Nuevo aplazamiento del Supremo para dictar la sentencia del caso Marta

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2013 a las 15:48

El Tribunal Supremo ha prorrogado por otros 15 días el plazo para dictar la sentencia definitiva sobre el crimen de Marta del Castillo. ¿Qué significa este nuevo aplazamiento? ¿Habrá sorpresas en el fallo? El auto del Alto Tribunal alega que son los mismos motivos que ya motivaron la anterior prórroga, la complejidad del asunto, lo que ha llevado a sus señorías a ampliar el plazo para dictar el fallo. Pero qué puede haber detrás de esta decisión, que parece que va a hacer coincidir la sentencia con el cuarto aniversario del asesinato, el próximo 24 de enero.

Recordemos que la Fiscalía y los padres de Marta han pedido que se anule la sentencia y que se repita el juicio, incluso ante un tribunal diferente: ante un jurado popular. Pero esta decisión, en el supuesto de que se adoptara tendría unas consecuencias imprevisibles. Para empezar, se correría el riesgo de que el asesino confeso, Miguel Carcaño, tuviese que ser puesto en libertad, puesto que el próximo 13 de febrero se cumplen los cuatro años de su detención y el día 15 de ese mes, los cuatro años desde su ingreso en prisión. A Miguel Carcaño se le prorrogó la situación de prisión hasta la mitad de la condena, esto es, hasta 10 años -fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato-, pero en el caso de que se ordenase la repetición del juicio, tendría que ser puesto en libertad hasta que se celebrara el nuevo juicio y se dictara la nueva sentencia, ya que habría cumplido el máximo tiempo de prisión provisional, que serían esos cuatro años. Por lo tanto, habría que descartar en principio la posibilidad de repetición del juicio.

Pero esto no implica que los magistrados del Supremo no puedan tocar la sentencia. Si no se repite el juicio, es prácticamente imposible que el Supremo pueda revocar la absolución de los otros tres acusados: Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, su novia, María García, y el que fuera amigo íntimo del asesino confeso, Samuel Benítez. En cualquier caso, el Supremo si podría modificar la pena impuesta a Miguel Carcaño, no para rebajar -como ha solicitado su defensa, que ha planteado el delito de homicidio en lugar de asesinato-, pero sí para incrementarla. Carcaño podría ser condenado por el delito contra la integridad moral, por haber aumentado el dolor de la familia de Marta al no revelar el paradero del cuerpo, y también podría ser condenado, como ocurrió con Francisco Javier García Marín, el Cuco, a pagar los 616.319 euros que costó la búsqueda de Marta en el río, en el vertedero de Alcalá y en la zanja de Camas.

Cabe además la posibilidad de que no haya unanimidad en la sentencia y de que algún magistrado pueda emitir un voto particular, discrepando del sentir mayoritario de la Sala en este asunto, cuya ponencia corresponde al juez Juan Saavedra Ruiz.

La solución de este auténtico puzle se dará antes del 23 de enero próximo, pero lo que aún no se sabe es el paradero del cuerpo de Marta, que sigue siendo la gran incógnita, aun no revelada, de este asesinato. Y eso que el juez que instruyó la causa, el magistrado Francisco de Asís Molina, mantiene abierta desde hace cuatro años una pieza separada para buscar el cadáver en la que se han realizado distintas actuaciones, hasta ahora, sin éxito.

Ya sólo falta que vuelva Alaya, y pronto

Jorge Muñoz | 3 de enero de 2013 a las 21:32

Uno que se va y otro que está a punto de llegar. El juez sustituto Iván Escalera, que en los últimos meses ha reforzado a la juez  Mercedes Alaya en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, está a punto de marcharse a la jurisdicción Social. Pero antes, siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido levantar parcialmente el secreto de sumario que pesaba sobre la causa de los ERE y que se decretó a principios de noviembre.

Ya sólo falta el retorno de la juez titular, que está de baja por enfermedad desde el pasado 12 de septiembre. Su vuelta está prevista de forma inminente, para esta misma semana, y mucho antes del 17 de enero, cuando se cumple su último parte de baja entregado en el juzgado.

