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Alaya se libra del expediente

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2018 a las 2:00

Un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado ya en dos ocasiones si se debe actuar contra la magistrada pero el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos

 

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Alaya, en la conferencia en el club siglo XXI

Alaya sigue siendo intocable. No hay nadie que pueda con la magistrada de la Audiencia de Sevilla. Da igual que con sus recientes manifestaciones –que para muchos exceden la legítima libertad de expresión de los jueces– denigre a sus antiguos compañeros, los jueces de Instrucción de Sevilla; que ataque a la institución del Ministerio Fiscal, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al mismísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Hasta ahora sólo la junta de jueces de Sevilla y el Consejo Fiscal se han posicionado ante las declaraciones de Alaya, las últimas con motivo de una conferencia en el club siglo XXI de Madrid, que han llevado al órgano consultivo del fiscal general del Estado a denunciar el “menosprecio” y el “absoluto desconocimiento” de la magistrada sevillana con respecto a lo que representa la institución del Ministerio Público. El Consejo Fiscal acordó remitir las declaraciones de Alaya al CGPJ por si los hechos “fueran constitutivos de expediente disciplinario”.

¿Y el CGPJ y el TSJA van a seguir callados? La cuestión evidentemente no ha pasado desapercibida para estos órganos que también han sido el centro de las críticas de Alaya, sobre todo después de que la apartaran de la instrucción de las macrocausas por sus graves acusaciones a la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños.

En la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay al menos un vocal que ha planteado ya en dos ocasiones –la última en la reunión del pasado jueves– la cuestión de las declaraciones de Mercedes Alaya, que ha denunciado en sus recientes intervenciones  públicas las injerencias del poder político en la Justicia.

Tanto en la primera vez en la que la Permanente ha analizado las declaraciones, a finales de mayo, como en la reunión del pasado jueves, el asunto fue planteado al final de las sesiones, en el turno de ruegos y preguntas –fuera de lo que es el orden del día ordinario de cada sesión–, en el que uno de los siete vocales que integran la comisión, planteó si cabía alguna actuación por parte del Consejo ante las duras declaraciones de la magistrada sevillana, según han confirmado fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión requirió entonces la opinión del promotor de la acción disciplinaria, que analiza la actuación y conducta de los jueces y magistrados para determinar si las mismas podían ser  constitutivas de una infracción disciplinaria, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El promotor concluyó que las declaraciones de Mercedes Alaya “no eran encajables” en ninguno de los supuestos contemplados dentro de las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los jueces, que aparecen en los artículos 415 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial, añadieron las mismas fuentes consultadas.

El promotor apuntó, de otro lado, que las personas que se consideraran “agraviadas” por las intervenciones de la juez podían acudir a los tribunales para denunciar posibles injurias o calumnias, como cualquier ciudadano.

Aunque el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos para que el Consejo investigara las declaraciones de Mercedes Alaya, la cuestión sí que ha generado cierto debate en el seno de la Comisión Permanente, cuyos vocales se han planteado si, descartada la vía disciplinaria, el asunto podría tratarse en la primera Comisión de Ética Judicial que está creando actualmente el Poder Judicial.

Este nuevo órgano tiene entre sus funciones precisamente las de emitir dictámenes sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las juntas de jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez en servicio activo. A la Comisión de Ética Judicial corresponderá “excepcionalmente”, la elaboración de  informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y “estén relacionados con el comportamiento ético que se espera de los miembros de la Carrera Judicial”.

Es en el marco de esta nueva comisión donde los vocales de la Permanente entienden que podrían analizarse las manifestaciones de Alaya, una vez rechazada la actuación disciplinaria.

En cualquier caso y del debate generado en el seno de la Comisión Permanente se desprende que el máximo órgano de gobierno de los jueces no quiere darle mayor relevancia a las declaraciones de la magistrada. No quieren darle “más bombo y platillo” para que la magistrada siga generando más polémica, creen las fuentes.

Hay quien incluso sostiene que las intervenciones de Alaya, que acusó directamente al PSOE y al PP de haberla “quitado” de la macrocausa de los cursos de formación se deben a que la juez está planteando dar el salto a la política –el ataque a los dos grandes partidos podría considerarse como un guiño a Ciudadanos–, a pesar de que la propia Alaya ha desmentido “rotundamente” que vaya a fichar por algún partido político.

Parecía incluso que la magistrada estuviese buscando o provocando una reacción de las instituciones judiciales. De hecho, Alaya dijo en el club siglo XXI que  “seguro” que sus críticas le perjudicarán en su carrera profesional, porque “tal vez estaría mejor calladita en casa”.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside otro de los blancos humanos de Alaya, Lorenzo del Río, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones, más allá de las tímidas afirmaciones del propio Lorenzo del Río, que pidió “prudencia” a Alaya, puesto que sus comentarios sobre posibles “presiones” políticas cuando instruía las macrocausas puede “poner en duda” la profesionalidad e independencia con la que el presidente del TSJA defiende que trabajan los jueces.

La Sala de Gobierno del TSJA aún no ha analizado el acuerdo de la junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que el pasado 24 de mayo arremetió contra Alaya por las duras críticas a la labor de sus compañeros. Está previsto que en la reunión del próximo 19 de junio, la Sala de Gobierno analice ese acuerdo, por lo que el presidente y los demás miembros de la Sala tendrán oportunidad de pronunciarse sobre las graves acusaciones de Alaya, remitiendo el acuerdo al CGPJ, o podrán limitarse a la insulsa fórmula de decir que han “tomado conocimiento” del acuerdo y dejarlo reposar el sueño de los justos.

