Archivos para el tag ‘Fiscalía’

Tiento al fiscal y la causa se acelera

Jorge Muñoz | 20 de mayo de 2018 a las 2:00

 

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Una imagen del juicio de los ERE.

El tercer aviso del tribunal de los ERE, el que ha dado precisamente esta semana a la Fiscalía Anticorrupción, para que no se eternice el juicio con el interrogatorio de los testigos, parece más atinado que los otros dos anteriores y comienza a dar sus frutos. Del ritmo cansino de las semanas anteriores, parece que, por fin, se ha pasado al “pisa el acelerador… gasta las ruedas” que cantaba Joaquín Sabina. El cambio se ha producido después de que en la sesión del pasado lunes, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, se dirigiera a los “señores fiscales” delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra– para que no hicieran tantas preguntas relacionadas con las piezas separadas que, tal y como recordó la Audiencia en el auto en el que resolvió las cuestiones previas, no son objeto de este juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, el supuesto sistema que según las acusaciones idearon presuntamente los 22 ex altos cargos para conceder las ayudas sin procedimiento legal y eludiendo los controles de la Intervención General de la Junta.

El magistrado indicó a los fiscales que estaban haciendo “excesivas preguntas” sobre las piezas separadas que siguen actualmente en instrucción, tantas que rebasaban lo que el tribunal comentó en su momento que “iba a permitir” para poder enmarcar esta causa en el contexto de la macrocausa de los ERE. La advertencia, al menos en lo que respecta a esta semana, ha surtido efecto, porque ya han declarado 21 de los 150 testigos que deben rendir testimonio. Recalculemos las cuentas que hicimos la semana pasada, en las que irremediablemente la vista oral se iba a meter irremediablemente en los primeros meses de 2019.
Sin embargo, esta semana han pasado ocho testigos –y a partir de mañana hay otros 11 testigos citados–, con lo que se si este ritmo se mantiene de manera constante y parecida, se llegaría a las vacaciones de agosto habiéndose superado la centena de testigos (102 aproximadamente), con lo que la fase testifical podría finalizar para mediados de octubre. A partir de ahí deben declarar los doce peritos, incluidos los de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hicieron el peritaje oficial y los propuestos por las partes, pero aún así se estaría más o menos en el calendario que planteó el tribunal con sesiones hasta finales de noviembre.
Para que se haya podido acelerar el ritmo de las declaraciones de los testigos, desde los propios fiscales, a las acusaciones populares (PP yManos Limpias), así como las defensas han limitado sus preguntas en los interrogatorios, incluso algunas de las partes y defensas no han planteado ninguna pregunta a muchos de lo comparecientes.
Además, muchos de los testigos –esta semana les ha tocado a trabajadores y directivos del IFA/IDEA– han coincidido en las principales afirmaciones que han realizado, por lo que no era necesario insistir demasiado en los interrogatorios. Para las próximas sesiones está previsto uno de los principales testigos que más morbo puede despertar: el ex chófer de Guerrero que admitió el gasto del dinero de las ayudas en cocaína y regalos. A lo mejor con este testigo alguna de las partes, lejos de acelerar, pisa el freno y se detiene para hacer más preguntas. Será interesante. Ya veremos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La Fiscalía y la denuncia de José Castro

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

*La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez que investiga al presidente del Sevilla, José Castro, el archivo de la denuncia abierta por el uso de la cuenta que tiene en el club y por la compra de varios paquetes de acciones, al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delitos de administración desleal ni de falsedad documental.

La postura de la Fiscalía, que se ha producido una vez que la defensa de Castro había pedido el sobreseimiento de la causa, ha despertado cierta sorpresa, sobre todo si se tienen en cuenta que fue la propia Fiscalía hispalense la que, tras una primera investigación de los hechos, decidió presentar una denuncia en los juzgados contra el presidente del Sevilla para que un juzgado investigase precisamente si había delito o no.