La marcha de Escalera se produce coincidiendo con la llegada a este juzgado como refuerzo de una juez de adscripción territorial, Ana Rosa Curra, que por el momento no ha tenido ningún contacto con la causa del escándalo de los ERE fraudulentos.

Hoy más que nunca la vuelta de Alaya es necesaria para una causa que lleva en vía muerta desde hace cuatro meses y que no puede esperar más sin que vuelva a ser impulsada. La Fiscalía ya ha advertido en los últimos meses de los riesgos: prescripción de delitos, dilaciones indebidas, etc… Porque hay muchas personas imputadas que esperan poder defenderse ante estas imputaciones, ya que en muchos casos llevan meses imputados sin que aún se les haya tomado declaración…

Con la marcha de Iván Escalera es hora de hacer balance. Los que han trabajado con él destacan precisamente la perseverancia de este juez sustituto, que ha tenido que adoptar algunas decisiones de cierto calado en la causa de los ERE, como la declaración del secreto de sumario o la rebaja de la fianza al principal imputado, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, lo que permitió su salida de prisión tras haber abonado 50.000 euros.

Muchos esperan con ansiedad el regreso de Alaya, aunque está claro que a su vuelta no va a parar de dictar autos y de volver a convertir en estresantes jornadas de trabajo los viernes de cada semana, porque la juez de los ERE, al igual que el Consejo de Ministros, suele notificar sus resoluciones este día de la semana… Porque están los lunes al sol y los viernes de Alaya. Pero entre unos y otros, me quedo con los días de la juez, que es la única que ha hecho que una veintena de periodistas estuvieran 24 horas seguidas trabajando, algo que ocurrió el 23 de abril de 2012, cuando Alaya envió a prisión a las siete de la mañana al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Sarna con gusto, no pica.

 

El nuevo papel del fiscal como instructor de los procesos penales

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2013 a las 21:51

La propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que data de 1882, reforzará el papel del Ministerio Fiscal, al que se atribuirá la instrucción de las causas penales y reducirá además los delitos perseguibles por la acusación popular o sobre los que puede conocer el jurado.

La comisión de expertos designada el pasado marzo por el Gobierno para la redacción de la nueva reforma del proceso penal ha culminado sus trabajos y presentó el pasado viernes su texto articulado al departamento de Alberto Ruiz Gallardón.

La posibilidad de que se le encomiende a los fiscales la instrucción lleva barajándose desde hace ya tiempo y, de hecho, hace años que se implantó con éxito en la jurisdicción de Menores, donde en relación con los expedientes de reforma  instruye los procedimientos, dirigiendo la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Además, se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. En estos procesos, el fiscal solicita del Juez de Menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia.

Lo que habrá que ver es la postura que adoptarán los jueces sobre esta propuesta, que recorta sus funciones al entregar la instrucción a los fiscales, y a buen seguro que se abrirá un nuevo frente en la batalla de los jueces contra el Ministerio de Justicia.

Además de una reducción de los plazos del secreto sumarial, se espera que con la reforma del proceso penal se incluya una regulación completa de las intervenciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación española. El tribunal de Estrasburgo ya condenó a España en 2003 a indemnizar a José Ramón Prado Burgallo, conocido como Sito Miñanco, por la deficiente regulación de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de sus actividades delictivas.

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Menos días de permiso para los jueces, nueva munición para la futura huelga

Jorge Muñoz | 28 de diciembre de 2012 a las 20:17

A partir de mañana, los jueces verán reducidos sus días de permiso anuales de 18 a 12 y los jueces sustitutos quedarán para casos excepcionales, una vez que entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haber sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado y que supone dotar a los jueces de nueva munición en el conflicto que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que amenaza con desembocar en una huelga a partir de enero.

