Tres jueces y una apelación

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2018 a las 2:20

DETENIDOS 16 RESPONSABLES POLÍTICOS POR EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

El título de este artículo podría recordar a una comedia simplona si no fuera porque en el fondo del asunto hay 24 personas, en su día cargos políticos, muchos de los cuales fueron arrestados en una operación policial que desembocó en una causa judicial que luego fue archivada. La juez María Núñez Bolaños, instructora de las macrocausas, archivó en octubre de 2016 la investigación relacionada con una supuesta “red de clientelismo político” para el reparto de los fondos públicos destinados a las ayudas a la formación que su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían apreciado.
El carpetazo al asunto se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que no apreció delito alguno en la conducta de los 24 altos cargos y funcionarios investigados, algunos de los cuales fueron arrestados de forma espectacular cuando se dirigían al colegio con sus hijos pequeños.
Las acusaciones populares que ejercen el Partido Popular de Andalucía y el sindicato Manos Limpias recurrieron el archivo en diciembre de 2016 y el asunto fue remitido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a la que había correspondido por turno de reparto la resolución de todos los recursos relacionados con esta investigación. Y es en esta Sala dónde se ha producido el parón, motivado por distintas vicisitudes. La primera consiste en que el presidente de la Sección Primera, el magistrado Pedro Izquierdo, fue recusado por el PP para que presidiera el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, debido a que el magistrado había ocupado años atrás el cargo de secretario general para la Administración de Justicia en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. La Sección Tercera de la Audiencia admitió la recusación y, a partir de ahí, el magistrado se ha ido apartando de intervenir en otras macrocausas, como la de los avales de Idea y los cursos de formación.
De la ponencia de Pedro Izquierdo, el recurso pasó al magistrado Juan Antonio Calle Peña, que preside el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE y que desde julio del año pasado está exonerado de la tramitación del resto de asuntos ordinarios para dedicarse en exclusiva al estudio del voluminoso sumario de esta pieza política de los ERE, en la que están procesados 22 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La última noticia que recibieron las partes personadas en esta pieza separada de los cursos de formación consistía en que se había fijado para el 9 de noviembre de 2017 la deliberación sobre los recursos presentados, y desde entonces ninguna novedad. Y lo nuevo es que, después de todos estos avatares, ha sido designado como ponente uno de los dos magistrados que recientemente han llegado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para reforzar esta Sala, con lo que aparentemente el recurso seguiría sin haber sido deliberado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó el pasado lunes de que se había acordado por unanimidad la prórroga por seis meses –hasta el 30 de junio– de las comisiones de servicio con relevación de funciones de los magistrados Purificación Hernández y Rafael Díaz, titulares de los juzgados de lo Penal números 7 y 4 de Sevilla. El pasado 12 de diciembre, la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces había concedido dichas comisiones hasta final de 2017 ante la sobrecarga de asuntos de las secciones penales y la especial complejidad de los asuntos.
Más de un año después y tras pasar por tres jueces, el recurso de apelación continúa a la espera de su resolución. La tan reiterada lentitud de la Justicia se ceba con las macrocausas.