El juzgado, que ahora debe decidir y muy probablemente archivará la denuncia, ha tomado declaración como investigado a Castro y a varios testigos, pero no se han practicado más diligencias. El caso de Castro recuerda recientemente al del ex jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores Rafael Carretero, quien también fue denunciado por la Fiscalía y cuya causa se archivó por el juzgado, aunque en este caso Carretero no llegó ni siquiera a prestar declaración como investigado. La Fiscalía no recurrió el archivo, pero tanto en el caso de Carretero como ahora Castro no cabe duda de que ambos han sido sometidos a la pena de banquillo.

Berrinche en la Fiscalía

Jorge Muñoz | 9 de julio de 2017 a las 2:00

Entrevista a Antonio Rodrigo Torrijos.

Vaya por delante que no me parece ilógico que la Fiscalía de Sevilla haya decidido finalmente no recurrir la absolución del ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de los otros nueve acusados por el supuesto amaño –ya descartado por una sentencia firme, la Justicia ha hablado– del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Es más, me parece la postura más racional, sobre todo, teniendo en cuenta que las dos acusaciones particulares, los supuestos perjudicados por el delito investigado –la asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, y la propia entidad Mercasevilla–, tampoco han considerado oportuno el recurso, llegando incluso a poner de manifiesto la posibilidad de una condena en costas en caso de que ese recurso no prosperara.
Pero dicho esto, sí que me parece llamativo, y en eso tiene parte de razón la defensa de Torrijos, cómo ha defendido la Fiscalía su postura de no recurrir, poniendo de manifiesto que en la prolija sentencia de 393 folios de la juez Yolanda Sánchez Gucema existían numerosos “indicios” que avalaban la tesis acusatoria que el Ministerio Público ha mantenido durante estos ocho años, pero como el recurso de apelación frente a las sentencias absolutorias tiene un “estrecho cauce”, han decidido no presentar dicho recurso aun insistiendo en la disconformidad porque entiende que se podría “haber llegado a la conclusión alternativa condenatoria”.
Alega la Fiscalía que el sistema de apelación que rige desde el año 2012 en el derecho procesal español “no permite cuestionar la credibilidad dada a una determinada prueba por el órgano que la ha percibido, pues ello exigiría la repetición de la prueba, algo que no está previsto en nuestro sistema” y añade que la Audiencia no puede sustituir la prueba realizada por otra valoración, “igualmente razonable con una conclusión condenatoria”, explicaba la fiscal jefe, María José Segarra, en el comunicado hecho público esta semana.
No se trata aquí de hacer un análisis jurídico de la decisión de la Fiscalía de no recurrir, algo que no le corresponde a este cronista, que no es jurista sino un espectador privilegiado de los tribunales, pero sí de aplicar el sentido común.
Si la Fiscalía lleva ocho años avalando las tesis acusatorias que en su día apreció la instructora del caso, Mercedes Alaya, nadie cuestionaría ni se extrañaría de que mantuviera su postura hasta el final y, por tanto, recurriera la absolución de Torrijos y de los otros acusados. Sería, salvando las alegaciones jurídicas, hasta cierto punto coherente con sus actos. ¿O va a resultar ahora que la Fiscalía no ha recurrido ninguna vez sentencias en las que no daba un duro porque prosperase dicho recurso?
En cambio, lo que ha hecho es como decirle a la sociedad quiero recurrir, pero legalmente no puedo. Y además tenía razón en las acusaciones, con lo que sigue extendiendo, como ha afirmado la letrada Encarnación Molino, “la sombra de la duda” para justificar una acusación que la abogada de Torrijos tilda de “injustificable”.
Si la Fiscalía sigue insistiendo en que el concurso público que se adjudicó a la constructora es “un paripé”, como llegó a poner de manifiesto el fiscal en su informe de conclusiones en el juicio, lo que debería haber hecho, a mi juicio, es recurrir la sentencia, aunque las probabilidades de prosperar del recurso fuesen escasas o mínimas.
Lo demás no deja de ser un brindis al sol, disparar con pólvora ajena, y tratar de justificar por qué se ha mantenido la acusación durante todos estos años para ahora conformarse con la absolución.
Retomando el principio de este artículo, la Fiscalía ha adoptado la postura más racional, pero los matices con los que ha justificado su decisión ponen de manifiesto el berrinche que le ha supuesto la absolución.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Letrados jóvenes en el turno de oficio

