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La juez incansable tiene cuerda para rato

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes AlayaSi alguien pensaba que Alaya se marcharía pronto del juzgado tras haber pedido una plaza en la Audiencia de Sevilla y que otro juez se haría cargo de la instrucción de los ERE y de las otras macrocausas, lo lleva claro. Para dicha de algunos y lamento de muchos –entiéndase de los centenares de imputados y aforados a punto de perder su privilegio–, la juez incansable tiene cuerda para rato. Y lo que es peor, si se analiza la situación desde la óptica de los que desearían un cambio de instructor, en los próximos meses se celebrarán tres procesos electorales en cuyas campañas puede irrumpir Alaya.

De hecho, la juez entró en la campaña de las últimas generales de la mano del veterano y ya ex diputado del PSOE Alfonso Guerra, quien realizó unas declaraciones sobre la supuesta “relación personal fuerte” de la instructora con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lo que motivó que Alaya recibiera el amparo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Antes habían sido las propias decisiones de la magistrada y el momento elegido para hacerlas públicas lo que situaron a Alaya en el ojo de la polémica, como sucedió en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. A tan sólo dos días de la jornada de reflexión de estos comicios, la juez notificó la citación a declarar como imputado del que fuera primer teniente de alcalde y socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en relación con la investigación abierta por la supuesta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla.

En la campaña de las últimas elecciones generales, Alaya volvió a actuar de una manera similar, al haber convocado a tan sólo dos días de la jornada de reflexión una vista para decidir sobre la imposición de una fianza a los 13 primeros imputados por el cobro irregular de prejubilaciones vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Alaya puede ahora irrumpir en las tres elecciones que se celebrarán a lo largo de 2015, a pesar de que muchos jueces defiendan que la decisión de realizar determinados actos y diligencias procesales en plena campaña electoral es fruto de la coincidencia, una coincidencia que, paradójicamente, el Tribunal Supremo y el TSJA van a evitar al anunciar que no se adoptarán decisiones relevantes para no interferir en los comicios. La pelota está ahora en el tejado de Alaya.

Los aforados ‘boomerang’

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2015 a las 5:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

La exposición razonada que la juez Alaya remitirá en breve al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre cuatro ex consejeros preimputados en el caso de los ERE fraudulentos –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio– se verá afectada por el adelanto de las elecciones andaluzas, que hará que estos cuatro diputados pierdan la condición de aforados, salvo en el improbable supuesto de que vuelvan a repetir como diputados autonómicos. La pérdida del aforamiento tendría un efecto boomerang sobre la competencia para la investigación y enjuiciamiento en su caso de estos ex consejeros, cuya instrucción retomaría la juez Alaya y el juicio se celebraría ante la Audiencia de Sevilla.
Si la presidenta de la Junta convoca ahora las elecciones para el próximo 22 de marzo, tres ex consejeros(Aguayo, Ávila y Vallejo) perderían el mismo día de la disolución del Parlamento andaluz su condición de aforado –de acuerdo con el artículo 101 del Estatuto de Autonomía–, mientras que Manuel Recio, al ser miembro de la Diputación Permanente, continuaría gozando del privilegio del aforamiento hasta el cese de funciones de este órgano –que vela por los poderes de la Cámara en periodos sin actividad y cuyos miembros serán renovados el próximo lunes en un pleno extraordinario– y la constitución del nuevo Parlamento, algo que podría tener lugar en torno al 16 de abril.
Hasta esa fecha es previsible que el TSJA no devuelva a la juez Mercedes Alaya la exposición razonada, aun cuando los cuatro ex consejeros hayan perdido ya su aforamiento. Según confirmaron fuentes del Alto Tribunal andaluz, lo normal es que no haya ningún pronunciamiento sobre la competencia hasta que se constituya la nueva Cámara, en cuyo caso el TSJAse dirigiría al Parlamento para que esta institución certifique que ninguno de los cuatro preimputados sigue estando aforado. El propio presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, explicó ayer que en el caso de que se convocaran elecciones, el comportamiento de los tribunales “suele ser el de no intervenir de ninguna forma”, lo que incide en que no habría una actuación judicial hasta mediados de abril.
Varias hipótesis podrían complicar aún más la situación porque, en el supuesto de que alguno de los cuatro ex consejeros no perdieran la condición de aforado –algo que ahora parece impensable por la decidida voluntad de la presidenta de marcar una clara distancia con todo lo que huele a corrupción–, habría una posibilidad de que el TSJAmantuviera la competencia si los magistrados entienden que existe “conexidad” en los delitos que se investigan, lo que haría que ese imputado aforado arrastrara a los otros ex consejeros hasta el Alto Tribunal andaluz.
El TSJA podría mantener la competencia para investigar y enjuiciar a los ex consejeros si estos mantienen su aforamiento hasta el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral, según ha establecido el pleno Tribunal Supremo en un acuerdo alcanzado el 2 de diciembre de 2014 y en el que resolvió que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia debía enjuiciar a dos ex diputadas que habían renunciado voluntariamente a sus actas y habían perdido, por tanto, su privilegio. El Supremo sostiene que en las causas con aforados la resolución judicial que “acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.
Todos estas circunstancias apuntan a los ex consejeros tendrán que pasar finalmente por el despacho de la juez Mercedes Alaya, porque aunque la magistrada ha pedido una plaza en la Audiencia de Sevilla, lo más probable es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le conceda al menos una comisión de servicio por un período de seis meses para intentar finalizar la instrucción de la macrocausa de los ERE.

