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Alaya fracasa otra vez

Jorge Muñoz | 18 de marzo de 2018 a las 2:00

La macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, el archivo de la denominada “pieza política” de los cursos de formación, y ahora el caso Betis. La absolución de Manuel Ruiz de Lopera, cuya investigación se convirtió en el año 2008 en la primera macrocausa de la juez Mercedes Alaya y la que la aupó a la fama antes del escándalo de los ERE, vuelve a cuestionar la labor instructora de la magistrada que ahora está destinada en la Audiencia de Sevilla. Cierto es que la labor de un juez de instructor consiste en recopilar el mayor número de indicios de la presunta comisión de un delito para llevarlos a juicio, no en lograr las condenas, pero el hecho de que sean ya varias las instrucciones de Alaya que han acabado tumbadas por una sentencia da mucho que pensar y reflexionar, sobre todo respecto a si tienen sentido o no la creación de macrocausas judiciales que se prolongan en su fase de instrucción durante muchos años, una década en el caso del Betis. Como dice la defensa de Lopera, ¿ahora quién repara el daño causado a la persona del ex mandatario bético y a su patrimonio?
La única instrucción de Alaya que ha sido avalada hasta el momento por un sentencia condenatoria es la que está relacionada con la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. En esta causa, que a la larga sería el germen del que surgió el caso ERE, Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo Antonio Rivas. Sólo fueron condenados a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por la mordida los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.
En junio del año pasado, la juez de lo Penal Yolanda Sánchez Gucema absolvió a los 10 procesados –entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo– por la venta de los terrenos de Mercasevilla, que la juez Alaya había calificado de “fraudulenta e ilegal”, pero en la que la sentencia no aprecia prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a una constructora frente a las demás empresas que optaron a dicho concurso.
A estas sentencias se suma ahora la absolución de Manuel Ruiz de Lopera y de los otros siete acusados por delitos de apropiación indebida y administración desleal en la gestión del club verdiblanco.
La sentencia dictada ahora por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, cuya ponencia corresponde al magistrado Ángel Márquez –quien fue el juez de Instrucción número 6 hasta la llegada de Alaya y quien investigó el denominado caso Guerra–, carga precisamente contra el informe pericial encargado por Mercedes Alaya. Dice la sentencia que los peritos judiciales dieron “fiel respuesta al objeto de la pericia tal y como fue acordada por autos de 19 de marzo y 4 de junio de 2008”, en los que la magistrada pidió a estos expertos de Hacienda que informaran además sobre “cuál habría sido la situación económica, financiera y patrimonial del Real Betis” si no se hubieran suscrito los contratos con Tegasa y Encadesa, las empresas vinculadas a Lopera. Y dice el fallo que “por ser hipotético el objeto propuesto, las conclusiones del informe pericial se sitúan en el terreno de la conjetura y tienen escasa virtualidad en sede penal”, es decir, Alaya les planteó que informaran sobre hipótesis y los peritos cifraron el supuesto perjuicio económico para el Real Betis en 25 millones de euros, pero el tribunal “rechaza sin ambages” porque no se puede afirmar que las empresas de Lopera “hicieron gastos que el Real Betis no hubiera realizado”.
La Audiencia rechaza el ánimo de lucro en la conducta de Lopera, quien cogió el Betis, precisa, en una “situación ruinosa”, con cuantiosas deudas, en Segunda División y con el estadio vendido, y recuerda que de ese estado se pasó en la temporada 2007/08 a contar con unos fondos propios que rondaban los 36 millones, llegando incluso Tegasa a sufragar las obras de ampliación del estadio al lograr resultados beneficiosos en los ejercicios siguientes.
Con la absolución de Lopera y de los otros acusados en el caso Betis, la estadística sigue castigando las instrucciones de Alaya. De las 22 personas procesadas por la magistrada, 20 de ellas han sido absueltas finalmente en sentencia, y sólo dos, los ya mencionados directivos de Mercasevilla han sido condenados a pagar una multa. Nadie ha ido a prisión por ahora.
La juez María Núñez Bolaños, que sucedió a Alaya en el juzgado, archivó en octubre de 2016 la “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un archivo que más de un año después sigue aún pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por el PP y Manos Limpias, dado que el archivo se produjo tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
En la Audiencia Nacional continúa en investigación otra de las macrocausas que instruyó Alaya, la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados, muchos de ellos ya procesados en las distintas piezas en las que se separó dicha macrocausa.
Las contundentes absoluciones del caso de la venta de los suelos de Mercasevilla y del caso Betis pueden convertirse en el preludio de lo que puede ocurrirle a la macrocausa estrella de Alaya: el caso de los ERE fraudulentos, donde se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
De esos 22 acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, es bastante probable que la mayoría salgan absueltos y que, finalmente, las condenas sean mínimas. El marcador de Alaya es, por ahora, de una condena frente a dos absoluciones, por usar un símil futbolístico. Y el caso de los ERE puede suponer el hat-trick que vuelva a cuestionar su manera de instruir.