*En esta época en la que parece que el turno de oficio está en horas bajas, en la que los abogados cada vez más dejan de lado este servicio a la sociedad destacan actitudes como la del abogado Joaquín Moeckel, quien después de estar 20 años en el turno de oficio, ha hecho que una de sus hijas, Blanca, entre a formar parte del turno de oficio. Moeckel está convencido de que hay que inculcar en los abogados jóvenes la incorporación a un servicio que en la actualidad es una de las labores más altruistas que puede desempeñar un abogado. Joaquín Moeckel recuerda que el turno de oficio “no se hace por dinero” –en la actualidad no se cotiza mucho y son pocas las guardias que corresponden a cada letrado–, porque “quien ahora se inscribe en el turno es una persona comprometida con un servicio a la sociedad”, destaca el letrado sevillano.

El marketing de los abogados
*Si usted busca en Google la palabra “abogado”, el primer resultado que le aparece en pantalla es un anuncio de Luis Romero y Asociados. Esta semana, el letrado Luis Romero ha enviado una nota de prensa para dar a conocer a la opinión pública que acaba de obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla –por cierto, con “sobresaliente cum laude”, detalla el comunicado remitido por el departamento de comunicación del bufete– tras haber defendido su tesis doctoral sobre el delito de blanqueo de capitales, con un análisis realizado desde la perspectiva del abogado. Dice la nota que todos los miembros del tribunal “animaron al nuevo doctor a publicar su tesis doctoral, que fue calificada con diversos adjetivos elogiosos”. Luis Romero también ha difundido su doctorado en las redes sociales. Es la nueva era del márketing de los despachos. Enhorabuena Luis.

Las diligencias de investigación de la Fiscalía no son prueba pero requieren la asistencia letrada

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2017 a las 15:31

Supremo

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado que las diligencias de investigación que realiza la Fiscalía no son susceptibles de generar actos de prueba, pero que esa limitación funcional no puede ser utilizada como excusa para prescindir de la asistencia letrada a la persona objeto de esa preinvestigación ni diluir la vigencia de los principios de contradicción y proporcionalidad.
En una sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se rechaza el recurso de la Fiscalía contra la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de un policía local de Premiá de Mar que estaba acusado de delito continuado de falsedad en documento público, en relación a cuatro multas de tráfico a dos ciudadanos por conducir sin cinturón de seguridad y por ir usando el móvil conduciendo.

“No erró la Audiencia Provincial cuando proclamó la inidoneidad como prueba preconstituida del dictamen pericial elaborado en el marco de las diligencias preliminares practicadas por el Fiscal Jefe del área de Mataró. La ausencia de Letrado durante el desarrollo de todas y cada una de esas diligencias –singularmente, las de carácter personal- y, sobre todo, su naturaleza ajena al genuino concepto de acto procesal, impiden ver en ese dictamen de los expertos una fuente de prueba susceptible de integrarse en el material valorable por el órgano decisorio”, destaca el Supremo.

La sentencia estudia el valor que debe darse a las diligencias de investigación del fiscal que regula el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “La limitación de sus efectos está relacionada con la imposibilidad de alterar el valor de esas diligencias, que agotan su funcionalidad cuando sirven de respaldo a la decisión del Fiscal de archivar la denuncia o promover el ejercicio de las acciones penales que estime pertinentes. Las diligencias de investigación practicadas por el Ministerio Público (…) no pueden aspirar a transmutar su naturaleza y convertirse en actos de prueba. Lo impide el concepto mismo de acto procesal, íntimamente ligado a los principios constitucionales que informan el ejercicio de la genuina función jurisdiccional”, señala el Supremo.