El ex consejero caído

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2015 a las 6:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLas paradojas de la vida. Antonio Fernández, el que durante una década fuera consejero de Empleo de la Junta, ha pasado de dirigir las políticas en materia de Empleo y de ayudas laborales a no encontrar quien lo contrate, una vez que la juez Mercedes Alaya lo ha situado como un sospechoso habitual, al imputarlo en el caso de los ERE fraudulentos y en la más reciente investigación iniciada sobre las presuntas irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados por la Junta.
Después de cuatro años de investigación judicial y de haber pasado varios meses en prisión provisional, el ex consejero ha vuelto a tocar fondo. Ya no sólo es que muchos lo vean como un apestado o un cadáver político, sino que el ex responsable de Empleo se enfrenta a un enorme rechazo social y profesional, derivado del estigma que suponen las graves imputaciones que pesan sobre Antonio Fernández.
Para colmo, el ex consejero está abocado a la muerte civil, después que la instructora le fijara la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados y que alcanza los 807 millones de euros. Para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.
La penuria en la que el ex consejero se encuentra le ha llevado a dar un nuevo y desagradable paso, al tener que solicitar a la juez Alaya que acuerde una pensión mensual para hacer frente a sus “necesidades más básicas”.
Alfonso Martínez del Hoyo, que como fiel escudero acompaña al ex consejero en sus avatares judiciales, explica en un escrito dirigido a la instructora que su cliente se encuentra en una situación de “completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos”. El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la “benevolente y graciable ayuda” de su más próximos se vería abocado a la “pura indigencia”. ¡Quien te ha visto y quien te ve!
Lo más fácil en un caso como éste, con un ex consejero caído en desgracia, sería apuntarse al carro de los que pudieran pensar que Fernández está precisamente dónde debe estar, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto, aunque algunos lo hayan olvidado ya, es que aunque Antonio Fernández aparezca como unos de los principales implicados en el escándalo de los ERE fraudulentos, hay que recordar que en estos momentos sólo está imputado, por el momento no ha sido procesado, juzgado, ni condenado, por lo que debe ampararle la presunción de inocencia, un derecho de todo imputado que nunca debería quedar vacío de contenido.
El abogado del ex consejero lamenta que su ingreso en prisión supuso no sólo la “destrucción de su derecho a la presunción de inocencia”, sino que trajo como inevitables secuelas su despido y la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez.
Desde que recuperó su libertad, Fernández ha intentado volver al mercado laboral sin éxito y ha agotado todas las prestaciones posibles y ya no puede hacer frente a sus necesidades más básicas.
La defensa se ha visto obligada a pedir la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes a los que Fernández, como cualquier otro ciudadano, tiene que hacer frente cada mes: pago de hipoteca, recibos de luz, agua, gas, etc. Y una vez enumerados estos gastos cifra en 1.840 euros la pensión mensual que solicita a la juez y que reclama con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para “alimentación, vestido y consumo básico”.
Si Fernández ha pedido a la magistrada la pensión es porque seguro que se encuentra en un atolladero. La juez, antes de pronunciarse sobre la petición, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma. Haga lo que haga, la polémica está servida.