La denominada Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia estará vigente desde mañana, salvo dos preceptos que afectan a las licencias por enfermedad.  Con esta reforma, los juzgados y tribunales tendrán en 2013 una nueva forma de trabajar que llevará a los jueces titulares a ejercer sustituciones, cuya retribución será igual al 80 por ciento del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. El problema está en que muchos jueces no pueden ni siquiera asumir su propia carga de trabajo, la que entra a diario en los juzgados de los que son titulares, como para a partir de ahora tener que asumir más trabajo. Porque sustituir a un compañero un día de juicio no sólo implica entrar en sala, dado que este magistrado tendrá que dictar las sentencias correspondientes a ese día a pesar de que no sea el titular del órgano sustituido.

Con la nueva ley, los alumnos de la Escuela Judicial contarán con un periodo obligatorio en el que realizarán labores de sustitución y refuerzo, una jurisdicción que ejercerán con “idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial” durante un tiempo mínimo de cuatro meses. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano competente para fijar su retribución.

La norma ha provocado el rechazo de las asociaciones judiciales y de los jueces sustitutos que ven en la misma una finalidad “meramente presupuestaria” que no solucionará el colapso en esta Administración pero que “mandará a la cola del paro” a cerca de 1.600 personas.

En cuanto a la reducción de los permisos de los jueces, los días de asuntos propios se ven reducidos a tres días al año frente al vigente sistema de seis permisos de tres días cada uno. Además de los tres días de asuntos particulares, los jueces podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La autorización se denegará cuando coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones o no queden cubiertas las necesidades del servicio.

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Los temores de la Fiscalía en el caso de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de diciembre de 2012 a las 15:25

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al sustituto de Alaya -por el momento sigue siendo el juez Iván Escalera- que levante parcialmente el secreto de los ERE, decretado a principios de noviembre para investigar otros delitos de cohecho y blanqueo de capitales, y en su lugar acuerde abrir una pieza separada sobre esta parte de la investigación.

La medida parece acertada, porque busca dar el “impulso procesal adecuado al resto de la causa”. Esta frase describe la preocupación del Ministerio Público ante lo que está sucediendo en la instrucción de los ERE, que está prácticamente paralizada desde hace cuatro meses por la enfermedad de la juez Alaya.

El fiscal Egocheaga ha pedido ahora al juzgado que cite a declarar a todos los imputados que aún no hayan comparecido en un procedimiento que acumula más de 60 imputados pero de los que no han comparecido ante la juez ni un tercio.

Es lo mismo que la Fiscalía solicitó recientemente en relación con otras dos causas de Alaya igualmente paradas, en las que se investiga un posible delito societario en Mercasevilla y otro en la venta de los terrenos del mercado central. Lo que no es de recibo que, como ocurre en el caso del delito societario, los imputados lleven más de dos años señalados por la juez y aún no hayan tenido la posibilidad de defenderse de las imputaciones plasmadas de manera formal en un auto.

En el caso de los ERE, hay un precedente de una situación parecida, la que tuvo que sufrir el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que pasó más de un año imputado hasta que la juez Alaya acordó finalmente tomarle declaración en una serie de maratonianas jornadas que concluyeron con un auto de prisión.

A estas alturas del proceso y en prevención de que Alaya pueda continuar de baja, la preocupación de la Fiscalía cobra más fuerza. La Audiencia de Sevilla o la Sala de Gobierno del TSJA deben adoptar las decisiones oportunas para que el proceso, voluminoso y complicado ya de por sí, no vuelva a sufrir más paralizaciones que, a la postre, pueden provocar otros efectos no deseados.

Las defensas son las menos perjudicadas por la paralización, porque mientras siga transcurriendo el tiempo sin actividad instructora, continúan ganando enteros para que se les aprecie finalmente a sus clientes unas posibles dilaciones indebidas, con una rebaja de la posible condena. Pero lo peor de todo, es que la sociedad andaluza siga sin conocer qué pasó realmente con unas ayudas que la juez Alaya ha considerado ilegales…

Y entre los temores de la Fiscalía también se encuentra la posible prescripción de algunos de los delitos investigados, lo que ha llevado a pedir en otros escritos remitidos al juzgado que se aceleren las pesquisas policiales que se realizan.

