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Alaya se libra del expediente

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2018 a las 2:00

Un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado ya en dos ocasiones si se debe actuar contra la magistrada pero el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos

 

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Alaya, en la conferencia en el club siglo XXI

Alaya sigue siendo intocable. No hay nadie que pueda con la magistrada de la Audiencia de Sevilla. Da igual que con sus recientes manifestaciones –que para muchos exceden la legítima libertad de expresión de los jueces– denigre a sus antiguos compañeros, los jueces de Instrucción de Sevilla; que ataque a la institución del Ministerio Fiscal, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al mismísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Hasta ahora sólo la junta de jueces de Sevilla y el Consejo Fiscal se han posicionado ante las declaraciones de Alaya, las últimas con motivo de una conferencia en el club siglo XXI de Madrid, que han llevado al órgano consultivo del fiscal general del Estado a denunciar el “menosprecio” y el “absoluto desconocimiento” de la magistrada sevillana con respecto a lo que representa la institución del Ministerio Público. El Consejo Fiscal acordó remitir las declaraciones de Alaya al CGPJ por si los hechos “fueran constitutivos de expediente disciplinario”.

¿Y el CGPJ y el TSJA van a seguir callados? La cuestión evidentemente no ha pasado desapercibida para estos órganos que también han sido el centro de las críticas de Alaya, sobre todo después de que la apartaran de la instrucción de las macrocausas por sus graves acusaciones a la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños.

En la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay al menos un vocal que ha planteado ya en dos ocasiones –la última en la reunión del pasado jueves– la cuestión de las declaraciones de Mercedes Alaya, que ha denunciado en sus recientes intervenciones  públicas las injerencias del poder político en la Justicia.

Tanto en la primera vez en la que la Permanente ha analizado las declaraciones, a finales de mayo, como en la reunión del pasado jueves, el asunto fue planteado al final de las sesiones, en el turno de ruegos y preguntas –fuera de lo que es el orden del día ordinario de cada sesión–, en el que uno de los siete vocales que integran la comisión, planteó si cabía alguna actuación por parte del Consejo ante las duras declaraciones de la magistrada sevillana, según han confirmado fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión requirió entonces la opinión del promotor de la acción disciplinaria, que analiza la actuación y conducta de los jueces y magistrados para determinar si las mismas podían ser  constitutivas de una infracción disciplinaria, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El promotor concluyó que las declaraciones de Mercedes Alaya “no eran encajables” en ninguno de los supuestos contemplados dentro de las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los jueces, que aparecen en los artículos 415 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial, añadieron las mismas fuentes consultadas.

El promotor apuntó, de otro lado, que las personas que se consideraran “agraviadas” por las intervenciones de la juez podían acudir a los tribunales para denunciar posibles injurias o calumnias, como cualquier ciudadano.

Aunque el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos para que el Consejo investigara las declaraciones de Mercedes Alaya, la cuestión sí que ha generado cierto debate en el seno de la Comisión Permanente, cuyos vocales se han planteado si, descartada la vía disciplinaria, el asunto podría tratarse en la primera Comisión de Ética Judicial que está creando actualmente el Poder Judicial.

Este nuevo órgano tiene entre sus funciones precisamente las de emitir dictámenes sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las juntas de jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez en servicio activo. A la Comisión de Ética Judicial corresponderá “excepcionalmente”, la elaboración de  informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y “estén relacionados con el comportamiento ético que se espera de los miembros de la Carrera Judicial”.

Es en el marco de esta nueva comisión donde los vocales de la Permanente entienden que podrían analizarse las manifestaciones de Alaya, una vez rechazada la actuación disciplinaria.

En cualquier caso y del debate generado en el seno de la Comisión Permanente se desprende que el máximo órgano de gobierno de los jueces no quiere darle mayor relevancia a las declaraciones de la magistrada. No quieren darle “más bombo y platillo” para que la magistrada siga generando más polémica, creen las fuentes.

Hay quien incluso sostiene que las intervenciones de Alaya, que acusó directamente al PSOE y al PP de haberla “quitado” de la macrocausa de los cursos de formación se deben a que la juez está planteando dar el salto a la política –el ataque a los dos grandes partidos podría considerarse como un guiño a Ciudadanos–, a pesar de que la propia Alaya ha desmentido “rotundamente” que vaya a fichar por algún partido político.