Secretos de empresa y confidencialidad

Jorge Muñoz | 14 de enero de 2018 a las 2:00

secretos

La trabajadora se envió a su cuenta privada de hotmail documentación sobre los presupuestos de la empresa, facturas, el curriculum vitae de otros trabajadores y sobre las conversaciones relativas al trabajo que iba realizar. Cuando esta auxiliar administrativa se mandó la documentación desde el correo corporativo de la empresa a su correo electrónico particular lo hizo con la finalidad de “poseer datos objetivos con los que acreditar la efectiva duración de su relación laboral en un futuro pleito laboral porque temía ser despedida”. La empresa la denunció en los tribunales y ahora una juez de lo Penal de Sevilla la ha absuelto porque no pretendía difundir dicha información ni sacar beneficio alguno de la misma.
La trabajadora, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerció la empresa de hasta cinco años de cárcel, fue defendida por el letrado José Manuel Ramos Cardona, quien destacó que el fallo absolutorio ha tenido en cuenta precisamente las alegaciones que se hicieron en el juicio respecto a que la empleada “no pretendía ni difundir ni sacar beneficio alguno por recabar información de la empresa”.
El letrado indicó que tampoco podría sancionarse a la trabajadora por un delito contra la intimidad, puesto que los datos que se remitió a su correo privado eran “previamente conocidos por ella al pertenecer al departamento comercial y, además, su intención no era menospreciar a nadie, sino conseguir pruebas para acreditar la duración de su relación laboral”.
El caso fue enjuiciado por el juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla y la Fiscalía pidió una condena de dos años de cárcel y una multa de 3.240 euros para la trabajadora, a la que atribuía un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal.
Por su parte, la empresa le imputó un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de utilización de secretos en provecho propio, por los que solicitó una condena de hasta cinco años de cárcel, y asimismo reclamaba una indemnización de 2.000 euros por incumplir el acuerdo de confidencialidad que había firmado en octubre de 2013. En diciembre de ese mismo año, dos meses después, la empleada se reenvió la documentación a la cuenta privada.
En la sentencia, la juez Olga María Cecilia Simón analiza el delito de descubrimiento y revelación de secretos, y así señala que “no todo lo que un empresario entienda que es de contenido reservado tiene per se que ser calificado como un secreto a los efectos del tipo penal, pues esos datos, informaciones o documentos para poder configurarlo como tal deben tener una importancia suficiente para ver menoscabada la capacidad competitiva de la empresa”.
Por tanto, dice la juez que la finalidad del autor “debe ser descubrir los secretos de la empresa para que el hecho sea constitutivo de delito”. En este sentido, explica que el artículo 278 del Código Penal protege los secretos ante cualquier peligro, pero cuando se da el caso de que “un sujeto, que conoce lícitamente el secreto y tiene la obligación de guardar reserva, lo difunde, lo revela o lo cede a un tercero, se están cumpliendo las exigencias previstas del artículo siguiente, 279, que se encuentra vinculado al resultado. Es decir, se realiza la acción delictiva cuando el secreto sale del conocimiento de quien lo conoce y aún con el conocimiento de que no puede hacerlo, se cede o se revela”.
La magistrada recuerda en el fallo que el descubrimiento de secretos es un delito de naturaleza “tendencial, que requiere la constatación en el obrar del autor de un dolo específico de conocer los secretos o vulnerar la intimidad de otro”. El artículo 197.1 del Código Penal recoge lo siguiente: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Este delito, prosigue la sentencia, se configura sobre la acción de adquirir de forma ilícita una información reservada con la finalidad de perjudicar a su titular, y esa información tiene que ser conseguida, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al margen de los cauces lícitos, casuales o derivados de una relación normal, en perjuicio de su titular, sin autorización o de forma ajena a vías normales o socialmente aceptadas, o bien que se haya logrado en uso de un dolo específico finalista de descubrir y vulnerar la esfera de intimidad y a través del quebrantamiento de un sistema de custodia o comunicación cuyo empleo esté directamente conectado con ese ámbito de privacidad.
Trasladada esta jurisprudencia al caso de autos, el de la empleada enjuiciada por enviarse la documentación, la juez concluye que no hay delito alguno. “Ningún ánimo de conocer o de descubrir secretos se aprecia en la conducta de la acusada cuando reconoce que efectivamente se reenvió desde su cuenta de correo electrónico corporativo de la empresa un correo con información empresarial de distinta índole. Ha quedado claro y manifiesto de la prueba practicada que la información de la que disponía la acusada no era de importancia suficiente como para ver menoscabada la capacidad competitiva de la empresa”, asevera la magistrada.
El fallo precisa asimismo que ninguno de los datos o informaciones que se reenvía la acusada a su correo puede calificarse de secretos de empresa, siendo éstos relativos a correos intercambiados y algunos curriculum vitae, los cuales además no han sido divulgados y tampoco iban a serlo, ya que la finalidad de la acusada en todo momento fue guardarlos para probar la relación laboral en el tiempo con la empresa”.
El representante de la empresa aseguró que denunció los hechos “por lo que pudiera pasar”, porque desconocía si había divulgado o no los correos, pero los mismos“tampoco afectan a la empresa” en el sentido analizado en la sentencia y un informático ratificó que los correos “no contenían datos personales del representante legal de la empresa ni relativos a ésta”, por lo que la acusada ha sido absuelta de los delitos.

Un lío de siete años

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2018 a las 2:00

CONTINÚA JUICIO PIEZA CASO DE LOS ERE CON CUESTIONES PREVIAS

La Fiscalía Anticorrupción dio la sorpresa el pasado martes con la cuestión previa que presentó ante el tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE, si bien fue el Partido Popular quien acaparó todos los titulares con su petición de que declaren como testigos la presidenta y el vicepresidente de Junta de Andalucía. Pero una vez pasado el impacto inicial de las declaraciones de testigos propuestas por los populares, que según algunas fuentes tiene pocos visos de prosperar, las defensas de los 22 ex altos cargos van a atacar con vehemencia el planteamiento del Ministerio Público.
Para empezar, lo que resulta más llamativo y que puede generar más incertidumbre es que siete años después de que se iniciara la instrucción del caso de los ERE la Justicia no haya sido capaz de aclarar cuál es el objeto del juicio por el denominado procedimiento específico. La imagen que se traslada a la opinión pública no es, desde luego, de seriedad.
Anticorrupción culpa de la situación a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y al auto que dictó con agosticidad –la resolución se dictó en el mes de agosto de 2017, tras habilitarlo para la resolución de los recursos– en el que el tribunal acordó que sólo haya un juicio para cada uno de los ex altos cargos procesados en la “pieza política” de los ERE, lo que ha determinado que sean excluidos –no sobreseída la investigación– en las distintas piezas que se siguen creando por las ayudas individuales concedidas con fondos públicos y que el fiscal Juan Enrique Egocheaga cifra en 270.
En la cuestión previa sometida al tribunal de los ERE, el Ministerio Público advierte de que sólo caben dos opciones. La primera sería “devolver” las actuaciones al juzgado de Instrucción para que, dejando sin efecto el auto de procedimiento abreviado, se proceda a “acomodar” dicha resolución a los pronunciamientos dictados por la Sección Séptima así como al estado actual de la instrucción de cada ayuda individual sociolaboral y a empresa, lo cual evitaría la indefensión de las partes.
La segunda opción, que es la que mantiene la Fiscalía, consiste en conservar los actos procesales y la intangibilidad de las resoluciones judiciales dictadas en esta causa y “evitar toda nulidad”, aclarando “de manera expresa y taxativa que con respecto a todos los encausados, el presente enjuiciamiento sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento general o específico, sin ser sometido al plenario y por consiguiente al pronunciamiento de la Sala cada ayuda sociolaboral o ayuda a empresa de forma individualizada, debiendo ser en el seno de cada una de las previas incoadas, o que se incoen, donde debe ser sometido al plenario y resuelto en sentencia”.
El fiscal le está pidiendo al tribunal que avale o rechace el rediseño del objeto de la causa realizado por la Sección Séptima, y así señala que si los magistrados se consideran “vinculados por los pronunciamientos” del otro tribunal, el Ministerio Público pedirá que se incorpore como documental el “testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas” –105 según el Ministerio Público–, así como la “testifical de todas las personas que en las mismas ya han prestado declaración” y todo ello con la finalidad de “poder contar con la prueba necesaria en esta vista oral para que esta Sala pueda en su caso formar su convicción y decidir sobre la relevancia penal de no sólo el llamado procedimiento específico, sino también de todas y cada una de las ayudas dadas durante 10 años”.

