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La ‘venia’ de Javier Guerrero

Jorge Muñoz | 6 de mayo de 2018 a las 2:00

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y principal imputado en el caso de los ERE cambió recientemente de abogado. Fernando de Pablo, quien le ha acompañado en su defensa en los últimos siete años, desde que se inició la instrucción de la macrocausa en el año 2011, ha sido sustituido por el abogado José Ávila, quien esta misma semana se ha estrenado en el juicio con el interrogatorio a uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que realizó varias preguntas relacionadas en el ERE de la empresa sevillana Río Grande, donde los investigadores detectaron la presencia de dos intrusos.
Con independencia de las posibles discrepancias que pudieran existir o no desde hace tiempo entre Javier Guerrero y Fernando de Pablo, la sustitución de este abogado cinco meses después de iniciada la vista oral del denominado “procedimiento específico” de los ERE, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando comienzan a conocerse algunos de los entresijos en los que se produjo esa renuncia/sustitución de Fernando de Pablo.
Para empezar, existe un escrito firmado por Javier Guerrero y Fernando de Pablo, fechado a principios de abril, en el que el primero reconoce al abogado que el cambio en la defensa en la pieza política de los ERE se realiza siguiendo las indicaciones de otro letrado que está imputado en los ERE, Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís, que intervino en la tramitación de varias ayudas de los ERE. En ese escrito, Guerrero y De Pablo reconocen que en los últimos días se habían producido entre ambos divergencias de criterio en cuanto a la línea de defensa que debía seguirse en el presente proceso.
Como consecuencia de esas discrepancias, Guerrero considera conveniente que se produzca el cambio en su defensa, por lo que ambos de común acuerdo dan por resuelta la relación profesional que mantenían.
Hasta aquí todo normal, lo curioso viene en una de las cláusulas del escrito, en la que se afirma que Fernando de Pablo se compromete a entregar la venia al letrado José Ávila u otro letrado que a través del señor Guerrero “sea indicado por el también letrado Carlos Leal Bonmati para el mejor fin de la defensa de Guerrero”. Es decir, un imputado en los ERE que dirige, coordina, designa o pone al abogado que debe representar al principal imputado en la macrocausa.
Es cierto que Leal Bonmati no está imputado en la pieza política de los ERE, pero resulta cuanto menos sospechoso que aparezca manejando los hilos de la defensa de Guerrero.
Y también resulta sospechoso que haya quien apunte incluso que otros dos empresarios imputados en la causa de los ERE habrían contribuido presuntamente abonando 10.000 euros cada uno para sufragar la defensa de Guerrero.
Este periódico preguntó precisamente por este extremo al abogado Fernando de Pablo, quien reconoció precisamente que “había oído que dos imputados en otras piezas habían contribuido con esa cantidad” para que se abonaran los honorarios al nuevo abogado de Javier Guerrero.
El abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia a la defensa de Guerrero en un total de 104 piezas separadas que están actualmente en investigación por otras tantas ayudas –en la mayoría de las cuales Guerrero está siendo excluido– y en otros dos procedimientos que están ya listos para su enjuiciamiento.
Sobre Carlos Leal Bonmati, la juez Mercedes Alaya afirmó en su día que este investigado habría prestado su bufete, Estudios Jurídicos Villasís, como “centro de lavado” de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante “facturas falsas por servicios inexistentes”, según puso de manifiesto la juez en el auto que en julio de 2013 decretó la puesta en libertad de Leal Bonmati tras abonar una fianza de 150.000 euros.

Se confirman los temores de las defensas

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2015 a las 6:00

guerrero

El ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo nuevas imputaciones en el caso de los ERE fraudulentos no sólo es importante por el hecho de que una de las personas cuya imputación se solicita fuese ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer Gobierno de Aznar. En ese documento, la Fiscalía viene a confirmar los peores temores que la división del caso de los ERE conlleva, desde la óptica de las defensas de los principales imputados.
Los abogados se han opuesto al troceamiento de la macrocausa porque, según entienden, la división haría que muchos de los imputados, sobre todo los altos cargos, tendrían que someterse a muchos juicios, incluso centenares, en función de las distintas piezas separadas que pudieran abrirse.
Y esos temores se han hecho realidad con el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que entre las 25 personas cuya imputación se solicita en la pieza que se abrirá sobre “Graficromo y Taller de Libros” una buena parte son ex altos cargos que ya estaban imputados en el caso de los ERE. De esto se desprende que el Ministerio Público irá solicitando, en función de su presunta participación en los hechos, del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), así como ex viceconsejeros o ex altos directivos de la agencia Idea, que actuaba como caja pagadora de las ayudas de los ERE.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó por primera vez la división de la causa, varios abogados defensores, como por ejemplo Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados, o Fernando de Pablo, que defiende a Javier Guerrero, ya se opusieron a la misma, al considerar que esa separación afectaría a la “penalidad, dado que al investigarse delitos continuados, un imputado sólo puede ser acusado una sola vez y resultar condenado a una sola pena”. La división, según las defensas, haría que algunos imputados podrían ser imputados decenas de veces y, consecuentemente ser condenados “a penas astronómicas”. Según los abogados, desmembrar los ERE supondría un problema mayor porque acarrearía la “indefensión” de los procesados.
La separación de la macrocausa de los ERE que ha acordado la juez María Núñez Bolaños, en contra del criterio que siempre mantuvo Mercedes Alaya, cuenta no obstante con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que es la garante de la legalidad del procedimiento judicial, y de todas las instituciones judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta el Tribunal Supremo, que ha advertido del grave riesgo y los problemas de las macrocausas.

