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Torpeza

Jorge Muñoz | 2 de mayo de 2018 a las 2:02

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Clar0 está que un ministro de Justicia no debe ser “ciego, sordo y mudo” ante lo que sucede alrededor, ningún ministro debe ser ajeno a aquello que ocurre en el ámbito de su competencia o que afecta al Gobierno, pero ante todo lo que no debe mostrar signos de torpeza. Y aquí es donde falla la argumentación de Rafael Catalá, el ministro de Justicia que ha desatado la ira conjunta –y eso suele ser bastante complicado– de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales de España.

El “problema” que Rafael Catalá atribuyó el pasado lunes al magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que pedía la absolución de los cinco sevillanos que integran la Manada, se ha vuelto por el imprevisible efecto boomerang en su contra. Ahora, el problema es el del ministro, del que las asociaciones judiciales ya han pedido su cabeza, recordándole además que tiene el dudoso honor de ser el “único ministro reprobado en nuestra democracia”.
Si Catalá mantiene que el juez del voto particular “tiene un problema singular”, debería haberlo puesto en conocimiento del máximo órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque no parece que con sus afirmaciones se estuviera refiriendo a la suspensión por seis meses de la que fue objeto este magistrado en el año 2001, por una falta disciplinaria grave, por el retraso en más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio.
El ministro se reafirmó ayer en sus manifestaciones, asegurando que aunque no tiene detalles “sabe” lo que le han contado “con mucha preocupación” los compañeros del juez González.
No se trata de que el ministro no pueda opinar de la sentencia de la Manada, de si es necesario o no reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales, etc., pero atacar personalmente como lo ha hecho al autor del voto discrepante de la mayoría puede considerarse, como entienden los jueces, un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes.
La prudencia exige a los responsables del Gobierno acatar las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, sobre todo si se trata de asuntos que siguen vivos, dado que ya se ha anunciado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y casi con total probabilidad llegará incluso al Tribunal Supremo.
Creo que al juez del voto particular se le puede criticar no por lo que dice, sino por cómo lo dice, porque es evidente que podría haber recurrido a otras expresiones para describir cómo en su opinión tuvieron lugar esas relaciones sexuales y no relatar ese “ambiente de jolgorio y regocijo” que tanto estupor ha causado. Pero no se puede poner en duda la capacidad de un juez con 32 años de experiencia sólo porque no nos guste cómo redacta sus sentencias.
El antecedente más próximo a lo que ha ocurrido a Catalá con sus declaraciones sobre los jueces está, salvando las distancias, en el ex consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera, quien también fue reprobado por el Parlamento andaluz, después de asegurar en una entrevista que los jueces de Instrucción actúan “como si fueran reyes de Taifa” y criticar su independencia. “Los jueces son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y mire la que montó”, dijo el fiscal De Llera. Catalá se ha Dellerizado.

El Supremo fija el margen de error de los radares móviles de Tráfico en el 5% y no en el 7%

Jorge Muñoz | 25 de abril de 2018 a las 14:15

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La Sala de lo Penal ha establecido que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación fija, en trípodes o en coches parados, tienen un margen de error del 5% y no del 7%, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos. Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1.080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial, según ha informado este miércoles el Alto Tribunal.

 

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos –fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión. 

En el caso planteado en este recurso de casación, señalan los magistrados, dicho porcentaje es relevante, pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado. De hecho, el juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%”, y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, afirma que las órdenes ministeriales distinguen entre instrumentos de medición fijos o móviles, a los que asigna un distinto margen de error en sus mediciones, derivadas de su distinta ubicación y función.

Los fijos son los instalados en elementos inmuebles –arco, edificio, poste o pórtico de carretera- con carácter permanente, y los móviles son los trasladados de un lugar a otro. Dentro de este último grupo, por su movilidad, explica el tribunal, se distingue entre móviles en sentido estricto, dispuestos para la medición en movimiento, y aquellos otros que, además de la movilidad, por poder ser trasladados, desarrollan su función de medición en situación de parados. “Estos últimos son denominados estáticos a los que se atribuye el margen de error de los fijos”, concluye la Sala en su sentencia.