Y agrega: “Esa limitación funcional, sin embargo, no puede ser utilizada como excusa para prescindir de la asistencia letrada o para diluir la vigencia de los principios de contradicción y proporcionalidad. Por más que la naturaleza de esas diligencias sea puramente instrumental y por más que se ciñan a “preparar lo preparatorio” –la decisión del Fiscal sobre el ejercicio de la acción penal “prepara” la actividad del Juez encaminada a “preparar” el juicio oral-, la investigación a un ciudadano sospechoso de haber cometido un delito sólo puede explicarse como expresión del poder del Estado y, como tal, ha de ajustarse a los límites definidos por nuestro sistema constitucional”.

El Supremo responde al interrogante acerca de si el estándar constitucional de garantías para el investigado penal ha de modularse, admitiendo incluso su relajación, en función del modelo de investigación en el que se desarrolle la práctica de aquellas diligencias. Y concluye que ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni las circulares e instrucciones dictadas para lograr la uniformidad en la actuación de los Fiscales, “avalan esa convencional e interesada división entre las garantías del “preinvestigado” cuando comparece ante el Fiscal y las garantías del investigado cuando es llamado ante la autoridad judicial. La Sala no puede identificarse con el criterio que late en el recurso del Ministerio Público, según el cual, cuando la investigación se dirige por el Fiscal las garantías constitucionales se difuminan y devienen renunciables”.

Para el Supremo, ya es una extravagancia legislativa que nuestro sistema admita la posibilidad de que el ciudadano al que se impute un delito sea sometido a una investigación inicial de naturaleza preparatoria (arts. 5 del EOMF y 773.2 LECrim) anterior a una segunda etapa, también de naturaleza preparatoria (arts. 299 y 771.1 LECrim). Cuando “lo preparatorio precede a lo preparatorio”, no resulta fácil encontrar justificada esa doble secuencia sobre la que se construye la fase de investigación del hecho imputado. “Está claro, sin embargo, que las dudas para explicar nuestra singularidad no pueden resolverse degradando funcionalmente el primer escalón de la actuación del Estado –eso es, no otra cosa, lo que define la “prefase de investigación” desarrollada por el Fiscal-, de suerte que el ciudadano pueda ser despojado del irrenunciable cuadro de garantías que le asisten cuando es llamado para responder de algún hecho de significación penal y que le es indiciariamente atribuido”.

Un recurso imposible

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2016 a las 8:00

la grua municipal retira un vehiculo mal aparcado en presencia de la policía localLa Fiscalía de Sevilla da por buena la absolución de cuatro policías locales que se enfrentaban a una condena de dos años y siete meses de cárcel, acusados de haber cobrado más de 5.000 euros en dietas falsas por la asistencia a los juicios. El Ministerio Público ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sección Cuarta de laAudiencia de Sevilla, que consideró que no podía acreditarse que falsificaran los sellos para justificar precisamente la asistencia a los juicios y poder percibir las dietas.

