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Tiento al fiscal y la causa se acelera

Jorge Muñoz | 20 de mayo de 2018 a las 2:00

 

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Una imagen del juicio de los ERE.

El tercer aviso del tribunal de los ERE, el que ha dado precisamente esta semana a la Fiscalía Anticorrupción, para que no se eternice el juicio con el interrogatorio de los testigos, parece más atinado que los otros dos anteriores y comienza a dar sus frutos. Del ritmo cansino de las semanas anteriores, parece que, por fin, se ha pasado al “pisa el acelerador… gasta las ruedas” que cantaba Joaquín Sabina. El cambio se ha producido después de que en la sesión del pasado lunes, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, se dirigiera a los “señores fiscales” delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra– para que no hicieran tantas preguntas relacionadas con las piezas separadas que, tal y como recordó la Audiencia en el auto en el que resolvió las cuestiones previas, no son objeto de este juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, el supuesto sistema que según las acusaciones idearon presuntamente los 22 ex altos cargos para conceder las ayudas sin procedimiento legal y eludiendo los controles de la Intervención General de la Junta.

El magistrado indicó a los fiscales que estaban haciendo “excesivas preguntas” sobre las piezas separadas que siguen actualmente en instrucción, tantas que rebasaban lo que el tribunal comentó en su momento que “iba a permitir” para poder enmarcar esta causa en el contexto de la macrocausa de los ERE. La advertencia, al menos en lo que respecta a esta semana, ha surtido efecto, porque ya han declarado 21 de los 150 testigos que deben rendir testimonio. Recalculemos las cuentas que hicimos la semana pasada, en las que irremediablemente la vista oral se iba a meter irremediablemente en los primeros meses de 2019.
Sin embargo, esta semana han pasado ocho testigos –y a partir de mañana hay otros 11 testigos citados–, con lo que se si este ritmo se mantiene de manera constante y parecida, se llegaría a las vacaciones de agosto habiéndose superado la centena de testigos (102 aproximadamente), con lo que la fase testifical podría finalizar para mediados de octubre. A partir de ahí deben declarar los doce peritos, incluidos los de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hicieron el peritaje oficial y los propuestos por las partes, pero aún así se estaría más o menos en el calendario que planteó el tribunal con sesiones hasta finales de noviembre.
Para que se haya podido acelerar el ritmo de las declaraciones de los testigos, desde los propios fiscales, a las acusaciones populares (PP yManos Limpias), así como las defensas han limitado sus preguntas en los interrogatorios, incluso algunas de las partes y defensas no han planteado ninguna pregunta a muchos de lo comparecientes.
Además, muchos de los testigos –esta semana les ha tocado a trabajadores y directivos del IFA/IDEA– han coincidido en las principales afirmaciones que han realizado, por lo que no era necesario insistir demasiado en los interrogatorios. Para las próximas sesiones está previsto uno de los principales testigos que más morbo puede despertar: el ex chófer de Guerrero que admitió el gasto del dinero de las ayudas en cocaína y regalos. A lo mejor con este testigo alguna de las partes, lejos de acelerar, pisa el freno y se detiene para hacer más preguntas. Será interesante. Ya veremos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La Fiscalía y la denuncia de José Castro

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

*La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez que investiga al presidente del Sevilla, José Castro, el archivo de la denuncia abierta por el uso de la cuenta que tiene en el club y por la compra de varios paquetes de acciones, al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delitos de administración desleal ni de falsedad documental.

La postura de la Fiscalía, que se ha producido una vez que la defensa de Castro había pedido el sobreseimiento de la causa, ha despertado cierta sorpresa, sobre todo si se tienen en cuenta que fue la propia Fiscalía hispalense la que, tras una primera investigación de los hechos, decidió presentar una denuncia en los juzgados contra el presidente del Sevilla para que un juzgado investigase precisamente si había delito o no.

El juzgado, que ahora debe decidir y muy probablemente archivará la denuncia, ha tomado declaración como investigado a Castro y a varios testigos, pero no se han practicado más diligencias. El caso de Castro recuerda recientemente al del ex jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores Rafael Carretero, quien también fue denunciado por la Fiscalía y cuya causa se archivó por el juzgado, aunque en este caso Carretero no llegó ni siquiera a prestar declaración como investigado. La Fiscalía no recurrió el archivo, pero tanto en el caso de Carretero como ahora Castro no cabe duda de que ambos han sido sometidos a la pena de banquillo.