Secretos de empresa y confidencialidad

Jorge Muñoz | 14 de enero de 2018 a las 2:00

secretos

La trabajadora se envió a su cuenta privada de hotmail documentación sobre los presupuestos de la empresa, facturas, el curriculum vitae de otros trabajadores y sobre las conversaciones relativas al trabajo que iba realizar. Cuando esta auxiliar administrativa se mandó la documentación desde el correo corporativo de la empresa a su correo electrónico particular lo hizo con la finalidad de “poseer datos objetivos con los que acreditar la efectiva duración de su relación laboral en un futuro pleito laboral porque temía ser despedida”. La empresa la denunció en los tribunales y ahora una juez de lo Penal de Sevilla la ha absuelto porque no pretendía difundir dicha información ni sacar beneficio alguno de la misma.
La trabajadora, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerció la empresa de hasta cinco años de cárcel, fue defendida por el letrado José Manuel Ramos Cardona, quien destacó que el fallo absolutorio ha tenido en cuenta precisamente las alegaciones que se hicieron en el juicio respecto a que la empleada “no pretendía ni difundir ni sacar beneficio alguno por recabar información de la empresa”.
El letrado indicó que tampoco podría sancionarse a la trabajadora por un delito contra la intimidad, puesto que los datos que se remitió a su correo privado eran “previamente conocidos por ella al pertenecer al departamento comercial y, además, su intención no era menospreciar a nadie, sino conseguir pruebas para acreditar la duración de su relación laboral”.
El caso fue enjuiciado por el juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla y la Fiscalía pidió una condena de dos años de cárcel y una multa de 3.240 euros para la trabajadora, a la que atribuía un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal.
Por su parte, la empresa le imputó un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de utilización de secretos en provecho propio, por los que solicitó una condena de hasta cinco años de cárcel, y asimismo reclamaba una indemnización de 2.000 euros por incumplir el acuerdo de confidencialidad que había firmado en octubre de 2013. En diciembre de ese mismo año, dos meses después, la empleada se reenvió la documentación a la cuenta privada.
En la sentencia, la juez Olga María Cecilia Simón analiza el delito de descubrimiento y revelación de secretos, y así señala que “no todo lo que un empresario entienda que es de contenido reservado tiene per se que ser calificado como un secreto a los efectos del tipo penal, pues esos datos, informaciones o documentos para poder configurarlo como tal deben tener una importancia suficiente para ver menoscabada la capacidad competitiva de la empresa”.
Por tanto, dice la juez que la finalidad del autor “debe ser descubrir los secretos de la empresa para que el hecho sea constitutivo de delito”. En este sentido, explica que el artículo 278 del Código Penal protege los secretos ante cualquier peligro, pero cuando se da el caso de que “un sujeto, que conoce lícitamente el secreto y tiene la obligación de guardar reserva, lo difunde, lo revela o lo cede a un tercero, se están cumpliendo las exigencias previstas del artículo siguiente, 279, que se encuentra vinculado al resultado. Es decir, se realiza la acción delictiva cuando el secreto sale del conocimiento de quien lo conoce y aún con el conocimiento de que no puede hacerlo, se cede o se revela”.
La magistrada recuerda en el fallo que el descubrimiento de secretos es un delito de naturaleza “tendencial, que requiere la constatación en el obrar del autor de un dolo específico de conocer los secretos o vulnerar la intimidad de otro”. El artículo 197.1 del Código Penal recoge lo siguiente: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Este delito, prosigue la sentencia, se configura sobre la acción de adquirir de forma ilícita una información reservada con la finalidad de perjudicar a su titular, y esa información tiene que ser conseguida, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al margen de los cauces lícitos, casuales o derivados de una relación normal, en perjuicio de su titular, sin autorización o de forma ajena a vías normales o socialmente aceptadas, o bien que se haya logrado en uso de un dolo específico finalista de descubrir y vulnerar la esfera de intimidad y a través del quebrantamiento de un sistema de custodia o comunicación cuyo empleo esté directamente conectado con ese ámbito de privacidad.
Trasladada esta jurisprudencia al caso de autos, el de la empleada enjuiciada por enviarse la documentación, la juez concluye que no hay delito alguno. “Ningún ánimo de conocer o de descubrir secretos se aprecia en la conducta de la acusada cuando reconoce que efectivamente se reenvió desde su cuenta de correo electrónico corporativo de la empresa un correo con información empresarial de distinta índole. Ha quedado claro y manifiesto de la prueba practicada que la información de la que disponía la acusada no era de importancia suficiente como para ver menoscabada la capacidad competitiva de la empresa”, asevera la magistrada.
El fallo precisa asimismo que ninguno de los datos o informaciones que se reenvía la acusada a su correo puede calificarse de secretos de empresa, siendo éstos relativos a correos intercambiados y algunos curriculum vitae, los cuales además no han sido divulgados y tampoco iban a serlo, ya que la finalidad de la acusada en todo momento fue guardarlos para probar la relación laboral en el tiempo con la empresa”.
El representante de la empresa aseguró que denunció los hechos “por lo que pudiera pasar”, porque desconocía si había divulgado o no los correos, pero los mismos“tampoco afectan a la empresa” en el sentido analizado en la sentencia y un informático ratificó que los correos “no contenían datos personales del representante legal de la empresa ni relativos a ésta”, por lo que la acusada ha sido absuelta de los delitos.