El acuerdo de la junta de jueces de Sevilla expresó por unanimidad –sólo faltó el voto de uno de los 21 jueces y porque estaba de baja por motivos de salud– su “profundo malestar” y el “absoluto rechazo” a las declaraciones de Alaya, recordando que en una ocasión ya salieron en defensa de los “injustificados ataques” contra esta magistrada. Los jueces sevillanos lamentaron asimismo  los comentarios que Alaya ha realizado con respecto a sus “compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo” en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De uno de los magistrados, Alaya dijo que era habitual que cuando llegaba la una de la tarde le decía que se iba a almorzar con su mujer o a recoger a sus hijas del colegio.

La intervención de Alaya en el club Siglo XXI también ha generado malestar entre los imputados de los ERE, después de que la juez afirmara en tono de broma que la única reforma llevada a cabo en los últimos tiempos en la Audiencia de Sevilla han sido unos aseos nuevos “para que los señores políticos de los ERE hagan sus necesidades en un cuarto de baño en condiciones”. Cierto es que los baños han sido renovados –los que había eran tercermundistas–, pero también que los acusados tienen que bajar cuatro plantas para usarlos porque los que están en la misma planta del juicio están reservados para su uso exclusivo por funcionarios y jueces.

Está visto que Alaya es capaz de generar polémica hasta hablando de váteres.

¡Qué habilidad!

Alaya calienta la declaración de Chaves en el Supremo

Jorge Muñoz | 13 de abril de 2015 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez incansable vuelve a hacerlo. A Alaya no le gusta pasar desapercibida ante una investigación en la que ha puesto tanta dedicación y empeño, y en la que ha sacrificado tantas horas de estudio. Y si de paso puede influir en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre cinco aforados, pues mejor. Y qué mejor manera que reafirmar con rotundidad sus argumentos que mediante un nuevo auto, el órgano de expresión del Alayismo. En este caso, la resolución fue dictada el pasado 8 de abril, la víspera de la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Aunque tiene esa fecha, el auto ha trascendido con posterioridad a la declaración de Griñán pero tan sólo dos días antes de que otro ex presidente, Manuel Chaves, haga su paseíllo por la sede judicial de Marqués de la Ensenada en medio de otra nube de cámaras y periodistas.

¿Y cuál es la novedad de la nueva resolución? La principal novedad es que Alaya extiende las irregularidades del caso de los ERE fraudulentos a la práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno de la Junta, al afirmar que hay “múltiples empresas públicas” de la Junta que también usaron de forma “ilícita” -según las conclusiones de la juez- las transferencias de financiación, lo que le lleva a determinar que no sólo las consejerías a las que estaban adscritas estas empresas públicas sino todo el “Gobierno de la Junta” estaba al corriente del fraude, porque “conocía expresamente” ese uso ilícito a través de las distintas memorias elaboradas por la Intervención General de la Junta.

El ex presidente Griñán afirmó en su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, el instructor del Supremo, que no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades pero sí admitió que le llegaban las memorias anuales de la Intervención, que incluían esas observaciones, y alegó en su defensa que su departamento actuó, mejorando los controles de las ayudas.

Supremo

El nuevo auto de Alaya viene a corroborar todas las acusaciones que en los últimos años ha ido acumulando la instructora y que ha reflejado en las exposiciones razonadas remitidas al Supremo y al TSJA, en las que ha implicado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta en el conocimiento de las irregularidades, haciéndolos partícipes del fraude y del menoscabo de los fondos públicos administrados por la Junta.

Con independencia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al magistrado del Supremo que no ha hallado documentos firmados por los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, Alaya con este auto sigue atribuyéndoles fuertes indicios sobre su intervención en los hechos, sobre todo, al primero, dado que del estudio de las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “Consejillos”, la juez sostiene que eran conocedores de los “generalizados incumplimientos” en torno a las transferencias de financiación por numerosas empresas públicas de la Junta, no sólo por el IFA/Idea que se encargaba del pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

A pesar de que no haya documentos firmados por Zarrías, Alaya detalla en el nuevo auto que a los consejillos llegó en varias ocasiones un proyecto de decreto, elevado en diciembre de 2000 por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, para tratar de regular el marco legal del pago de las ayudas sociolaborales, pero la Comisión “guardó en un cajón” ese proyecto y, en su lugar, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que significó el “pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la dirección general de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas”.

Además, Alaya señala que en los Consejillos se conocía la polémica partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, porque en dicha comisión se estudió la misma en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002 a 2009, y del análisis de las actas de las reuniones se deduce la “inclusión de nuevas medidas de control”, lo que lleva a la juez a considerar que los miembros de la Comisión “serían conscientes de los reparos y advertencias que la Intervención venía detectando en relación al uso que las empresas públicas hacían de las transferencias de financiación que recibían de las distintas consejerías y su incidencia sobre el presupuesto de la Junta”, pero a pesar de esas ampliaciones de los mecanismos de control a propuesta de la Intervención, “se seguiría haciendo caso omiso a los informes de Cumplimiento que la misma elaboraba”.

Los titulares de las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas públicas y el “Gobierno de la Junta”, prosigue Alaya, conocía expresamente el uso ilícito de las transferencias a través de las memorias de la Intervención, al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

La conclusión final de Alaya es demoledora: los titulares de esas Consejerías y el propio Gobierno de la Junta “menospreciaron” el contenido de los informes de la Intervención General de la Junta, “pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”.

Este auto de Alaya calienta aún más la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que está citado mañana a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, después de que Griñán admitiera que hubo “un gran fraude y algunos controles pudieron fallar”, aunque rechazara en rotundo la existencia de un gran plan detrás del caso de los ERE. Alaya trata de acorralar con sus resoluciones a los ex presidentes, a los que en su día preimputó en el escándalo. Sólo queda por saber si el instructor del Supremo tendrá en cuenta la nueva argumentación de Alaya.