La ‘venia’ de Javier Guerrero

Jorge Muñoz | 6 de mayo de 2018 a las 2:00

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y principal imputado en el caso de los ERE cambió recientemente de abogado. Fernando de Pablo, quien le ha acompañado en su defensa en los últimos siete años, desde que se inició la instrucción de la macrocausa en el año 2011, ha sido sustituido por el abogado José Ávila, quien esta misma semana se ha estrenado en el juicio con el interrogatorio a uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que realizó varias preguntas relacionadas en el ERE de la empresa sevillana Río Grande, donde los investigadores detectaron la presencia de dos intrusos.
Con independencia de las posibles discrepancias que pudieran existir o no desde hace tiempo entre Javier Guerrero y Fernando de Pablo, la sustitución de este abogado cinco meses después de iniciada la vista oral del denominado “procedimiento específico” de los ERE, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando comienzan a conocerse algunos de los entresijos en los que se produjo esa renuncia/sustitución de Fernando de Pablo.
Para empezar, existe un escrito firmado por Javier Guerrero y Fernando de Pablo, fechado a principios de abril, en el que el primero reconoce al abogado que el cambio en la defensa en la pieza política de los ERE se realiza siguiendo las indicaciones de otro letrado que está imputado en los ERE, Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís, que intervino en la tramitación de varias ayudas de los ERE. En ese escrito, Guerrero y De Pablo reconocen que en los últimos días se habían producido entre ambos divergencias de criterio en cuanto a la línea de defensa que debía seguirse en el presente proceso.
Como consecuencia de esas discrepancias, Guerrero considera conveniente que se produzca el cambio en su defensa, por lo que ambos de común acuerdo dan por resuelta la relación profesional que mantenían.
Hasta aquí todo normal, lo curioso viene en una de las cláusulas del escrito, en la que se afirma que Fernando de Pablo se compromete a entregar la venia al letrado José Ávila u otro letrado que a través del señor Guerrero “sea indicado por el también letrado Carlos Leal Bonmati para el mejor fin de la defensa de Guerrero”. Es decir, un imputado en los ERE que dirige, coordina, designa o pone al abogado que debe representar al principal imputado en la macrocausa.
Es cierto que Leal Bonmati no está imputado en la pieza política de los ERE, pero resulta cuanto menos sospechoso que aparezca manejando los hilos de la defensa de Guerrero.
Y también resulta sospechoso que haya quien apunte incluso que otros dos empresarios imputados en la causa de los ERE habrían contribuido presuntamente abonando 10.000 euros cada uno para sufragar la defensa de Guerrero.
Este periódico preguntó precisamente por este extremo al abogado Fernando de Pablo, quien reconoció precisamente que “había oído que dos imputados en otras piezas habían contribuido con esa cantidad” para que se abonaran los honorarios al nuevo abogado de Javier Guerrero.
El abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia a la defensa de Guerrero en un total de 104 piezas separadas que están actualmente en investigación por otras tantas ayudas –en la mayoría de las cuales Guerrero está siendo excluido– y en otros dos procedimientos que están ya listos para su enjuiciamiento.
Sobre Carlos Leal Bonmati, la juez Mercedes Alaya afirmó en su día que este investigado habría prestado su bufete, Estudios Jurídicos Villasís, como “centro de lavado” de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante “facturas falsas por servicios inexistentes”, según puso de manifiesto la juez en el auto que en julio de 2013 decretó la puesta en libertad de Leal Bonmati tras abonar una fianza de 150.000 euros.

El fallo de la Manada pone cerco a la Justicia

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2018 a las 2:00

La polémica por la condena de los cincos sevillanos rebasa el ámbito de la crítica razonable y necesaria para entrar en el terreno del ataque a la independencia e imparcialidad de los jueces

pamplona

Una protesta en Pamplona tras hacerse pública la sentencia.

Dentro de cada español hay un gran juez, y un gran árbitro, un gran entrenador, un gran profesor, un gran médico, un gran director de cine… Pónganle como modelo cualquier profesión. Sabemos de todo y mejor que nadie, vamos de sobrados muchas veces y al final acabamos perdiendo el respeto a los profesionales y a las instituciones, y al trabajo que realizan. Es algo que se palpa en nuestra sociedad, donde aumentan por ejemplo las agresiones de los pacientes a los médicos, o de los padres a los profesores y a los entrenadores del equipo de fútbol de sus hijos o del equipo rival. Con frecuencia los telediarios ofrecen vídeos lamentables con este tipo de agresiones.

La sentencia que ha condenado a los cinco sevillanos de la Manada –más que lobos podrían ser considerados cabestros, a tenor de sus actitudes y comportamientos–, ha puesto cerco a la Justicia, con esa ola de indignación que se echó espontáneamente a la calle la tarde del pasado jueves para criticar una condena que consideran exigua, y para criticar la interpretación jurídica que ha hecho un tribunal –ciertamente dividido–, que ha llegado a la conclusión de que los hechos denunciados no constituían un delito de agresión sexual, sino de abusos sexuales.
Podemos estar de acuerdo o no con la sentencia, compartir o no el voto particular del magistrado Ricardo Javier González –el juez que únicamente aprecia sexo explícito “en un ambiente de jolgorio y regocijo” en los vídeos sobre las relaciones sexuales que mantuvieron los acusados con la víctima–, estimar que la condena debía ser mayor o menor, que debían ser absueltos o no. Todas las posibilidades y todas las opiniones y todas las críticas a los jueces son respetables, pero lo que no se puede hacer es criminalizar a los magistrados por haber hecho su trabajo, al examinar los hechos y dictar una sentencia que, por una mayoría de dos votos a uno, consideran que es la que corresponde a la Manada.
Respeto a la Justicia y a sus tiempos. Y menos presiones a los jueces y menos campañas en change.org pidiendo la inhabilitación de los jueces. A la hora de escribir este artículo casi un millón de personas habían firmado a favor de inhabilitar a los jueces de la sentencia de la Manada.
La situación creada es tan grave que hasta el Gobierno, sin tener en cuenta el argumento, otras veces empleado también con mucha frecuencia, de que no se debe legislar en caliente, ha tenido que salir al paso para anunciar que revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el actual Código Penal, que se remonta a 1995.
Y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha salido en defensa de los tres jueces que han dictado la polémica sentencia, afirmando que el tribunal ha “valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico”.
Tiene razón Lesmes. En los 370 folios que integranel fallo y en el voto particular se analizan pormenorizadamente todas las pruebas aportadas en el juicio, el testimonio de la víctima, las declaraciones de los testigos y de los acusados, los vídeos que grabaron, etc.
La sentencia de la Manada no acaba con el fallo dictado por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, porque de momento otros tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tendrán que revisar esta condena a la hora de resolver los recursos, y después, si alguien sigue sin estar de acuerdo, como probablemente ocurrirá, también queda la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, por lo que todavía le queda bastante recorrido al caso de la Manada.
Mientras tanto, Antonio Manuel, Alfonso Jesús, Jesús Escudero, Ángel, y José Ángel, seguirán donde la Justicia ha dicho que deben estar ahora: en prisión provisional, salvo que sorpresivamente prospere la petición de libertad que ha anunciado que planteará la defensa.
Los acusados seguirán en prisión hasta que haya una sentencia firme, una situación que podría prolongarse hasta que se cumpla la mitad de la condena impuesta, es decir, que podrían seguir en prisión preventiva durante otros dos años y ocho meses más si no se han resuelto antes los recursos. Esto es precisamente lo que contempla el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que “si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida”.
Otra de las leyendas que se extienden por las redes sociales es que con esta condena de nueve años en poco tiempo estarían en la calle, algo que tampoco es cierto. El artículo 36.2 del Código Penal prevé que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.
En el caso de la Manada, esta medida de seguridad no fue solicitada por la Fiscalía de Pamplona ni acordada por el tribunal, pero en cualquier caso para disfrutar de los beneficios penitenciarios o de un tercer grado, los penados tienen que cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca especialmente el del arrepentimiento del delito. Los cinco acusados han mantenido, dentro de su legítimo derecho a la presunción de inocencia, que no cometieron delito alguno, y en el caso de que finalmente se confirme la condena, no podrían acceder a esos beneficios si no han expresado ese arrepentimiento y petición de perdón, además por ejemplo de satisfacer todas la responsabilidades derivadas del delito –aquí han sido condenados a indemnizar con 50.000 euros a la joven–. Todas esas circunstancias son valoradas por la junta de tratamiento de la prisión.
Un último apunte. Los nueve años de prisión pueden considerarse una condena leve si se comparan con los 18 años que había reclamado la Fiscalía navarra por el delito de agresión sexual, pero en realidad no es una pena leve. Son nueve años. Y no puede olvidarse que otros delitos aparentemente más graves, como el homicidio, se castiga con penas de entre diez y quince años de prisión. En definitiva, el fallo de la Manada sigue abierto, a la espera de la decisión de los tribunales superiores.