El Supremo establece que hay delito por conducir sin permiso por la pérdida de todos los puntos

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2017 a las 15:43

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La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo, en tres recientes sentencias, fija este criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito del artículo 384.1 del Código Penal la acción de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, se requería que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro «in abstracto».

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. “La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día”, dice el Supremo.

CONDUCTOR CON PERMISO ESPAÑOL SIN PUNTOS Y UN PERMISO PORTUGUÉS

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

El canje del permiso de conducir se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. “Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos”, indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.“De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos”, indica la resolución.

En ese sentido, recuerda que lo que se imputaba al acusado no era conducir sin permiso, situación en la que la titularidad del permiso portugués haría la conducta atípica, sino que se le acusa de conducir en España cuando media resolución firme de pérdida de vigencia del permiso de conducción, conducta típica que concurre en el caso que nos ocupa.

En suma, “no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico”. Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

 

El Supremo acuerda que es delito conducir sin haber sacado nunca el carné

Jorge Muñoz | 26 de mayo de 2017 a las 15:03

Supremo

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca el carné es un delito, y no una infracción administrativa, y no requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria.

La Sala ha estimado el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 29 de febrero de 2016, que revocó a su vez la condena por delito contra la seguridad vial impuesta por un Juzgado de lo Penal de Toledo a un hombre por conducir un coche por una carretera de la provincia “siendo plenamente consciente de la imposibilidad que le afecta para la conducción de vehículos a motor, por no haber obtenido en ningún momento permiso de conducir o licencia que le habilite oficialmente para conducción de vehículos a motor”.

La Audiencia absolvió al conductor al destacar que no había puesto en riesgo la seguridad vial, ni cometido ninguna maniobra antirreglamentaria. Añadía que el legislador no ha dibujado claramente la línea de separación entre el delito y la infracción administrativa en estos casos.

Ante las discrepancias entre varias audiencias provinciales sobre la cuestión, el Pleno de la Sala II ha decidido estudiar el recurso de la Fiscalía, cuyo objeto era determinar si el delito de conducción de un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción (artículo 384 del Código Penal) es un delito de peligro abstracto o concreto, y si fuera lo primero, si se consuma con la mera realización de la conducción referida, o si se trataba de lo segundo, si exige que se haya producido un peligro real para la seguridad vial.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, establece que se trata de un delito de peligro abstracto: “De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor”.

“El riesgo abstracto para el bien jurídico protegido resulta, por consiguiente, de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades física y psíquica en el conductor, lo cual incrementa, como es natural, el riesgo para los demás usuarios de la la vía, por sí peligrosa y causante de una alta siniestralidad, cuya reducción pretende la norma”, añaden los magistrados.

“No estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas, como la que es objeto de nuestra atención casacional, que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial”, señala la sentencia.

Por ello, bajo la consideración de que se trata de un delito abstracto, la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa (permiso o licencia), sin que tenga incidencia, para el Supremo, el no haberse cometido infracción vial alguna, ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, como parece exigir la Audiencia Provincial de Toledo.

