Archivos para el tag ‘juez Alaya’

Alaya se prepara para el relevo

Jorge Muñoz | 14 de junio de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaAlaya ya lo tiene todo prácticamente preparado para su traslado a un nuevo despacho, ante la inminente llegada de la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que tiene hasta el próximo martes para tomar posesión del juzgado de los ERE.

En esta última semana, Alaya ha visitado su nuevo despacho, que está ubicado en la tercera planta de la sede judicial del Prado de San Sebastián -la más calurosa en esta época del año-, muy cerca de las dependencias del decanato y de la sala de juntas que se ha habilitado recientemente para su uso como sala de prensa. El despacho de Alaya, que no tiene por el momento ninguna rotulación, está junto a otro que tiene un cartel de “Psicología” y enfrente tiene el “aula de formación Arconte”, lo que no deja de ser curioso dado que esta magistrada instruye la macrocausa relacionada con el fraude en los cursos de formación. Al lado de este aula se encuentra el servicio de Orientación de Inmigrantes del Colegio de Abogados de Sevilla.

En los últimos días, aunque Alaya sigue en el despacho de la segunda planta que ocupa desde hace 17 años -desde julio de 1998-, se ha producido un importante trasiego de mobiliario hacia su nuevo despacho, al que se ha llevado hasta las sillas que habitualmente ocupan los imputados y abogados cuando toma declaración.

La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que esta semana ha estado realizando un curso de formación de jueces fuera de Sevilla, dispone hasta el próximo martes para tomar posesión. Una vez que tome posesión, Mercedes Alaya cesará oficialmente en la prórroga que se le concedió como titular del juzgado y a partir de ese momento tendrá que desplazarse a Granada para tomar posesión ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la comisión de servicio que se le ha concedido por seis meses.

Una vez que Núñez Bolaños tome posesión del juzgado, el lunes o el martes, Alaya le hará entrega de un “alarde”, un informe sobre la situación en la que se encuentra el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con reflejo de la estadística del juzgado, las causas en tramitación y otros asuntos de interés. A partir de ahí es cuando comenzará el verdadero conflicto por el reparto de las macrocausas.

En el acuerdo en el que se concedió la comisión de servicio a Alaya, la Sala de Gobierno del TSJA decidió además pedir a la juez María Núñez Bolaños que, dentro del plazo de cinco días desde su toma de posesión, remita a la Sala de Gobierno un “plan de actuación del juzgado y distribución de cometidos, con el consiguiente proyecto de ordenación de la concreta función de cada magistrado”. Es decir, el TSJA le pidió que dijera qué causas va a llevar Mercedes Alaya, qué cometido tendrá el otro comisionado -el juez Álvaro Martín-, y qué sumarios asumirá ella misma.

Aquí es donde está la madre del cordero, porque Alaya ya ha puesto de manifiesto por activa y por pasiva, y hasta en un informe remitido al TSJA, que quiere seguir instruyendo las tres macrocausas: ERE fraudulentos, cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA. Ese informe será entregado a la juez Núñez para que pueda valorar la propuesta de Alaya y decidir sobre el reparto del trabajo en el juzgado.núñez bolaños

El propio TSJA es consciente de que la convivencia entre los tres jueces que cohabitarán la próxima semana el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no va a resultar nada fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que Alaya es un “lobo solitario”, que no está acostumbrado para nada a trabajar en equipo, y que hasta ahora sólo ha dado órdenes pero no la ha recibido -no hay que olvidar que la nueva titular es la responsable del juzgado y que Alaya pasa a ser un refuerzo del mismo-. De hecho, la Sala de Gobierno ha hecho un llamamiento a la colaboración y al trabajo en equipo de la nueva titular y los dos comisionados, al poner de manifiesto “la conveniencia de valorar la posibilidad de establecer un plan de trabajo en equipo para el impulso y tramitación de las causas complejas que se siguen en el juzgado”, adoptando “las medidas de coordinación correspondientes”.

En el plan de actuación, el TSJA reclama a la juez Núñez que especifique “el consiguiente proyecto de ordenación de la concreta función de cada magistrado o equipo de apoyo, en aras a conseguir la adecuada y eficaz tramitación de las causas de que conoce el citado juzgado, dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo, conforme a los términos establecidos por el Acuerdo del CGPJ de 21 de mayo pasado”.

