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Alaya se hace los madriles

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2015 a las 6:00

Alaya, en un momento de la entrega del premio jurista del año. Foto: José Ramón Ladra

Alaya, en un momento de la entrega del premio jurista del año. Foto: José Ramón Ladra

Alaya se fue a los madriles. Y como era de esperar no pasó desapercibida. La juez incansable aprovechó que le habían concedido un premio de jurista del año los antiguos alumnos de la Facultad de Derecho para lanzar un discurso en el que cargó contra todo el mundo: la Junta de Andalucía, el Gobierno y el Poder Judicial.
Después de haber rechazado multitud de entrevistas que le habían solicitado la totalidad de los medios de comunicación en Sevilla –en esta cuenta no entra el pseudoreportaje que publicó hace tiempo la glamourosa Vanity Fair, que la llevó a su portada–, Alaya rompió el silencio mediático que había guardado celosamente durante cinco años para despacharse a gusto. La expectación era máxima. Y el discurso sorprendió por sus críticas. Tengo que confesar que a cualquier periodista de los que hemos seguido la trayectoria de la magistrada en los últimos años, nos hubiera encantado que esta primera intervención pública de Alaya hubiera tenido lugar en Sevilla, aunque nadie es profeta en su tierra. Era la primera vez en la que los titulares salían de sus propios labios y no había que extraerlos de los numerosos autos y resoluciones que ha dictado en el último lustro, lo que le confería además un plus de morbosidad. La imagen y la palabra son muchas veces más contundentes que el negro sobre blanco.
A estas circunstancias se añade el hecho de que hace tan sólo unas semanas la magistrada fue apartada, por méritos propios, de la investigación de las macrocausas, después del crítico informe que remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que acusaba a su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, de no estar preparada para afrontar estas investigaciones y mostrar su preocupación por la supuesta amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, a quien Alaya le atribuía la condición de ser un “notorio detractor” de su labor como instructora.
Alaya, que en estos años se ha enfrentado con todo el mundo –la Junta, la Fiscalía Anticorrupción, los abogados de la defensa, algunos de los imputados, etc.–, criticó abiertamente en su intervención a la Administración autonómica, al asegurar que la Junta le puso “todas las trabas del mundo”. El enfrentamiento con la Junta fue patente en muchos momentos de la instrucción de los ERE, como cuando el Gobierno andaluz se negó a entregarle las actas de los consejos de Gobierno.
Luego tuvo su continuidad en otro de los frentes importantes abiertos por Alaya, el de los cursos de formación, una investigación de la que la Junta intentó apartarla acusándola de haber convertido su juzgado en una “suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la Consejería de Empleo” y de dar lugar a formar una “causa general” contra la Administración andaluza.
Alaya se defendía reprochando a la Junta que su actitud en muchas ocasiones parecía más propia “de una defensa que de una acusación particular”, lo que le llamaba la atención a la juez por la “aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía”, llegó a relatar en un auto de los ERE.
Los reproches de Alaya no han recibido por ahora ninguna contestación del Gobierno andaluz. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha limitado a comentar que su Gobierno “siempre” va a colaborar con la Justicia, “esté quien esté, en el momento que sea” y con aquello que se les solicite, sin entrar al trapo de las críticas de la magistrada.
Alaya confesó en su discurso, en el que no hubo lugar para la autocrítica, que a lo largo de estos años recibió “muchísimas presiones”, incluso desde el Poder Judicial. “Las presiones te cortan la respiración, cuando vienen del lado equivocado, de tu casa”, aseveró en su discurso. Y también aprovechó su intervención para alardear de que muchos ciudadanos han vuelto a confiar en la Justicia gracias a su labor. Es cierto que Alaya tuvo el inmenso mérito de llegar a donde otros jueces no habrían sido capaces de hacerlo, pero hay otros muchos jueces, también aquí en Sevilla, que instruyen casos de corrupción y que cuentan con menos medios de los que tenía Alaya y sin ningún juez ni secretario de refuerzo. Un ejemplo es el juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga entre otros asuntos el caso Invercaria, la utilización de las transferencias de financiación en empresas públicas, o las irregularidades de la Fundación DeSevilla.
Mercedes Alaya está integrada en la Sección Séptima de la Audiencia –conocida en los mentideros judiciales de Sevilla como el Kremlin y que es la encargada de resolver los recursos de los ERE–, donde a pesar de que en un principio sus compañeros mostraron su preocupación por su llegada, ya está destacando por su inagotable capacidad de trabajo. La más grande, apodo cariñoso con el que Alaya fue bautizada por un abogado, sigue siendo noticia hasta fuera de las macrocausas.