 

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Lopera en el Cautivo. Al día siguiente de conocerse su absolución, el ex mandatario del Betis acudió, como hace cada viernes de marzo, a la Iglesia de San Ildefonso, a su cita devocional con el Cautivo, al que limpió los pies tras los besos depositados por los fieles.

 

Alaya se estrena en el tribunal ciudadano

Jorge Muñoz | 27 de junio de 2016 a las 5:00

CONFERENCIA MERCEDES ALAYALa hemos visto hace unos meses formando parte de un juicio en la Sección Séptima de la Audiencia, el de la estafa piramidal de Contsa, pero hasta ahora no la habíamos visto presidiendo un jurado popular.

La juez Mercedes Alaya tomará el próximo martes las riendas del proceso que se sigue contra Ana Hermoso, la Loewe story, si damos por buena la historia de amor que la ex alcaldesa sostiene como alegato principal de su defensa.

La presencia de Alaya como presidenta del tribunal del jurado añade un plus de interés a un caso ya de por sí relevante, máxime si se tiene en cuenta que la magistrada se ha convertido en los últimos años en el estandarte de la lucha judicial contra la corrupción en Andalucía.

Hasta ahora sólo hemos conocido a la juez Alaya en su faceta de instructora, a través de los vehementes interrogatorios a los que sometía a los imputados del caso de los ERE fraudulentos y de las otras macrocausas, pero no la habíamos visto presidiendo un jurado popular.

Alaya, como juez instructora, celebró muchos juicios de faltas, algunos de ellos conflictivos, como el que tuvo lugar en el año 2002, cuando absolvió a un grupo de taxistas que habían sido jugados por insultar al entonces delegado de Tráfico, Blas Ballesteros.

Alaya, que en aquellas fechas era una juez más de las 20 que hay en Sevilla y no era conocida más allá de los ambientes jurídicos, absolvió entonces a todos los acusados, dictando una sentencia in voce que provocó un sonoro aplauso de los numerosos taxistas que asistieron para apoyar a sus compañeros. Esta semana volveremos a verla en acción, ante un jurado.

El TSJA, a por la tercera vía

Jorge Muñoz | 12 de octubre de 2015 a las 5:08

La juez Alaya asiste al TSJA en Granada para jurar cargo

La juez Mercedes Alaya, en junio pasado en la sede del TSJA.

 

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a reunirse mañana para intentar resolver el conflicto planteado por el reparto de las macrocausas entre las jueces María Núñez Bolaños y Mercedes Alaya. Ésta última quiere asumir la instrucción de todos los sumarios y María Núñez Bolaños, como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla quiere prescindir de Alaya, cosa lógica después de los duros reproches que recibió en modo de críticas a su supuesta falta de preparación para instruir estas investigaciones y su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, a quien Alaya atribuyó la condición de “notario detractor” de su trabajo.