El otro reparto de los ERE

Jorge Muñoz | 16 de junio de 2014 a las 5:00

No están todos los que son, pero acumulan un buen porcentaje de los que son. La juez Alaya investiga en la macrocausa de los ERE fraudulentos el reparto supuestamente ilegal de millones de euros de fondos públicos: al menos 709 millones en los 400 expedientes de ayudas sociolaborales y a empresas concedidos mediante el mecanismo de las transferencias de financiación. Más de 80.000 folios de sumario y 183 imputados –por ahora– son el fruto de más de tres años de intensa instrucción judicial en el que los abogados defensores, sobre todo en una causa como ésta, están llamados a jugar una baza fundamental.
Hay, por tanto, otro reparto de los ERE, en el que cinco bufetes sevillanos acaparan casi el 20% de esos 183 imputados, ya que ejercen la defensa de 31 de los implicados en la macrocausa. Aunque Alaya la incansable –como ella misma se autodefinió en uno de sus autos– lleva meses sosteniendo que el final de la instrucción está próximo, todo apunta a que la cifra de imputados seguirá creciendo, ya que hasta ahora el número de expedientes de ayudas sobre los que la Guardia Civil ha realizado el correspondiente atestado no llega a la treinta de esos 400 que estarían bajo sospecha. Según algunas fuentes consultadas, hay ya imputados calentando en la banda, por utilizar un símil futbolístico tan apropiado en época de mundial. Se trata de personas que estarían a las puertas de ser citados a declarar por la instructora, o que ya están yendo o han ido a declarar ante la Guardia Civil, pero sobre los que por el momento su imputación no ha trascendido del ámbito policial.
El despacho que lidera en estos momentos el ranking de la defensas de los ERE es, sin duda alguna y a una gran distancia, el bufete Montero-Aramburu. Los letrados José María Calero, José Manuel García-Quílez, y Encarnación Molino representan a 13 de las personas imputadas por la juez Mercedes Alaya.
En este listado destacan nombres como el del ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex viceconsejero de Agricultura Juan Paniagua, el ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez, el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya-Angeler, el director de Desarrollo Tecnológico Manuel López Casero, el director de Industria Jesús Nieto, y la secretaria de Telecomunicaciones Ana María Peña Solís. La lista de Montero-Aramburu se completa con el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo; el ex futbolista José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez; María Ángeles Gala, ex secretaria del director de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el empresario Manuel Robles; y Manuel Valdecantos, vinculado al grupo Barbadillo.
El bufete de Juan Carlos Alférez y Simón Fernández representa a otros siete imputados en el caso de los ERE, entre los que se encuentran el ex director de Idea Jacinto Cañete, el empresario de la Sierra Norte José María Sayago y el ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce.
Los Bufetes en los EREPor su parte, los hermanos Adolfo y Miguel Cuéllar ejercen la defensa de otro cinco imputados en la macrocausa de los ERE, como el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla –hermano del ex presidente de la Junta–, y los ex directores de la agencia Idea Francisco Mencía y Antonio Lara.
Representando a tres imputados cada uno están los abogados Francisco Baena Bocanegra y Fernando de Pablo, éste último incorporado a la causa desde sus inicios puesto que su primer cliente fue el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y uno de los principales imputados Francisco Javier Guerrero. De Pablo también defiende a la suegra de Guerrero y al ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz. El penalista Francisco Baena Bocanegra defiende al director de Idea Antonio Valverde, al secretario general del mismo organismo Juan Francisco Sánchez García, y al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2008 Francisco del Río.
Hay otros imputados que han decidido que los representen bufetes madrileños, como el caso de la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, defendida por Horacio Oliva, o los ex directores general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, que están representados por José María Mohedano. Y el empresario José María Ruiz-Mateos, al que defiende el polémico Marcos García Montes.
Estos cinco bufetes sevillanos que actualmente lideran en número el grupo de la defensa ante la juez Alaya a buen seguro que aumentarán, antes de que acabe la instrucción y la juez decida enviar la causa al Tribunal Supremo, dada la presencia de aforados. Queda precisamente por conocer, en el caso de que finalmente las preimputaciones se transformen en imputaciones ante el Alto Tribunal, qué bufetes se harán con la guinda de este otro reparto de los ERE. ¿Quién defenderá, en su caso, a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán?
Dice el refrán, ya en desuso, “pleitos tengas y los ganes”, expresión con la que se hace referencia al calvario y a las pérdidas que puede acarrear un litigio tanto si finalmente se gana como si se pierde. En el caso de los ERE, son muchos los imputados que llevan ya varios años implicados en una instrucción a la que aparentemente no se le ve el final y todavía quedan varios años antes de que se celebre, en su caso, el juicio.
Aunque para los bufetes clave de los ERE defender a un mayor número de imputados, evidentemente, puede suponer mayores ingresos, no debe olvidarse que Alaya está imponiendo en muchos casos importantes fianzas civiles y embargos a los implicados, que pueden quedar en unas posiciones económicas bastante incómodas.