La reina de las portadas

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:30

Una juez de extrema timidez que pasó del anonimato a acaparar las portadas nacionales. Mercedes Alaya Rodríguez (1963) ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1988, fecha en la que se incorporó a un juzgado de Primera Instancia de Sevilla. Diez años después, en julio de 1998, Alaya fue destinada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para sustituir al magistrado Ángel Márquez –instructor del caso Juan Guerra– con motivo de su paso a la Audiencia de Sevilla.Screenshot_NormalAppImage(1)
Alaya comenzó a adquirir cierta popularidad en Sevilla en 2008, cuando asumió la investigación del delito societario a Lopera. Se crearon entonces perfiles en las redes sociales con miles de seguidores de la magistrada. Después vinieron los escándalos de Mercasevilla y, sobre todo, el de los ERE fraudulentos, que catapultó a Alaya a las primeras páginas de los diarios, incluso los de tirada nacional, un espacio que hasta ese momento sólo ocupaban los jueces de la Audiencia Nacional que investigaban otros grandes casos de corrupción como la trama Gürtel o la del ex tesorero del PPLuis Bárcenas.
La figura de la juez Alaya fue creciendo a la par que se iban conociendo detalles sobre su particular como de instruir o interrogar a los distintos imputados que desfilaban por su juzgado para someterse a un interrogatorio que algunas defensas no dudaron en calificar de “inquisitorial”.
Su extrema timidez contrasta con su forma de actuar cuando ejerce su labor como magistrada. Las broncas de Alaya a los imputados eran frecuentes. Expresiones como “me aburre”, “me está mintiendo descaradamente”, “me está alarmando” o “deje de andarse por las ramas” forman parte del catálogo que la juez desplegó con muchos de los imputados. Los incidentes eran continuos, como cuando la magistrada reprochó a un ex alto cargo de la Junta que estuviera “haciendo teatro” en su comparecencia.
Para evitar esos altercados, los abogados defensores reclamaron ala juez que grabara las declaraciones, pero Alaya se negó a ello y lo argumentó diciendo que los vídeos serían colgados en internet, contribuyendo a una “morbosidad innecesaria y a convertir el procedimiento en una absoluta comparsa”.
Alaya demostró además en estos años que sabía manejar los tiempos informativos, y de ahí que hiciera coincidir destacados autos con determinados hitos de la política autonómica. El más sonado se remonta al 10 de septiembre de 2013, cuando la instructora dictó el auto en el que preimputaba a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y JoséAntonio Griñán, una resolución que se hizo publica la misma mañana en la que el nuevo Gobierno autonómico estaba tomando posesión tras la marcha de Griñán, abrumado por el caso de los ERE.
Desde octubre de 2013, Alaya tiene un servicio de escolta, que le fue puesto por la Policía Nacional después de que la magistrada fuese increpada a su llegada a los juzgados de Sevilla por decenas de sindicalistas que le lanzaron insultos de “fea, hortera y pepera” con motivo de la puesta a disposición de varios sindicalistas detenidos en una operación de los ERE.
La renovación de sus votos matrimoniales en marzo de 2014, al cumplir los 30 años de casada con el auditor Jorge Castro; el reportaje en la revista Vanity Fair unos meses después y su inclusión en el ránking de las 100 mujeres líderes de España en 2013 fueron acrecentando la imagen más glamourosa de la magistrada, junto a la ya consagrada de adalid contra la corrupción.
La imagen que Alaya construyó en el último lustro se vino abajo en sólo unos meses, los que han transcurrido desde que en enero pasado lograra una plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla. Alaya luchó por mantenerse al frente de las macrocausas, pero se equivocó al criticar con dureza la preparación e independencia de la juez María Núñez Bolaños, lo que ha acabado por apartarla de los casos que la convirtieron en la juez incansable, la más grande. La reina de las portadas.