Y lo mismo pediría con las otras 170 ayudas que ni siquiera están incoadas aún pero que se investiguen antes de acabar el juicio. Si se acepta este planteamiento, el juicio podría alargarse durante muchos meses más.

Sólo tres apelaciones

Jorge Muñoz | 31 de diciembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final va a tener razón Lorenzo del Río cuando dijo que el desplazamiento de las Secciones de Apelación Penal del TSJA a Sevilla y Málaga era una decisión “prematura e injustificada”. Las estadísticas, que casi siempre suelen ser el dato más objetivo, le dan la razón al presidente del Alto Tribunal andaluz. Desde que en marzo pasado se dictó el Real Decreto 229/2017, que creó 16 plazas de magistrados –seis de ellas para Andalucía– para hacer efectiva la segunda instancia penal, permitiendo que los recursos de apelación de las Audiencias Provinciales lleguen al TSJA y no al Tribunal Supremo, sólo se han registrado “tres” apelaciones penales procedentes de la Audiencia de Sevilla. Sí, la cifra es correcta, sólo tres apelaciones. Y la situación es similar en Málaga, donde se han recibido “siete” apelaciones penales de la Audiencia Provincial, según los datos facilitados por el TSJA y que están contabilizados hasta el pasado 20 de diciembre. Es más, hay provincias para las que no se planteó el desplazamiento de las Salas que han ingresado muchos más recursos que Sevilla y Málaga. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cádiz, que aglutina hasta 22 apelaciones penales –una cifra que puede explicarse por el elevado volumen de casos de tráfico de drogas que se investigan cada año–; y en Almería, con otras 11 apelaciones.
La provincia de Granada, donde Lorenzo del Río propuso la creación de la Sala de Apelaciones del TSJA, ha ingresado los mismos recursos que Málaga, siete; mientras que el resto de apelaciones se completa con las cuatro contabilizadas en Jaén, dos en Córdoba y sólo una en Huelva. En total, se han presentado 57 apelaciones penales procedentes de las ocho audiencias provinciales.
Y con estas cifras, ¿es realmente necesaria la creación de las Salas de lo Penal desplazadas a Sevilla y Málaga?

Con tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga desde abril pasado no parece que tenga mucho sentido crear esas dos Salas, con todo lo que representan en cuanto a dotación de medios materiales y personales. En el caso de Sevilla, aun cuando resolviera además las apelaciones de otras provincias de Andalucía Occidental, como Cádiz y Huelva, lo cierto es que no llegarían a la treintena los recursos que tendrían que tramitar los tres magistrados que integrarían la Sala, lo cual sería un verdadero agravio comparativo con el resto de sus compañeros de los órganos unipersonales o de la Audiencia, que cuentan por centenares los asuntos que tienen que tramitar al año. Lorenzo del Río tenía razón.
La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el desplazamiento de las futuras Salas de Apelaciones Penales de Sevilla y Málaga en una reunión celebrada en abril pasado y por una mayoría de 23 votos a favor, con cuatro en contra y una abstención. El acuerdo de la mayoría de los magistrados justificaba la medida en la “necesidad de mantener la Administración de Justicia en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella”, así como en la “legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Sevilla y Málaga”, y también en la existencia de otras Salas del Tribunal Superior de Justicia en estas provincias.
Lorenzo del Río, por su parte, emitió un voto particular, al que se sumaron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. En ese voto, el presidente del TSJA apuntaba que no concurrían en este caso “circunstancias objetivas” que justificaran la decisión de desplazar las Salas a Sevilla y Málaga. A su juicio, la decisión respondía a “lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos”, por lo que concluía que la medida era “prematura e injustificada”. Del Río argumentaba ya entonces que de acuerdo con el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el desplazamiento de las Salas estaba condicionado a la “necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá”. Y tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga corroboran la opinión del presidente.
El voto particular proponía la creación de una Sección de apelación penal en el seno de la propia Sala Civil y Penal del TSJA, en Granada, que estaría compuesta por un presidente y dos magistrados, “sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro”, advertía Lorenzo del Río.
El presidente del Alto Tribunal andaluz señalaba que al crearse en Granada se podría hacer con los “recursos existentes” en la sede del TSJA, sin necesidad de crear dos nuevas secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear otras dos plazas de letrados de la Administración de Justicia, que supondrían “un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales”.
Del Río añadió que la distancia para el justiciable o los profesionales no justificaba el desplazamiento, por cuanto que el recurso de apelación tiene una tramitación exclusivamente “escrita”, no hay vistas y por tanto se evitan los desplazamientos.
En junio pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento de la petición de la Sala de Gobierno del TSJA para crear las secciones de apelación penal desplazadas en Sevilla y Málaga, pero no adoptó ninguna decisión, quedando aplazada para otra reunión que aún no se ha producido. Y ahora que se tienen estos primeros datos sobre las apelaciones penales, parece que la histórica reivindicación de crear las Salas de lo Penal del TSJA en Sevilla y Málaga tendrá que aguardar aún algún tiempo más.

