El caso Esabe

Jorge Muñoz | 20 de diciembre de 2012 a las 20:23

En los juzgados de Sevilla la noticia de la detención de la “cúpula” del grupo empresarial ESABE por un fraude a la Seguridad Social por importe de 30 millones no ha cogido por sorpresa. Los vigilantes de seguridad que hasta el pasado mes de octubre han estado trabajando bajo las siglas de ESABE han denunciando desde muchos meses antes las supuestas irregularidades de la empresa. La consejería de Justicia les retiró recientemente la adjudicación, una decisión que se adoptó después de que muchos de estos trabajadores denunciaban que la empresa les adeudaba diversas nóminas y pagas extras, por importe de más de 5.000 euros.

La situación era tan alarmante que los vigilantes de Esabe han estado viviendo de sus familiares todo estos meses e incluso hay quien ha perdido su vivienda, y el caso más graves es el de un trabajador que se suicidó, agobiado por la situación, según sus propios compañeros.

Lo que cabe preguntarse es si esta situación no se podía haber atajado antes, puesto que los trabajadores han realizado muchas denuncias a la Inspección de Trabajo por los incumplimientos laborales. Cuando se solicitaba una opinión de la empresa, ésta daba la callada por respuesta.

Los trabajadores sospechaban que la empresa quería volver a concursar para el servicio de seguridad de los juzgados, eso sí, a través de otra empresa distinta.

Ahora han sido detenidas diez personas, entre dueños, directivos y ejecutivos del grupo empresarial, a los que se atribuye haber creado un entramado empresarial para obtener beneficios ilícitos incumpliendo la normativa legal, así como por un fraude de unos 30 millones  a la Seguridad Social. Se han llevado a cabo también ocho registros en distintas sedes de la compañía, fundamentalmente en Madrid.

A los detenidos se les acusa de delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social, a la que podían haber defraudado unos 30 millones. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional y la instruye el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, que ha declarado secreta la investigación.

ESABE, con casi 4.000 trabajadores y 15 años operando, está considerada como  una empresa experta en servicios de seguridad y vigilancia con sedes en todas las Comunidades Autónomas, principalmente con vigilantes en hospitales, polígonos industriales, centros comerciales, líneas de distribución y urbanizaciones.

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La enfermedad de la juez Mercedes Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 19:13

Un mes más. La juez Alaya ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad que la mantendrá alejada de su juzgado durante otro mes, en principio hasta después de Reyes. Todo apunta, en principio, a que la instructora no agotará este nuevo plazo y que se reincorporará a su labor en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en los primeros días del año.

Cabe analizar, no obstante, el importante retraso que se está ocasionado a una causa ya de por sí complicada y voluminosa. Cuando Alaya vuelva se habrán perdido cuatro meses de trabajo, porque desde julio prácticamente no se mueve un papel importante del caso de los ERE, quitando el secreto de sumario que acordó el juez sustituto Iván Escalera una vez que así se lo solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre nuevos delitos societarios y de blanqueo de capitales que han ido surgiendo en el curso de la investigación.

Si ayer fue el principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien solicitaba la vuelta de “doña Mercedes”, hoy ha sido la propia Fiscalía de Sevilla la que ha lanzado un mensaje similar o, al menos, ha pedido que alguien tome ya cartas en el asunto y se retome la investigación de las causas pendientes, empezando por la investigación del delito societario en la empresa pública Mercasevilla -en la que están imputados los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo- y continuando por la supuesta adjudicación irregular de los terrenos de Mercasevilla.

Estas tres personas llevan más de dos años imputadas en esta variante del caso Mercasevilla y aún no se les ha tomado declaración, lo que tampoco es de recibo…

Resulta muy significativo que el escrito de la Fiscalía tenga fecha del pasado lunes, 17 de diciembre, el día en el que cumplía el último parte de baja de Alaya y la juez debía reincorporarse a su trabajo. La prórroga de un mes parece haber anticipado la actuación de la Fiscalía, que recuerda que su función, como garante de la legalidad del proceso, consiste en dar el “debido impulso” a las actuaciones. Por ello, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha pedido al juzgado que informe del estado de los recursos pendientes por resolver o tramitar, y que se pida a la Agencia Tributaria que aporte o informe de cómo está la pericial contable que se pidió sobre las cuentas de Mercasevilla.