Alaya extiende el océano de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de diciembre de 2014 a las 6:00

Alaya, la juez incansable –como ella misma llegó a definirse–, sigue dando muestras de su incombustibilidad, aunque a veces en ese ánimo de abarcar lo inabarcable invada la competencia de otro juzgado. Su último auto, con sólo una extensión de tres folios, incluye una nueva bomba de racimo que detona sobre el sumario de los ERE fraudulentos –el que parecía bien encarrilado tras la exposición razonada remitida al Supremo– y que vuelve a salpicar las entrañas de la Junta de Andalucía en plenas fechas Navideñas –la resolución tiene fecha de la víspera de Nochebuena–.

La capacidad de trabajo de la juez es irreprochable, nunca me cansaré de reconocerlo, pero en el derecho español no caben las causas generales, como ésta que la juez parece abrir de nuevo, en este caso sobre las empresas públicas de la Junta donde Alaya quiere buscar los “paralelismos” con lo ocurrido en la agencia IDEA, que era utilizada como caja pagadora de las ayudas de los ERE y de esta forma se eludía, siempre según las tesis de la instructora, el control y la fiscalización previa de las subvenciones.

El problema de la nueva vía abierta por la juez Alaya es que la instructora ha decidido ampliar las pesquisas a algo de lo que ya se percató la Fiscalía Anticorrupción hace precisamente un año, cuando investigaba las presuntas irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo Invercaria y se topó con un informe de la Intervención General donde se ponían de manifiesto otros “defectos” a la hora de contabilizar las transferencias de financiación realizadas por nueve empresas públicas. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla abrió entonces nueve diligencias previas, una por cada una de las empresas públicas que usaron además el mecanismo de las transferencias de financiación.

Lo normal es que ahora la Fiscalía Anticorrupción recurra el nuevo auto de Alaya, porque en este caso la competencia para investigar los hechos correspondería a este otro juzgado que lleva más de un año tras la pista de esta nueva línea de investigación.

Alaya se queda sin plan Pive

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2014 a las 6:00

El coche que traslada a Alaya, tras las mejora de chapa y pintura...

El coche que traslada a Alaya, tras las mejora de chapa y pintura…

Ni plan Renove ni Pive. Alaya seguirá siendo llevada a los juzgados por los escoltas en el mismo Renault Clío que se ha venido utilizando hasta ahora. Eso sí, el vehículo ha recibido un lavado de cara que mejora algo la imagen. La Policía Nacional ha hecho un trabajo de chapa y pintura en el Renault Clío que traslada a diario a la juez Mercedes Alaya a los juzgados de Sevilla, bajo la custodia de  escoltas.

No sólo se le han quitado los numerosos golpes y arañazos que presentaba la carrocería y se le ha dado una capa de pintura completa al vehículo, sino que se han mejorado otros detalles estéticos, como el cambio del espejo retrovisor, que antes estaba en una situación verdaderamente impresentable.