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¿Y ahora qué pasa con la instrucción de los ERE?

Jorge Muñoz | 21 de diciembre de 2012 a las 16:56

Nuevos cambios amenazan con paralizar aún más la instrucción de los ERE. La Sala de gobierno del TSJA ha designado una juez de adscripción territorial para que, a partir del 3 de enero, se constituya como refuerzo de la juez Mercedes Alaya, que sigue de baja por enfermedad desde el pasado 12 de septiembre.

La medida implica la salida del juez sustituto Iván Escalera, que en los últimos meses ha estado trabajando en la causa y que, aunque no ha tomado declaración a ninguno de los imputados en el escándalo de los ERE fraudulentos, sí que ha adoptado decisiones de cierta trascendencia, como la rebaja a 50.000 euros de la fianza impuesta al ex director Francisco Javier Guerrero -que permitió su salida de prisión tras abonarla- y, sobre todo, la declaración del secreto de sumario a instancias de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre blanqueo de capitales que realiza la Unidad Central Operativa (UCO).

Iván Escalera tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y, aunque su salida para un juzgado de lo Social de Sevilla, puede depender de que Mercedes Alaya pueda adelantar o no su regreso al juzgado de Instrucción número 6, lo que sí está claro es que la propia investigación es la que puede verse perjudicada de nuevo, por cuanto la nueva juez tendrá que partir de cero a la hora de tener que sumergirse en un sumario que acumula más de 24.000 folios.

Algunas fuentes han apuntado que detrás de la salida de Escalera puede haber algo más, en el sentido de que se ha intentado apartar del caso a un juez que seguía en la misma línea que Mercedes Alaya. Sinceramente, no sé qué pensar. Lo que sí creo es que, en principio, la salida del sustituto de este juzgado no beneficia a la instrucción, sobre todo, si Alaya no se reincorpora pronto.

La idea de Alaya es no agotar el nuevo parte de un mes -hasta el 17 de enero- que le han concedido, pero se trata de una cuestión de índole exclusivamente médico que no depende de la voluntad de la magistrada de reincorIván Escalera, juez sustituto de Alaya, a la izquierda.porarse a su juzgado. La solución en todo caso se conocerá en las próximas semanas.

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El caso Esabe

Jorge Muñoz | 20 de diciembre de 2012 a las 20:23

En los juzgados de Sevilla la noticia de la detención de la “cúpula” del grupo empresarial ESABE por un fraude a la Seguridad Social por importe de 30 millones no ha cogido por sorpresa. Los vigilantes de seguridad que hasta el pasado mes de octubre han estado trabajando bajo las siglas de ESABE han denunciando desde muchos meses antes las supuestas irregularidades de la empresa. La consejería de Justicia les retiró recientemente la adjudicación, una decisión que se adoptó después de que muchos de estos trabajadores denunciaban que la empresa les adeudaba diversas nóminas y pagas extras, por importe de más de 5.000 euros.

La situación era tan alarmante que los vigilantes de Esabe han estado viviendo de sus familiares todo estos meses e incluso hay quien ha perdido su vivienda, y el caso más graves es el de un trabajador que se suicidó, agobiado por la situación, según sus propios compañeros.

Lo que cabe preguntarse es si esta situación no se podía haber atajado antes, puesto que los trabajadores han realizado muchas denuncias a la Inspección de Trabajo por los incumplimientos laborales. Cuando se solicitaba una opinión de la empresa, ésta daba la callada por respuesta.

Los trabajadores sospechaban que la empresa quería volver a concursar para el servicio de seguridad de los juzgados, eso sí, a través de otra empresa distinta.

Ahora han sido detenidas diez personas, entre dueños, directivos y ejecutivos del grupo empresarial, a los que se atribuye haber creado un entramado empresarial para obtener beneficios ilícitos incumpliendo la normativa legal, así como por un fraude de unos 30 millones  a la Seguridad Social. Se han llevado a cabo también ocho registros en distintas sedes de la compañía, fundamentalmente en Madrid.

