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Alaya se libra del expediente

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2018 a las 2:00

Un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado ya en dos ocasiones si se debe actuar contra la magistrada pero el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos

 

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Alaya, en la conferencia en el club siglo XXI

Alaya sigue siendo intocable. No hay nadie que pueda con la magistrada de la Audiencia de Sevilla. Da igual que con sus recientes manifestaciones –que para muchos exceden la legítima libertad de expresión de los jueces– denigre a sus antiguos compañeros, los jueces de Instrucción de Sevilla; que ataque a la institución del Ministerio Fiscal, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al mismísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Hasta ahora sólo la junta de jueces de Sevilla y el Consejo Fiscal se han posicionado ante las declaraciones de Alaya, las últimas con motivo de una conferencia en el club siglo XXI de Madrid, que han llevado al órgano consultivo del fiscal general del Estado a denunciar el “menosprecio” y el “absoluto desconocimiento” de la magistrada sevillana con respecto a lo que representa la institución del Ministerio Público. El Consejo Fiscal acordó remitir las declaraciones de Alaya al CGPJ por si los hechos “fueran constitutivos de expediente disciplinario”.

¿Y el CGPJ y el TSJA van a seguir callados? La cuestión evidentemente no ha pasado desapercibida para estos órganos que también han sido el centro de las críticas de Alaya, sobre todo después de que la apartaran de la instrucción de las macrocausas por sus graves acusaciones a la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños.

En la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay al menos un vocal que ha planteado ya en dos ocasiones –la última en la reunión del pasado jueves– la cuestión de las declaraciones de Mercedes Alaya, que ha denunciado en sus recientes intervenciones  públicas las injerencias del poder político en la Justicia.

Tanto en la primera vez en la que la Permanente ha analizado las declaraciones, a finales de mayo, como en la reunión del pasado jueves, el asunto fue planteado al final de las sesiones, en el turno de ruegos y preguntas –fuera de lo que es el orden del día ordinario de cada sesión–, en el que uno de los siete vocales que integran la comisión, planteó si cabía alguna actuación por parte del Consejo ante las duras declaraciones de la magistrada sevillana, según han confirmado fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión requirió entonces la opinión del promotor de la acción disciplinaria, que analiza la actuación y conducta de los jueces y magistrados para determinar si las mismas podían ser  constitutivas de una infracción disciplinaria, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El promotor concluyó que las declaraciones de Mercedes Alaya “no eran encajables” en ninguno de los supuestos contemplados dentro de las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los jueces, que aparecen en los artículos 415 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial, añadieron las mismas fuentes consultadas.

El promotor apuntó, de otro lado, que las personas que se consideraran “agraviadas” por las intervenciones de la juez podían acudir a los tribunales para denunciar posibles injurias o calumnias, como cualquier ciudadano.

Aunque el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos para que el Consejo investigara las declaraciones de Mercedes Alaya, la cuestión sí que ha generado cierto debate en el seno de la Comisión Permanente, cuyos vocales se han planteado si, descartada la vía disciplinaria, el asunto podría tratarse en la primera Comisión de Ética Judicial que está creando actualmente el Poder Judicial.

Este nuevo órgano tiene entre sus funciones precisamente las de emitir dictámenes sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las juntas de jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez en servicio activo. A la Comisión de Ética Judicial corresponderá “excepcionalmente”, la elaboración de  informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y “estén relacionados con el comportamiento ético que se espera de los miembros de la Carrera Judicial”.

Es en el marco de esta nueva comisión donde los vocales de la Permanente entienden que podrían analizarse las manifestaciones de Alaya, una vez rechazada la actuación disciplinaria.

En cualquier caso y del debate generado en el seno de la Comisión Permanente se desprende que el máximo órgano de gobierno de los jueces no quiere darle mayor relevancia a las declaraciones de la magistrada. No quieren darle “más bombo y platillo” para que la magistrada siga generando más polémica, creen las fuentes.

Hay quien incluso sostiene que las intervenciones de Alaya, que acusó directamente al PSOE y al PP de haberla “quitado” de la macrocausa de los cursos de formación se deben a que la juez está planteando dar el salto a la política –el ataque a los dos grandes partidos podría considerarse como un guiño a Ciudadanos–, a pesar de que la propia Alaya ha desmentido “rotundamente” que vaya a fichar por algún partido político.

Parecía incluso que la magistrada estuviese buscando o provocando una reacción de las instituciones judiciales. De hecho, Alaya dijo en el club siglo XXI que  “seguro” que sus críticas le perjudicarán en su carrera profesional, porque “tal vez estaría mejor calladita en casa”.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside otro de los blancos humanos de Alaya, Lorenzo del Río, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones, más allá de las tímidas afirmaciones del propio Lorenzo del Río, que pidió “prudencia” a Alaya, puesto que sus comentarios sobre posibles “presiones” políticas cuando instruía las macrocausas puede “poner en duda” la profesionalidad e independencia con la que el presidente del TSJA defiende que trabajan los jueces.

La Sala de Gobierno del TSJA aún no ha analizado el acuerdo de la junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que el pasado 24 de mayo arremetió contra Alaya por las duras críticas a la labor de sus compañeros. Está previsto que en la reunión del próximo 19 de junio, la Sala de Gobierno analice ese acuerdo, por lo que el presidente y los demás miembros de la Sala tendrán oportunidad de pronunciarse sobre las graves acusaciones de Alaya, remitiendo el acuerdo al CGPJ, o podrán limitarse a la insulsa fórmula de decir que han “tomado conocimiento” del acuerdo y dejarlo reposar el sueño de los justos.