El alto tribunal indica que la Audiencia de Toledo, en su sentencia, ha construido unos requisitos que en modo alguno el legislador exige para colmar la conducta típica del delito, que precisa que el autor jamás haya obtenido permiso de conducir. Por eso ha de excluirse del radio de acción del nuevo tipo penal a quien posee permiso en el extranjero, tanto a aquellos correspondientes a países comunitarios como extracomunitarios, o un permiso internacional.

El Supremo discrepa también de la Audiencia en que la conducta que sustenta el delito del artículo 384.2 del  Código Penal, aplicado en este caso, sea exactamente la misma que la que se define en la Ley de Seguridad Vial como infracción administrativa muy grave. “El tipo penal —señala la sentencia– sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso. Como dice el Fiscal, todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa”.

La Sala II anula por tanto la sentencia absolutoria de la Audiencia de Toledo y condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros. El artículo 384 del Código Penal, por el que es condenado, prevé penas de tres a seis meses de prisión o multa de doce a venticuatro meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. El Supremo ha optado por la multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros.

 

Su Señoría no descansa ni el domingo

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2017 a las 2:00

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Los domingos están hechos para descansar. Para disfrutar de una agradable lectura matutina del periódico en papel –ahora que están tan de moda las ediciones digitales–, para alejarse de la rutina diaria, leer un libro, disfrutar de la familia con una salida al cine, etc… Cualquier cosa menos doblarla, al menos el que pueda, porque hay muchas profesiones que no entienden de días de la semana ni de festivos. Entre estas se encuentran, evidentemente, las relacionadas con la Justicia. Pero una cosa es que estos profesionales se encuentren en servicio de guardia durante el día festivo y otra muy distinta que tengan que trabajar un día que en teoría está destinado al asueto.
La cuestión no es baladí, incluso está recogida en una ley, la del descanso dominical aprobada el 3 de marzo de 1904 por el Gobierno de Antonio Maura y que supuso una auténtica conquista social.
El caso es que una juez de Instrucción de Sevilla ha debido pensar que esa ley, como todas, están para cumplirlas. La magistrada ha dictado una sentencia en un juicio por los ahora llamados delitos leves, en la que lamenta precisamente que se ha visto obligada a redactar dicha resolución en domingo. La sentencia en cuestión se refiere a unas supuestas amenazas de un hombre a otro, cuyo juicio se celebró el pasado 3 de marzo y al que compareció el denunciante pero no el denunciado, a pesar de que éste se hallaba legalmente citado por el órgano judicial.
Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el encabezamiento de la misma. Lo normal es que los jueces, desde un juzgado de Instrucción hasta los mismos magistrados del Tribunal Supremo encabecen la sentencia, con el número de la misma, año y, por supuesto, la fecha. Para ello se utiliza un formato estándar que consiste en nombrar la ciudad a la que pertenece el juzgado y por tanto donde se ha celebrado los hechos que han sido enjuiciados.

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Pero en la sentencia comentada, llama precisamente la atención que la leyenda empleada por la magistrada, que recoge lo siguiente: “En Sevilla, a domingo cinco de marzo de dos mil diecisiete”, remarcando precisamente el día de redacción de la misma.
A continuación, la magistrada pasa a describir, siguiendo la estructura habitual de las resoluciones, los “antecedentes” que se han sucedido en este caso y cómo la Fiscalía llegó a pedir la condena del acusado por un delito leve de amenazas con arma, solicitando que se le imponga una pena de multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros (360 euros) y la prohibición de aproximarse a 20 metros del denunciante durante seis meses y a un bar.
Pero el antecedente verdaderamente importante es el tercero, donde la juez explica que en la tramitación de la causa se han observado las “prescripciones legales”, incluida los plazos para dictarla, algo que la magistrada reconoce que “se ha logrado dictándola el día de hoy Domingo dada la carga de trabajo que pesa sobre la juzgadora, la cual con ello se ve privada de sus derechos al descanso semanal y a la conciliación familiar”, afirma la juez.
Recientemente fueron los magistrados de lo Mercantil de Sevilla quienes, en otra sentencia, afirmaron que su carga de trabajo es “inhumana” y ofrecían datos de su situación. Es la sentencia como denuncia del colapso judicial.

