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El bebé

Jorge Muñoz | 2 de julio de 2017 a las 2:00

MADRE DEL BEBE DETENIDA

Se llamaba Ian Steven, tenía sólo seis meses de vida y murió el 17 de junio en el hospital Virgen Macarena, como consecuencia de los supuestos malos tratos infligidos por sus padres, Brian y Ruth, actualmente ambos en prisión provisional imputados por delitos de homicidio, malos tratos y abandono de familia. A diferencia de otras trágicas muertes que también se han producido esta semana en Sevilla, nadie guardó un minuto de silencio por su muerte ni ha habido concentraciones o manifestaciones en la barriada del Cerezo, donde residía en el piso okupado por sus progenitores.
A toro pasado es siempre más fácil buscar responsabilidades y culpables, todo parece más claro, pero en el caso de esta muerte hay una pregunta a la que por muchas vueltas que le doy no acabo de encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Dónde estaban los Servicios Sociales de la Junta? ¿Por qué no detectaron la situación de alto riesgo en la que se encontraba el menor? ¿Por qué no se retiró este menor cuando en otros casos que no es necesario recordar se ha actuado con tanta contundencia? Esta pregunta se la han hecho hasta los familiares del bebé, que han criticado que si le hubieran hecho un seguimiento a la madre le habrían retirado la custodia.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, aseguró esta semana que los servicios sociales estuvieron “atentos” a este caso y a la familia del bebé. Según Sánchez Rubio, hubo “una intervención” por parte de dichos servicios que, “no obstante, están ahora mismo también pendientes del caso”. Es cierto que hubo una intervención de la Junta, pero la misma no fue suficiente a la vista de lo ocurrido y cuando menos llegó tarde. La Junta no acordó el desamparo provisional de Ian hasta el día 16 de junio, un día antes de que se produjera su muerte en el hospital Virgen Macarena y cinco días después de que el niño fuese ingresado en estado crítico en este centro sanitario.
La resolución de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Fernández Ferreiro, que inicia el procedimiento de desamparo explica que de la información remitida por el hospital se desprende que “desde el nacimiento del menor el pasado diciembre, con una gran prematuriedad, se vienen detectando indicadores de alto riesgo social en su entorno de crianza, evidenciándose que el cuadro que presenta al día de hoy es compatible con una situación de maltrato, motivo por el que los padres fueron detenidos por la Policía Judicial el 13 de junio”.
Llama la atención que la propia Junta reconozca que desde el nacimiento del bebé, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2016, se han detectado “indicadores de alto riesgo social en su entorno de crianza”, lo que refuerza que la intervención no se produjo o fue completamente insuficiente.
El bebé había nacido a los seis meses de gestación, pesó sólo un kilo y medio, y le habían diagnosticado un “hidrocéfalo externo benigno”, lo que supone un aumento del tamaño del espacio subaracnoideo, y además había tenido que ser intervenido de los intestinos.
La defensa de los padres ha culpado precisamente a los servicios sociales de lo ocurrido, al poner de manifiesto cómo la Administración no actuó antes retirando el pequeño a la pareja, que tenía sólo 19 y 18 años, vivía de okupas en un piso que no había sido visitado por los servicios sociales y teniendo en cuenta que ambos progenitores habían salido recientemente de prisión.
Brian y Ruth estaban desempleados, fumaban “porros”, la casa era un desastre y los dos eran “completamente incapaces” de comprender la realidad de la situación del menor, en palabras de la defensa. Prisión, okupas, desempleados, jóvenes. ¿Y estos factores de riesgo no se advirtieron tras el nacimiento?
El padre ha negado en sus declaraciones policiales y judiciales los malos tratos y así ha reconocido que “zamarreó al niño porque se estaba ahogando” con la toma del biberón. En el hospital Macarena sí que comprobaron que el niño tenía leche en la nariz y la tráquea.
De todas formas, habrá que esperar al resultado definitivo de la autopsia para confirmar si los supuestos malos se refieren a ese hecho puntual que tuvo lugar sobre las tres y media del pasado 12 de junio, o son anteriores, en cuyo caso la situación sería más grave y justificaría el ingreso en prisión de la madre, dado que sería también responsable de esos malos tratos “por acción u omisión”.
Ser padres es una gran responsabilidad siempre. Una responsabilidad que acompaña el resto de la vida de los hijos, y que se hace más evidente cuando son todavía bebés, que dependen totalmente del cuidado de sus progenitores.
En el caso de Ian algo ha fallado, la Administración que debía tutelarlo y ampararlo ha fallado. Con independencia de la responsabilidad que puedan tener los padres en el caso de confirmarse los malos tratos, lo cierto es que la actuación de los servicios sociales no ha estado a la altura de las circunstancias.
Si los padres no estaban preparados para el cuidado del niño, cabe preguntarse ¿cuánto ha podido sufrir el bebé en su corta vida? En esos meses que pasó con sus padres una vez que le dieron el alta médica. Y aunque nadie haya guardado un minuto de silencio por Ian, su caso debería servir para que alguien en la Administración reflexionara sobre los errores que han podido cometerse. Sería lo menos que podría hacerse para honrar su memoria.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Exceso de celo del juez de refuerzo 

*Ocurrió esta semana. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, había citado a declarar a los padres del bebé fallecido por presuntos malos tratos. Dos periodistas, habituales de los juzgados y que han cubierto numerosos casos igual o incluso más delicados que éste, acudieron hasta la Sala donde se celebraban las declaraciones para cubrir la noticia. Cuando el juez se percató de la presencia de los informadores, alertó al decanato y solicitó la inmediata presencia de las Fuerzas de Seguridad, algo para nada frecuente. Un guardia civil y un vigilante de seguridad se personaron en los pasillos por orden del juez, supuestamente para vigilar a los informadores y evitar que hablasen con la madre del bebé o la incomodaran cual paparazzis, algo que para nada se asemeja al estilo de los cronistas que cubren la información de tribunales. El juez también advirtió a los abogados de la defensa para que no hicieran declaraciones a los periodistas. Ese mismo exceso de celo quizás debería haberlo tenido el juez para evitar que el gabinete de prensa del TSJA difundiera con tanta celeridad la información con su decisión de enviar a prisión a la madre del bebé antes de que la propia investigada y su abogado defensor la conocieran. Los periodistas comentaron entonces al letrado que se marchaban porque ya les habían informado del ingreso en prisión, una noticia que causó la lógica indignación del letrado, que conocía por la prensa el resultado del auto judicial, y así lo hizo constar por escrito cuando se le notificó la resolución.
La Fiscalía sigue sin hablar de Mercasevilla

*La Fiscalía parece decidida a agotar los diez de plazo que le concedió la juez de lo Penal número 13 de Sevilla para recurrir la absolución de los diez acusados por el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla. Todo apunta a que el Ministerio Público finalmente no va a presentar recurso alguno porque, entre otras cosas, la contundencia de la sentencia es de tal calibre que ese recurso podría tener poco recorrido. El plazo para recurrir vence esta semana. Quien ya ha anunciado que no recurrirá son los mayoristas de Frutas y Hortalizas, mientras que Mercasevilla lo decidirá esta semana en un consejo de administración.