El acuerdo de la junta de jueces de Sevilla expresó por unanimidad –sólo faltó el voto de uno de los 21 jueces y porque estaba de baja por motivos de salud– su “profundo malestar” y el “absoluto rechazo” a las declaraciones de Alaya, recordando que en una ocasión ya salieron en defensa de los “injustificados ataques” contra esta magistrada. Los jueces sevillanos lamentaron asimismo  los comentarios que Alaya ha realizado con respecto a sus “compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo” en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De uno de los magistrados, Alaya dijo que era habitual que cuando llegaba la una de la tarde le decía que se iba a almorzar con su mujer o a recoger a sus hijas del colegio.

La intervención de Alaya en el club Siglo XXI también ha generado malestar entre los imputados de los ERE, después de que la juez afirmara en tono de broma que la única reforma llevada a cabo en los últimos tiempos en la Audiencia de Sevilla han sido unos aseos nuevos “para que los señores políticos de los ERE hagan sus necesidades en un cuarto de baño en condiciones”. Cierto es que los baños han sido renovados –los que había eran tercermundistas–, pero también que los acusados tienen que bajar cuatro plantas para usarlos porque los que están en la misma planta del juicio están reservados para su uso exclusivo por funcionarios y jueces.

Está visto que Alaya es capaz de generar polémica hasta hablando de váteres.

¡Qué habilidad!

El riesgo de la publicidad

Jorge Muñoz | 13 de enero de 2015 a las 5:00

El abogado Luis Romero

Los abogados Luis y Andrés Avelino Romero.

Si hace la prueba de introducir la palabra “abogado” en el buscador google, una de las primeras referencias que aparece le dirige directamente al bufete del letrado Luis Romero y asociados. En la página web se publicita el despacho y se hacen unas referencias que han llevado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados a ordenar la apertura de un expediente disciplinario al letrado, al apreciar “indicios de infracción disciplinaria por vulneración de las normas que regulan la publicidad de los abogados”.
El caso se remonta a una queja que presentó un antiguo cliente ante el colegio de abogados de Sevilla en mayo de 2013, en la que lo acusaba de infringir la norma sobre publicidad de los abogados por las alusiones en la página web del despacho. En la misma aparece la siguiente presentación del bufete:“Somos colaboradores de TV1 y otras televisiones nacionales y autonómicas. Hemos sido recomendados por abogados, bufetes, jueces, magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Consejo General de la Abogacía Española, altos cargos del Estado, catedráticos y profesores de Derecho, médicos forenses, periodistas, policías, embajadas, parlamentarios y alcaldes. Por ello, en Luis Romero y Asociados la experiencia y especialización se traducen en seguridad para nuestros clientes”.
La queja fue archivada por el colegio de Abogados de Sevilla, después de que Luis Romero alegara que lo publicado en la página era “veraz y no vulneraba norma estatutaria ni deontológica alguna”, al tiempo que aseguraba que la queja formaba parte de una “estrategia de acoso” que habían iniciado contra su despacho. La Fiscalía de Sevilla decidió no incoar diligencias de investigación penal ante la denuncia que también presentó el antiguo cliente, quien también recurrió el archivo de la queja ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, insistiendo en la “ilicitud” de la publicidad por apoyarse en la supuesta recomendación de organismos públicos, inclusos judiciales, que no están facultados para recomendar a profesionales de la abogacía.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha ordenado ahora al colegio sevillano que abra un expediente disciplinario al considera que esta institución llevó a cabo una “investigación insuficiente y una incorrecta calificación jurídica en relación con la conducta denunciada, en la que se aprecian indicios de infracción disciplinaria”.
Dice el acuerdo de la comisión de Deontología y Recursos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que el letrado no ha acreditado, ni siquiera de forma indiciaria, “la veracidad que mantiene, al no haber identificado a un solo sujeto de los que menciona como recomendantes de su despacho –jueces, magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Consejo General de la Abogacía Española–”. Y también apunta que algunos de estos sujetos que se mencionan “no pueden hacer recomendación en tal sentido, pudiendo ser que se tratara de una afirmación ‘infundada de auto alabanza’ que prohíbe el artículo 7.2.f del Código Deontológico”.
Además señala que el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico prohíben que la publicidad haga referencia directa o indirecta a “clientes o asuntos del abogado que la utiliza”, y en este caso aparecen en la web las siguientes alusiones:“Desde 1991 nos han confiado casos como el accidente de Ortega Cano, Operación Emperador, Nueva Rumasa, Accidente de Spanair, Operación Troika, Caso Ibiza Centro, Caso Unión-Operación Jable, Caso Juan Asensio, Operación Manzanas Blancas, Operación K. O.-Cárcel de Palma, Caso Latin Kings, Operación Biblión, Secuestro Rafael Ávila, Crimen de Buenaventura, Explosión de Fuenlabrada, Caso Incendio de Rota y la defensa de españoles en Reino Unido, Francia y USA entre otros muchos”.
El abogado Luis Romero, que es presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas y profesor universitario, explicó ayer que en 24 años de ejercicio profesional “nunca” ha sido sancionado por ningún colegio de abogados y añadió que en la actualidad su bufete tiene abiertos más de 5.000 asuntos, de los cuales él lleva directamente más de 2.000. El letrado indicó que en su momento realizará las oportunas alegaciones y confía en que el colegio sevillano archive el expediente porque, según dijo, entiende que no ha vulnerado ninguna norma al hacer referencia a los casos que lleva porque se trata de asuntos de notoriedad pública que aparecen en los medios de comunicación.
El letrado también defendió que la publicidad de su web respeta el nuevo estatuto de los abogados –que está pendiente de aprobación–, dado que en el mismo sólo se hace referencia a que en la publicidad no se puede nombrar a los clientes.