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La complicada herencia de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

Una trayectoria como instructora con muchas luces pero también con bastantes sombras. Los últimos siete años de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han estado marcados por una instrucción eminentemente expansiva, en la que la juez no ha cesado en abrir línea tras línea de investigación hasta el punto de que parecía que quería destripar las entrañas de la Junta de Andalucía, sometiendo a la Administración a una especie de causa general, una actuación que está proscrita por la legislación española.
Evidentemente no se puede negar la extraordinaria capacidad de trabajo y dedicación que en los últimos años ha mostrado la magistrada, cuya marcha como instructora no puede dejar indiferentes a nadie. Tras su salida de las macrocausas y su incorporación definitiva a la Audiencia de Sevilla, hay aspectos que se echarán de menos y otros tantos que no.
Contra la corrupción
Entre las cosas que echaremos de menos se encuentra, como no, esa ingente capacidad de trabajo, demostrada ampliamente a lo largo de estos años; y su demostrada valía en la lucha contra la corrupción. Alaya ha profundizado en la instrucción de los ERE hasta un punto en el que, probablemente, no se habría atrevido a llegar otro juez. De la investigación de la exigencia de una mordida a los hosteleros de La Raza por parte de los ex directivos de Mercasevilla, Alaya destapó el fraude de los ERE y de ahí se derivaron otras línea de investigación como la de las irregularidades en los cursos de formación o a la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea.
Menor eficacia
La estadística es el peor enemigo de Alaya. Ha abierto más de media docena de procesos, pero más de la mitad siguen aún en investigación. En los últimos siete años –si contamos desde 2008, cuando se inició la investigación del delito societario al máximo mandatario del Betis, Manuel Ruiz de Lopera–, la instructora sólo ha sido capaz de cerrar, y de manera desigual, tres causas y sólo una de ellas ha sido enjuiciada y sentenciada, eso sí con condena de dos de los cuatro acusados. Se trata del cohecho de Mercasevilla, que acabó con la condena a pagar una multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la absolución por el Tribunal Supremo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a quien Alaya sentó en el banquillo con indicios débiles. Antes había sido declarada inocente por el jurado la secretaria de Mercasevilla.
Antes de ocupar su nuevo destino como magistrada en la Audiencia de Sevilla, la juez finalizó su instrucción, inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, con respecto a la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.
La tercera causa finalizada, aunque aún no ha sido remitida formalmente a la Audiencia de Sevilla, se refiere a las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de la empresa Mercasevilla, en la que están procesadas 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
La herencia
El escenario que deja Alaya a su sucesora, María Núñez Bolaños, resulta bastante complicado.Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en las tres macrocausas que siguen abiertas: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos de la agencia Idea. Estos dos últimos sumarios están en un estado más incipiente de instrucción, con lo que María Núñez Bolaños no debe tener muchas dificultades para ponerse al día con estas investigaciones e impulsarlas, sobre todo si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir el sumario de los cursos de formación.
Los ere, a menos del 40%
El caso de los ERE es diferente. Se trata de una investigación que se inició en enero de 2011, por lo que está a punto de cumplirse los cinco años de la instrucción. Aunque una parte fundamental de la investigación puede considerarse acabada, la que afecta al denominado “procedimiento específico” por el que se concedieron durante doce años ayudas por importe de 855 millones de euros y por el que fueron imputados ante el Tribunal Supremo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo cierto es que Alaya apenas ha completado el 40% de la investigación de las subvenciones bajo sospecha.
las prescripciones
La tan anhelada división de los ERE en tres grandes bloques, que la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo reclamando a Alaya y que no se ha materializado hasta la incorporación de la juez María Núñez Bolaños, plantea nuevos inconvenientes relacionados con la posible prescripción de los delitos. Entre los delitos que se investigan en los ERE está una presunta malversación de caudales públicos, en su variedad de “especial gravedad”, por lo que el plazo de prescripción sería de 15 años de acuerdo con el artículo 432.2 del Código Penal. Sin embargo, el período de la investigación abarca de los años 2000 a 2012, con lo que las primeras ayudas podrían estar ya prescritas. Según precisaron fuentes del caso, con la división de la causa en piezas separadas puede suceder que no se investiguen todas las ayudas o que incluso las anteriores al año 2005 puedan considerarse ya prescritas.
De hecho, la Fiscalía pidió en marzo de este año a Alaya que acordase el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito. Se trata de ayudas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla y la Fiscalía pidió el archivo de aquellas ayudas cuyo importe sea inferior a los 450.000 euros, “siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda” al auto de imputación dictado el 6 de febrero de este año hayan pasado “más de diez años”.
declaraciones y fianzas
Pero no sólo hay problemas de prescripción en el caso de los ERE. La nueva magistrada tiene por delante el laborioso trabajo de dividir la causa en los tres bloques, uno de ellos con más de 200 piezas –una por cada una de las ayudas concedidas a las empresas–, y debe además seguir tomando declaración a los imputados que surjan en este proceso, en el que hay ya implicadas 265 personas, de las cuales 60 son intrusos que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones sin tener derecho y sin haber trabajado en las empresas.
Una causa como los ERE genera además numerosos recursos, providencias y autos que ahora debe resolver la juez María Núñez Bolaños. La Fiscalía le pidió recientemente a la magistrada que fijara las fianzas civiles de 83 imputados en los ERE –casi un tercio del total–, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen. Esta es la complicada herencia que deja Alaya a Bolaños: una causa abierta y muy viva a la que le quedan años de instrucción.