Pero quizás lo más importante es que se ha arreglado el aire acondicionado, que ha hecho que en los últimos meses -antes de que llegara el frío- la juez y los escoltas tuvieran que soportar las elevadas temperaturas que se registraron hasta mediados de octubre pasado.

También se ha arreglado, aunque colocando un parche, las roturas de desgaste de la tapicería del vehículo.

Hace unos meses explicaba en este mismo blog que no parecía que un utilitario de este tipo fuese el más adecuado para llevar a una juez a la que se tuvo que fijar hace un año un servicio de escolta policial, después de que la magistrada fuese gravemente insultada por centenares de sindicalistas que se agolparon a las puertas de los juzgados de Sevilla para protestar por la detención de varios de sus líderes y exigir su puesta en libertad. Fue el propio decano de los jueces, Francisco Guerrero, el que trasladó a la Policía la necesidad de facilitar protección a la magistrada.

El estado que presentaba el coche en octubre pasado... antes de los arreglos

El estado que presentaba el coche en octubre pasado… antes de los arreglos

Como decía entonces, no se trata de una cuestión estética o de glamour, para nada, sino de seguridad, porque no parece en principio que este vehículo tenga la suficiente potencia como para poder sacar a la magistrada y a su servicio de escolta en un caso de apuro.

Seguro que a los escoltas de Alaya le vendría muy bien alguno de los vehículos que la magistrada ha entregado recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que puedan disponer de ellos, tras haber sido intervenidos en la última fase de la operación Madeja -la Enredadera-. Se trata de un Jaguar XF que intervenido a un funcionario de la Diputación de Sevilla implicado en esta operación, así como otros cuatro coches -dos de la marca Lexus y dos Toyota- incautados a la empresa Fitonovo, todo ello al considerar la instructora que los directivos de esta sociedad habían creado una “organización criminal” que pagar mordidas a funcionarios y cargos público a cambio de favores en la adjudicación de contratos.

Alaya no necesita que la lleven en Jaguars, Lexus o Toyotas, pero tampoco estaría de más que le hubiesen puesto un coche de gama media…. 

Alaya está más cerca de la Audiencia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2014 a las 6:00

JUEZA ALAYAEn el macroconcurso de 364 plazas que ayer aprobó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) figuran cuatro nuevas plazas para la Audiencia de Sevilla, que reforzarán con el quinto magistrado las cuatro secciones de lo Penal que hay en esta Audiencia (las secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima). La juez Mercedes Alaya, que investiga las macrocausas de los ERE fraudulentos, está interesada en optar a una de ellas, según el anunció que realizó en el mes de octubre a los funcionarios de su juzgado, a los que expuso que se trataba de la “última oportunidad” para poder lograr este destino.

Como ya hemos comentado en  alguna ocasión, que Alaya pueda optar a una de estas plazas no implica que la magistrada se marche de inmediato del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige desde 1998. Todo apunta a que, aun cuando Alaya pida una de estas plazas y la logre, seguirá durante un buen tiempo instruyendo los macroprocesos.

Para ello se trataría de buscar una fórmula similar a la que ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz continuar, en principio hasta marzo de 2015, con la instrucción del caso Gürtel o el conocido como el de los papeles de Bárcenas. Habrá Alaya para rato, aunque algunas fuentes apuntan a que la magistrada, una vez que obtenga plaza en la Audiencia de Sevilla -se trata de uno de los jueces que tienen más antigüedad-, podrá continuar en comisión de servicio durante cierto tiempo, todo ello con la finalidad de pueda finalizar su labor. Aunque las mismas fuentes apuntan a que lo normal es que se concedan como mucho dos comisiones de servicio, lo que haría que Alaya continuase al menos un año más al frente de estos sumarios, en el caso del juez Ruz su comisión de servicio ha sido prorrogada hasta en nueve ocasiones anteriores.