Condena con polémica, caso abierto

Jorge Muñoz | 27 de abril de 2018 a las 2:00

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Los cinco jóvenes sevillanos que formaban la Manada

La sentencia dictada ayer por la Audiencia iba a ser polémica fuese cual fuese el resultado, sobre todo porque ni siquiera ha conseguido lograr la unanimidad de los tres magistrados que han conformado el tribunal, tras cinco meses de complicadas deliberaciones. En lo único que estuvieron de acuerdo los tres magistrados, y no es nada desdeñable, es que en los hechos investigados no hubo la violencia o intimidación que requiere el delito de agresión sexual, el principal cargo por el que la Fiscalía había pedido 18 años de cárcel para cada uno de los cinco sevillanos.
A partir de ahí, la mayoría que formaban dos magistrados, un hombre y una mujer (José Francisco Cobo, presidente de la Sección Segunda y ponente del caso, y Raquel Fernandino Nosti), decidieron condenar a los cinco acusados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, en contra del criterio de magistrado Ricardo Javier González González, que ha emitido un extenso voto particular de 237 folios –la sentencia tiene 134– en el considera que, una vez descartada la agresión sexual, los cinco acusados tendrían que haber sido absueltos, con todos los pronunciamientos favorables.
Si la condena a nueve años ya ha despertado una auténtica ola de indignación que ayer se mostró a modo de manifestaciones espontáneas en las principales ciudades españolas, imagínense la que se podría haber liado con una sentencia absolutoria. Pero los jueces no pueden dejarse influir por los juicios paralelos que, como recoge el magistrado discrepante, se han producido en el caso de la Manada desde el primer día en que se conoció el suceso.
La Justicia, que es muy garantista en España, tiene afortunadamente los mecanismos adecuados para la revisión de las sentencias, que evidentemente siempre dejan insatisfechas a una de las dos partes confrontadas. El caso de la Manada queda abierto, por tanto, para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el que dicte el fallo definitivo, confirmando o modificando esta sentencia, tras los recursos que ya han anunciado que van a presentar tanto la defensa como la propia víctima. Y esa última sentencia –no llegará al Tribunal Supremo, puesto que la causa es posterior al año 2015–, podrá ser compartida o no, podrá convocar nuevas protestas en la calle o donde sea, pero será la que haga Justicia al caso y así habrá que acatarla.

Adiós al actor de la serie “Juzgado de Guardia”

Jorge Muñoz | 19 de abril de 2018 a las 14:18

El actor Harry Anderson, el juez Stone....

El actor Harry Anderson, el juez Harry Stone….

Ha fallecido el actor Harry Anderson, que interpretaba al juez Harry Stone en la serie televisiva que da título a este blog…. Sirva como homenaje este post a quien durante años nos hizo pasar un buen rato con esas peripecias de un peculiar juzgado neoyorquino.

El actor ha fallecido a los 65 años según ha informado Variety. El crítico de TV del grupo Joly Francisco A. Gallardo recuerda que Juzgado de guardia (Night Court) fue una de las comedias de éxito a principios de los años 90 (su nombre daría idea a Antonio Mercero para crear Farmacia de guardia).

El protagonista, Harry Anderson, fue hallado muerto el pasado lunes en su casa de Asheville, en Carolina del Norte. El actor daba vida al desastroso juez Harry Stone, al frente de un tribunal nocturno de Manhattan, con un equipo que halló la complicidad de los espectadores españoles. Se emitió en la NBC entre 1984 y 1992.