Se avecina un verano calentito, yo diría más bien tórrido, en el juzgado de los ERE. No olvidemos los incidentes que se vivieron en 2013 cuando Alaya regresó de su baja por enfermedad y coincidió con los dos jueces de refuerzo que envió el TSJA: los magistrados Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes…

Y Alaya rectifica…

Jorge Muñoz | 11 de junio de 2015 a las 14:50

Y Alaya ha rectificado, tan sólo un día después de inhibirse a favor de los juzgados centrales de la “Audiencia Provincial”, la juez ha dictado un nuevo auto que corrige el anterior y en el que la magistrada explica que se produjo un “error informático”, dado que lógicamente lo que pretendía era inhibirse a favor de los juzgados Centrales de la Audiencia Nacional. Así lo explica en el auto:

20150611_161125

Las prisas de Alaya…

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2015 a las 6:00

auto inhibiciónLas prisas no son buenas consejeras… y menos cuando se está dictando un auto. Es lo que le ha pasado a la juez Mercedes Alaya con el auto dictado este martes en el que se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional en la investigación relacionada con la trama de sobornos de Fitonovo, la denominada operación Madeja, en la que hay 88 personas imputadas.

En la parte dispositiva del auto puede leerse lo siguiente: “Se decreta la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los juzgados centrales de Ínstrucción de la Iltma. Audiencia Provincial en virtud de los razonamientos anteriormente expuestos” (sic). Nunca la ilustrísima Audiencia Provincial tuvo tan alto honor de compararse con la Audiencia Nacional.

Supongo que es un anecdótico error a la hora de transcribir la resolución de la juez Alaya, que a pesar de que estamos en la era de los ordenadores y de las tabletas electrónicas sigue pasando sus resoluciones manuscritas para que los funcionarios las pasen al sistema informático. ¿O tal vez le ha traicionado el subconsciente y Alaya estaba pensando en su futuro destino, la Audiencia Provincial, una vez finalice su etapa como comisionada en el juzgado?

 

Un ‘equipo’ para un “lobo solitario”

Jorge Muñoz | 9 de junio de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya

El acuerdo del TSJA que permite que Mercedes Alaya siga como juez de refuerzo anticipa que la situación en la que queda el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a ser cuanto menos conflictiva. Resulta muy llamativo el párrafo del acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJAen el que pone de manifiesto a la nueva titular, María Núñez Bolaños, y a los dos comisionados propuestos –Alaya y el juez Álvaro Martín, que lleva desde hace dos años trabajando en el juzgado llevando los asuntos ordinarios y las guardias– la “conveniencia de valorar la posibilidad de establecer un plan de trabajo en equipo para el impulso y tramitación de las causas complejas que se siguen en el juzgado”.
Bonitas palabras para un acuerdo institucional, pero que en realidad muestran que el TSJA no tiene claro que vaya a existir una convivencia pacífica en el juzgado de Instrucción número 6, ya sea por el carácter de unos o por los otros.

Tiempo atrás, cuando Mercedes Alaya era la titular del juzgado ya demostró que lo suyo no es formar equipos, sino todo lo contrario, actuar como un auténtico lobo solitario. Ocurrió en marzo de 2013, nada más incorporarse de la baja por enfermedad que la tuvo apartada durante seis meses. Alaya se encontró con un juzgado en el que había dos jueces de refuerzo –Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes–.

La loable intención del TSJA, como sucede ahora, era la de agilizar la instrucción de las macrocausas y evitar que estos procesos pierdan eficacia por las dilaciones de una inabarcable instrucción. En aquel momento, Alaya se negó a repartir las macrocausas con los otros dos jueces, que acabaron marchándose del juzgado. En su lugar llegó el juez Álvaro Martín, que desde entonces ha reforzado el juzgado.
núñez bolaños

La juez Núñez no lo va a tener nada fácil. El TSJA le ha enviado el informe que remitió Alaya argumentando que ella debe seguir instruyendo las tres macrocausas –ERE, cursos de formación y avales y préstamos de Idea– y le ha pedido que una vez que tome posesión, establezca “un plan de actuación y distribución de cometidos”. María Núñez es la juez natural y por tanto la que puede distribuir el trabajo, pero la pregunta es si estará dispuesta a darle a Alaya todo lo que pide, que no es poco.

