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El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.

¿Qué fue antes, Alaya o los UCO?

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2014 a las 5:00

Un nuevo desaguisado que vuelve a centrar el foco de atención en la mediática figura de la juez Alaya. La instructora ha intentado justificar el singular e inédito envío de guardias civiles al Congreso de los Diputados y al Senado con el argumento de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) no pudieron localizar el domicilio de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Dice Alaya que consultaron bases de datos publicadas y no hallaron el “domicilio correcto”, por lo que los mandó a ambas cámaras.
La explicación, a mi juicio, no resulta para nada convincente. ¿De quién es entonces la culpa del nuevo enredo? ¿De la juez Alaya o de sus también ya célebres UCO, que se han ganado la fama con sus espectaculares operaciones policiales y sus voluminosos atestados plagados de miles de folios y a los que la magistrada incluye en su reducido grupo de incansables?
Ésa es la cuestión a la que pueden darse varias respuestas. De un lado, no hay que olvidar que los agentes de la UCO actúan en este caso como Policía Judicial, son los brazos ejecutores de la investigación que desde hace más de tres años dirige no exenta de polémica la juez Alaya. De otro, tampoco debe pasar por alto que estos agentes, así lo entendemos, forman parte de un grupo que está considerado como de élite, muy profesionales, capacitados y expertos. Por eso resulta difícil creer que estos aguerridos agentes no hayan podido encontrar el domicilio donde residen los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sobre todo si se tiene en cuenta que éste último fue incluso objeto de un escrache.
Un veterano comisario dijo en una ocasión que un “experto de Madrid es alguien que sabe lo mismo o menos que tú, pero que vive en Madrid”. Parece que tenía razón.
Lo peor de la situación creada es que, precisamente, la investigación de las irregularidades de losERE y la extraordinaria labor que realiza la instructora vuelve a desenfocarse con aspectos colaterales que algunas veces parecen buscados a sabiendas por la propia instructora –como cuando sus resoluciones coinciden con hitos políticos – y otras, como parece que ocurre ahora, surgen por circunstancias ajenas a la juez.

Tranquilos, que Alaya no ha ordenado ‘tomar el Congreso’

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2014 a las 5:00

Las alarmas saltaron a media tarde. Una fuente solvente aseguraba que guardias civiles, de la Unidad Central Operativa (UCO)  que trabajan bajo las órdenes de la juez Mercedes Alaya, habían acudido al Congreso de los Diputados y al Senado para entregar un “sobre cerrado” procedente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos. El rumor, que es la antesala de la noticia según los teóricos de la información, se aderezaba con el hecho de que los guardias iban de paisano pero “armados”.mercedesalaya

A cualquiera que escuchara semejante información, por deformación profesional, no se le venía a la cabeza otra cosa que la imagen del coronel Antonio Tejero aquel nefasto 23-F de 1981. Pero por mucho que la fuente insistiera en la noticia de Alaya enviando a sus guardias al Congreso y al Senado, lo cierto es que la extraña visita tenía una explicación coherente, al menos judicialmente hablando.

Los agentes habían acudido en cumplimiento del auto dictado por la juez Mercedes Alaya el 19 de diciembre de 2013, en el que la magistrada, después de que la Audiencia de Sevilla revocará el auto en el que había pre-imputado a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejero autonómicos, modificó su anterior resolución, reforzando la motivación y volviendo a pre-imputarles en la causa de los ERE.

Al término de ese auto, Alaya ordenaba que se les notificara a los aforados esta resolución, “dándoles traslado del contenido de las presentes actuaciones a fin de que puedan personarse en la causa si fuera su interés”. De la misma forma, le daba traslado de los próximos señalamientos efectuados a fin de que pudieran “participar en su caso en los mismos a través de su representación procesal”. Y por último, que es lo que ha suscitado el nuevo desaguisado, Alaya ordenaba en ese auto que se libraran “los correspondientes oficios para que se acredite documentalmente en la causa la condición de aforados de las personas a las que se refiere el presente auto”.

Y eso es, sencillamente, lo que hacían los guardias civiles “de paisano y armados” en las Cámaras Baja y Alta. Otra pregunta es cómo un oficio que Alaya orden ejecutar el 19 de diciembre de 2013 no se ejecuta realmente hasta el 7 de abril, casi cuatro meses después de dictarse, pero con los retrasos que acumula esta causa, donde hay imputados que han sido citados a declarar hasta tres años y medio después de ser llamados al proceso, tampoco es de extrañar una demora así.

Dicen que el presidente del Congreso se negó a recibir el oficio porque esta institución sólo recibe comunicaciones a nivel de Tribunal Supremo, pero Posada quizás no conoce la perseverancia de Alaya, la incansable. Tranquilos, que Alaya no ha ordenado tomar el Congreso, como tampoco quiere desprenderse del caso enviándolo al Tribunal Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Alaya es mucha Alaya.