A los detenidos se les acusa de delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social, a la que podían haber defraudado unos 30 millones. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional y la instruye el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, que ha declarado secreta la investigación.

ESABE, con casi 4.000 trabajadores y 15 años operando, está considerada como  una empresa experta en servicios de seguridad y vigilancia con sedes en todas las Comunidades Autónomas, principalmente con vigilantes en hospitales, polígonos industriales, centros comerciales, líneas de distribución y urbanizaciones.

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La enfermedad de la juez Mercedes Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 19:13

Un mes más. La juez Alaya ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad que la mantendrá alejada de su juzgado durante otro mes, en principio hasta después de Reyes. Todo apunta, en principio, a que la instructora no agotará este nuevo plazo y que se reincorporará a su labor en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en los primeros días del año.

Cabe analizar, no obstante, el importante retraso que se está ocasionado a una causa ya de por sí complicada y voluminosa. Cuando Alaya vuelva se habrán perdido cuatro meses de trabajo, porque desde julio prácticamente no se mueve un papel importante del caso de los ERE, quitando el secreto de sumario que acordó el juez sustituto Iván Escalera una vez que así se lo solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre nuevos delitos societarios y de blanqueo de capitales que han ido surgiendo en el curso de la investigación.

Si ayer fue el principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien solicitaba la vuelta de “doña Mercedes”, hoy ha sido la propia Fiscalía de Sevilla la que ha lanzado un mensaje similar o, al menos, ha pedido que alguien tome ya cartas en el asunto y se retome la investigación de las causas pendientes, empezando por la investigación del delito societario en la empresa pública Mercasevilla -en la que están imputados los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo- y continuando por la supuesta adjudicación irregular de los terrenos de Mercasevilla.

Estas tres personas llevan más de dos años imputadas en esta variante del caso Mercasevilla y aún no se les ha tomado declaración, lo que tampoco es de recibo…

Resulta muy significativo que el escrito de la Fiscalía tenga fecha del pasado lunes, 17 de diciembre, el día en el que cumplía el último parte de baja de Alaya y la juez debía reincorporarse a su trabajo. La prórroga de un mes parece haber anticipado la actuación de la Fiscalía, que recuerda que su función, como garante de la legalidad del proceso, consiste en dar el “debido impulso” a las actuaciones. Por ello, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha pedido al juzgado que informe del estado de los recursos pendientes por resolver o tramitar, y que se pida a la Agencia Tributaria que aporte o informe de cómo está la pericial contable que se pidió sobre las cuentas de Mercasevilla.

El problema del escrito de la Fiscalía es que suelta la patata caliente al juez sustituto…La juez Mercedes Alaya

Guerrero quiere que vuelva la juez Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 0:43

Resulta cuanto menos paradójico que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el amante confeso del Marlboro y del gin tonic de Beefeater, haya asegurado en su primera entrevista tras salir de la cárcel (en Giralda Televisión) que está deseando que se reincorpore la juez Mercedes Alaya, la magistrada que le mandó a prisión durante siete meses y que sólo accedió a rebajar la fianza para que pudiera abandonar la prisión cuando la Audiencia de Sevilla comenzó a revocar estos autos y a imponer fianzas.

También resulta sorprendente que Guerrero diga que está “deseando” que la juez “llegue hasta el final” de la investigación que inició hace dos años y que lleva casi cuatro meses paralizada por motivos de salud de la magistrada. Si Guerrero realmente desea que la instructora acabe lo que en principio parece una causa infinita -cada vez que profundiza en una línea de trabajo vuelven a salir nuevas variantes-, podría haber ya tirado de la manta y revelar todo cuanto sabe del fondo de reptiles, como el mismo bautizó a la partida 31L por la que se concedían las ayudas en las que han aparecido todas estas presuntas irregularidades.