Alaya, la gran ausente en el homenaje al secretario judicial

Jorge Muñoz | 16 de octubre de 2015 a las 7:11

jubilación secretaro

Mercedes Alaya fue la gran ausente en la comida-homenaje por la jubilación del secretario judicial Luis Rodríguez-Varo Valverde, quien en los últimos 35 años estuvo destinado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El secretario, que estuvo arropado por unas 75 personas -entre jueces, secretarios y funcionarios judiciales-, acompañó a Alaya en los 17 años en los que esta magistrada ha estado destinada en dicho juzgado.

La comida-homenaje coincidió con la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la salida de Alaya de la instrucción de las macrocausas, una decisión acordada previamente por el TSJA ante su patente falta de voluntad de colaborar con la nueva titular, la juez María Núñez Bolaños.  Ayer no era un buen día para Alaya, pero su ausencia en el homenaje fue muy sonada, dado que con anterioridad la magistrada había mostrado su intención de acudir al evento para compartir mesa con las personas con las que ha trabajado tan intensamente los últimos años.

Alaya además iba a estar ubicada en la mesa presidencial del acto, junto al secretario homenajeado el juez decano, Francisco Guerrero, y su antecesor en este órgano judicial, el magistrado Ángel Márquez, que instruyó en dicho juzgado el denominado caso Juan Guerra. El puesto de Alaya fue ocupado por María Núñez Bolaños, que aparece en esta imagen inmortalizando el acto mientras el secretario jubilado se dirige a los presentes.

Una caída motivada por errores propios

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2015 a las 5:00

Mercedes Alaya, sale ayer de la Audiencia con semblante serio tras conocer la decisión del TSJA.

Mercedes Alaya, sale ayer de la Audiencia con semblante serio tras conocer la decisión del TSJA.

El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo reprochó recientemente a los aforados que “abandonasen el tren en marcha” para subirse a otro distinto, en alusión a su renuncia de sus escaños y a la pérdida de su condición de aforados, lo que determinaba la vuelta de la instrucción al juzgado de origen del caso: el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El ex diputado del PSOE Gaspar Zarrías, uno de los afectados por las críticas del magistrado, respondió públicamente asegurando que no se bajó de ningún tren, sino que fue “empujado” de un tren en marcha por la resolución del instructor pidiendo el suplicatorio para procesarle. Si utilizamos el símil para describir lo que ha sucedido con la juez Alaya, habrá quien diga que la instructora ha sido víctima de una campaña, que ha sido arrojada en marcha del tren de las macrocausas, cuando en realidad es la propia Mercedes Alaya la que se ha bajado del tren.