Alaya subleva a los jueces

Jorge Muñoz | 24 de diciembre de 2017 a las 2:00

La juez Mercedes Alaya llega a la Audiencia de Sevilla el 13 de diciembre, primer día del juicio de los ERE.

La juez Mercedes Alaya llega a la Audiencia de Sevilla el 13 de diciembre, primer día del juicio de los ERE.

Las declaraciones de Mercedes Alaya cuestionando la independencia judicial han sublevado a sus antiguos compañeros en los juzgados de Instrucción de Sevilla y, como no, también en otras instancias superiores, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la que la juez que montó las macrocausas atribuyó por error la revisión de la sentencia del juicio de lo ERE y mostró sus dudas sobre esa segunda sentencia.
El mismo día en que se publicaron en prensa las declaraciones de Alaya, el viernes 15, los 20 jueces de Instrucción de Sevilla celebraron la tradicional comida navideña, donde la magistrada ahora destinada en la Audiencia Provincial fue la auténtica comidilla, el tema preferido de conversación y crítica. A los compañeros de Alaya no les gustaron los comentarios y el ataque a su independencia, porque ellos sí “sienten que son independientes en el ejercicio de su labor jurisdiccional”, comentaron algunos de los jueces asistentes.
Así, algunos colegas de Alaya llegan a ver incluso hasta un afán de protagonismo en las declaraciones de la magistrada, que durante más de cuatro años fue el centro del escándalo de los ERE y ahora lleva más de dos años apartada de los focos desde que la juez María Núñez Bolaños se hizo por méritos propios del escalafón judicial con la titularidad del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Hay quien incluso en esa reunión enmarcó las manifestaciones de Alaya en una supuesta necesidad de “salir en la prensa” y en el momento propicio, en este caso en el arranque del juicio político de los ERE, el mayor hito de sus investigaciones. De hecho, si algo ha caracterizado a la Alaya instructora ha sido la buscada coincidencia –que la juez siempre rechazó– entre el dictado de importantes autos o resoluciones con determinados acontecimientos, como los procesos electorales o la toma de posesión del Gobierno andaluz en septiembre de 2013, cuando preimputó a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Hay magistrados que también cuestionan que Alaya continúe llevando escolta más de dos años después de dejar las macrocausas. La tiene desde el año 2013. Las críticas a Alaya no son nuevas, algunos jueces de Instrucción ya  habían mostrado con anterioridad su malestar por las formas que Alaya utiliza cuando le toca resolver desde la Audiencia de Sevilla alguna cuestión relacionada con alguno de los casos que instruyen. Es en esta nueva faceta donde Alaya, cuando actúa como ponente de un asunto y por tanto es la encargada de la redacción de la resolución, donde está provocando malestar entre algunos de estos jueces, que afean –en privado, claro– las formas que la magistrada utiliza a la hora de redactar esas resoluciones en las que expresa el sentido de la Sala. Alaya no sólo ordena que se hagan determinadas diligencias, sino que “obliga” a los jueces a que las hagan.
Algunos magistrados recordaron cómo al inicio de la instrucción de los ERE, en el año 2011, los jueces de Instrucción ofrecieron a Mercedes Alaya la posibilidad de repartir las macrocausas entre los distintos juzgados de Instrucción, a lo que Alaya se negó con el argumento de que “nadie podía hacer” esa instrucción como ella. Al final, lo que sí adoptó la junta de jueces es excluir durante seis meses a su juzgado –que por entonces no tenía aún ningún juez de refuerzo– del reparto de asuntos ordinarios, para permitir que se centrara en esas investigaciones.
Esa actitud de Alaya, al poner de manifiesto que sólo ella podía sacar adelante las macrocausas, también generó en su momento las suspicacias entre sus compañeros, a los que la magistrada ha vuelto a disgustar ahora con sus declaraciones sobre la independencia de los jueces.
Alaya también ha indignado a los magistrados del TSJA por el fondo de sus declaraciones. Y es que, aunque supuestamente Alaya ha corregido sus declaraciones –cargando lógicamente contra el mensajero–, al decir que nunca dijo que tuviera “una incertidumbre fea” con la sentencia del juicio de los ERE sino que se estaba refiriendo en general a la falta de apariencia de independencia sobre el nombramiento de jueces, en sus aclaraciones vuelve a mantener su línea argumental. Alaya lamenta la “injerencia intolerable del poder político en el poder judicial, a través del CGPJ” que, según la juez, está “absolutamente politizado” y al que corresponde el nombramiento de los “principales miembros de los tribunales y cargos del Poder Judicial”.
No parece que estas aclaraciones hayan servido para apaciguar la ola de indignación que originó con sus declaraciones en la conferencia en Valencia. Al tiempo.

