Sala de la Audiencia–; así como la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley que alegan las defensas por el hecho de que el juez de refuerzo Álvaro Martín instruyera la causa; y la petición por parte de la acusación del PP de que preste declaración en el juicio como testigo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El tribunal tiene ante sí un arduo trabajo de deliberación y contestación a todas estas cuestiones previas, pero todo apunta a que la mayoría de ellas serán rechazadas y el día 12 arrancará el verdadero juicio, con la declaración de los 22 acusados. El primero en declarar, si el tribunal no admite la cuestión previa en la que se pide que los procesados declaren al final del juicio, sería el ex director de Trabajo y principal acusado Javier Guerrero, artífice de la expresión fondo de reptiles para definir la partida presupuestaria 31L por la que se abonaban las ayudas. La duda está en si Guerrero declará o se acogerá a su derecho a no declarar.

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