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El día después para la infanta

Jorge Muñoz | 9 de febrero de 2014 a las 15:23

Fotografía de la infanta prestando declaración publicada por el diario El Mundo

Fotografía de la infanta prestando declaración publicada por el diario El Mundo

La de ayer fue sin duda una de las jornadas más complicadas para la Infanta Cristina, que se convirtió en el primer miembro de una casa Real que tiene que rendir cuentas ante un juez por los negocios de su marido.

La infanta -cuya fotografía prestando declaración ha ordenado que se investigue el juez Castro- respondió durante más de seis horas a los delitos de fraude contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales que le imputa el juez Castro por su participación del 50% en la sociedad Aizoon S. L., constituida con su marido, Iñaki Urdangarín.

En el voluminoso auto de imputación, el juez del caso Nóos recordaba las manifestaciones del notario que intervino en la constitución de Aizoon, quien se habría hecho eco asimismo de las palabras pronunciadas por el abogado y asesor fiscal del duque de Palma, quien dijo que esta sociedad se creó para “tener un escudo frente a Hacienda”. El juez Castro concluía que existen indicios racionales de que esta entidad mercantil fue creada con el deliberado propósito de “servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación de entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada”.

La infanta Cristina negó ayer ante rotundamente el magistrado que fuese ese escudo frente a Hacienda y declaró “su verdad”, según explicó su abogado Miguel Roca. Esa verdad se sustenta en que confiaba plenamente en su marido y firmaba todo lo que él le decía que debía firmar, y que desconocía todo lo relacionado con estas actividades, incluso que los empleados domésticos estuviesen contratados por Aizoon.

Hoy es el día después de un día histórico para la Justicia, que ha demostrado que todos los ciudadanos son aparentemente iguales ante la ley, aunque esa igualdad quede finalmente minimizada al paseíllo de once pasos que la infanta tuvo que hacer ante centenares de reporteros a su llegada y salida de los juzgados de Palma.

¿Y ahora qué pasará con la instrucción? Desde fuera todo apunta a que la infanta podría quedar fuera del proceso, que se archivaría en su caso, aunque continuaría contra su marido, sobre todo si la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo que la infanta no cometió los delitos por los que ha sido imputada. Habría que recordar en este caso la doctrina Botín, que establece que si la Fiscalía y la acusación particular no acusan, el proceso no puede continuar ni abrirse juicio oral sólo porque lo pida la acción popular.

El propio juez Castro mostraba sus dudas sobre que la cantidad supuestamente defraudada llegue al límite legal de los 120.000 euros, a partir de los cuales se considera que hay delito fiscal, lo que incide en que la infanta podría quedar exonerada de culpa. Pero, en contra de lo que podría pensarse, si llega el archivo de la causa contra la infanta, ésta no se habrá ido de rositas, porque la imagen de ayer de una grande de España declarando ante el juez no se borrará fácilmente del imaginario colectivo. Quizás la actuación del juez Castro tenga más relevancia de la que pueda sospecharse, porque ha vuelto a hacer creer que, al menos por un día o durante seis horas, la Justicia es igual para todos los ciudadanos, como establece nuestra carta magna.

 

Un escudo frente a Hacienda

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2014 a las 7:00

juez CastroEl juez Castro la ha vuelto a liar al imputar, por segunda vez en menos de un año, a la Infanta Cristina. El magistrado le imputa delitos de fraude contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales por su participación del 50% en la sociedad Aizoon S. L., constituida con su marido, Iñaki Urdangarín. En el voluminoso auto, el juez del Caso Nóos recuerda las manifestaciones del notario que intervino en la constitución de Aizoon, quien se habría hecho eco asimismo de las palabras pronunciadas por el abogado y asesor fiscal del duque de Palma, quien dijo que esta sociedad se creó para “tener un escudo frente a Hacienda”. Ese escudo parece ahora que ha caído en el marco de la investigación del juez Castro, quien ha concluido que existen indicios racionales de que esta entidad mercantil fue creada con el deliberado propósito de  “servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación de entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada”.