El problema del escrito de la Fiscalía es que suelta la patata caliente al juez sustituto…La juez Mercedes Alaya

Guerrero quiere que vuelva la juez Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 0:43

Resulta cuanto menos paradójico que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el amante confeso del Marlboro y del gin tonic de Beefeater, haya asegurado en su primera entrevista tras salir de la cárcel (en Giralda Televisión) que está deseando que se reincorpore la juez Mercedes Alaya, la magistrada que le mandó a prisión durante siete meses y que sólo accedió a rebajar la fianza para que pudiera abandonar la prisión cuando la Audiencia de Sevilla comenzó a revocar estos autos y a imponer fianzas.

También resulta sorprendente que Guerrero diga que está “deseando” que la juez “llegue hasta el final” de la investigación que inició hace dos años y que lleva casi cuatro meses paralizada por motivos de salud de la magistrada. Si Guerrero realmente desea que la instructora acabe lo que en principio parece una causa infinita -cada vez que profundiza en una línea de trabajo vuelven a salir nuevas variantes-, podría haber ya tirado de la manta y revelar todo cuanto sabe del fondo de reptiles, como el mismo bautizó a la partida 31L por la que se concedían las ayudas en las que han aparecido todas estas presuntas irregularidades.

“Mi error ha sido no decir burradas de los demás, ni querer salvarme yo echando pestes contra otros. Mi error ha podido ser el silencio, pero mi silencio lo manejo yo y lo administro como yo quiero y lo que sé y lo que no sé lo iré administrando como me vaya conviniendo”, ha dicho Guerrero en la mencionada entrevista.

Sobre las ayudas concedidas, Guerrero ha insistido lo que ya le dijo a la juez cuando declaró durante varias maratonianas sesiones: que todo el mundo en la Junta sabía para qué iba el dinero y a quien iba destinado.

El que fuera responsable de Empleo durante nueve años (1999 a 2008) se considera un “chivo expiatorio” por parte del PSOE y de la Junta de Andalucía, y tal vez tenga parte de razón en lo que dice, porque a estas alturas de la causa, ni la juez Alaya ni la Fiscalía Anticorrupción creen que las irregularidades se deban a la actuación de “cuatro golfos”, la teoría que en su día expuso el ex presidente de la Junta Manuel Chaves para tratar de explicar lo que había ocurrido con los intrusos de los ERE.

Guerrero, del que por cierto Chaves también renegó al decir que no lo conocía, ha asegurado que el ex presidente de la Junta “alguna vez estuvo con su mujer en una finca de la familia de mi ex mujer” y precisó que incluso comieron “migas y caldereta en El Pedroso”, la localidad sevillana donde Guerrero tenía una casa y donde se llegaron a firmar algunas de las pólizas de las ayudas.

La ausencia de la juez Mercedes Alaya, que está de baja desde el 12 de septiembre, está amenazando con provocar un grave perjuicio a la causa de los ERE, en la que prácticamente no se toma una decisión trascendente -salvo el secreto decretado por el juez sustituto a instancias de la Guardia Civil- desde el mes de julio. El retorno de Alaya lleva anunciándose una semana sí y otra también, pero sigue sin producirse a pesar de que todos los que conocen a la juez señalan que ella es la primera interesada en volver a trabajar a su juzgado. Ojalá se recupere pronto, la mayor investigación judicial emprendida hasta ahora por la gestión de los fondos públicos en Andalucía, necesita de la profesionalidad y perseverancia de la juez Alaya… para que ésta pueda llegar al final de la investigación, como pide ahora uno de los principales imputados. Yo también quiero que vuelva Alaya.