Algunas de las complejas investigaciones de Alaya, como el delito societario del Real Betis, se remontan al año 2008, hace más de seis años, mientras que otras como la de los ERE -en la que hay ya 229 imputados- están a punto de cumplir los cuatro años, mientras que las más recientes -los cursos de formación- están prácticamente al inicio de la investigación.

La estadística destroza a Alaya

Jorge Muñoz | 6 de diciembre de 2014 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla.

Si trasladásemos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea el Gobierno a la práctica y, en concreto, a los casos que instruye la juez Mercedes Alaya –recordemos que el proyecto quiere acabar con la “elefantiasis procesal” de los macroprocesos–, tendríamos un panorama desolador, con enormes causas algunas de las cuales se remontan a hace casi siete años, a 2008, como ocurre con el delito societario relacionado con la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Real Betis (diligencias previas 2172/2008).
Y digo desolador, estadísticamente hablando, porque en estos años en los que Alaya ha acaparado importantísimas y complejas investigaciones, la magistrada sólo ha finalizado de instruir una única causa –la del cohecho en Mercasevilla, que acabó con una condena de dos de los cuatro acusados–, otras dos está a punto de cerrarlas –la del caso Betis y las diligencias previas 5612/2009, relacionada con la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla–, y otras cuatro siguen en instrucción, una de ellas incluso no ha hecho nada más que empezar a andar: la de los cursos de formación (D. P. 966/2013).
A estas investigaciones se suman el delito societario de Mercasevilla (6143/2009), el caso de los ERE fraudulentos (174/2011), y la reciente operación Madeja o Enredadera (4720/2013). En siete años, Alaya ha tramitado siete procedimientos con este pobre balance en cuanto a la finalización de los procedimientos. La juez no ha cerrado ni la mitad de los procesos que tiene abiertos a pesar de la preocupación y de los avisos que le ha ido lanzando el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para que fuera finalizando los procedimientos, una vez que Alaya rechazó el segundo juez de refuerzo que se le ofreció.
El Gobierno plantea ahora fijar un límite máximo de hasta tres años para la instrucción de las macrocausas, aunque excepcionalmente prevé prórrogas para fijar un nuevo plazo si lo pide el fiscal o lo acuerda “de oficio” el juez .
Pero la demora en la tramitación de estas monstruosas causas no puede achacarse sólo a la actuación de los jueces, porque influyen otros factores no menos importantes como la falta de medios. De nada servirá esta reforma legal si no va acompañada de más jueces, más plantillas de funcionarios y de mejores dotaciones de medios materiales. La aplicación en la práctica de esta reforma es poco creíble. Lo veremos.