Aquí no hay ninguna campaña para dejar fuera a Alaya, máxime si se tiene en cuenta que la Comisión del TSJAque ha decidido que se revoque la comisión de servicio a Alaya es la misma que en junio pasado acordó dejar en sus manos la instrucción de los ERE y el delito societario de Mercasevilla. Se trata de una Sala además que no puede ser tildada de sospechosa, puesto que de los ocho miembros que la componen, siete pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –el octavo miembro es el presidente, Lorenzo del Río– y ya se habían mostrado partidarios de que Alaya continuara con los ERE.
No hay que olvidar que fue la propia Mercedes Alaya quien puso en peligro su continuidad al frente de la instrucción de los macroprocesos al solicitar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla. Alaya comentó entonces en su juzgado que era una oportunidad que no podía dejar de pasar, puesto que en esta convocatoria salían de una tacada varias plazas y era más probable que lograra alguna, como así ocurrió.
Alaya estaba asimismo confiada en las promesas que, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le habían realizado respecto a que podía solicitar la plaza puesto que luego podrían asegurarle que seguiría con la investigación de las macrocausas. Una garantía en la que Alaya confió y que, visto lo visto, no tenía mucha fuerza, por no decir ninguna.
Ese fue el primer error de Alaya, confiar en las promesas de algún vocal del máximo órgano de Gobierno de los jueces elegido a propuesta del PP, el partido que ha durante los últimos cuatro años ha intentado rentabilizar políticamente los distintos avances de la instrucción de los ERE en forma de imputaciones de altos cargos del PSOE y, en su grado máximo, con la implicación en la causa de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Segundo error. La postura de abierto enfrentamiento con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños. Alaya, posiblemente inspirándose en esas promesas firmes que llegaban desde Madrid, no intentó ningún acercamiento a esta magistrada que, como nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, era la competente para la organización y distribución del trabajo en el juzgado, así como del reparto de las macrocausas que tanto interés tenía Alaya en acabar.
Alaya no podía ser ya la directora de orquesta de las macrocausas y estaba obligada, como le dejó bien claro el TSJA, a colaborar con la instructora. Pero Alaya, lejos de mostrar esa colaboración, redactó un informe que envió directamente al Consejo General del Poder Judicial criticando con dureza a la juez Bolaños, de la que reprochó su supuesta falta de preparación para instruir los grandes sumarios y su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera.
Dos grandes errores de cálculo que han acabado con la etapa de Alaya como instructora. Las macrocausas pierden una juez con una gran capacidad de trabajo, algo que es innegable. Se va la juez incansable, como ella misma llegó a definirse en un auto. Se va la más grande, terminología que acuñó uno de los abogados personados en las distintas macrocausas para definir algunas de las actuaciones de una juez que sabe hilar sus argumentos para avanzar a posiciones a las que otros jueces no serían capaces de llegar o ni siquiera de plantearse.
De la salida de Alaya se beneficia la Audiencia de Sevilla, donde muchos de sus compañeros destacan la gran capacidad de trabajo y resolución de esta magistrada, que es capaz de trabajar durante horas sin hacer ninguna pausa. La Alaya instructora dará paso ahora a la Alaya juez de la Audiencia.

Más madera para los ERE

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2015 a las 6:00

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

Tengo que confesar que tras leer el reproche del instructor de los ERE a los aforados que renunciaron a sus actas, a los que criticó haber “abandonado en marcha el tren de esta instrucción” para subirse a otro ajeno, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las imágenes de Los hermanos Marx en el Oeste y aquella mítica frase de “Traed madera… es la guerra”. El instructor Alberto Jorge Barreiro recurrió a esa alegoría del tren en marcha para rechazar las alegaciones de dilaciones indebidas e indefensión del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
El magistrado argumentaba que la decisión de los imputados aforados de renunciar a sus actas –también lo hicieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y recientemente el ex diputado José Antonio Viera– que obliga a devolver la causa de los ERE al juzgado de Sevilla es una opción que “no todos los justiciables tienen”.
El juez se refiere a Zarrías como el “imputado quejoso” y considera cuestionable que después de saltar de ese tren se queje precisamente de que no se ha resuelto sobre su petición de archivo, porque “si se abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado”.
La defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se apresuró ayer a contestar al instructor. “Zarrías no se ha bajado de ningún tren. Más bien fue empujado de un tren en marcha por una resolución del instructor, por la que instaba la petición de suplicatorio contra él”, aseveraba el letrado utilizando el mismo símil y criticando que no se le permitió impugnar esa resolución, por lo que se le “negó un derecho que tienen el resto de imputados del Estado español, pero que, al parecer, no tienen los aforados”.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

No es la primera vez que en el caso de los ERE se utilizan este tipo de comparaciones. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán llegó a decir, en relación con lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con el uso de las transferencias de financiación, que “si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”.
Otro de los imputados, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pidió expresamente declarar en la causa especial abierta ante el Tribunal Supremo para rebatir las declaraciones de los ex presidentes Chaves y Griñán, al entender que éstos habían derivado su responsabilidad en el fraude de los ERE. Manuel Gómez aseguró entonces que el Gobierno andaluz, con el respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como “espectador mudo” la Cámara de Cuentas de Andalucía, “actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara todos los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la política de tráfico”, argumentó el funcionario.