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Los interrogatorios de Alaya

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2018 a las 2:00

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernandez en el juicio de la pieza politica de los ERE

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández declarando en el juicio de los ERE.

Después de cuatro días declarando ante la juez Mercedes Alaya, con la intensidad que la magistrada imprimía a esos interrogatorios, no me cabe duda de que cualquier persona sería capaz de confesar lo más grande con tal de que esa situación termine cuanto antes. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández trató de explicarlo esta semana en su declaración en el juicio de los ERE, donde dijo que se sintió “permanentemente acosado” por la magistrada durante el interrogatorio, que se prolongó durante cuatro días y la madrugada siguiente, en la que la juez lo envió a prisión provisional.
Fernández relató la vehemencia de la juez para que respondiera sí o sí a las preguntas tal y como la magistrada quería que lo hiciera. Puedo asegurarles, porque seguí aquella maratoniana comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6, de viernes a lunes de Feria –con un derbi Madrid-Barça que los periodistas seguimos en un Ipad a las puertas del juzgado la noche del sábado y sobre el que Fernández se interesaba en los recesos de su declaración–, que las voces de Alaya y del ex consejero se escuchaban desde fuera de la sala de vistas sin necesidad de pegar el oído a la puerta. Alaya atacaba con sus preguntas y Fernández, que entonces no tenía problemas de voz como ahora, respondía también con contundencia.
Antonio Fernández ha denunciado ahora, seis años después de aquella comparecencia ese “acoso” al que le sometió Alaya, de la que también criticó que le había tenido 14 meses imputado antes de citarle a declarar. El ex consejero dibujó un panorama muy negro, al asegurar que la magistrada le planteó una imputación sorpresiva con nuevos delitos por su supuesta inclusión en el ERE de González Byass, la empresa en la que había trabajado desde los 14 años. Y acabó denunciando que se sintió indefenso en aquella declaración en la que no se respetaron sus garantías procesales.
Pero la denuncia de Fernández a la juez Alaya, cuya instrucción no estaba recibiendo hasta ahora críticas severas, se topó con las acertadas preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, que acabó acorralando al acusado. El magistrado le preguntó por qué no hizo constar en el acta de la declaración –que Fernández firmó cada día– todas esas “vicisitudes”, o por qué no solicitó el aplazamiento de la declaración o pedir una nueva comparecencia, conociendo como licenciado en Derecho que los imputados pueden pedir una declaración voluntaria en cualquier momento.
El magistrado le expuso que no hiciera nada frente a un interrogatorio del que ahora pretendía que se hizo en condiciones inadecuadas que determinarían que la declaración fue nula.
Fernández salió al paso diciendo que valoró que si “colaboraba” con Alaya y respondía a todas las preguntas de todas las acusaciones –incluidas las del PP– podría haber evitado lo que finalmente no pudo: su ingreso en prisión. Estaba equivocado, como le demostró el auto que la juez le notificó sobre las siete de la mañana del 24 de abril, tras toda una noche en vela. Debió denunciarlo entonces.
El problema es que, en aquel momento, con Alaya en su mayor apogeo, nadie cuestionaba a la juez más grande y los abogados tampoco se atrevían a quejarse de la instructora por temor a causarle males mayores a sus representados. No fue hasta la llegada de José María Mohedano, el abogado de Griñán, cuando comenzaron las críticas a la juez. En julio de 2013, Mohedano ya dijo que el interrogatorio de Alaya “es más propio de un juez inquisitorial y preconstitucional”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Juicio ERE Chaves, Gri?an , Magdalena, Zarrias, Guerrero.

¿Se va del juicio de los ERE el abogado que defiende a Javier Guerrero?

* Fernando de Pablo ha sido el abogado del ex director general de Trabajo Javier Guerrero desde que se destapó el escándalo de los ERE en el año 2011. Siete años después y una vez arrancado el juicio por el “procedimiento específico” hay quien apunta a que De Pablo podría dejar de ser de manera inminente el letrado de Guerrero. De momento, el propio Fernando de Pablo dice que no sabe nada de su marcha, aunque reconoce que ya ha dejado la defensa de Guerrero en otras piezas en manos de otros compañeros, como Carlos Sierra y Rafael Ramírez.

Con los ojos de hoy

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2018 a las 2:00

El juicio de los ERE se suspende provisionalmente por enfermedad exconsejero

El tribunal que preside el juicio. Foto: pool Efe.