El magistrado Antonio Moreno Andrade se incorpora a la firma Nertis como ‘of counsel’

Jorge Muñoz | 18 de diciembre de 2017 a las 21:36

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Antonio Moreno Andrade, en el centro, con los abogados de Nertis

El despacho andaluz Nertis, integrado en la firma alemana ETL GLOBAL, ha anunciado nuevas incorporaciones en el seno de su proyecto de crecimiento y expansión en Andalucía y Extremadura.

Se trata del magistrado Antonio Moreno Andrade, recientemente jubilado, que asumirá el rol de of counsel dentro del despacho, y de un nuevo departamento de derecho Laboral con la integración de los abogados especialistas Carlos Aretio Najarro, Borja Moreno Odero, y su equipo.

Moreno Andrade, que hasta ahora presidia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) y ostentaba el cargo de representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, se incorpora de este modo al proyecto NERTIS-ETL GLOBAL como of counsel, o consejero, con el objeto reforzar a su equipo de especialistas en derecho Público y Penal, y ofrecer el asesoramiento jurídico de más alto nivel a los principales clientes de la firma, desde sus oficinas sita en la sevillana Avenida de la Palmera.

Durante su trayectoria profesional, Antonio Moreno Andrade ha sido decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Sevilla. Profesor Agregado del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Es Becado de Honor de los Colegios Mayores Universitarios Hernando Colón, donde estudió, y San Juan Bosco, ambos de Sevilla; fundador de la Fundación Zaqueo, para la reinserción de presos y colaborador del Plan Nacional contra la Droga y de la Escuela de Ciencias de la Salud, de la Universidad Complutense. Está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, de la Medalla de plata al mérito de la Guardia Civil y del Premio Fernando III a la excelencia jurídica, de la Fundación CEU.

Por su parte, Carlos Aretio Najarro y Borja Moreno Odero, se integran junto a su equipo en el proyecto NERTIS-ETL GLOBAL para la creación y dirección de un departamento especializado en derecho laboral. La firma, en su afán por ofrecer un servicio integral a sus clientes, incorpora así a un equipo especialista en esta materia con amplia experiencia en la jurisdicción social, cerrando el círculo del asesoramiento completo en todas las ramas del derecho.

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Alaya la lía

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2017 a las 2:00

 
El juicio a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos se inició esta semana con un perfil bajo, limitado exclusivamente a la tediosa lectura de los escritos de las conclusiones provisionales de las partes –un trámite que suele obviarse en la mayoría de los juicios orales que se celebran en este país–. La ordinariez, técnicamente hablando, con la que arrancó la vista, se rompió pronto por los exabruptos que la juez Mercedes Alaya, que durante más de cuatro años instruyó la macrocausa de los ERE hasta su salida voluntaria y no exenta de polémica del juzgado, vertió al manifestar públicamente sus impresiones sobre la futura sentencia en el transcurso de una conferencia que pronunció en Valencia.

Tarde o temprano Alaya iba a irrumpir en las sesiones de la macrocausa, bien por las críticas que las defensas pudieran realizar sobre su controvertida instrucción o por los ataques de los letrados de los ex altos cargos a la teoría de la conspiración para delinquir que la magistrada dibujó y fue aceptada sin ser cuestionada lo más mínimo por la Fiscalía Anticorrupción y parte de las acusaciones, salvo la que ejerce la Junta de Andalucía, que al pedir el archivo del “procedimiento específico” se ha quedado literalmente fuera de este juicio.
Lo que nadie esperaba es que fuese la propia Mercedes Alaya la que se situara de nuevo en el centro de la polémica, irrumpiendo en el juicio con unas duras declaraciones que, como mínimo, no pueden dejar de considerarse como inoportunas por el momento en que se producen, además de la gravedad que rodea ese discurso. Alaya pronunció una conferencia en Valencia el pasado jueves, coincidiendo con la segunda sesión del juicio, y se despachó a gusto al exponer públicamente sus impresiones sobre la futura sentencia del caso de los ERE. Alaya dijo que el fallo le genera “una incertidumbre fea”, no en alusión al fallo que acuerden los magistrados de la Audiencia de Sevilla, sus compañeros, sino por la que pueda dictarse en la instancia superior.

LA JUEZ ALAYA IMPARTE LA CONFERENCIA "INDEPENDENCIA JUDICIAL"