Más allá de las comparaciones y de las alusiones cinematográficas, lo importante no es qué tren procesal, siguiendo la terminología del instructor del Supremo, van a coger los aforados imputados, sino quién dirige la locomotora, quién será en este caso El maquinista de la General –otra genial comedia de trenes– y el destino final de la misma.

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

 

Con unas elecciones generales en diciembre y la pérdida de la condición de aforados de los ex altos cargos, la investigación estaba abocada a volver al juzgado de Sevilla, donde el TSJAy el CGPJ siguen mareando la perdiz sin decidir qué maquinista quieren que esté al frente de la instrucción. ¿Quién gritará traed madera, es la guerra? ¿Mercedes Alaya o María Núñez Bolaños? Ésta es la incógnita que siguen sin resolver los órgano de gobierno de los jueces. Sea quien sea la que dirija el tren, lo que está claro es que al caso de los ERE le queda aún muchas paradas…

La Fiscalía baja el balón de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de septiembre de 2015 a las 6:00

Se veía venir desde hace tiempo. La Fiscalía de Sevilla ha presentado esta semana su escrito de conclusiones provisionales en el caso Betis, en el que reclama una condena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,6 millones de euros para Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida (o alternativamente dos años de prisión por un delito continuado de administración desleal).

Más allá de la petición de condena, que podría posibilitar un acuerdo para evitar el juicio, el escrito del Ministerio Público es importante por cuanto viene a tumbar parcialmente las tesis que han mantenido los peritos que estudiaron el caso y la magistrada Mercedes Alaya, que inició la investigación hace siete años. Decía Alaya, siguiendo a los peritos, que Lopera se había apoderado de 25 millones de euros, lo que llevó a la magistrada a imponerle una fianza de 33 millones (los 25 más el tercio legal).

loperaSin embargo, la fiscal Margarita Viera, en un detallado y complicado informe -para los no expertos, como es el caso del que escribe- de 24 páginas reduce el posible perjuicio al Betis por los contratos con las empresas de Lopera (Tegasa y Encadesa) a poco más de tres millones, al contabilizar una serie de gastos de estas sociedades que los peritos no tuvieron en cuenta. De 25 (o 33 millones) a sólo tres hay un gran trecho.

Pero el Ministerio Público va mas allá al considerar que no hay delito en relación con las actuaciones de Lopera entre los años 1993 y 1999, periodo sobre el que las conclusiones de los peritos llevaron a la juez a adoptar las medidas cautelares de 2010, con la intervención judicial del Real Betis y la paralización de la venta del paquete de acciones a Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver.

¿Quiere esto decir que la Fiscalía no cree que Lopera no cometiera ningún delito? No. Lopera no es inocente para el Ministerio Público. La Fiscalía, como garante de la legalidad del procedimiento, lo que hace es ajustar la gravedad de los hechos que se le atribuyen al criterio que considera adecuado y que, como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de la tortuosa instrucción, supone una gran discrepancia con la tesis de Alaya.

Hay incluso media docena de hechos en los que la fiscal no aprecia delitos: la mencionada venta de acciones a Bitton Sport, el traspaso de Roberto Ríos, los pagos por la obras del Estadio por el que la juez le atribuyó una apropiación de más de siete millones de euros, etc.

Hay otro aspecto destacado en la acusación pública a Lopera. La Fiscalía ha pedido que se aprecie una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, en relación con las dilaciones producidas en el procedimiento y que no pueden achacarse al procesado. Es curioso como la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, agradeció en un comunicado la “celeridad” con la que había tramitado la causa la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. En este caso, evidentemente, no hubo ninguna alusión a la labor de la juez Alaya, la magistrada que instruyó el sumario.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La fiscal jefe mostró su “satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad”.