Ha sido sin duda la expresión más repetida por muchos de los 19 ex altos cargos de la Junta que ya han prestado declaración en el juicio de los ERE. Y la han utilizado cuando el fiscal les ha preguntado por los aspectos supuestamente más comprometidos en relación con el sistema que durante diez años se empleó para conceder las ayudas bajo sospecha.
Para distinguir entre el conocimiento actual de los hechos, de la materia presupuestaria, de las transferencias de financiación, de la fiscalización previa, o del Control Financiero Permanente, muchos de los acusados han recurrido a la frase “Con los ojos de hoy… señoría puedo decirle…”, para diferenciar entre el grado de conocimiento de estos asuntos que podían tener en el momento en que ocurrieron, por ejemplo, cuando se firmó el convenio marco en 2001, y lo que han podido saber ahora, dieciocho años después y tras haber tenido acceso a los miles de folios del sumario –el “procedimiento específico” tiene 16.000 folios a los que hay que sumar los más de 200.000 que integran la causa matriz–.
Y a los acusados no les falta parte de razón porque es evidente que en los 18 años desde que ocurrieron estos hechos ha podido cambiar y mucho la perspectiva social, económica, política y hasta legal y jurídica con la que se pueden (o deben) examinar cuestiones como el procedimiento que se empleaba para conceder las ayudas o la actuación que en su momento tuvo (o no tuvo, según la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción) el Gobierno andaluz y el órgano de control, la Intervención General de la Junta.
La frase “con los ojos de hoy…” ocupa el top ten de las que se han empleado hasta ahora en las 30 sesiones que se han celebrado de una vista oral que se inició en diciembre pasado con las cuestiones previas. Pero no ha sido la única, con un juicio tan largo y con tantas horas de declaración ha habido tiempo para que se produzcan numerosas situaciones curiosas y anécdotas de toda índole propiciadas bien por la tensión, el nerviosismo o el cansancio de los interrogatorios a los que los fiscales delegados de Anticorrupción están sometiendo a los acusados.
Una de estas situaciones se ha producido precisamente esta misma semana, con la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. En un momento dado, el fiscal le estaba preguntando por las ayudas sociolaborales concedidas a determinadas empresas y Fernández dijo los siguiente: “Mientras yo he estado vivo, Santana ha sido un tema prioritario”, dijo Fernández sin inmutarse lo más mínimo, probablemente sin percatarse de la frase, dado que en ocasiones estaba más pendiente de sus problemas con la voz.
El ex director general de IDEA Jacinto Cañete afirmó, muy acertadamente, que la “semántica” es importante sobre todo cuando, como en este caso, se trata de un procedimiento penal, en alusión a la “inadecuación” o “inidoneidad” del procedimiento de concesión de las ayudas.
La mayoría de los acusados se han esforzado en sus declaraciones en negar que la utilización de las transferencias de financiación hubiese causado un “déficit” millonario en los presupuestos de la agencia IDEA y han recurrido, nuevamente, al lenguaje para afirmar que en realidad las transferencias sólo provocaron un “desajuste” o “desfase” presupuestario, pero no un “déficit”, ya que la agencia IDEA sólo pagaba las ayudas una vez que había recibido los fondos correspondientes desde la Consejería de Empleo.
Y más que semántica fue una cuestión léxica la que le jugó una mala pasada a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, quien para referirse a una situación que se estaba produciendo en los edificios de las residencias Tiempo Libre de la Junta, aludió a los problemas de “salmonelosis”, aunque rápidamente lo corrigió por la correcta “aluminosis”. Quien tiene boca se equivoca, yo el primero.
Pero no fue la única a la que le traicionó el lenguaje, porque también uno de los fiscales delegados de Anticorrupción preguntó a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo por su etapa como “miembra” (sic) del Consejo Rector de la agencia IDEA, o a lo mejor estaba haciendo gala de la tan excesiva política, en términos língüísticos, de igualdad de género. Quien sabe.

CONTINUA LECTURA DECLARACIONES EXCONSEJERO TRABAJO JAVIER GUERRERO EN EL JUICIO ERE

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en su declaración en el juicio. Foto: pool Efe.

En otras ocasiones, los acusados han sorprendido en sus declaraciones por las comparaciones que han empleado. Así, destaca la respuesta que tuvo el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román cuando su abogado defensor, José Manuel García-Quílez le preguntó si tuvo alguna participación en la creación de ese procedimiento específico para supuestamente cometer el fraude. “Es complicado contestar a eso porque no sé cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas para hacer algo que desconocíamos y cargos públicos de distintas fechas. ¿Cómo se hacía, había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante”, lamentó el ex alto cargo.
Por su parte, el secretario general técnico Javier Aguado Hinojal insistió en su declaración que no le podía extrañar que se “ayudara a las comarcas y a los ciudadanos” en periodos de crisis económica, dado que no eran ayudas para las empresas, y así señaló que si no se hubieran dado por ejemplo las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva se habría “cerrado el condado”. Este mismo procesado aseguró que su departamento era “las amas de casa” de la Consejería de Empleo, donde se hacía toda la “cocina” y también las modificaciones presupuestarias con las que se fueron incrementando las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas.
Otra de las situaciones, casi cómicas, se producen al inicio de las sesiones y guardan relación con las sustituciones que se hacen entre sí los abogados de la defensa cuando uno de ellos no asiste a la vista oral y otro letrado asume la defensa del compañero. El turno de sustituciones se prolonga a veces durante varios minutos, en los que los sustitutos toman la palabra para informar al tribunal sobre a que letrado sustituyen y en representación de qué acusado. En una ocasión se dio la circunstancia de que dos abogados intentaron sustituir al letrado del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. Un primer letrado intervino para hacerse con la representación del ex consejero y acto seguido otro letrado al que la defensa de Zarrías le había comentado su ausencia también habló para asumirla, lo que motivó las risas en el estrado.
La que no ha salido tan bien parada en el juicio es la juez Mercedes Alaya y sus vehementes interrogatorios, a tenor de las manifestaciones que han realizado la mayoría de los acusados, que se han negado a ratificar las declaraciones que prestaron en la fase de instrucción porque, según han ido explicando, las actas elaboradas por la magistrada “no reflejan” a juicio de los acusados la realidad de sus afirmaciones.
El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, se retractó de cuatro declaraciones en las que había implicado a todo el Gobierno andaluz y culpó a la“presión mediática y de la Policía” de las declaraciones que realizó en la fase de instrucción, llegando incluso a renegar de haber sido él quien acuñó el término “fondo de reptiles” para referirse a la partida presupuestaria 31L. “Yo nunca he hablado de fondo de reptiles, eso no ha salido de mi boca, porque no tenemos fondos reservados”, precisó el ex alto cargo, que sólo respondió a las preguntas de su abogado.