Fuentes del caso apuntaron que, aunque en un primer momento no estaban de acuerdo con la totalidad de los fundamentos que llevaron a la Audiencia a absolver a los agentes –sobre todo en lo que respecta al supuesto falseamiento con un tampón de 53 de los 63 documentos presentados en su día por los imputados–, al final se ha decidido no recurrir porque el asunto revestía tal “complejidad” probatoria que “o se ganaba en primera instancia” o resultaría muy difícil recurrir en casación ante el Alto Tribunal. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Sevilla será firme y los agentes investigados, que en su día pertenecían al grupo Giralda, podrán continuar en sus puestos.
La Fiscalía de Sevilla sorprendió en el juicio con la importante rebaja que aplicó a los agentes acusados, que inicialmente se enfrentaban a una condena de cinco años, pero el representante del Ministerio Público redujo la petición a dos años y siete meses de cárcel, al apreciarles una circunstancia atenuante “muy cualificada” de reparación del daño, después de que los agentes devolvieran las cantidades de las dietas antes del inicio del juicio. Y llamó igualmente la atención que en algunos momentos el fiscal parecía que estaba interviniendo en la vista oral más como defensa que como la acusación pública, llegando a revelar que en su momento se intentó alcanzar un acuerdo con las defensas de los agentes investigados para tratar de rebajar la pena a dos años de prisión y suprimir la inhabilitación especial, pero es algo que, según el fiscal, no se podía hacer legalmente porque “la ley es la que determina la pena”. En su alegato, el fiscal llegó incluso a abogar por un indulto que finalmente no ha sido necesario.
No me cuesta trabajo reconocer –y lo digo por algunos liberados muy aficionados a dejar comentarios críticos en este blog en relación con las informaciones de la Policía Local– que se trata de la segunda investigación realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) que se queda en pólvora mojada. Pero también debe rechazarse de plano, porque es de Justicia, que la absolución se deba a una mala investigación por parte de esta denostada unidad de Asuntos Internos.
Una buena investigación puede quedar en nada porque el juez entienda, como ha ocurrido en este caso, que no hay pruebas suficientes para condenar a los agentes, cuya absolución evidentemente debe ser acatada y respetada por todos.
Lo mismo sucedió con la primera de las investigaciones en las que participó la Gepol, relacionada con el cobro ilegal de tasas en la Policía Local. En este caso, se dieron varias circunstancias que desembocaron en el sobreseimiento de una investigación iniciada hace más de seis años. La primera, el fallecimiento de un policía local que estaba considerado como el cabecilla de la trama. La segunda, la muerte también de la juez que había iniciado la instrucción del caso. Ambos factores se conjugaron y llevaron a la actual titular del juzgado a decretar el archivo, a pesar de los indicios recopilados a lo largo de la “prolija investigación” realizada por la Gepol, según puso de manifiesto la instructora en el auto de archivo.
La juez señaló que la investigación de esta unidad policial constató igualmente que “no existía control exhaustivo ni cadena de custodia” sobre las multas de tráfico, tanto las del propio Ayuntamiento como las procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Justicia ha tumbado dos investigaciones de la Gepol pero aún está abierta la más importante: la relacionada con el amaño de las oposiciones y en la que están procesados 37 agentes. El resultado final de ese juicio, que se celebrará en septiembre de 2017, es la verdadera prueba de fuego para la labor realizada por estos agentes en los últimos años.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Los abogados del rehabilitado juez Serrano

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El juez Serrano con el abogado Miguel García Diéguez, en el juicio celebrado en el TSJA.

El Tribunal Constitucional rehabilitó hace varias semanas al que fuera juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano Castro, al tumbar la sentencia del TribunalSupremo que le había condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber prolongado el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una cofradía. El Alto Tribunal daba por buena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le había inhabilitado durante dos años por un delito de prevaricación culposa. Serrano estuvo defendido en el juicio por el abogado Miguel García Diéguez, quien también se encargó de su representación jurídica ante el Tribunal Supremo y quien recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, García Diéguez dejó de representar a Serrano –quien incluso se había incorporado a trabajar en su despacho cuando salió de la judicatura– por discrepancias surgidas entre ambos, por motivos que no han trascendido. Esto propició que el abogado Fernando Rodríguez Galisteo se personara en el Constitucional para continuar defendiendo los intereses del juez, si bien no había intervenido en la elaboración del recurso de amparo.

Tras la victoria de Serrano, algunos compañeros de Miguel García Diéguez se han sentido molestos por la falta de reconocimiento de la labor realizada. Por ejemplo, el letrado José Manuel Sánchez del Águila escribió en su facebook lo siguiente:“Pasan los días y se sigue ninguneando al brillante letrado sevillano Miguel García Diéguez, responsable en última instancia del éxito obtenido en el TCen el caso de Francisco Serrano, consiguiendo que el delito de éste quedase en una prevaricación culposa”. El propio Miguel García-Diéguez escribió una carta al nuevo letrado de Serrano, en junio de 2015, recordándole que la labor profesional desarrollada “sigue conservando su propiedad intelectual, cualquiera que sea el resultado final conseguido”. Al César lo que es del César…