Lo cierto es que el escrito de la Fiscalía abre las puertas a un posible acuerdo con Lopera, que podría pagar la indemnización y reducir la pena hasta un punto en el que pudiera evitar la cárcel. No  sería la primera vez. Lopera ya llegó a un pacto en 2005 con la Fiscalía por el que aceptó una condena de 14 meses de prisión por dos delitos fiscales. ¿Y qué harían la acusaciones particulares? ¿Se van a arriesgar a una posible condena en costas en caso de que el acusado saliera absuelto? Un nuevo acuerdo es una posibilidad nada desdeñable. La historia podría repetirse, sobre todo después de que la Fiscalía haya badajado el balón que en su día lanzó al aire Alaya…

Una de cal y tres de arena para Alaya

Jorge Muñoz | 20 de septiembre de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

Semana de noticias contradictorias para la juez Alaya, que ha recibido una de cal y tres de arena. Me explico. La expresión dar una de cal y otra de arena procede de los elementos de la argamasa o mezcla que se utilizan en la construcción (la cal, como elemento más caro y noble, frente a la arena, más abundante y menos importante). Esta expresión se usa en el lenguaje popular para indicar la alternancia de los aspectos positivos y negativos, de la misma forma que se mezclaban esos materiales para la construcción.
Sin duda alguna, la noticia positiva para Alaya es el archivo por parte del TSJA de la querella que presentó contra ella el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver por su instrucción en la investigación de los delitos que se atribuyen al ex mandatario Manuel Ruiz de Lopera. El Alto Tribunal, después de analizar los casi 200 folios de la querella, ha coincidido con la Fiscalía en que Alaya –que al parecer estuvo preocupada al principio por esta querella– no prevaricó en las resoluciones del caso Betis, incluso cuando autorizó los pinchazos del teléfono de Oliver y grabó hasta 11 conversaciones con su abogado. El carpetazo a esta querella contrasta con los tres varapalos que ha recibido la juez Alaya en relación con su labor instructora en el caso de los ERE fraudulentos y la investigación por el supuesto amaño del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla.
La Sección Séptima de la Audiencia, la misma en la que Alaya está destinada desde junio pasado mientras se resuelve sobre si volverá a investigar alguna de las macrocausas, es la que ha corregido dos actuaciones de la magistrada sobre los ERE. En el primero de los casos, en un auto que se conoció a mediados de esta semana, los compañeros de Alaya le dieron la razón a la Fiscalía Anticorrupción al acordar, en contra del criterio de la juez, la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que declaren como peritos los autores del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y que declaren dos interventores generales, uno de los cuales ya está imputado en este macroproceso. El segundo varapalo ha sido el rechazo a la investigación de posibles responsabilidades del Parlamento, un auto que por cierto se ha dictado 18 meses después de que fuese recurrido.
Y por último, la Sección Primera ha revocado la fianza de 33 millones que Alaya fijó para los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla.

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Se confirman los temores de las defensas

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2015 a las 6:00

guerrero

El ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo nuevas imputaciones en el caso de los ERE fraudulentos no sólo es importante por el hecho de que una de las personas cuya imputación se solicita fuese ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer Gobierno de Aznar. En ese documento, la Fiscalía viene a confirmar los peores temores que la división del caso de los ERE conlleva, desde la óptica de las defensas de los principales imputados.
Los abogados se han opuesto al troceamiento de la macrocausa porque, según entienden, la división haría que muchos de los imputados, sobre todo los altos cargos, tendrían que someterse a muchos juicios, incluso centenares, en función de las distintas piezas separadas que pudieran abrirse.
Y esos temores se han hecho realidad con el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que entre las 25 personas cuya imputación se solicita en la pieza que se abrirá sobre “Graficromo y Taller de Libros” una buena parte son ex altos cargos que ya estaban imputados en el caso de los ERE. De esto se desprende que el Ministerio Público irá solicitando, en función de su presunta participación en los hechos, del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), así como ex viceconsejeros o ex altos directivos de la agencia Idea, que actuaba como caja pagadora de las ayudas de los ERE.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó por primera vez la división de la causa, varios abogados defensores, como por ejemplo Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados, o Fernando de Pablo, que defiende a Javier Guerrero, ya se opusieron a la misma, al considerar que esa separación afectaría a la “penalidad, dado que al investigarse delitos continuados, un imputado sólo puede ser acusado una sola vez y resultar condenado a una sola pena”. La división, según las defensas, haría que algunos imputados podrían ser imputados decenas de veces y, consecuentemente ser condenados “a penas astronómicas”. Según los abogados, desmembrar los ERE supondría un problema mayor porque acarrearía la “indefensión” de los procesados.
La separación de la macrocausa de los ERE que ha acordado la juez María Núñez Bolaños, en contra del criterio que siempre mantuvo Mercedes Alaya, cuenta no obstante con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que es la garante de la legalidad del procedimiento judicial, y de todas las instituciones judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta el Tribunal Supremo, que ha advertido del grave riesgo y los problemas de las macrocausas.