Comienza el juicio de los ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz

Los 22 ex altos cargos acusados en el juicio del “procedimiento específico” de los ERE. Foto: pool Efe.

Como Guerrero no declaró a los fiscales, éstos pidieron que se leyeran sus declaraciones y así volvieron a oírse las frases con las que Guerrero ha hecho historia en el caso de los ERE, como cuando dijo que sus únicos vicios son “un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater”, o cuando declaró lo siguiente: “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”.
En otra de las declaraciones no ratificadas por Guerrero, éste contó como el ex consejero de Empleo le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA para solucionar los pagos de unas pólizas: “Me dijo [Antonio Fernández] que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó ante la Guardia Civil.
También resultó gracioso el enojo del secretario judicial al inicio del juicio por tener que leer durante horas seguidas los escritos de las acusaciones y las declaraciones que los acusados no ratificaban. Menos divertido resultó la llamada al orden del tribunal a los acusados para que guardaran la compostura –y se sentaran bien– ante la “solemnidad” del juicio.
Todo esto ha sucedido en sólo 30 sesiones de un juicio que, según el calendario inicial fijado por el tribunal, llegará en principio hasta las 94 sesiones, con lo que prácticamente quedan dos terceras partes de juicio en las que habrá nuevas situaciones anecdóticas. Y aquí se las contaremos. No todo va a ser el máster en materia presupuestaria que se imparte en cada sesión del juicio.

La Pasión del ex consejero

Jorge Muñoz | 25 de marzo de 2018 a las 2:00

DECLARACION DE CARMEN MARTINEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

Una vista panóramica de la Sala que acoge el juicio del “procedimiento específico” de los ERE.

Muchas cábalas se habían hecho sobre cuál de los 22 acusados en el juicio de los ERE tendría que comparecer en las sesiones fijadas para el Lunes y Martes Santo. El que se llevaría el titular periodístico sobre su particular Semana de Pasión –algunos pensarán, no sin cierta razón, que llevan más de siete años de calvario judicial–, sometiéndose a los intensivos interrogatorios de los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Al final, ese supuesto honor, en realidad no lo es, de comparecer en estos días clave de la celebración religiosa ha correspondido al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyos problemas de garganta han ido retrasando su declaración hasta que se ha fijado para estos días. Fernández debía haber sido el segundo de los 22 ex altos cargos en declarar, justo después de que lo hiciera el que fuera su estrecho colaborador en la Consejería y principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
El ex consejero fue precisamente durante la larga instrucción de los ERE uno de los sospechosos habituales de la juez Mercedes Alaya, que fue imputándolo un día sí y otro no en las distintas líneas de investigación que se iban creando en torno a las distintas macrocausas, no sólo en la de los ERE, sino también en la de las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación.
Y fue también Alaya quien decidió enviarlo a prisión provisional la noche del pescaíto del año 2012, después de haberlo hecho pasar por un vehemente interrogatorio que se prolongó durante tres días y finalizó con toda una noche en vela mientras la instructora redactaba el auto que lo enviaba a la prisión de Sevilla I.
Casi seis años después de aquel 24 de abril de 2012, Antonio Fernández se sentará mañana ante el tribunal para dar de nuevo sus explicaciones sobre la concesión de las ayudas bajo sospecha. Mientras el ex consejero declara, cerca rondarán las cofradías del Cautivo del Tiro de línea y del Cerro del Águila, que pasan por las proximidades de la sede judicial donde se celebra el juicio el Lunes y Martes Santo, respectivamente.
Estación de penitencia fuera y dentro de la Audiencia, porque parece que el interrogatorio de Antonio Fernández no va a ser más liviano que al que lo sometió Alaya, dado que la Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen del fraude precisamente en la Consejería que Fernández dirigió durante años. Y a ver si las dos sesiones de la semana de Pasión del ex consejero van a resultar insuficientes para completar su interrogatorio, porque además seguro que su combativo abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, también guarda en la recámara una buena ristra de preguntas para su defendido.
Mientras Fernández aguarda su declaración, el juicio de los ERE ha consumido ya sus primeras 88 horas tras haber completado 28 interminables sesiones en las que, como comentó esta semana el ex director general de IDEA Jacinto Cañete en su declaración, todos los asistentes parece que están asistiendo a un “máster en materia presupuestaria”, a tenor de todo lo que han ido exponiendo los distintos acusados en sus declaraciones.
Según los datos que figuran en el sistema de descargas de vistas judiciales de Andalucía –el portal Arconte de la Consejería de Justicia e Interior –, desde que arrancó la vista oral el 12 de diciembre de 2017, el juicio de los ERE acumula ya un total de 154 vídeos, con un peso de 40,96 gigabytes y una duración total de 88 horas, 25 minutos y 1 segundo, según los datos incorporados hasta la última sesión, celebrada el pasado miércoles y en la que declaró el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
De aquí al 31 de octubre, último día que el tribunal mantiene en el calendario del juicio elaborado en enero, todavía quedan muchas horas y horas de grabación, muchas horas y horas de ese peculiar máster presupuestario que este cronista tanto aborrece.
Lo que sí ha avanzado en las últimas semanas es precisamente la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados. Ya se han sometido a los interrogatorios 18 de los procesados, aunque entre los cuatro últimos se encuentran los dos más relevantes, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes está previsto que declaren justo después de Semana Santa. También lo hará el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, a quien el tribunal permitió declarar el último al haber cambiado de abogado defensor poco tiempo antes de que se iniciara la vista oral.
De la última sesión del juicio todavía se recuerda la llamada al orden del tribunal a los acusados, a los que pidió que guardaran la “solemnidad” propia de una vista oral, tras haber reprendido en la sesión anterior al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Con esa llamada de atención, a destiempo, el tribunal convirtió la anécdota en categoría, el chascarrillo en noticia. Sinceramente, creo que la reprimenda no era necesaria tras el aviso del día anterior.