“Mi error ha sido no decir burradas de los demás, ni querer salvarme yo echando pestes contra otros. Mi error ha podido ser el silencio, pero mi silencio lo manejo yo y lo administro como yo quiero y lo que sé y lo que no sé lo iré administrando como me vaya conviniendo”, ha dicho Guerrero en la mencionada entrevista.

Sobre las ayudas concedidas, Guerrero ha insistido lo que ya le dijo a la juez cuando declaró durante varias maratonianas sesiones: que todo el mundo en la Junta sabía para qué iba el dinero y a quien iba destinado.

El que fuera responsable de Empleo durante nueve años (1999 a 2008) se considera un “chivo expiatorio” por parte del PSOE y de la Junta de Andalucía, y tal vez tenga parte de razón en lo que dice, porque a estas alturas de la causa, ni la juez Alaya ni la Fiscalía Anticorrupción creen que las irregularidades se deban a la actuación de “cuatro golfos”, la teoría que en su día expuso el ex presidente de la Junta Manuel Chaves para tratar de explicar lo que había ocurrido con los intrusos de los ERE.

Guerrero, del que por cierto Chaves también renegó al decir que no lo conocía, ha asegurado que el ex presidente de la Junta “alguna vez estuvo con su mujer en una finca de la familia de mi ex mujer” y precisó que incluso comieron “migas y caldereta en El Pedroso”, la localidad sevillana donde Guerrero tenía una casa y donde se llegaron a firmar algunas de las pólizas de las ayudas.

La ausencia de la juez Mercedes Alaya, que está de baja desde el 12 de septiembre, está amenazando con provocar un grave perjuicio a la causa de los ERE, en la que prácticamente no se toma una decisión trascendente -salvo el secreto decretado por el juez sustituto a instancias de la Guardia Civil- desde el mes de julio. El retorno de Alaya lleva anunciándose una semana sí y otra también, pero sigue sin producirse a pesar de que todos los que conocen a la juez señalan que ella es la primera interesada en volver a trabajar a su juzgado. Ojalá se recupere pronto, la mayor investigación judicial emprendida hasta ahora por la gestión de los fondos públicos en Andalucía, necesita de la profesionalidad y perseverancia de la juez Alaya… para que ésta pueda llegar al final de la investigación, como pide ahora uno de los principales imputados. Yo también quiero que vuelva Alaya.

Vea el vídeo completo de la entrevista aquí

 

 

El problema de los depósitos de droga custodiados por la Policía

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2012 a las 11:16

La Fiscalía General del Estado acaba de publicar una nueva instrucción en la que insta a los fiscales a solicitar a los jueces la destrucción de los alijos de droga intervenidos en las distintas operaciones policiales, con la finalidad de evitar nuevos robos con los producidos en Sevilla, Málaga o Cádiz, donde han desaparecido en los últimos años centenares de kilos de cocaía y heroína.

El problema no es nuevo y tiene que ver en gran parte con la existencia de unas instalaciones inadecuadas para el almacenaje de estas sustancias. En el caso de Sevilla, cuando se destapó el escándalo del robo de los 154 kilos de estupefacientes, en 2008, el Gobierno anunció que iba a crear un depósito para estas sustancias -ahora se siguen almacenando en unos antiguos calabozos-. Varios años después y con un nuevo Ejecutivo del PP en el poder, no hay ningún depósito.

La instrucción 5/2012 de la Fiscalía (se puede consultar pulsando aquí) insta a los fiscales a promover la destrucción de la droga incluso nada más que los detenidos sean puestos a disposición judicial y una vez que se haya acordado por el juez que se guarden las muestras necesarias para la realización de los correspondientes análisis y contraanálisis de las sustancias.

En caso de que el juez no acuerde dicha instrucción, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, conmina a los fiscales a que presenten los recursos correspondientes. En todo caso, el Ministerio Público quiere que el control de los alijos se vigile por los fiscales hasta su completa destrucción, y mientras no se produzca, que informen a la Fiscalía Antidroga cada tres meses sobre esas cantidades de droga que aún no hayan sido destruidas.

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