La juez Mercedes Alaya, el pasado jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Sin hacer más hincapié en el error o lapsus que cometió la juez estrella al poner de manifiesto que la sentencia de los ERE sería revisada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside su amigo Lorenzo del Río –no hay que olvidar que este magistrado y la Sala de Gobierno fueron los que finalmente la apartaron de las macrocausas por sus críticas a su sucesora, la juez María Núñez Bolaños– y no por el Tribunal Supremo, a quien llegará el caso, lo cierto es que las declaraciones de Alaya generan una gran alarma social, al menoscabar una de las características que deben definir la actuación de los jueces: su independencia del resto de poderes.
Alaya dijo, insistiendo en su error, que un tercio de los miembros del TSJA han sido elegidos por el Parlamento andaluz y el presidente de este organismo “también es un cargo discrecional”. ¿Qué quería decir realmente Alaya con estas afirmaciones?
De su discurso se desprende que Alaya piensa que el tribunal que revise el caso puede modificar la sentencia que en su día dicte la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Alaya no dice cuál sería el resultado de esa primera sentencia –sólo comentó que tenía “la mejor” de las sensaciones ante la vista oral–, con lo cual está apuntando a un hipotético aval de sus tesis acusatorias, de un lado, y a una sentencia posterior que por motivos políticos vendría a revocar ese resultado, de otro.
Es lógico que Alaya defienda su trabajo, la instrucción con la que hizo tambalear al Gobierno andaluz. Es humano que lo haga, todo el mundo lo haría, pero extender unas sospechas basadas en unas sensaciones que por ahora no han sido corroboradas por la decisión de ningún tribunal provoca un grave perjuicio a la imagen de independencia que debe presidir la actuación de los jueces y tribunales, y que junto a la imparcialidad y el sometimiento a la ley constituyen los principales pilares que estos deben guardar en el ejercicio de su compleja función.
¿Y si al final la Audiencia de Sevilla absuelve a los 22 ex altos cargos imputados o a la mayoría de ellos? ¿Podríamos entonces acusar a Alaya por la peculiar forma en la que llevó a cabo la instrucción? Pienso que no, porque quiero confiar en que los jueces siempre actúan siguiendo los principios antes mencionados. De lo contrario, apaga y vámonos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El pen de los ERE, de ida y vuelta

pendrive

*La causa de los ERE tiene unos 16.000 folios, 38 tomos y 6 anexos, a los que hay que sumar otros 200.000 más de la causa matriz, que tiene 341 tomos y 31 anexos. Para facilitar a las partes una copia digitalizada de las actuaciones, la Audiencia de Sevilla ha decidido entregar a los fiscales y a los abogados un pendrive de 200 gigabytes, en cuyo interior hay dos carpetas con los más de 200.000 folios –hay quien dice la causa matriz supera el millón de folios–. Lo que resulta curioso es la diligencia de entrega del famoso pendrive que ha hecho el tribunal, en la que se hace saber a las partes que al finalizar el juicio “se tendrá que devolver obligatoriamente el pendrive a esta Sala”. Y es que la veintena de memorias usb rondan los 100 euros cada una y los medios de la Justicia no están para hacer muchos regalos, aunque las fiestas de Navidad estén cercanas.

 

Dando la cara

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2017 a las 2:00

 

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Nadie les ordenó que se sentarán en primera fila. Podían haber optado por tratar de pasar más desapercibidos ocupando la segunda o la tercera fila, pero no quisieron. A muchos se les vino a la cabeza la comparación de la imagen del banquillo de los ERE con la del juicio por el caso Nóos, con la Infanta Cristina en las últimas filas, compartiendo banco con los otros acusados.
Los ex presidentes Chaves y Griñán entraron ayer los primeros en la sala de vistas, acompañados de sus abogados, y de motu proprio ocuparon el lugar central del banquillo, en la primera fila. La que acapara todas las fotografías del pool que ofreció la agencia Efe, fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y de las imágenes institucionales que difunde Canal Sur televisión. Chaves y Griñán no se ocultaron, mostraron su valor al exponerse, una vez más, como la diana en cuyo centro los situó la incansable juez Mercedes Alaya aquella mañana del 10 de septiembre de 2013. Ese día, en pleno acto de toma de posesión del gobierno de Susana Díaz, la instructora hizo público el auto en el que preimputaba a los ex presidentes en la macrocausa de los ERE, iniciando de esta forma el peculiar calvario de Chaves y Griñán y del resto de procesados que ayer asistieron a un nuevo episodio de este tortuoso proceso judicial que se prolonga desde hace ya casi siete años.

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Los ex presidentes estuvieron escoltados en el banquillo, cual fiel guardia pretoriana, por cinco de sus más estrechos colaboradores, todos ex consejeros: Zarrías, Viera, Aguayo, Álvarez y Vallejo. Sólo quedó fuera de ese exclusivo club –la verdad es que tampoco había más sillas en la primera fila–, el ex consejero Antonio Fernández, otro de los sospechosos habituales que Alaya primero y luego María Núñez Bolaños fueron imputando sucesivamente en cada una de las 200 piezas en las que se troceó la macrocausa de los ERE, hasta que la Audiencia de Sevilla acordó un salvoconducto procesal y decidió que los ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio, en aplicación del principio legal non bis in ídem. Fernández se situó en la segunda fila, muy próximo a los ex presidentes, y al que fuera su estrecho colaborador Javier Guerrero, el principal imputado del caso, que se situó justo detrás de Chaves. El juicio aumentará en interés una vez que acaben las cuestiones previas y comiencen las declaraciones de los acusados.