El magistrado habla en su resolución del delito contra la Hacienda Pública que tipifica el artículo 305 del Código Penal y que castiga con penas de prisión de uno a cinco años y de multa de hasta el séxtuplo de la cuantía defraudada a quien “por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros”.

La clave está en esa cantidad, 120.000 euros para que sea delito, una cuantía sobre la que el magistrado, por otra parte, arroja dudas de que pueda alcanzarse en el caso de la infanta Cristina. En concreto, el juez apunta en su resolución que si Aizoon, “en lugar de tolerar que sus socios dispusieran fácticamente de sus fondos para con ellos financiar gastos que nada tenían que ver con las actividades” de la empresa, hubiera realizado un reparto formal de dividendos, las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) habrían incrementado y con ello también la cuota tributaria a ingresar. Como esos repartos no se han producido, prosigue el juez Castro, resulta “imposible” determinar las cuotas que la infanta “podría haber supuestamente defraudado a la Hacienda Pública en sus declaraciones del IRPF y si, en su caso, serían superiores a los 120.000 euros en cada ejercicio, aunque no parece probable que se alcance tal umbral”. Lo que sí “parece estar claro”  es que las facturaciones por gastos personales que doña Cristina cargó a la entidad Aizoon, “supusieron una doble defraudación: por una parte se trata de ingresos por los que nunca se tributó en sus declaraciones del IRPF; por otra y a más añadidura, tuvieron la virtualidad de minorar la base imponible del impuesto de sociedades al figurar contablemente como gastos de explotación sin serlo”.

Ello lleva al magistrado a concluir que la “intención defraudatoria está a la vista y sus protagonistas llevaron a cabo todos los actos que debieran consumarla, lo que no consiguieron porque la Agencia Tributaria oportunamente detectó la desconexión de esos gastos con las actividades del ente al que se le cargaban”.

El juez Castro argumenta que no debe escandalizar a nadie que se pretenda formular preguntas a la infanta sobre todos estos extremos, y precisa que para saber si las defraudaciones traspasaron el umbral de los 120.000 euros por cada ejercicio, sería preciso clasificar por ejercicios todas las facturaciones que “ninguna conexión” guardan con la actividad de Aizoon y sí con los consumos estrictamente personales. Aún así considera “escasamente probable” que se llegue al importe del delito. En cualquier caso, el magistrado entiende que no es de recibo “presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera expuesta desconociera por completo de lo que se le estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle”.

El segundo delito que se atribuye presuntamente a la infanta, el de blanqueo de capitales, viene contemplado en el artículo 301 del Código Penal, que sanciona con penas de seis meses de prisión a seis años y multa de hasta el triple del valor de los bienes a quien “adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, recordó al solicitar la imputación de la Infanta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido, a partir de una sentencia de 2012, que el delito fiscal implica además la comisión del delito de blanqueo de capitales, por cuanto aunque la cuota defraudada no se incorpore al patrimonio del autor, la comisión del delito fiscal y el ahorro de capital obtenido no se habría producido sin la comisión del delito, por lo que cabe entender que su origen es ilícito.

En cualquier caso y aunque el juez Castro haya fijado el 8 de marzo como fecha para la declaración de Doña Cristina, será la Audiencia de Palma la que tendrá la última palabra sobre si la infanta declarará o no como imputada, algo que este tribunal ya desestimó en mayo del año pasado en un auto en el que, no obstante, abría la posibilidad para investigar la posible participación de la hija del Rey en los delitos que ahora le imputa José Castro. Dijo entonces la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que si bien la infanta podría desconocer el origen ilegal del dinero público en cuanto a que procedía de un delito de malversación o de fraude, “lo que resulta más dudoso es que desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública, ya que el Instituto Nóos, aunque declaraba, no pagaba el de sociedades por constar inscrita como asociación sin ánimo de lucro, pero en realidad no lo era porque operaba como una auténtica entidad mercantil”.