Vea el vídeo completo de la entrevista aquí

 

 

El problema de los depósitos de droga custodiados por la Policía

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2012 a las 11:16

La Fiscalía General del Estado acaba de publicar una nueva instrucción en la que insta a los fiscales a solicitar a los jueces la destrucción de los alijos de droga intervenidos en las distintas operaciones policiales, con la finalidad de evitar nuevos robos con los producidos en Sevilla, Málaga o Cádiz, donde han desaparecido en los últimos años centenares de kilos de cocaía y heroína.

El problema no es nuevo y tiene que ver en gran parte con la existencia de unas instalaciones inadecuadas para el almacenaje de estas sustancias. En el caso de Sevilla, cuando se destapó el escándalo del robo de los 154 kilos de estupefacientes, en 2008, el Gobierno anunció que iba a crear un depósito para estas sustancias -ahora se siguen almacenando en unos antiguos calabozos-. Varios años después y con un nuevo Ejecutivo del PP en el poder, no hay ningún depósito.

La instrucción 5/2012 de la Fiscalía (se puede consultar pulsando aquí) insta a los fiscales a promover la destrucción de la droga incluso nada más que los detenidos sean puestos a disposición judicial y una vez que se haya acordado por el juez que se guarden las muestras necesarias para la realización de los correspondientes análisis y contraanálisis de las sustancias.

En caso de que el juez no acuerde dicha instrucción, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, conmina a los fiscales a que presenten los recursos correspondientes. En todo caso, el Ministerio Público quiere que el control de los alijos se vigile por los fiscales hasta su completa destrucción, y mientras no se produzca, que informen a la Fiscalía Antidroga cada tres meses sobre esas cantidades de droga que aún no hayan sido destruidas.

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El ‘tasazo’ ya tiene fecha: se aplicará a partir del lunes 17

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2012 a las 19:44

Se consumó el tasazo judicial. El BOE ha publicado hoy los modelos de autoliquidación 696 y 695 del Ministerio de Hacienda, que regulan el pago y devolución de las tasas en los supuestos que proceda. La nueva norma, que acarreará al ciudadano un coste de entre 50 y 1.200 euros, será aplicable a las jurisdicciones Civil, Social y de lo Contencioso-administrativo a partir del próximo lunes, día 17, según explica la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A pesar de que la ley ha generado el rechazo de todos los operadores judiciales sin distinción alguna, el Gobierno ha decidido seguir adelante con este modelo que lógicamente va a reducir la litigiosidad pero a costa de limitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia, porque habrá quien no pueda plantearse presentar una demanda o recurrir una sentencia al saber que tiene que hacer frente al pago de una tasa, además de los honorarios de su abogado y procurador.

Se consagra así, según la frase más acuñada contra esta norma, una Justicia de ricos y pobres, porque a partir de ahora sólo acudirá a los tribunales, al menos en estas jurisdicciones, aquellos que dispongan de recurso suficientes.

El PSOE ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, mientras que la Junta de Andalucía también está estudiando la posibilidad de presentar un recurso.

Consulta la orden de Hacienda en el BOE.

El registro de los juzgados de Sevilla con columnas de demandas presentadas para evitar el 'tasazo'

Invercaria puede dar más sorpresas que la causa de los ERE

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2012 a las 14:44

Los que conocen bien los entresijos del sistema que la Junta utilizó durante más de una década para conceder las ayudas relacionadas con los ERE auguran que la causa abierta por las irregularidades en Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la Junta, puede dar muchas más sorpresas. De momento, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que comenzó investigando la denuncia del ex trabajador de Invercaria Cristóbal Cantos y el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentes del ejercicio 2009, ya ha ampliado la investigación a otras inversiones realizadas en 41 empresas en el período 2006-2008, de acuerdo con la petición que cursó en este sentido la Fiscalía Anticorrupción.

El PP bautizó a esta sociedad como el “fondo de reptiles 2″ y todo apunta, siguiendo estas fuentes, a que el escándalo que se destape en relación con la sociedad pública de capital riesgo puede superar incluso a lo que se ha conocido durante la investigación de la juez Mercedes Alaya, quien por cierto continúa de baja por enfermedad. La semana próxima sabremos si la magistrada vuelve a la carga, como es su intención, o tiene que continuar en casa por prescripción médica.