Alaya fracasa otra vez

Jorge Muñoz | 18 de marzo de 2018 a las 2:00

La macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, el archivo de la denominada “pieza política” de los cursos de formación, y ahora el caso Betis. La absolución de Manuel Ruiz de Lopera, cuya investigación se convirtió en el año 2008 en la primera macrocausa de la juez Mercedes Alaya y la que la aupó a la fama antes del escándalo de los ERE, vuelve a cuestionar la labor instructora de la magistrada que ahora está destinada en la Audiencia de Sevilla. Cierto es que la labor de un juez de instructor consiste en recopilar el mayor número de indicios de la presunta comisión de un delito para llevarlos a juicio, no en lograr las condenas, pero el hecho de que sean ya varias las instrucciones de Alaya que han acabado tumbadas por una sentencia da mucho que pensar y reflexionar, sobre todo respecto a si tienen sentido o no la creación de macrocausas judiciales que se prolongan en su fase de instrucción durante muchos años, una década en el caso del Betis. Como dice la defensa de Lopera, ¿ahora quién repara el daño causado a la persona del ex mandatario bético y a su patrimonio?
La única instrucción de Alaya que ha sido avalada hasta el momento por un sentencia condenatoria es la que está relacionada con la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. En esta causa, que a la larga sería el germen del que surgió el caso ERE, Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo Antonio Rivas. Sólo fueron condenados a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por la mordida los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.
En junio del año pasado, la juez de lo Penal Yolanda Sánchez Gucema absolvió a los 10 procesados –entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo– por la venta de los terrenos de Mercasevilla, que la juez Alaya había calificado de “fraudulenta e ilegal”, pero en la que la sentencia no aprecia prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a una constructora frente a las demás empresas que optaron a dicho concurso.
A estas sentencias se suma ahora la absolución de Manuel Ruiz de Lopera y de los otros siete acusados por delitos de apropiación indebida y administración desleal en la gestión del club verdiblanco.
La sentencia dictada ahora por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, cuya ponencia corresponde al magistrado Ángel Márquez –quien fue el juez de Instrucción número 6 hasta la llegada de Alaya y quien investigó el denominado caso Guerra–, carga precisamente contra el informe pericial encargado por Mercedes Alaya. Dice la sentencia que los peritos judiciales dieron “fiel respuesta al objeto de la pericia tal y como fue acordada por autos de 19 de marzo y 4 de junio de 2008”, en los que la magistrada pidió a estos expertos de Hacienda que informaran además sobre “cuál habría sido la situación económica, financiera y patrimonial del Real Betis” si no se hubieran suscrito los contratos con Tegasa y Encadesa, las empresas vinculadas a Lopera. Y dice el fallo que “por ser hipotético el objeto propuesto, las conclusiones del informe pericial se sitúan en el terreno de la conjetura y tienen escasa virtualidad en sede penal”, es decir, Alaya les planteó que informaran sobre hipótesis y los peritos cifraron el supuesto perjuicio económico para el Real Betis en 25 millones de euros, pero el tribunal “rechaza sin ambages” porque no se puede afirmar que las empresas de Lopera “hicieron gastos que el Real Betis no hubiera realizado”.
La Audiencia rechaza el ánimo de lucro en la conducta de Lopera, quien cogió el Betis, precisa, en una “situación ruinosa”, con cuantiosas deudas, en Segunda División y con el estadio vendido, y recuerda que de ese estado se pasó en la temporada 2007/08 a contar con unos fondos propios que rondaban los 36 millones, llegando incluso Tegasa a sufragar las obras de ampliación del estadio al lograr resultados beneficiosos en los ejercicios siguientes.
Con la absolución de Lopera y de los otros acusados en el caso Betis, la estadística sigue castigando las instrucciones de Alaya. De las 22 personas procesadas por la magistrada, 20 de ellas han sido absueltas finalmente en sentencia, y sólo dos, los ya mencionados directivos de Mercasevilla han sido condenados a pagar una multa. Nadie ha ido a prisión por ahora.
La juez María Núñez Bolaños, que sucedió a Alaya en el juzgado, archivó en octubre de 2016 la “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un archivo que más de un año después sigue aún pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por el PP y Manos Limpias, dado que el archivo se produjo tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
En la Audiencia Nacional continúa en investigación otra de las macrocausas que instruyó Alaya, la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados, muchos de ellos ya procesados en las distintas piezas en las que se separó dicha macrocausa.
Las contundentes absoluciones del caso de la venta de los suelos de Mercasevilla y del caso Betis pueden convertirse en el preludio de lo que puede ocurrirle a la macrocausa estrella de Alaya: el caso de los ERE fraudulentos, donde se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
De esos 22 acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, es bastante probable que la mayoría salgan absueltos y que, finalmente, las condenas sean mínimas. El marcador de Alaya es, por ahora, de una condena frente a dos absoluciones, por usar un símil futbolístico. Y el caso de los ERE puede suponer el hat-trick que vuelva a cuestionar su manera de instruir.

 

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Lopera en el Cautivo. Al día siguiente de conocerse su absolución, el ex mandatario del Betis acudió, como hace cada viernes de marzo, a la Iglesia de San Ildefonso, a su cita devocional con el Cautivo, al que limpió los pies tras los besos depositados por los fieles.