Hay quien apunta ya, en contra de cualquier pronóstico inicial, que con este acuerdo de distribución de las causas –que no olvidemos debe avalar la Sala de Gobierno del TSJA–, Alaya podría mantener incluso el control sobre la causa de los cursos de formación, que es en definitiva el asunto más jugoso que actualmente se investiga en este juzgado. Verano calentito el que se espera en el juzgado número 6, porque en principio el acuerdo a tres bandas parece complicado, por no decir imposible.

¿El final de Alaya?

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2015 a las 6:31

CASO ERE Mercedes Carmen Alaya Rodriguez, tambien conocida como Mercedes Alaya

La trayectoria de Alaya como juez estrella, instructora de grandes macrocausas, tiene los días contados. Eso es lo que se desprende del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer avaló el plan de refuerzo propuesto por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para fortalecer el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con dos jueces en comisión de servicio. Nada se incluyó en ese acuerdo, en contra de lo que esperaba Mercedes Alaya, de que alguna de estas comisiones de servicio estuviese vinculada directamente a la instrucción de las tres macrocausas que la juez mantiene abiertas por el caso de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por Idea.
Alaya deberá entenderse, si tiene intención de seguir instruyendo alguna de las macrocausas, con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que será tan pronto como tome posesión del juzgado, algo que se espera para la semana que se inicia el 8 junio, la juez natural predeterminada por la ley y la responsable de todos los asuntos que se tramitan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La juez no sólo deberá entenderse con María Núñez Bolaños sino que, en caso de discrepancia o controversia, siempre se impondrá el criterio de la titular. Basta recordar lo que ocurrió hace unos años, cuando a su regreso de una baja por enfermedad, Alaya se encontró con la imposición de dos jueces de refuerzo (Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra) y ante la petición del TSJA de que llegaran a un acuerdo para el reparto de las macrocausas, Alaya hizo valer su condición de titular del juzgado para seguir instruyendo en exclusiva las macrocausas, rechazando incluso el refuerzo de uno de estos magistrados y permitiendo que siguiera el otro para llevar los asuntos ordinarios del juzgado, como las guardias y los juicios de faltas.
Alaya está ahora en una posición de debilidad, en la que ella se colocó cuando decidió solicitar la plaza de la Audiencia de Sevilla, que pidió por propia voluntad. No depende de sí misma. Ya no es la que dirige el juzgado, sino la invitada, y como tal debe someterse al criterio de la juez titular.
La decisión el CGPJ evidentemente no ha sentado nada bien a la juez Alaya, que hace tan sólo unas semanas adelantó al TSJA su intención de mantener la instrucción de las tres macrocausas, un deseo que resulta ya imposible que prospere.
La incógnita que se plantea ahora es, si tras el acuerdo del CGPJ, Alaya va a mantener su decisión de solicitar formalmente la comisión de servicio cuando se abra el plazo oficial o, por el contrario, arrojará la toalla y decide marcharse a la Audiencia de Sevilla, a la Sala conocida con el apodo de el Kremlin, la Sección Séptima que preside el magistrado Javier González y que ya planteó su “preocupación” por la llegada de esta magistrada dado que este tribunal es el encargado de resolver todos los recursos del caso de los ERE fraudulentos.
Algunos apuntan a que Alaya no está dispuesta a quedarse sólo con los ERE, que no quiere dejar la causa de los cursos de formación, pero la investigación de este sumario no ha hecho prácticamente nada más que comenzar, por lo que sería más lógico que la juez con vocación de permanencia en el juzgado –la nueva titular– se hiciera cargo de la instrucción.
Está claro que Alaya no pasa por su mejor momento. El varapalo del CGPJ, el fuego amigo, le llega en un momento en que su actuación en la instrucción del caso Betis ha sido cuestionada en forma de querella criminal cuya admisión a trámite o no está pendiente de la decisión del TSJA y del informe que haga la Fiscalía Superior de Andalucía. Todo apunta a que Alaya, la juez incansable, se irá en unas semanas a su nuevo destino. Alaya será historia, la historia del escándalo que supo destapar como ningún otro juez pero que no pudo o fue incapaz de cerrar.

Alta tensión por el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de mayo de 2015 a las 6:00

0001407253_x440_jpg000

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

A Alaya le crecen los problemas. Cuando aún no está nada claro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a concederle una comisión de servicio para que continúe investigando las tres macrocausas, la juez se acaba de encontrar con una querella por presunta prevaricación en relación con el denominado caso Betis, que Alaya comenzó a investigar hace siete años en una instrucción plagada de polémicas. La querella del ex consejero delegado del Betis Luis Oliver ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha abierto una “causa especial” contra Alaya y ha designado como ponente de tramitación al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, que se ha incorporado recientemente a la Sala.

