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La ‘venia’ de Javier Guerrero

Jorge Muñoz | 6 de mayo de 2018 a las 2:00

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y principal imputado en el caso de los ERE cambió recientemente de abogado. Fernando de Pablo, quien le ha acompañado en su defensa en los últimos siete años, desde que se inició la instrucción de la macrocausa en el año 2011, ha sido sustituido por el abogado José Ávila, quien esta misma semana se ha estrenado en el juicio con el interrogatorio a uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que realizó varias preguntas relacionadas en el ERE de la empresa sevillana Río Grande, donde los investigadores detectaron la presencia de dos intrusos.
Con independencia de las posibles discrepancias que pudieran existir o no desde hace tiempo entre Javier Guerrero y Fernando de Pablo, la sustitución de este abogado cinco meses después de iniciada la vista oral del denominado “procedimiento específico” de los ERE, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando comienzan a conocerse algunos de los entresijos en los que se produjo esa renuncia/sustitución de Fernando de Pablo.
Para empezar, existe un escrito firmado por Javier Guerrero y Fernando de Pablo, fechado a principios de abril, en el que el primero reconoce al abogado que el cambio en la defensa en la pieza política de los ERE se realiza siguiendo las indicaciones de otro letrado que está imputado en los ERE, Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís, que intervino en la tramitación de varias ayudas de los ERE. En ese escrito, Guerrero y De Pablo reconocen que en los últimos días se habían producido entre ambos divergencias de criterio en cuanto a la línea de defensa que debía seguirse en el presente proceso.
Como consecuencia de esas discrepancias, Guerrero considera conveniente que se produzca el cambio en su defensa, por lo que ambos de común acuerdo dan por resuelta la relación profesional que mantenían.
Hasta aquí todo normal, lo curioso viene en una de las cláusulas del escrito, en la que se afirma que Fernando de Pablo se compromete a entregar la venia al letrado José Ávila u otro letrado que a través del señor Guerrero “sea indicado por el también letrado Carlos Leal Bonmati para el mejor fin de la defensa de Guerrero”. Es decir, un imputado en los ERE que dirige, coordina, designa o pone al abogado que debe representar al principal imputado en la macrocausa.
Es cierto que Leal Bonmati no está imputado en la pieza política de los ERE, pero resulta cuanto menos sospechoso que aparezca manejando los hilos de la defensa de Guerrero.
Y también resulta sospechoso que haya quien apunte incluso que otros dos empresarios imputados en la causa de los ERE habrían contribuido presuntamente abonando 10.000 euros cada uno para sufragar la defensa de Guerrero.
Este periódico preguntó precisamente por este extremo al abogado Fernando de Pablo, quien reconoció precisamente que “había oído que dos imputados en otras piezas habían contribuido con esa cantidad” para que se abonaran los honorarios al nuevo abogado de Javier Guerrero.
El abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia a la defensa de Guerrero en un total de 104 piezas separadas que están actualmente en investigación por otras tantas ayudas –en la mayoría de las cuales Guerrero está siendo excluido– y en otros dos procedimientos que están ya listos para su enjuiciamiento.
Sobre Carlos Leal Bonmati, la juez Mercedes Alaya afirmó en su día que este investigado habría prestado su bufete, Estudios Jurídicos Villasís, como “centro de lavado” de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante “facturas falsas por servicios inexistentes”, según puso de manifiesto la juez en el auto que en julio de 2013 decretó la puesta en libertad de Leal Bonmati tras abonar una fianza de 150.000 euros.

El Guinness de Guerrero

Jorge Muñoz | 1 de julio de 2016 a las 5:00

DECLARA FRANCISCO VALLEJO

El caso de los ERE puede entrar oficialmente en el libro Guinness de los récords, de la mano del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales imputados en esta macrocausa. Guerrero se acogió ayer a su derecho a no declarar nada menos que ocho veces, tantas como las ayudas por las que había sido citado en calidad de investigado por delitos de prevaricación y malversación de caudales.
Al inicio del primero de los ocho interrogatorios, el abogado Fernando de Pablo, que representa a Javier Guerrero, solicitó a la juez María Núñez Bolaños la suspensión de la comparecencia en virtud de las alegaciones que había presentado y en las que se remitía a los mismos argumentos que presentó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández para solicitar la suspensión, al plantear que después de que se dictara el auto de procesamiento por el procedimiento específico no podía ser investigado en más ayudas distintas que deriven de la macrocausa.
La Fiscalía y la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía se opusieron a la suspensión de las ocho declaraciones y la juez puso de manifiesto que las solicitudes de Javier Guerrero y Antonio Fernández “son diferentes”, porque el consejero “presentó alegaciones y no el ahora compareciente, pues no existe petición en el mismo sentido”, lo que determinó a la instructora a rechazara la suspensión. Acto seguido, la defensa hizo constar su protesta y Guerrero se acogió a su declaración a no declarar ocho veces.
La juez había citado a declarar a Guerrero por las ayudas concedidas a los Ayuntamientos de La Barca de la Florida y Chiclana, en Cádiz, los Ayuntamientos de Camas y La Puebla del Río, en Sevilla; así como por las otorgadas a la Asociación Juegos Mediterráneos Almería, Novomag, Bética industrial y Centro Limpieza Huévar.