El laberinto del caso Alaya

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2015 a las 6:00

alaya-bolañosLo que parecía un destino provisional en la Audiencia de Sevilla para sólo unos días, o como mucho para varias semanas, se antoja cada vez más definitivo para la juez Mercedes Alaya. Su intención de seguir a toda costa con la instrucción de la totalidad de las macrocausas y el hecho de que no haya dudado lo más mínimo en lanzar severas y aparentemente injustificadas críticas contra su sustituta, la juez María Núñez Bolaños, y contra el magistrado Álvaro Martín, que en los últimos años ha asumido en silencio la tramitación de los asuntos ordinarios del juzgado número 6 mientras Alaya se dedicaba en exclusiva a investigar los grandes procesos –los mismos que le han permitido acaparar los grandes titulares y la han convertido en una juez mediática–, parece que han acabado por apartarla cada vez más de esas investigaciones a las que tanto empeño y esfuerzo ha dedicado en el último lustro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Lorenzo del Río están envueltos desde junio pasado en un peligroso juego del tiki-taka en el que nadie se atreve –o quizás no le dejan– ponerle el cascabel al gato. Esta misma semana el máximo órgano de gobierno de los jueces volvió a pasar la pelota al tejado de Lorenzo del Río, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se acordó dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Según fuentes del CGPJ, la solicitud de este nuevo informe viene motivada porque la juez Bolaños ha decidido, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJAy el propioTribunal Supremo, que también preside Lesmes. Pero no nos equivoquemos, lo que está ocurriendo con la falta de resolución en este caso no se trata exclusivamente de un problema de burocracia judicial, porque encierra una serie de tensiones jurídico-políticas mucho más complejas.
Aquí nadie quiere pasar a la historia como el órgano que apartó a la juez Alaya, que sigue gozando de un merecido prestigio social, de la investigaciones que mantienen en jaque a un grupo de importantes dirigentes o ex dirigentes políticos y del mundo económico y social.
El último informe de la Sala de Gobierno del TSJA, que la Comisión Permanente del CGPJ lleva mareando desde hace meses sin adoptar una resolución, ponía el acento sobre el hecho de que después de las críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.
¿Y qué panorama se vislumbra ahora tras el nuevo informe solicitado por el CGPJ? Uno nada esperanzador, en el que, en el mejor de los casos, no habrá resolución para este laberinto hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, más de tres meses después de que la juez Alaya se haya incorporado a su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, conocida popularmente en los ambientes jurídicos como el Kremlin y cuyos magistrados opusieron inicialmente reparos a la llegada de Alaya porque esta Sala tiene precisamente encomendada la resolución de todos los recursos derivados de la instrucción del caso de los ERE.

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

Y la resolución de este laberinto puede retrasarse hasta bien entrado el otoño porque, en principio, la Sala de Gobierno del TSJA no abordará hasta su reunión del próximo 22 de septiembre la nueva petición del CGPJ y, a partir de ahí, las opciones vuelven a multiplicarse. Para empezar, el tribunal andaluz podría volver a plantear a la juez María Núñez Bolaños –que no debe olvidarse es la juez natural predeterminada por la ley para investigar todas las macrocausas dada su condición de titular del juzgado– que dé su opinión sobre cómo debe repartirse la investigación de la causa de los ERE tras la división de este sumario. Es decir, aunque el TSJAatribuyó a Alaya dicha investigación mientras el CGPJ ratificar la distribución del trabajo, la opinión de la titular del órgano debe tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Supongo que Bolaños no va a entregar a Alaya, al menos sin plantear batalla, la pieza más golosa de los ERE, la del denominado procedimiento específico, en la que se incluyen, entre otros altos cargos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya investigación debe volver al juzgado sevillano al haber perdido su condición de aforados.
Cuando el TSJAresuelva, su propuesta deberá ser ratificada por el CGPJ, pero tal y como se está dilatando el proceso, el puzle no se resolverá hasta bien entrado el mes de octubre. Se habrá perdido un tiempo inestimable en una ya de por sí interminable y monstruosa instrucción judicial.