La admisión o no de la querella contra Alaya está pendiente ahora del informe que debe realizar la Fiscalía Superior de Andalucía, que tiene que emitir un informe pronunciándose precisamente sobre si hay fundamento o no para admitir la querella e investigar una actuación supuestamente irregular de la juez. Ese dictamen no estará en principio hasta después de las elecciones municipales del 24-M, dado que el Ministerio Público debe examinar de forma exhaustiva los 192 folios en los que Oliver denuncia las decisiones de la magistrada que considera arbitrarias.

Para echar más leña al fuego, la Audiencia de Sevilla ha decidido estimar la recusación planteada contra uno de los jueces que hasta ahora estaba resolviendo todos los recursos contra las decisiones tomadas por Alaya. Se trata del magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ha sido apartado del caso por ser sobrino de uno de los socios de la Liga de Juristas Béticos, que actúa como acusación particular en la causa contra Manuel Ruiz de Lopera.

Mientras la Fiscalía Superior de Andalucía estudia el asunto, el futuro de Alaya al frente de las macrocausas sigue siendo una incógnita, dada la guerra abierta en el seno del CGPJ respecto a si la juez debe terminar las investigaciones o marcharse a su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, una plaza que no hay que olvidar solicitó de forma voluntaria la propia instructora. Nadie puede ahora mismo poner la mano en el fuego sobre lo que ocurrirá con la juez.Unos días hay fuentes que apuntan que Alaya podrá seguir instruyendo las macrocausas al menos durante seis meses -que se le concederá una primera comisión de servicio- y otros días, en cambio, dicen que el CGPJ se inclina por no conceder dicha comisión, con lo que Alaya estaría previsiblemente a mediados de junio próximo en su nuevo destino de la Audiencia de Sevilla.

Los contactos y las presiones al más alto nivel, al nivel del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no cesan. Dicen que son muchas las llamadas que recibe relacionadas con este asunto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reconocido que ha hablado con el presidente del CGPJ, en el marco de una relación “institucional y cordial”, pero ha negado presiones para apartar a Alaya del juzgado.

núñez bolaños

La juez María Núñez Bolaños, nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

En esa guerra de alta intensidad que se libra en el máximo órgano de gobierno de los jueces, unos intentan que se aparte a Alaya de las macrocausas que llevan bombardeando al Gobierno andaluz desde hace ya casi cinco años, y otros, en cambio, pretende que la magistrada siga adelante hasta finalizar su labor. 

Y en medio de esta escena entra la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y, precisamente por ese motivo, juez natural para conocer las causas y macrocausas asignadas a este órgano judicial. Si esta magistrada no llega a un acuerdo con Alaya para el reparto de las macrocausas, volverá a verse un espectáculo como el que protagonizó en su día la propia Alaya, cuando se negó a compartir los grandes casos con los dos jueces de refuerzo que le había enviado el TSJA (Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes), y que acabó con la salida de ambos refuerzos del juzgado y ella manteniendo su supremacía en todas las macrocausas. Alaya hizo valer entonces su condición de juez natural predeterminada por la ley para la instrucción de los macroprocesos, un principio que ahora parece haber caído en el olvido con la llegada de Núñez Bolaños.

A estas alturas y con todo lo que se ha dicho cabe pensar que ni Alaya está segura de dónde estará prestando servicio dentro de unas semanas.

 

Alaya, la monja de los ERE y el corte de luz

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2015 a las 6:00

La religiosa, ayer con los abogados Juan Carlos Alférez y Miguel Villegas

La religiosa, ayer con los abogados Juan Carlos Alférez y Miguel Villegas

Una instrucción tan prolongada como la de los ERE fraudulentos, que lleva ya más de cuatro años en investigación, da lugar a que se produzcan multitud de anécdotas. La última se produjo precisamente ayer cuando la juez Mercedes Alaya tomaba declaración como imputada a la religiosa Carmen Muñoz Rivas, que pertenece al convento de clausura de las Jerónimas de Constantina (Sevilla). La religiosa, cuya vocación le llegó tras haber sido presidenta de la cooperativa textil Megara, que recibió 44.000 euros de ayudas de la Junta, comparecía ante la juez incansable cuando se produjo un apagón.