Después de que en la reunión del pasado 24 de septiembre la deliberación de la Comisión del TSJAno llegó a ningún acuerdo, prácticamente no se abordó la cuestión sobre si Alaya debe quedarse como comisionada, los magistrados vuelven a reunirse para tratar de encontrar una solución y acabar con este culebrón infumable que se prolonga desde hace más de tres meses.
Todas las opciones son posibles, no hay nada descartable, comentaron algunas fuentes. Frente a la opción de Alaya sí o no, hay una tercera vía que apunta, sobre todo después de que Bolaños haya mostrado en otro informe su intención de que se prescinda de la comisión de servicio de Alaya, a que el juez de refuerzo Álvaro Martín podría ser quien se quedara con la instrucción de los ERE, total o parcial, y en plena colaboración con la titular del juzgado.
Esa opción podría lograr el consenso de una Comisión que está integrada por siete miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservadora y mayoritaria en la carrera, y de la que precisamente Álvaro Martín es su delegado en Andalucía Occidental. La Comisión está compuesta, exactamente, por los presidentes de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Málaga y Jaén, Damián Álvarez, Antonio Alcalá y Elena Arias-Salgado, respectivamente; así como por el juez decano de Málaga, José María Páez; el juez de lo Penal número 2 de Jerez, Juan José Parra; la juez de Primera Instancia número 14 de Granada, María José Rivas; y la juez dePrimera Instancia número 26 de Sevilla, María Luisa Zamora.
La opción de Álvaro Martín puede ser la salida al conflicto y la salida de Alaya de las macrocausas, aunque la Comisión hasta ahora venía siendo muy proclive a Mercedes Alaya, como demuestra el hecho de que durante el primer reparto –antes de la separación del caso de los ERE en tres grandes bloques– estos magistrados forzaron la entrega a Alaya de la instrucción de los ERE fraudulentos y del delito societario de Mercasevilla. Por ello, tampoco sería descabellado que la APM volviese a imponer su criterio y, a pesar de la salida consensuada que ofrece Álvaro Martín, uno de los suyos, decidieran por volver a la postura inicial y mantener que la juez Alaya debe seguir al frente de esta investigación, porque lo que queda ya prácticamente descartada en el actual escenario es la aspiración de la magistrada de asumir las tres macrocausas:ERE, cursos de formación y avales y préstamos de la agencia Idea.
Alaya forzó la situación con su crítico informe, lo que llevó al TSJA a insinuarle al Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) que la magistrada no estaba ya en condiciones de colaborar con la juez María Núñez Bolaños, porque la juez comisionada, según insistió entonces el TSJA, estaba obligada a colaborar con la titular, que es la que debe marcar las pautas de la instrucción.
Esa colaboración, digan lo que digan algunos –que comentan que Bolaños y Alaya podrían trabajar juntas sin que existiera necesidad de que se tratasen y se vieran las caras–, resulta ya impensable e imposible.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que está solo frente a los siete miembros de la APM, admitió recientemente que la Comisión tendrá que “estudiar seriamente la viabilidad de la comisión de servicio y la sintonía que debe haber” entre ambas magistradas.
Lo que está claro es que el debate volverá a ser intenso en el seno de la Comisión de la Sala de Gobierno. Una vez que haya una solución, el TSJAla trasladará al CGPJ, cuyo Pleno se reúne ese mismo día. Si diera tiempo, el Consejo podría resolver ese mismo día o hacerlo en los días sucesivos porque la intención de los órganos de Gobierno es resolver cuánto antes un enfrentamiento entre ambas jueces que todo el mundo reconoce que está perjudicando a la imagen de la Justicia.
Todas las espadas están en alto y la cuestión de quién instruirá los ERE se ha vuelto más interesante después de que el Supremo haya decidido devolver al juzgado de Sevilla la parte en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tendrán que comparecer en el juzgado ante Alaya, Bolaños o Martín. Todo un lujo de imputaciones a tan sólo unos meses de las elecciones generales, que podrían coincidir con estas comparecencias. ¿Les suena la coincidencia?