Alaya y la UCO, dos lobos solitarios

Jorge Muñoz | 30 de noviembre de 2014 a las 6:00

Varios agentes de la UCO en una operación de AlayaLa juez Alaya lleva casi cuatro años de estrecha colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Mercasevilla, los ERE, la operación Enredadera y ahora la causa sobre las irregularidades en los cursos de formación son algunas de las investigaciones en las que han participado los agentes de esta unidad de élite. En este tiempo, Alaya y la UCO han llegado a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanza sus objetivos.
Por eso no es de extrañar que la juez dictara el auto en el que ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el cese inmediato de las investigaciones relacionadas con los cursos de formación.
Por mucho que Alaya diga ahora, al rechazar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que nunca se estaba refiriendo a la participación de la Policía Nacional en las investigaciones sobre los cursos que son competencia de otros juzgados, lo cierto es que su resolución contenía una intencionada ambigüedad que confundió a todo el mundo. Es como lo de la madre que considera que todo el pelotón de soldados lleva el pie cambiado, menos su hijo, que es el único que lo hace bien.
Muy claro no debería estar cuando la propia Fiscalía pidió a la instructora que acotara el oficio remitido al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, para que la UDEF no se inmiscuya en la investigación de la UCO.
Alaya siempre defiende a la UCO, la unidad que en estos años se ha ganado su confianza después de que la instructora decidiera apartar en 2011 a la unidad de Policía Judicial de Cuerpo Nacional de Policía al inicio de la investigación de los ERE, con el argumento oficial de que esta unidad carecía de medios materiales y suficientes para llevar a cabo tan ingente investigación.
La juez se ha vuelto a poner ahora del lado de la Guardia Civil, aunque en esta ocasión tiene razón al afirmar que esta unidad y el juzgado que dirige ya estaban investigando antes de que lo hiciera la Policía Nacional las ayudas concedidas al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda. Sin embargo, la UDEF se anticipó en agosto pasado cuando, de forma altamente sorprendente, puso en marcha la denominada operación Óscar y procedió a la detención de Ojeda cuando Alaya disfrutaba de unas merecidas vacaciones tras haber remitido al Tribunal Supremo la exposición razonada en el caso de los ERE sobre Chaves y Griñán.
Esta actuación de la Policía enojó, sin duda, a la UCO y a la propia Alaya, que esta semana ha recordado que esa intervención de la UDEF “comprometió el éxito de la investigación” que realizaba la Guardia Civil y que probablemente este mismo otoño tenía pensado montar un operativo relacionado con Ángel Ojeda y sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su recurso a la juez Alaya que exigiera la coordinación entre ambos Cuerpos policiales en torno a la investigación sobre las irregularidades en las actividades formativas, pero la instructora ha replicado al Ministerio Público que esa coordinación es “imposible” y “absolutamente desaconsejable”, al menos en esta fase inicial de las pesquisas, “donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial”, razona la magistrada.
En el caso de los ERE, la Fiscalía ha planteado ahora que se cumpla la decisión del Tribunal Supremo de dividir el procedimiento en distintas piezas separadas, para lo cual ha reclamado que se designen “jueces de apoyo” con la finalidad de que la medida no resulte inoperante. Alaya llegó a tener hasta dos jueces de refuerzo, pero los rechazó porque considera que no quería ayuda, y actualmente sólo cuenta con el apoyo de un magistrado que se encarga de los asuntos ordinarios del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Está claro que a la UCO, como a la juez Alaya, le gusta trabajar sola y sin interferencias de otros Cuerpos. Alaya y la UCO. Tanto monta, monta tanto. Dos lobos solitarios.