Mucho más que una mera molestia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2017 a las 2:00

El derecho al descanso es cada vez más reconocido por los jueces andaluces. Como en otros ámbitos de la vida o de la política, la Justicia se ha convertido también en la última barrera contra la dejadez de las instituciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, en materia de contaminación acústica y los excesos de los locales destinados al ocio nocturno. Una juez de Utrera, Irene de Alarcón Alonso, acaba de dictar una sentencia, en materia civil, en la que condena al propietario de un bar de música ubicado en una localidad de la comarca de Utrera a indemnizar con 30.000 euros a dos familias por el moral causado por el establecimiento, que prolongaba su actividad hasta altas horas de la madrugada –más allá en muchas ocasiones del horario de cierre establecido– y contaba incluso con un tablao flamenco y máquinas recreativas como un billar y un futbolín, con los consiguientes ruidos que las mismas pueden generar.
La sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera recoge que los vecinos soportaron durante más de tres años (desde 2006 a 2009)las molestias del bar musical instalado junto a sus viviendas, lo que provocó que presentaran numerosas denuncias y quejas, no sólo ante la Policía Local y el Ayuntamiento, sino también ante la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo andaluz.La juez señala que el contenido de esas denuncias permite “concluir claramente sobre la efectiva desesperación y desasosiego de los actores ante las continuas molestias percibidas por la actividad desarrollada en el bar, no apreciándose en modo alguno que las insistentes quejas y denuncias formuladas por los mismos resulten fruto de una mera invención, obedezcan a un simple capricho o respondan a motivos espurios”.
Los vecinos denunciaban el incumplimiento sistemático del horario de cierre, la aglomeración y bullicio de los clientes en las puertas del local hasta altas horas de la madrugada, la utilización de equipos de reproducción musical a gran potencia sin estar activado el limitador de sonido, ruidos de impacto procedentes del arrastre de sillas y mesas, golpes con vasos y la utilización de máquinas recreativas –sobre todo un futbolín y un billar–, así como de un tablao donde ser realizaban actuaciones musicales en directo.
Los dueños del bar –fueron demandados dos, porque hubo un traspaso de la actividad– negaron la inmisión acústica y formularon lo que se denomina una demanda reconvencional en la que reclamaban a los vecinos afectados una indemnización de 19.159,38 euros en concepto de daños y perjuicios, por el supuesto lucro cesante y los daños morales causados, dado que alegaban que habían perdido clientela como consecuencia de las denuncias vecinales. Esta indemnización ha sido descartada rotundamente por la juez, que insiste en que las denuncias no fueron “ni caprichosas ni infundadas”, habiéndose limitado a denunciar los excesos de ruido procedentes de la actividad del local.
Lo paradójico es que la sentencia se ha dictado ocho años después de que se denunciaran los hechos –por la histórica saturación que tienen los juzgados de Utrera–, cuando ni los vecinos residen ya en la urbanización y el bar cerró en diciembre de 2009.
En el fallo, la magistrada recoge los testimonios de varios agentes de la Policía Local, que señalaron que había más vecinos que se quejaban de los ruidos y que corroboraron que los mismo se emitían en horarios entre las cuatro y las siete de la mañana, una vez cumplido el horario de cierre. Y también afirmaron que aunque normalmente “estaba echada la persiana”, sin embargo se escuchaba el ruido de la música y de la clientela dentro. Otras veces los clientes solían salir fuera del local a tomarse las copas y dejaban las puertas abiertas, percibiéndose el ruido de la música desde la calle al estar las puertas abiertas y la música “a tope”.
Los vecinos aportaron a la causa un informe pericial acústico que concluyó que en la vivienda se superaban los límites máximos permitidos en 12,6 decibelios, lo cual merece la calificación de “intolerable”, por cuanto los niveles de ruido “no son compatibles con el descanso ni la actividad normal de una vivienda”, considerándose “riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas cuando los valores medios superen en más de seis decibelios los valores límites nocturnos de inmisión”. “Un ruido tremendo”y “una barbaridad” fueron las expresiones que utilizó el perito, máxime teniendo en cuenta que se trata de una zona residencial “especialmente silenciosa”.
La juez concluye que es evidente que los ruidos que sufrieron los demandantes “no pueden ser calificados como una mera incomodidad o una molestia tolerable en el contexto de una ordinaria relación vecinal”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Escandalosa actuación en la causa de los ERE 

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

*De esta forma es como puede definirse lo que ha ocurrido con las comisiones de servicio de dos magistradas que forman parte del tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán a partir del próximo miércoles. Al tribunal se le había prometido que ambas magistradas estarían “liberadas” de la tramitación de los asuntos ordinarios como mínimo un mes o mes y medio antes del inicio de la vista oral. Sin embargo, esta liberación no se producirá hasta el próximo martes, día 12, a tan sólo un día del arranque del macroproceso. ¿La culpa de la situación? El Ministerio de Justicia responsabiliza a la Sala de Gobierno del TSJA que preside Lorenzo el Río, puesto que desde el 14 de noviembre se autorizó la “habilitación económica”. Y el CGPJ no aprobará dichas comisiones hasta este martes. Todo bastante lamentable y las dos jueces sin poder dedicarse en exclusividad al estudio de los más de 200.000 folios de la causa.

El juicio de los ERE, el más mediático de los últimos años en Andalucía
*Arranca el próximo miércoles el que está considerado como uno de los juicios más mediáticos de los que se han celebrado en Andalucía. En el banquillo de los acusados -en realidad son sillas– se sentarán los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos para responder de las presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de ayudas públicas durante una década. Los 150 periodistas acreditados de 37 medios de comunicación demuestran las expectativas que despierta este macroproceso.