El suministro eléctrico se interrumpió en todo el edificio de los juzgados del Prado de Sevilla, lo que algunos interpretaron como un aviso divino a la juez Mercedes Alaya, por haber imputado en el caso de los ERE fraudulentos a una religiosa. La electricidad volvió a los cuatro minutos -en realidad el corte se debía al aumento del consumo debido a que los aires acondicionados se colocaron a máxima potencia, coincidiendo con el día de mayor temperatura del año- y así pudo continuar la comparecencia de la novicia. Los chascarrillos sobre el corte de luz se extendieron entre los abogados. Una juez a la que algunos no dudan en calificar de “divina” y que se enfrentaba, por primera vez tras tomar declaración a 262 imputados, a una monja. Con la Iglesia hemos topado, debió pensar Alaya. Ni Alaya puede con las órdenes religiosas, debió pensar alguno de los abogados asistentes a tan singular encuentro.

La juez Mercedes Alaya.

La juez Mercedes Alaya.

Sea como fuere, la religiosa no se confesó ante Alaya, prefirió mantener su voto de silencio, lo que traducido en términos legales significa que se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Quien sí habló fue su abogado, que dijo que la religiosa mantiene su inocencia y confía “plenamente” en la Justicia, aunque no declarara, algo que tampoco debe extrañar porque ya son muchos los imputados, sobre todo en esta recta final de la declaración, que están acogiéndose a este derecho, prevenidos por los vehementes interrogatorios de la instructora.

Pero no fue la única anécdota que protagonizó la religiosa, quien tras abandonar los juzgados se acercó a la periodista Mercedes Benítez -que en su día publicó su imputación en el escándalo de los ERE- y le hizo entrega de una carta en la que la religiosa la “perdonaba” por haber publicado una información que, según la imputada, le había causado un profundo dolor. Una cronista indultada. Sólo espero que sor Carmen no se moleste con este post….

La arriesgada apuesta de Alaya

Jorge Muñoz | 3 de mayo de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya ha demostrado en el último lustro que es una magistrada valiente, que no cede ante las presiones y que, como ella misma afirmó en su día en un auto, es una incansable. Con un pie en la Audiencia de Sevilla, al haber pedido de forma voluntaria una plaza de magistrado, Alaya ha solicitado ahora seguir instruyendo las tres macrocausas que aún siguen abiertas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea. La apuesta de Alaya es arriesgada y puede que, en esta ocasión, no se salga con la suya.

La lógica jurídica, que muchas veces ni es jurídica ni lógica, apunta a que lo razonable es que Alaya se quede para acabar la instrucción de los ERE, porque nadie como esta juez tiene actualmente tal conocimiento del voluminoso sumario como para rematarlo y la nueva titular, María Núñez Bolaños, que procede de un juzgado de Familia, necesitaría mucho tiempo para estudiarse esta macrocausa y además actualizar sus conocimientos en materia penal.

En cuanto a las otras causas, la decisión es más compleja porque las mismas están en una fase inicial de una instrucción que puede durar varios años, lo que cuestiona que sea Alaya y no la nueva titular del juzgado la que investigue estos asuntos. Porque no debe olvidarse el derecho al “juez predeterminado por la ley” que establece la Constitución Española en su artículo 24.2.

Si Alaya ya no es titular del juzgado a raíz de su decisión voluntaria –actualmente tiene una prórroga hasta la toma de posesión de María Núñez Bolaños-, su sustituta es la competente para la instrucción, salvo que se alcanzara al acuerdo y el consenso en el reparto de las macrocausas que propugna el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el acuerdo al que llegó esta semana la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz para reforzar el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con hasta tres jueces –dos en comisión de servicio con relevación de funciones y un tercero, si fuera necesario, que procedería de los jueces de adscripción territorial-.

La cuestión sobre si Alaya debe seguir o no está dividiendo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los que apuestan por la continuidad de Alaya, el ala conservadora, y los que quieren dejar el juzgado en manos de su nueva titular, los vocales progresistas.

El caso de Pablo Ruz

La polémica no es nueva, ya se repitió hace unos años cuando el entonces vocal del máximo órgano de Gobierno de los jueces y ex presidente de la Audiencia de Sevilla Miguel Carmona debía incorporarse cuando finalizara su mandato a su plaza en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Pablo Ruz llevaba años como juez de refuerzo investigando los casos Gürtel y Bárcenas.