 

Inspecciones nocturnas

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2018 a las 2:00

PASEO COLÓN

¿Es Sevilla una ciudad silenciosa por las noches? Para el Ayuntamiento puede que sí, porque de hecho los inspectores municipales no realizan nunca una inspección de veladores o locales de copas por las noches. Pero la situación puede cambiar, al menos a golpe de tribunales. Un juez de Sevilla ha ordenado por primera vez al Ayuntamiento que realice una medición de ruidos en horario nocturno, después de que el Consistorio presentara un informe con unos datos recabados en horario de mañana, entre las ocho y media y las diez y media.
En este caso, se trata de un litigio que se remonta al año 2011 y que versa sobre el ruido que emiten unos aparatos de aire acondicionado de un edificio con funcionamiento las 24 horas del día, con el consiguiente perjuicio para el descanso de los ciudadanos. El juez condenó al Ayuntamiento a que comprobara si los ruidos que emiten las máquinas de climatización sobrepasaban o no los límites permitidos.
Tras solicitar la ejecución de la sentencia, el Consistorio presentó en agosto de 2017 un informe sobre la medición acústica y las medidas correctoras adoptadas por la empresa a la que pertenecen las máquinas.

El informe del Ayuntamiento tras las mediciones realizadas en horario diurno concluyeron que el nivel de ruido de las máquinas apenas incrementa los valores de ruido de fondo, siendo la diferencias inferior a tres decibelios, por lo que no podía determinarse con exactitud, y añadía que atendiendo a los resultados puede considerarse que las fuentes sonoras en funcionamiento en horario diurno “no inciden en un incremento de los valores de ruido ambiente”.
En el auto dictado ahora, el juez destaca que la Administración no ha justificado por qué, en aplicación de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, “no repitió las mediciones en otro momento en que el ruido de fondo podría ser más bajo”, dado que las efectuadas se hicieron un día laborable y en la franja horaria mencionada.
“Lo cierto es que no se logra entender el motivo por el que la Administración no accede a realizar las mediciones en horario nocturno, tal y como demanda la parte actora”, precisa el auto dictado recientemente por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, que recuerda que las denuncias de los vecinos insisten en la necesidad de comprobar el nivel de ruidos en el horario en el que los focos de contaminación acústica están en funcionario y en el periodo “indudablemente más desfavorable, si se considera desde el punto de vista del bien jurídico protegido, y por tanto, de protección del descanso y la salud del ciudadano”. Dice el juez que si como sostiene la Administración se trata de un supuesto de “inspecciones acústicas municipales disciplinarias, no cabe duda de que se ha de tener en cuenta lo interesado de forma constante por el denunciante, para que las comprobaciones se efectúen en horario que considera más desfavorable, que es el nocturno”.
En la parte dispositiva de la resolución, el juez declara “insuficiente” la comprobación de la contaminación acústica efectuada por el Ayuntamiento e insta a la Administración a que en el plazo de “tres meses” realice la medición de los ruidos procedentes de las máquinas de aire acondicionado con funcionamiento las 24 horas “durante el periodo nocturno”, atendiendo de esta forma la petición de los vecinos afectados en relación con las “condiciones más desfavorables para la prueba, según la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. El auto puede considerarse un aviso a navegantes para la Administración local, que tampoco controla el ruido nocturno de bares y veladores.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La “caza” al abogado de Manos Limpias

El expresidente de la Junta de Andalucia Jose Antonio Gri?an

El abogado del sindicato Manos Limpias en el juicio de los ERE, Rafael Prieto Tenor.

 

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la que enjuicia el caso del “procedimiento específico” de los ERE, ha pedido esta semana a las partes que se pronuncien sobre una serie de llamadas recibidas por el secretario del tribunal en las que un antiguo funcionario del ayuntamiento de Madrid aseguraba que los poderes presentados en su día por el coordinador general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, eran “totalmente falsos”, porque “jamás” se habían producido juntas ni nombramientos ni asambleas. Lo curioso del caso es que estas llamadas se remontan al 11 de diciembre de 2017, es decir, han pasado más de dos meses sin que se haya comunicado las mismas a las partes.

Y lo que todavía resulta más llamativo es que se trasladen a las partes la misma semana en la que el abogado del sindicato, Rafael Prieto Tenor, que ejerce la acusación popular, se posicionó a favor de las defensas de los 22 ex altos cargos –y no es la primera vez que lo hace en las 12 sesiones del juicio celebradas hasta ahora– para pedirle al tribunal que enviase al médico forense al domicilio del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo antes de decidir si este acusados estaba en condiciones o no de comparecer en el juicio, algo a lo que finalmente accedió el tribunal y provocó la suspensión del juicio hasta mañana.

Es cierto que el sindicato Manos Limpias está totalmente desacreditado tras el escándalo de las extorsiones vinculado con Ausbanc, pero también lo es que el abogado Rafael Prieto ha mantenido en su actuación en el juicio una conducta totalmente profesional y rigurosa, hasta el punto de que no ha dudado en mostrar su apoyo a las defensas cuando entendía que debía hacerlo, a pesar de que su papel teórico es el de acusación popular. El letrado, que gracias a un préstamo personal costea su asistencia al juicio –no recibe honorarios y ha renunciado a las posibles costas del juicio–, ha defendido que asumió la defensa del sindicato con la esperanza de que “podía ser útil para la sociedad, guiándose dentro de sus convicciones, por las decisiones más acordes al Evangelio”. Habrá que cómo termina la “caza” a este letrado.