Malestar por la falta de baños para jueces 

*En la Audiencia de Sevilla existe cierto malestar entre los jueces por la falta de aseos público, con motivo de unas obras que se están realizando en los baños de la cuarta planta, precisamente en una zona muy próxima a donde se encuentra la sala de vistas de los ERE. El problema no es nuevo. El viejo edificio del Palacio de Justicia no está diseñado para albergar las dimensiones de la Justicia en Sevilla y eso se nota también en la falta de aseos para el público. Antes los funcionarios y jueces disponían de servicios reservados pero para evitar que el público tuviera que acudir otro edificio, el de los juzgados, el presidente de la Audiencia decidió abrir todos los aseos para que se compartieran con el público en general. Las protestas no han tardado en llegar, pero no por clasismo, sino por seguridad, porque se puede dar el caso de que el juez coincida en el baño con un acusado. Tienen razón, no es nada apropiado.

Justicia para la manada

Jorge Muñoz | 3 de diciembre de 2017 a las 2:00

Los cinco sevillanos acusados de la violación en los Sanfermines de 2016.

Se terminó uno de los juicios más mediáticos y polémicos de los últimos tiempos y ahora sólo queda que los jueces dicten sentencia. Justicia para la manada, los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.
Nada más terminar el juicio, una de las defensas solicitó a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra la inmediata puesta en libertad de los acusados, al estimar que las pruebas practicadas y los informes avalarían la inocencia. El tribunal respondió el pasado viernes y lo hizo en un auto en el que mantuvo a los cinco sevillanos en prisión provisional, lo que puede interpretarse como un posible anticipo de la sentencia. Es cierto que el tribunal deja abierto, como no podía ser de otra manera, el posible resultado de la resolución, al afirmar que la Sala “no ha podido establecer dicho pronunciamiento de culpabilidad, ello sin perjuicio de que la Sala pueda adoptar las decisiones oportunas sobre la situación procesal de los procesados, en función del desarrollo de las deliberaciones”.
Es decir, el tribunal rechaza la excarcelación porque dice que aún no ha deliberado o no ha llegado a una conclusión sobre la inocencia o culpabilidad de los encausados. La decisión del tribunal provocó distintas reacciones en la acusación y en las defensas, por cuanto el abogado de la víctima sostiene que la decisión no anticipa el fallo y los defensores valoran la existencia del voto particular de uno de los tres magistrados que sí era partidario de la excarcelación de los acusados.
En cualquier caso, lo que parece desprenderse del auto es que existe una profunda división en el seno del tribunal. De un lado, estarían el presidente de la Sección Segunda de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz –que es además el ponente de la causa y por tanto el juez que ha estudiado con detenimiento el sumario y será el encargado de redactar la sentencia–, y la juez Raquel Fernandino Nosti; y de otro, el magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que discrepa del parecer de la Sala, y que ya había emitido con anterioridad otros dos votos particulares emitidos en los mismos términos en los autos del 14 de julio y 7 de septiembre de este año.
Si la acusación particular no valora la decisión del tribunal como un anticipo de la posible condena, el abogado Agustín Martínez, que representa a tres de los cinco acusados, sí que entiende que el magistrado discrepante “ha puesto de manifiesto de manera explícita su incredulidad con la versión mantenida por la Fiscalía” en cuanto a que las relaciones no fueron consentidas. Para las defensas, este voto particular es “bastante claro y contundente”.
Si se consideran estos extremos, todo indicaría que de los tres magistrados que forman el tribunal, dos podrían ser supuestamente favorables a asumir las tesis del Ministerio Público en cuanto a que los hechos enjuiciados son constitutivos de una agresión sexual, mientras que el tercero podría posicionarse a la absolución de los cinco acusados, al estimar que no habría quedado acreditado con la contundencia que exige una condena penal la culpabilidad de los jóvenes.

El abogado Agustín Martínez, que defiende a tres de los cinco sevillanos.

El abogado Agustín Martínez, que defiende a tres de los cinco sevillanos.

De cómo se desarrollen las deliberaciones de la Sala dependerá el futuro de la manada, de cómo se inclina la balanza: si el juez que discrepa es capaz de convencer a los otros dos magistrados de que existen dudas razonables sobre si se trató de una agresión sexual o de sexo consentido, en el marco del ambiente de excesos que envuelve las fiestas de los Sanfermines junto a un elevado consumo de alcohol y otras sustancias.
La sentencia se conocerá tras las Navidades y como suele ocurrir siempre que se imparte Justicia, nunca contentará a ambas partes. Sea el resultado que sea, no hay duda de que se habrá hecho Justicia, con independencia de que las partes puedan ejercer los recursos correspondientes en caso de no estar de acuerdo con el fallo.
Será el momento también de reflexionar sobre el lamentable espectáculo mediático que se ha montado en torno a esta causa y el consiguiente juicio paralelo que, en parte, se debe a la decisión del tribunal de celebrar el juicio a puerta cerrada.
Hubiera sido más acertado que la vista oral, como pidió en su día la propia Fiscalía, tuviera lugar en audiencia pública salvo lo que respecta a la declaración de la víctima y la exhibición de los vídeos grabados por la manada durante las relaciones sexuales.

El propio tribunal reconoció su error cuando, de forma sorpresiva, decidió abrir al público las dos últimas sesiones del juicio, en las que se expusieron los informes de la Fiscalía y las demás partes, permitiendo que se conocieran detalles sobre los testimonios que la víctima, los acusados y los testigos habían rendido ante el tribunal. No hay nada mejor que la luz y los taquígrafos, también en la Justicia.