Miguel Carmona recordó entonces que debe respetarse la figura del “juez ordinario predeterminado por la ley”, que en este caso era él una vez finalizara su mandato. Carmona dijo entonces que “sería imperdonable que por una precipitación” no se hicieran las cosas bien y eso diera lugar a posibles nulidades en un asunto de esta magnitud, al tiempo que pidió que se respete el principio del juez predeterminado por la ley y evitar que se pudiera decir que se ha actuado “con frivolidad o que se ha buscado un juez ad hoc“. Al final, Carmona fue nombrado juez de enlace en Reino Unido y Ruz continuó al frente del juzgado hasta la actualidad, cuando volverá a su juzgado de Móstoles al haber sido nombrado un nuevo titular, José de la Mata.

La situación relatada es parecida a la que se está gestando en el juzgado de Alaya. La apuesta de la magistrada de solicitar todas las macrocausas es, por tanto, arriesgada, porque puede ocurrir que el CGPJ o la juez titular no acepten que continúe con todas las investigaciones y mantenerla únicamente al frente de los ERE. Llegado el caso Alaya tendría dos opciones: aceptar quedarse con esa competencia limitada a una macrocausa o renunciar a la comisión de servicio y marcharse a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. Pero una renuncia de la juez a acabar el caso los ERE la dejaría en una mala situación de cara a la opinión pública, que tanto apoyo a su labor le ha manifestado estos años. Alaya, que en más de una ocasión ha demostrado que siempre va por delante de todo el mundo, seguro que ya ha barajado todas las opciones y sabe lo que debe hacer…

“Guerra” de alto nivel por el control de las macrocausas

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

 

El nombramiento de la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en sustitución de la juez Mercedes Alaya ha desatado una auténtica guerra por el control de las macrocausas como los ERE fraudulentos y los cursos de formación. Se trata de una batalla que se libra al más alto nivel, en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de Gobierno de los jueces en el que están representadas las distintas sensibilidades políticas.
La decisión de la juez María Núñez de optar exclusivamente a la plaza del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –cuando había salido otro concurso para cubrir la vacante del juzgado de Instrucción 17– despertó diversas suspicacias, sobre todo, porque muchos pensaban que esta plaza sería para Álvaro Martín, que refuerza el juzgado de Mercedes Alaya desde hace varios años.
La sorpresa fue mayor cuando el pasado martes, de forma inesperada, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se sacó de la manga un “ambicioso” plan de refuerzo del juzgado de Alaya, que incluye la creación de dos comisiones de servicio para este juzgado y la posibilidad de incorporar un tercer juez si fuera necesario, con lo que este juzgado podría contar con hasta cuatro magistrados, una vez incorporada la nueva titular.
A partir de ahí, la propuesta del TSJA, que no deja de ser eso, una propuesta hasta que la santifique el CGPJ –que puede introducir modificaciones–, ha generado múltiples planteamientos: desde los que apuntan a que Alaya no seguirá instruyendo las macrocausas hasta los que piensan que sí lo hará. De hecho, ayer se confirmó que la juez va a pedir la comisión de servicio para seguir al frente de las macrocausas, aunque se desconoce si podrá seguir con una o varias, dado que mantener la instrucción de las totalidad de los procesos que tiene abiertos se antoja como una utopía.
Ésa es la guerra que libran actualmente los sectores progresistas y conservador del CGPJ, partidarios los primeros de apartar o limitar la intervención de Alaya en el futuro de las macrocausas, por cuanto la juez tomó una decisión voluntaria al solicitar su destino en la Audiencia, mientras que los segundos apuestan por su continuidad.
Después de más de cuatro años al frente de la causa de los ERE fraudulentos, la “lógica jurídica” impone que Alaya debe continuar, al menos, investigando este macroproceso. Nadie mejor que esta juez está en condiciones de rematar la instrucción, por varias razones entre las que destacan su grado de conocimiento del complejo sumario. Que la nueva titular se haga con los ERE generaría un mayo retraso, porque de entrada necesitaría varios meses para ponerse al día y actualizar sus conocimientos en materia penal, tras una década en un juzgado de Familia.
Cuestión distinta es que Alaya pueda seguir con otras macrocausas, como los cursos de formación, que están en una fase más inicial de la investigación.
En unas semanas la guerra llegará a su fin y dará paso a la paz, cuando se haga la redistribución del trabajo en el juzgado.