Parecía incluso que la magistrada estuviese buscando o provocando una reacción de las instituciones judiciales. De hecho, Alaya dijo en el club siglo XXI que  “seguro” que sus críticas le perjudicarán en su carrera profesional, porque “tal vez estaría mejor calladita en casa”.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside otro de los blancos humanos de Alaya, Lorenzo del Río, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones, más allá de las tímidas afirmaciones del propio Lorenzo del Río, que pidió “prudencia” a Alaya, puesto que sus comentarios sobre posibles “presiones” políticas cuando instruía las macrocausas puede “poner en duda” la profesionalidad e independencia con la que el presidente del TSJA defiende que trabajan los jueces.

La Sala de Gobierno del TSJA aún no ha analizado el acuerdo de la junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que el pasado 24 de mayo arremetió contra Alaya por las duras críticas a la labor de sus compañeros. Está previsto que en la reunión del próximo 19 de junio, la Sala de Gobierno analice ese acuerdo, por lo que el presidente y los demás miembros de la Sala tendrán oportunidad de pronunciarse sobre las graves acusaciones de Alaya, remitiendo el acuerdo al CGPJ, o podrán limitarse a la insulsa fórmula de decir que han “tomado conocimiento” del acuerdo y dejarlo reposar el sueño de los justos.

El acuerdo de la junta de jueces de Sevilla expresó por unanimidad –sólo faltó el voto de uno de los 21 jueces y porque estaba de baja por motivos de salud– su “profundo malestar” y el “absoluto rechazo” a las declaraciones de Alaya, recordando que en una ocasión ya salieron en defensa de los “injustificados ataques” contra esta magistrada. Los jueces sevillanos lamentaron asimismo  los comentarios que Alaya ha realizado con respecto a sus “compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo” en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De uno de los magistrados, Alaya dijo que era habitual que cuando llegaba la una de la tarde le decía que se iba a almorzar con su mujer o a recoger a sus hijas del colegio.

La intervención de Alaya en el club Siglo XXI también ha generado malestar entre los imputados de los ERE, después de que la juez afirmara en tono de broma que la única reforma llevada a cabo en los últimos tiempos en la Audiencia de Sevilla han sido unos aseos nuevos “para que los señores políticos de los ERE hagan sus necesidades en un cuarto de baño en condiciones”. Cierto es que los baños han sido renovados –los que había eran tercermundistas–, pero también que los acusados tienen que bajar cuatro plantas para usarlos porque los que están en la misma planta del juicio están reservados para su uso exclusivo por funcionarios y jueces.

Está visto que Alaya es capaz de generar polémica hasta hablando de váteres.

¡Qué habilidad!

El Día D de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de agosto de 2015 a las 5:00

EL próximo 21 de agosto puede ser el Día D de la juez Mercedes Alaya. Ese día tendrá lugar la única reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el período veraniego y en la misma los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces pueden abordar –a falta aún de que se fije el orden del día– la decisión definitiva sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
El Día D de Alaya, que durante 17 años dirigió el juzgado número 6 no será un 6 de junio, como el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía,  aunque también puede suponer el triunfo o la derrota de las tesis de la juez que durante los últimos años –nunca me cansaré de repetirlo– ha hecho una gran labor en la lucha contra la corrupción en Andalucía. Nadie podría haber escarbado en las entrañas de la Junta de Andalucía como lo hizo Alaya para montar una causa que tiene en jaque a dos ex presidentes. Ese gran mérito nadie se lo puede quitar a Alaya, pero tampoco debe olvidarse que su instrucción, a veces teñida de más sombras que luces, sólo ha permitido en siete años cerrar dos de las grandes causas: el caso del cohecho de Mercasevilla –que acabó con la condena de dos de los imputados por haber exigido una comisión a dos hosteleros– y el delito societario del Betis, iniciado en 2008 y que actualmente está en la denominada fase intermedia, pendiente de juicio.
La decisión del CGPJ no es nada fácil. La Comisión Permanente ha retrasado hasta en cuatro ocasiones pronunciarse sobre la cuestión, lo que muestra la profunda división interna entre los vocales respecto a la distribución del trabajo entre la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, y Mercedes Alaya.
Hay quienes aseguran sin ningún pudor que existe una supuesta campaña o un complot institucional –liderado por el TSJA que dirige Lorenzo del Río– para dejar fuera de las macrocausas a la juez Alaya, pero en este caso no hay nada más lejos de la realidad.
No puede olvidarse, y es algo que la opinión pública desconoce o no recuerda, que se ha llegado a esta situación porque es Alaya la que solicitó –en el marco de su promoción dentro de la carrera judicial– la plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
Si no hubiera pedido dicha plaza, Alaya seguiría siendo la titular del juzgado y no podría cuestionarse su continuidad al frente de las macrocausas.
Pero no se puede estar en misa y repicando. Lo que no parece lógico es que una vez garantizada su promoción con esa plaza en la Audiencia, Alaya pretendiera obtener un cheque en blanco para seguir instruyendo sin ningún límite temporal –y quedan varios años de investigación todavía– el caso de los cursos de formación o el de los avales y préstamos de la agencia Idea, por poner algún ejemplo. Porque, en ese caso, ¿en qué lugar quedaría la nueva titular si se permite que Alaya siguiera instruyendo todas las macrocausas?