Condenada a un año la tuitera Cassandra por humillación a las víctimas del terrorismo

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2017 a las 14:34

La Audiencia Nacional ha condenado a la tuitera Cassandra a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo . La Sección Cuarta de lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió esta persona en la red social twiter, entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas. La Sala impone un año de prisión, que es la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal, según ha informado este miércoles la Audiencia Nacional.
La sentencia detalla los 13 tuits publicados en twitter desde el perfil “ Cassandra @kira_95” y concluye que no resulta convincente la declaración prestada por la tuitera durante el juicio, cuando intentó situar sus comentarios en tono humorístico y en calve de ironía. Según la Sala, sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo, “por más que el atentado sufrido por el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista hubiera tenido lugar en 1973”.

Para el tribunal, tampoco sería justo descartar el reproche penal por los 40 años transcurridos desde el atentado a Carrero Blanco, “puesto que la lacra del terrorismo persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que por cierto, cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia”.

La sentencia, ponencia de Juan Francisco Martel desgrana las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia para concluir que en el presente caso no concurre el “error de prohibición” que alegó la defensa durante el juicio, puesto que la personas juzgada tiene una formación universitaria y un grado de conocimiento y percepción de las cosas que convierte en inimaginable “que no sepa que la conducta que se le atribuye es penalmente reprochable, a pesar de que ignore los concretos requisitos del tipo aplicable”.

Según el tribunal, la propia conducta expresada por el acusado en sus mensajes de texto en twiter “demuestra bien a las claras que conocía la existencia del reproche penal de su conducta, o al menos se lo planteó. Situaciones que constituyen causas excluyentes de la apreciación del error de prohibición”. En resumen, “ se trataba de una persona con cierta cultura que evidentemente sabía que estaba cometiendo hechos patentemente ilícitos”.

La esposa del traficante

Jorge Muñoz | 26 de marzo de 2017 a las 2:00

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La Audiencia de Sevilla la condenó en julio de 2016 a tres años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 357.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, agravado por la relación con el tráfico de drogas, al entender que se había beneficiado supuestamente de la actividad de su esposo, que cayó con una banda a la que se había intervenido una tonelada de hachís en 2008. Y el Tribunal Supremo la ha absuelto ahora al rechazar que el dinero que manejó procediera de las actividades del marido, dándole un auténtico repaso a la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Sevilla.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla había condenado a la mujer porque entendía que ésta había realizado determinadas operaciones financieras –como la compra de cuatro pisos, una parcela y varios turismos– gracias al dinero que su ex esposo le entregaba y que obtenía del tráfico de hachís, una actividad que ésta “conocía”, según los magistrados que la enjuiciaron.
Entre los hechos probados, los jueces destacaban que la acusada desde 1998 tenía reconocida una pensión de alimentos de 900 euros, y que entre los años 2002 y 2010 había percibido sólo ingresos de forma regular por su actividad de “empleada de hogar”, más otros 18.757 euros por trabajos por cuenta ajena, así como un premio de la ONCE de 33.000 euros en julio de 2004 y otros 55.000 euros en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2006.
El tribunal destaca que en ese periodo participó en operaciones de compra y venta de cuatro viviendas, canceló algunos préstamos y constituyó otros, y adquirió asimismo una parcela de regadío por 54.000 euros.
Su marido, del que se había separado legalmente en 1998 pero con el que convivía desde 2006, fue detenido en marzo de 2008 en relación con una organización que había introducido 1.169 kilos de hachís en una avioneta procedente de Marruecos y que aterrizó en un punto de la provincia de Toledo. La Audiencia Nacional lo condenó en 2010 como cómplice de un delito contra la salud pública –por haber realizado labores de contra-vigilancia para la organización de traficantes– a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1,6 millones de euros, cantidad que se corresponde con el valor de la droga incautada.
La mujer fue posteriormente condenada por blanqueo de capitales a una pena superior a la del marido, pero recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, alegando que su ex esposo fue detenido inmediatamente tras la operación policial, por lo que no obtuvo de su intervención ningún dinero, y añadía que su condena se basaba en una “cadena de conjeturas o sospechas extraídas de algunos elementos objetivos, pero que en modo alguno conducen de manera sólida a la conclusión” a la que llegaron los jueces de la Audiencia. Tras analizar el caso, el Alto Tribunal señala que “no hay ninguna prueba de que el metálico” que la mujer aportó para comprar una de las viviendas procediera del patrimonio de su esposo, puesto que los únicos datos que obran en autos es que a la fecha de compra –en abril de 2006–, el matrimonio estaba separado y no reanudaron su relación hasta mediados de ese mismo año. Y tampoco se aprecia “ninguna discordancia” entre los ingresos que la propia sentencia admite y los desembolsos extraordinarios que se abordaron durante ese periodo.
Para el Supremo, la conclusión de que los recursos de la mujer eran “claramente insuficientes” para atender los gastos derivados de las cargas inmobiliarias, no deriva de sólidas variables aportadas por la acusación, “sino de un evanescente análisis especulativo carente de soporte estable”.
De un lado, la Audiencia admite la posibilidad de unos ingresos laborales y de una pensión de alimentos, por lo que “no se excluyen los significativos ingresos que la recurrente esgrimió en el acto del plenario y reitera en su recurso”. Y de otro, el tribunal de instancia considera que los “gastos son excesivos para sus ingresos, si bien la conclusión se muestra inconsistente, dado que se extrae de variables especulativas o erróneas”, critica el Supremo.
De ahí que concluya que la prueba practicada es “insuficiente” para evidenciar que el dinero de la mujer proceda de una actividad delictiva de su ex esposo, y que ella fuera “conocedora de ese origen y prestara su apoyo a ocultar su procedencia delictiva y aprovechar los fondos, sino que ni siquiera permiten concluir que las inversiones y gastos no procedan de las propias fuentes de ingresos de la recurrente”. Lo que no entra a valorar el Supremo es la “suerte” de la acusada por los premios que le tocaron en tan corto tiempo.