Los sospechosos habituales de los ERE

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2016 a las 6:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Se han convertido en los “sospechosos habituales” del caso de los ERE. Ninguno de ellos parece sacado –por lo que se refiere a su criminalidad y peligrosidad social– de la brillante película del mismo nombre que interpretó Kevin Spacey en 1995 y en la que la intriga gira en torno al personaje ficticio de Keyser Söze, un poderoso jefe de una organización criminal. Pero aún así, sus visitas a los juzgados de Sevilla se han repetido en los últimos cinco años, tiempo que acaba de cumplir precisamente esta misma semana la instrucción judicial de los ERE fraudulentos.

El mismo día que se cumplía el aniversario, el pasado 19 de enero, la juez María Núñez Bolaños volvió a citar a uno los sospechosos habituales de los ERE, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Era la quinta vez que Antonio Fernández comparecía en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el caso de los ERE, aunque hasta este momento sólo había accedido a declarar en una ocasión anterior, en abril de 2012, cuando la juez Mercedes Alaya decidió enviarle a prisión provisional.
En las siguientes ocasiones en las que Alaya le volvió a citar, la ley del silencio se apoderó del ex consejero, que se acogió a su derecho a no declarar en todas ellas, salvo en la citación de esta semana. Fernández sí declaró, aunque brevemente –su paso por la sala no duró más de diez minutos–, ante María Núñez Bolaños, ante la que defendió que paralizó el pago de unos 600.000 euros a varias empresas concesionarias de la limpieza de Granada con motivo de una huelga, al considerar que ese compromiso de pago que adquirió el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero era ilegal.
Precisamente Javier Guerrero es otro de los sospechosos habituales de los ERE: ha comparecido en cuatro ocasiones anteriores en el juzgado y ha sido encarcelado de manera provisional en dos ocasiones. Y lo mismo sucede con muchos de los imputados –sobre todo ex altos cargos de la Administración autonómica– a los que, bien porque se le han ido ampliando las imputaciones con otras ayudas, o porque han surgido nuevos elementos o lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, han tenido que hacer el singular paseíllo por los juzgados del Prado.
De ese paseíllo no se librarán, ni siquiera, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes después de haber declarado en abril del año pasado ante el Tribunal Supremo, tendrán que comparecer en el juzgado sevillano –en este caso ante el juez Álvaro Martín, que ha asumido la investigación de la pieza separada del procedimiento específico– para declarar, si bien los ex presidentes y los demás aforados imputados podrían optar simplemente por ratificar sus anteriores declaraciones en las sedes de los otros tribunales que en su día investigaron estos mismos hechos.
Antonio Fernández fue además la primera persona que fue imputada por la juez Mercedes Alaya en la macrocausa de los cursos de formación, lo que llevó al abogado del ex alto cargo, Alfonso Martínez del Hoyo a mostrar su desconcierto por el hecho de que fuese el primer imputado en esta nueva investigación, al tiempo que consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.
El letrado argumentó entonces que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.

GUERRERO NO DECLARA SOBRE LOS ERE PORQUE SE SIENTE INDEFENSOLa defensa alegó que traer a una sola persona al proceso –en aquel entonces era el único imputado–, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
Alaya consideró que la defensa había realizado una “interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial”, y ratificó que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, que fue el segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
Pero en las distintas macrocausas hay otros imputados que se repiten, como el ex consejero de Innovación Martín Soler o el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que han sido los primeros “investigados” que figuran en la causa en la que se investigan los avales y préstamos de la agencia Idea, cuya instrucción está todavía en sus primeros pasos.
No son Kevin Space ni interpretan una película, pero sí que se han convertido en los sospechosos habituales de una investigación judicial que comenzó hace cinco años y que amenaza con durar más que alguna de las trilogías de la saga star wars.