De cualquier forma, la causa de Invercaria todavía está en una fase muy incipiente, con la Guardia Civil recabando documentación y dando los primeros pasos de la investigación, aunque los fiscales de Anticorrupción ya se anticiparon hace un tiempo solicitando la imputación del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo.

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La guerra de Gallardón

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2012 a las 0:01

Gallardón ha puesto en pie de guerra a toda la Justicia. Ha logrado en sólo unos meses al frente del Ministerio lo que nadie había conseguido hasta ahora: reunir bajo un mismo estandarte a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, a los abogados y a los funcionarios de Justicia.

Desde septiembre pasado, los jueces españoles están dando diversos pasos que conducen irremediablemente a una nueva huelga, la reedición de la histórica jornada que se vivió en febrero de 2009. Este miércoles, los juzgados y Audiencias de España pararon durante una hora para mostrar el rechazo de toda la Justicia a las reformas que promueve el ministro.

Gallardón ha contraatacado acusando a los jueces de echarse a la calle porque se les ha quitado la paga extra de Navidad y por la reducción de los días de asuntos propios anuales. En su contraataque, Gallardón no ha dudado en sacar la munición pesada. Ha revelado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, le pidió nada más acceder al cargo que financiara un plan de pensiones para los jueces con las polémicas tasas, que se han colado como un nuevo frente en la guerra del ministro contra toda la Justicia.

Cierto es que, entre las primeras reivindicaciones de los jueces, aparecían algunos aspectos económicos y de su régimen estatutario, pero decir que los jueces protestan sólo por motivos económicos es un razonamiento bastante simplista que no obedece a la realidad. Sólo con examinar el último comunicado de la Comisión Interasociativa de Conflicto de jueces y fiscales queda claro que, para nada, esa es la motivación de la carrera.

Los jueces protestan porque ya no pueden soportar más la situación que se vive en unos juzgados sobrecargados de trabajo y en los que los expedientes se acumulan por los pasillos y los suelos de los juzgados porque no hay ya estanterías donde guardarlos. Los jueces también protestan porque están cansados de tenerle que decir a los ciudadanos que su sentencia ha tardado muchos casos hasta casi un año en dictarse porque esa carga de trabajo les impide hacerlo a su debido tiempo. Los jueces protestan porque se ven obligados a fijar un juicio de una reclamación laboral para dentro de dos años, lo que está llevando a muchos ciudadanos a aceptar acuerdos leoninos al no poder esperar tanto tiempo.

Los jueces también protestan porque sus plantillas de funcionarios son escasas, las bajas por enfermedad de estos trabajadores no se cubren a tiempo y cuando se hace, se trata de personas que a veces necesitan de un nuevo período de aprendizaje.

Los jueces protestan porque no quieren ser el próximo juez Tirado, quien, debido a la escasez de medios y a la falta de control de centenares de ejecutorias, descubrió un día horrorizado al ver el telediario que un individuo al que había condenado por abusos sexuales a su hija seguía en libertad y estaba acusado del asesinato de la pequeña Mari Luz. Este escándalo fue el germen de la primera huelga de la Judicatura, en la que por primera vez en la historia los jueces se alzaron para el reclamar al Ministerio más inversión en la Justicia y para gritar que no podían continuar así. Casi cuatro años después, la situación de la Justicia ha empeorado, en parte por la crisis, que ha aumentado el número de asuntos que llegan a los juzgados, de un lado, y por los recortes presupuestarios, de otro. Con el tema de las ejecuciones de sentencias, los jueces siguen “sentados en un polvorín”, como definió acertadamente un magistrado hace varios años.

Los jueces protestan porque esta escandalosa carga de trabajo que soportan está afectando no ya sólo a su vida laboral -personalmente no conozco ningún juez que no se lleve trabajo a casa-, sino a su propia salud. El caso de la juez Mercedes Alaya, la instructora de los ERE fraudulentos, puede ser un ejemplo de esto último.