VISTO PARA SENTENCIA

El profesor Zoido

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El Zoido profesor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, impartió el pasado lunes, 20 de marzo, una clase de Derecho Civil a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. El ex alcalde, magistrado de profesión, dio clase a los alumnos que realizan el primer año de la licenciatura de Derecho y lo hizo en su condición de colaborador honorario del departamento de Derecho Civil de la Hispalense, de la que también fue alumno.

En su intervención ante los jóvenes estudiantes, el ministro recordó su paso por la universidad pública y también cómo aprobó las oposiciones de judicatura “a la primera”.

Por cierto, que el nombre de Zoido también salió esta semana a relucir en relación con la recusación que el Partido Popular ha presentado contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo para que se aparte del primer juicio de los ERE, en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El propio Pedro Izquierdo explicó en el informe en el que rechaza la recusación que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados, pero sí se refirió, sin citar a Zoido, a la “relación profesional con una persona vinculada con una de las entidades recusantes” en el decanato de los juzgados de Sevilla en 1992, época en la que el ministro era decano de los jueces. Y no hay que olvidar que en Zoido fue quien en su día denunció el caso Mercasevilla, del que surgió el escándalo de los ERE.

 

Las fotografías de Facebook no pueden ser usadas por la prensa, sostiene el Supremo

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2017 a las 15:43

 

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El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que publicar en un periódico la fotografía de una persona sacada de su cuenta de Facebook exige su consentimiento expreso, ya que lo contrario supone una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. El alto tribunal condena a un diario  a indemnizar con 15.000 euros a un hombre del que publicó en portada, en su edición en papel, una fotografía obtenida de su cuenta de Facebook, que ilustraba una noticia de sucesos en el que el hombre había resultado herido. Asimismo, el diario es condenado a no volver a publicar la foto en ningún soporte y a retirarla de cuantos ejemplares se hallen en sus archivos.
“Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”, señala el Supremo..

Agrega que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (de protección de derecho al honor y la propia imagen) como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas”.

La sentencia, de la que ha sido el magistrado Rafael Sarazá Jimena, prosigue: “Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen”.