Alaya calienta la declaración de Chaves en el Supremo

Jorge Muñoz | 13 de abril de 2015 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez incansable vuelve a hacerlo. A Alaya no le gusta pasar desapercibida ante una investigación en la que ha puesto tanta dedicación y empeño, y en la que ha sacrificado tantas horas de estudio. Y si de paso puede influir en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre cinco aforados, pues mejor. Y qué mejor manera que reafirmar con rotundidad sus argumentos que mediante un nuevo auto, el órgano de expresión del Alayismo. En este caso, la resolución fue dictada el pasado 8 de abril, la víspera de la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Aunque tiene esa fecha, el auto ha trascendido con posterioridad a la declaración de Griñán pero tan sólo dos días antes de que otro ex presidente, Manuel Chaves, haga su paseíllo por la sede judicial de Marqués de la Ensenada en medio de otra nube de cámaras y periodistas.

¿Y cuál es la novedad de la nueva resolución? La principal novedad es que Alaya extiende las irregularidades del caso de los ERE fraudulentos a la práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno de la Junta, al afirmar que hay “múltiples empresas públicas” de la Junta que también usaron de forma “ilícita” -según las conclusiones de la juez- las transferencias de financiación, lo que le lleva a determinar que no sólo las consejerías a las que estaban adscritas estas empresas públicas sino todo el “Gobierno de la Junta” estaba al corriente del fraude, porque “conocía expresamente” ese uso ilícito a través de las distintas memorias elaboradas por la Intervención General de la Junta.

El ex presidente Griñán afirmó en su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, el instructor del Supremo, que no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades pero sí admitió que le llegaban las memorias anuales de la Intervención, que incluían esas observaciones, y alegó en su defensa que su departamento actuó, mejorando los controles de las ayudas.

Supremo

El nuevo auto de Alaya viene a corroborar todas las acusaciones que en los últimos años ha ido acumulando la instructora y que ha reflejado en las exposiciones razonadas remitidas al Supremo y al TSJA, en las que ha implicado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta en el conocimiento de las irregularidades, haciéndolos partícipes del fraude y del menoscabo de los fondos públicos administrados por la Junta.

Con independencia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al magistrado del Supremo que no ha hallado documentos firmados por los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, Alaya con este auto sigue atribuyéndoles fuertes indicios sobre su intervención en los hechos, sobre todo, al primero, dado que del estudio de las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “Consejillos”, la juez sostiene que eran conocedores de los “generalizados incumplimientos” en torno a las transferencias de financiación por numerosas empresas públicas de la Junta, no sólo por el IFA/Idea que se encargaba del pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

A pesar de que no haya documentos firmados por Zarrías, Alaya detalla en el nuevo auto que a los consejillos llegó en varias ocasiones un proyecto de decreto, elevado en diciembre de 2000 por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, para tratar de regular el marco legal del pago de las ayudas sociolaborales, pero la Comisión “guardó en un cajón” ese proyecto y, en su lugar, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que significó el “pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la dirección general de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas”.

Además, Alaya señala que en los Consejillos se conocía la polémica partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, porque en dicha comisión se estudió la misma en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002 a 2009, y del análisis de las actas de las reuniones se deduce la “inclusión de nuevas medidas de control”, lo que lleva a la juez a considerar que los miembros de la Comisión “serían conscientes de los reparos y advertencias que la Intervención venía detectando en relación al uso que las empresas públicas hacían de las transferencias de financiación que recibían de las distintas consejerías y su incidencia sobre el presupuesto de la Junta”, pero a pesar de esas ampliaciones de los mecanismos de control a propuesta de la Intervención, “se seguiría haciendo caso omiso a los informes de Cumplimiento que la misma elaboraba”.

Los titulares de las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas públicas y el “Gobierno de la Junta”, prosigue Alaya, conocía expresamente el uso ilícito de las transferencias a través de las memorias de la Intervención, al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

La conclusión final de Alaya es demoledora: los titulares de esas Consejerías y el propio Gobierno de la Junta “menospreciaron” el contenido de los informes de la Intervención General de la Junta, “pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”.

Este auto de Alaya calienta aún más la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que está citado mañana a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, después de que Griñán admitiera que hubo “un gran fraude y algunos controles pudieron fallar”, aunque rechazara en rotundo la existencia de un gran plan detrás del caso de los ERE. Alaya trata de acorralar con sus resoluciones a los ex presidentes, a los que en su día preimputó en el escándalo. Sólo queda por saber si el instructor del Supremo tendrá en cuenta la nueva argumentación de Alaya.