Los jueces reclaman contra el intento del Ministerio de limitar la independencia de su máximo órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también protestan, en último extremo, por la ley de tasas, que ha vuelto a unir a la Justicia contra este ataque contra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, porque también es verdad que ahora con el tasazo los más perjudicados van a ser los ciudadanos de clase media, que van a tener que pagar, por ejemplo, por recurrir una sentencia de un despido. Pero no sólo se trata de pagar, es que en algunos casos será absurdo acudir a los tribunales a reclamar Justicia, porque quien va a presentar un recurso contra una multa de 200 euros si ésta misma cantidad es la que tendrá que abonar sólo en concepto de tasas, sin añadir los honorarios de abogado y procurador. Es absurdo. Claro que así sí que se va a reducir la litigiosidad, pero ¿a qué coste?

En este panorama, reducir, como ha hecho el ministro, la protesta de los jueces y fiscales a cuestiones de índole estrictamente económico, es un grave error. Lo que está en juego es mucho más importante. Es el propio Estado de Derecho del que gozamos lo que está en juego, porque sin una Justicia independiente, surgen muchos peligros. Gallardón debe escuchar la voz unánime de la Justicia o de lo contrario la rebelión de las togas se aproxima de nuevo.

El problema de la guerra de Gallardón, como todas las guerras, es que no es tan fácil distinguir entre vencedores y vencidos, porque todos pierden algo en el camino…

El pleito de las fregonas

Jorge Muñoz | 13 de diciembre de 2012 a las 21:21

El Tribunal Supremo ha condenado esta semana a la empresa  Spontex a indemnizar a Vileda por fabricar y comercializar los mochos de fregona con cabezales universales que fueron diseñados por la empresa alemana, al entender que el grupo español ha violado sus derechos a la propiedad industrial. Ambas compañías se habían enfrentado en los tribunales por el uso de un dispositivo que permite la unión entre el palo de fregona y el mocho mediante el sistema de click-clack.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha desestimado ahora el recurso interpuesto por Spontex contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en junio de 2008, le conminó a dejar de fabricar y vender este dispositivo y ordenó el embargo y la posterior destrucción de todos los mochos de este tipo, así como de las máquinas y productos destinados a su fabricación.

La sentencia anula parcialmente la sentencia de la Audiencia de Barcelona en lo que se refiere a la indemnización por los daños y perjuicios causados a la empresa germana. De este modo, condena a Spontex a indemnizar en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, según lo solicitado durante el juicio y en aplicación al artículo 66.2 de la Ley de Patentes, así como a asumir el pago de las costas.

Para los magistrados, no cabe duda del “perjuicio económico” sufrido por Vileda por las ventas que ha dejado de realizar y que, por el contrario, ha llevado a cabo Spontex de cabezales universales destinados a insertarse mediante el sistema de click-clack ideado por Vileda para los palos fabricados por esta última.

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Cuestiones previas

Jorge Muñoz | 13 de diciembre de 2012 a las 20:59

He creado este nuevo blog sobre el mundo de la Justicia y de los tribunales para tratar de ofrecer a los lectores una visión crítica de la misma y que contribuya a ampliar y completar las informaciones que sobre esta materia se publican a diario en los periódicos del grupo Joly. 

La Justicia vive actualmente tiempos convulsos, con una nueva huelga de jueces y fiscales a las puertas, y con posibles recortes a los derechos de los ciudadanos, como sucede con la recién publicada ley de tasas. A los problemas crónicos de la lentitud de la Justicia, se suman la falta de inversiones, más acusada en la actual situación de crisis económica y de recortes presupuestarios.

La información, la crítica, el análisis y la interpretación tendrán cabida en las entradas de este blog, que he querido denominar Juzgado de Guardia en homenaje a estos órganos que representan, en muchos casos, el inicio de una investigación judicial.

Pero no todo va a ser serio en este blog, porque también quiero incluir aquellas noticias que puedan resultar curiosas y las anécdotas que cada día surgen en los tribunales de Justicia andaluces.

Bienvenidos a todos.

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