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Torpeza

Jorge Muñoz | 2 de mayo de 2018 a las 2:02

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Clar0 está que un ministro de Justicia no debe ser “ciego, sordo y mudo” ante lo que sucede alrededor, ningún ministro debe ser ajeno a aquello que ocurre en el ámbito de su competencia o que afecta al Gobierno, pero ante todo lo que no debe mostrar signos de torpeza. Y aquí es donde falla la argumentación de Rafael Catalá, el ministro de Justicia que ha desatado la ira conjunta –y eso suele ser bastante complicado– de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales de España.

El “problema” que Rafael Catalá atribuyó el pasado lunes al magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que pedía la absolución de los cinco sevillanos que integran la Manada, se ha vuelto por el imprevisible efecto boomerang en su contra. Ahora, el problema es el del ministro, del que las asociaciones judiciales ya han pedido su cabeza, recordándole además que tiene el dudoso honor de ser el “único ministro reprobado en nuestra democracia”.
Si Catalá mantiene que el juez del voto particular “tiene un problema singular”, debería haberlo puesto en conocimiento del máximo órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque no parece que con sus afirmaciones se estuviera refiriendo a la suspensión por seis meses de la que fue objeto este magistrado en el año 2001, por una falta disciplinaria grave, por el retraso en más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio.
El ministro se reafirmó ayer en sus manifestaciones, asegurando que aunque no tiene detalles “sabe” lo que le han contado “con mucha preocupación” los compañeros del juez González.
No se trata de que el ministro no pueda opinar de la sentencia de la Manada, de si es necesario o no reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales, etc., pero atacar personalmente como lo ha hecho al autor del voto discrepante de la mayoría puede considerarse, como entienden los jueces, un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes.
La prudencia exige a los responsables del Gobierno acatar las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, sobre todo si se trata de asuntos que siguen vivos, dado que ya se ha anunciado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y casi con total probabilidad llegará incluso al Tribunal Supremo.
Creo que al juez del voto particular se le puede criticar no por lo que dice, sino por cómo lo dice, porque es evidente que podría haber recurrido a otras expresiones para describir cómo en su opinión tuvieron lugar esas relaciones sexuales y no relatar ese “ambiente de jolgorio y regocijo” que tanto estupor ha causado. Pero no se puede poner en duda la capacidad de un juez con 32 años de experiencia sólo porque no nos guste cómo redacta sus sentencias.
El antecedente más próximo a lo que ha ocurrido a Catalá con sus declaraciones sobre los jueces está, salvando las distancias, en el ex consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera, quien también fue reprobado por el Parlamento andaluz, después de asegurar en una entrevista que los jueces de Instrucción actúan “como si fueran reyes de Taifa” y criticar su independencia. “Los jueces son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y mire la que montó”, dijo el fiscal De Llera. Catalá se ha Dellerizado.

Catalá dice que no habrá “moratoria” en el papel cero

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 18:49

Rafael Catalá

Rafael Catalá

A pesar de las críticas y los múltiples fallos e incidencias registrados desde la implantación del papel cero, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, asegura que no habrá una moratoria, como han solicitado colegios profesionales, algunos jueces e incluso asociaciones profesionales. “Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio”, ha comentado el titular de Justicia en funciones en una comparecencia en el Ministerio.

Catalá pone como ejemplo que el sistema Lexnet funciona “perfectamente” en La Rioja, Cuenca, Cáceres o Cantabria, pero ¿qué ocurre en el resto de comunidades, como la andaluza?. “Nuestra obligación es seguir empujando poniendo soluciones”, ha añadido el ministro tras reunirse con representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.

Catalá recordó que el proceso de digitalización lleva implantándose doce años y ha reconocido que existen problemas. Además, ha aludido a la “resistencia al cambio” que existe en algunos actores de la Administración de Justicia, “especialmente fuerte” por tratarse de un “sector conservador en los modos de funcionamiento”.

El ministro ha afirmado que asume las “críticas” que recibe desde juzgados de la planta de Madrid o Canarias, así como en informes de seguimiento de LexNET como el elaborado por la Fiscalía General del Estado. “Somos realista, no es un problema de solución fácil y estamos alejados de una administración eficiente del siglo XXI”, ha comentado, según ha informado Europa Press.

Catalá y la vergüenza del colapso judicial

Jorge Muñoz | 17 de febrero de 2015 a las 10:45

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con este bloguero en el coloquio organizado por la Cámara.

 

Es necesario que un ministro de Justicia se acerque a la sede de una Audiencia como la de Sevilla, podría ser cualquier otra andaluza, y compruebe cómo trabajan los jueces, secretarios judiciales y funcionarios, pero sobre todo qué instalaciones se ofrecen al público. Es grato también que un ministro reconozca y lamente la situación de colapso de los tribunales. El titular de Justicia pronunció una conferencia ayer titular “Mejor Justicia, mejor sociedad”, en la que mostró su preocupación por el colapso de los juzgados de lo Social de la capital hispalense.

“A uno se le cae la cara de vergüenza cuando a un ciudadano se le cita para dentro de tres años”, llegó a afirmar Catalá en alusión al señalamiento de juicios para el años 2019 Y tiene razón el titular de Justicia, la situación es vergonzosa, yo diría además que hasta indignante, pero la cuestión de fondo es la abrumadora falta de medios de la Justicia. No basta con lamentar la situación, es necesario un esfuerzo de las Administraciones Públicas para mejorar este servicio público. No es posible que en el siglo XXI, la juez Mercedes Alaya, que instruye importantes macrocausas contra la corrupción, tenga que estar mendigando a la Junta que le manden unos armarios y estanterías porque los sumarios están literalmente “por los suelos”, o que cuando un funcionario se da de baja la Administración tarde más de tres meses en cubrir dicha ausencia, en el mejor de los casos, porque en otros no se cubre hasta que se reincorpora el trabajador.

Y para qué hablar de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, ese proyecto que el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, definió muy bien al inicio de su mandato cuando aseguró que se trataba de “ciencia ficción”. Y tanta razón tenía que llevamos casi dos décadas sin que ni siquiera haya consenso respecto a la ubicación.

Rafael Catalá coincidió ayer con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, quien lleva ya tiempo reclamando al Ejecutivo central 54 millones de euros que la comunidad autónoma considera que le corresponden desde la implantación en el año 2012 de las polémicas tasas. Esas mismas que Catalá va a revisar, a la baja, para que recurrir una multa de tráfico no salga más caro que pagarla. Al final el problema es siempre el mismo: la falta de inversión y la inversión en la Justicia es absolutamente necesaria si realmente se quiere apostar por ella.