El Día D de Alaya

Daniel Rosell

Alaya estaba absolutamente convencida, posiblemente porque alguien le hizo creer en esa idea, que el hecho de lograr la plaza en la Audiencia no le impediría seguir con todas las macrocausas. En esa ecuación entraba que el juez de refuerzo Álvaro Martín lograra la plaza de titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero Alaya no podía calcular que la juez María Núñez Bolaños lograra la titularidad por méritos propios, al estar mejor posicionada en el escalafón de la carrera judicial.

Tras la incorporación de Bolaños, la Sala de Gobierno del TSJA optó por entregar sólo el caso de los ERE y el delito societario de Mercasevilla a Alaya, dejando las otras macrocausas a la nueva titular, una división que también tenía su sentido porque nadie como Alaya conoce mejor el entramado de los ERE.

Desde que asumió las riendas del juzgado, María Núñez Bolaños es la juez natural predeterminada por la ley para dirigir estas investigaciones y, por tanto, la encargada de organizar el trabajo en el juzgado y con la que Alaya está obligada a “colaborar” en los términos que fijó la Sala de Gobierno de TSJA.
En este punto, es preciso recordar como la propia Alaya ejerció sus prerrogativas como titular del juzgado para rechazar el auxilio de la entonces juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que la había sustituido durante su baja por enfermedad.
Desde que se inició este culebrón informativo en el que se ha convertido el reparto del trabajo en este juzgado, Alaya ha defendido que debe continuar investigando las tres macrocausas –ERE, cursos de formación y avales de Idea–, y para ello no ha dudado en sobrepasar los argumentos jurídicos para descalificar abiertamente a su sustituta, de la que ha criticado en su informe remitido al CGPJ sus “escasos conocimientos” de la jurisdicción Penal tras haber pasado once años como juez de Familia, todo ello comparado con “la experiencia y los resultados que humildemente” Alaya entiende que avalan su trayectoria. También ha criticado con vehemencia a María Núñez Bolaños por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, al que Alaya considera un “notorio detractor” de su trabajo.
Tras este durísimo ataque a la nueva titular, el presidente del TSJA elaboró un informe para el CGPJ en el que cuestionaba la continuidad de Alaya en esta comisión de servicio. Decía el informe de Lorenzo del Río que las alegaciones de Alaya están “totalmente fuera de lugar” y “denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado” por la Comisión Permanente.
Lorenzo del Río, que estaba quizás más preocupado porque no se difundieran las críticas de Alaya por la imagen que se transmitía de la Justicia –reducida a una especie de pelea callejera entre dos jueces–, no se atrevió a pedir directamente la revocación de la comisión de servicio de Alaya, aunque llega a insinuarlo.
Y de esta forma hemos llegado al día clave del 21 de agosto, con una Alaya plenamente integrada en la Audiencia de Sevilla y a la que tal vez ya no le compensa quedarse sólo con los ERE y Mercasevilla. Y con un Consejo dividido que, en una parte, considera que Alaya no puede seguir como comisionada con las macrocausas. La cuestión es que Alaya no va a dar su brazo a torcer, no va a renunciar a la comisión de servicio, y el Consejo sigue demorando una decisión a todas luces incómoda. Alaya no quiere pasar a la historia como la que renunció ni el Consejo como el que apartó a la juez de las macrocausas. Tanto una como otra posturas tienen mala prensa.
El próximo 21 de agosto puede ser el Día D de Alaya, si el Consejo avala su actuación, pero ese mismo día también podría ser recordado como su particular “Bahía de Cochinos”, en el supuesto de que no prosperen sus peticiones. Todo apunta a que Alaya, que muchas veces ha demostrado grandes dotes de anticipación, no se saldrá en esta ocasión con la suya y se quedará sin todas las macrocausas.