La UCO se apunta al espectáculo

Jorge Muñoz | 16 de noviembre de 2014 a las 7:00

Martes 11 de noviembre. 08:45 horas. Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los cuerpos de élite del instituto armado, irrumpen en la Diputación Provincial de Sevilla. Los agentes llegan a la institución en dos potentes vehículos, un Mercedes y un Porsche Cayenne, que aparcan en la misma puerta de acceso. De forma simultánea, otros agentes actúan en doce provincias españolas. Ha comenzado la operación Enredadera, la tercera fase de la denominada operación Madeja y en la que la Guardia Civil destapa una trama corrupta que pagaba mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores y asesoramiento en la adjudicación de contratos.
La UCO despliega otro espectacular operativo que en principio se salda con la detención de 32 personas y la práctica de una veintena de registros en las distintas provincia en las que se desarrolla la Enredadera. En los últimos tiempos las unidades de élite de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional se han apuntado a la práctica de este tipo de operaciones espectaculares, que acaparan los informativos de televisión y las portadas de los periódicos aunque luego tan sólo una pequeña parte de los numerosos detenidos acaban en prisión provisional, lo que lleva a cuestionar si realmente este tipo de redadas son necesarias.
En el caso de la operación Enredadera, que ha sido coordinada por la juez Mercedes Alaya, de los 32 detenidos sólo tres personas han acabado finalmente en prisión provisional –una cuarta estuvo sólo unas horas en la cárcel y salió tras abonar 100.00 euros de fianza–. De hecho, en las horas siguientes a las detenciones, la propia UCO dejó en libertad a 22 de las 32 personas arrestadas, aunque con la obligación de comparecer ante la juez Alaya en los días siguientes.
No es la primera vez que actuaciones policiales que se presentan a la opinión pública como grandes intervenciones en la lucha contra la corrupción acaban con un nivel tan bajo de prisiones preventivas. Si el éxito de una misión policial de este tipo se midiera por el número de personas privadas finalmente de libertad, con este resultado no podría hablarse de un auténtico logro policial.
Y no es la primera vez que ocurre. También ha ocurrido con otras operaciones realizadas por la UCO y la juez Alaya, como la denominada Heracles II en la causa de los ERE fraudulentos, que se desarrolló en octubre de 2013 contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de las prejubilaciones. En esta operación fueron detenidas diez personas, entre ellas varios sindicalistas, y todas quedaron en libertad con cargos.
La misma situación se ha producido en la más reciente operación Púnica, también obra de la UCO y en la que se materializaron 35 detenciones. Esta actuación arrojó un balance de siete prisiones incondicionales decretadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, entre ellas el ex número 2 del PP madrileño Francisco Granados, los empresarios que actuaban como “conseguidores” David Marjaliza y Alejandro de Pedro o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Otras ocho personas quedaron en libertad, a 13 más se dictó una orden de prisión eludible bajo fianza que oscila entre los 25.000 y 300.000 euros, y otras cuatro con la obligación de abonar fianzas de hasta 40.000 euros.
No digo que todos los detenidos en estas macrorredadas tengan que acabar en prisión, ni mucho menos. Lo que sostengo es que quizás no resulta verdaderamente imprescindible llevar a cabo estos numerosos arrestos y mantener encerradas a estas personas durante tres días en unos calabozos que en muchos casos presentan unas condiciones de salubridad lamentables -véase el estado de los calabozos de los juzgados de Sevilla por ejemplo-. Bastaría quizás con haberles citado a declarar como imputados, bien ante la propia Guardia Civil, o directamente ante la instructora.
Se podrá alegar que este tipo de operaciones son necesarias por el factor sorpresa que acompaña a estas intervenciones que se practican de forma simultánea, lo que impide que unos implicados puedan alertar a otros en el caso de que la actuación policial no se realizara a la vez. Y también se puede argumentar que estas operaciones tan espectaculares son necesarias para, por un lado, proceder a incautar abundante documentación que puede contribuir al desarrollo de las investigaciones y a corroborar los indicios de delito, y por otro evitar que los implicados puedan destruir pruebas. Eso haría necesario la práctica coordinada de todos esos registros en empresas y viviendas, lo que justificaría ya de por sí que se monte una operación de este tipo, aunque seguiría sin justificar el elevado número de detenciones que luego no se transforman en autos de prisión cuando llegan al juzgado y se analizan por parte de la Fiscalía y de la magistrada la gravedad de los hechos atribuidos por los investigadores policiales a los implicados.
De la operación Enredadera también sorprende otro aspecto nada desdeñable. Se trata de una intervención que se ha realizado en un total de doce provincias españolas y que afecta a varias comunidades autónomas, por lo que el destino final de esta investigación debería ser la Audiencia Nacional, el órgano competente para instruir y enjuiciar este tipo de delitos que afectan a varias provincias y que además, según ha reconocido la propia juez Alaya, actuaban como una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, la empresa contratista que llevaba una contabilidad B en la que estaba perfectamente detallado e incluso con recibos los pagos de mordidas por importe de más de dos millones de euros en los últimos años.
Lo lógico es que, una vez finalice la ronda de declaraciones de los imputados enla la Enredadera, Alaya se inhiba a favor de los juzgados de la Audiencia Nacional, aunque la instructora podría intentar quedarse con una parte de la investigación que afecta, por ejemplo, al ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y ex director del área de Via Pública Domingo Enrique Castaño y a otras personas. Pero posiblemente la implicación de los pagos realizados en otras provincias se remitirá a un juzgado Central. Todo está en manos ahora de la instructora.

El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.