El juez Castro concluye ahora, al menos indiciariamente, que la infanta tuvo conocimiento y consintió el fraude a Hacienda, y recuerda que, por su “sólida formación” debía estar al tanto del proceder de su marido. En contra está el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ya antes de que se le solicitara su opinión, rechazó la posibilidad de imputar a la infanta.

 

 

La decisión más valiente del juez Castro

Jorge Muñoz | 3 de abril de 2013 a las 13:12

Se trata de la decisión más valiente que haya podido tomar un juez en democracia. El juez José Castro, que instruye el caso Nóos, ha citado a declarar como imputada para el próximo 27 de abril a la infanta Cristina, tan sólo unos días después de que Diego Torreso, el ex socio de Iñaki Urdangarín, haya aportado nuevos correos sobre la presunta implicación de la infanta en las actividades del Instituto Nóos. La decisión del instructor se produce en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha anunciado que va a recurrir la imputación.

Una decisión valiente y que refrenda el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La infanta Cristina tendrá, por tanto, que acudir a los juzgados de Palma de Mallorca para responder a todas las preguntas relacionadas con el caso. Su imputación, evidentemente, no significa a priori una culpabilidad porque, como dicen los juristas, la imputación trata precisamente de garantizar los derechos del imputado, aunque esta expresión tiene lógicamente unas connotaciones negativas de cara a la opinión pública.

La Constitución española sólo garantiza, en su artículo 56.3 que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad“, pero deja fuera al resto de miembros de la Casa Real, por lo que es factible la imputación de la infanta Cristina.

El juez Castro explica en su auto que ahora hay indicios  que hacen dudar que la infanta “desconociera” la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la junta directiva del Instituto Nóos y a su participación en la mercantil Aizoon -que compartía con Iñaki Urdangarín-, y añade que esas dudas “conviene despejarlas” en cualquier sentido antes de finalizar la instrucción, pues no hacerlo supondría un “cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite”.

El instructor insiste en que no parece procedente que finalice la instrucción “gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que aquélla haya podido tener y, si fuera la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan, pero quede bien claro que su convocatoria no prejuzga en absoluto actuaciones procesales ulteriores, de tal manera que queda absolutamente incólume todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto”: desde la de su anticipado sobreseimiento a la de abrir el cauce para que las acusaciones puedan presentar cargos.

La declaración de la Infanta, continúa el juez, tiene como finalidad de que, en garantía de sus derechos, “facilite las explicaciones que tenga por conveniente, declaración que pretendidamente versará sobre su intervención en la referida asociación y entidad mercantil Aizoon S. L., manejo y destino de los fondos derivados de las mismas y las cuestiones que razonablemente se desprendan”, concluye el auto.

Entre la documentación aportada por Diego Torres había varios correos electrónicos que el marido de la infanta Cristiana remitió a su mujer para consultarle diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos. Uno de estos e-mails, fechado el 20 de febrero de 2003, Urdangarín remite a su mujer “una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar”. Y prosigue: “Hay dos versiones. Clientes, colab y amigos y la otra para Octagon (no quiero sacar ampollas). Léelo y dime lo que piensas please… Ciao“. En el mismo correo, el Duque le comenta la infanta Cristina que “a veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así”.

El magistrado reconoce que aunque los indicios, considerados de forma aislada, carecen de “peso suficiente” para sustentar una imputación, de su valoración en su conjunto  entiende que “si bien no existen evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada y en la entidad mercantil Aizoon S. L., sí que existen suficientes de que no precisaba hacerlo pues bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con S. M. El Rey fuera utilizado por su marido y por Diego Torres, junto con el cargo que ostentaba Luis Carlos García Revenga, a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las administraciones públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos”.