NO FUE MORBOSO

El Supremo, sin embargo, estima parcialmente el recurso del periódico contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que le condenó, además de por intromisión en el derecho a la propia imagen, por intromisión en el derecho a la intimidad. El motivo era que, en el reportaje publicado en la edición de papel y digital del diario el 8 de julio de 2013, se contenían datos que permitían identificar al demandante. El reportaje señalaba que el demandante había sido herido por su hermano con un arma de fuego, y que luego éste último se había suicidado.

En el reportaje se publicaba el nombre de pila del herido y el de su hermano, las iniciales de sus apellidos, el apodo de su hermano, la dirección exacta del domicilio familiar, que su madre padecía alzheimer, y que su padre había sido médico en una localidad de la provincia. El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, y la Audiencia de Bizkaia, establecieron una indemnización de 30.000 euros por vulneración del derecho a la propia imagen (publicación de la foto), pero también del derecho a la intimidad (por los datos personales y familiares publicados).

El Supremo rebaja a la mitad la indemnización (15.000 euros), al considerar que no hubo vulneración del derecho a la intimidad, ya que el diario no incurrió “en ninguna extralimitación morbosa” y respetó “los cánones tradicionales de la crónica de sucesos” al dar información que era veraz, por lo que en este caso prevalece el derecho a la información frente al derecho a la intimidad del demandante.

“La intromisión en la intimidad personal y familiar del demandante que supone la información del artículo periodístico no puede considerarse grave. En un ámbito geográfico reducido, como Zamora, pues se trataba de un periódico de ámbito provincial, la información que se contiene en el artículo periodístico no aumenta significativamente el conocimiento que de un hecho de esas características, ocurrido en una vivienda de la ciudad y en el seno de una familia conocida, podían tener sus convecinos. Se trataba, además, de hechos objetivamente graves y noticiables, una disputa familiar en la que un hermano hirió a otro y después se suicidó”, indica la sentencia.

“Es especialmente relevante –prosigue la resolución– que la noticia se acomoda a los usos sociales, y concretamente a los cánones de la crónica de sucesos, que es un género periodístico tradicional. Se trata de una información dada inmediatamente después de que sucedieran los hechos (en la edición en papel del diario, apareció al día siguiente). No se exponen los hechos con extralimitación morbosa, ni se desvelan hechos íntimos sin relación con lo sucedido, es más, ni siquiera se hace referencia a la causa de la desavenencia familiar. La mención a la enfermedad de la madre se justifica porque tenía cierta relevancia para informar sobre lo acaecido: sólo presenció los hechos un sobrino, la madre estaba presente pero se encontraba en un estado avanzado de Alzheimer, y tuvo que ser llevada a casa de unas vecinas”.

El Supremo retira la patria potestad de un hijo a un condenado por abusos sexuales a la hija de su pareja

Jorge Muñoz | 18 de enero de 2017 a las 14:47

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, por la que se estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 12 de febrero de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Sexta, en el recurso de apelación no 504/2015. Dicha resolución trae causa de un juicio de modificación de medidas promovido por la madre frente al padre, ingresado en un centro penitenciario en el que cumple condena como autor responsable por un delito continuado de abuso sexual en la persona de la hija menor de la demandante, de once años de edad, en la que se solicita, entre otras pretensiones, la privación de la patria potestad del demandado, respecto del hijo menor y la suspensión del régimen de visitas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda interpuesta, acordando la privación de la patria potestad del demandado respecto de su hijo menor de edad, así como la suspensión del régimen de visitas.

La sentencia de segunda instancia estimó parcialmente el recurso interpuesto por el padre, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia, acordando que la privación de la patria potestad se mantendrá hasta que se declare extinguida en su integridad la pena privativa de libertad. Considera la sala de apelación que los actos apreciados para la privación de la patria potestad no son actos que hayan directamente afectado al propio hijo, sin que se haya acreditado que la privación de la patria potestad sin límite temporal reporte algún beneficio al menor, por lo que no existiría razón suficiente para privar de la patria potestad más allá del tiempo de cumplimiento de la condena.

Interpuesto recurso de casación por la madre demandante, el mismo es estimado por esta Sala con base en que en la sentencia recurrida no se han seguido las pautas jurisprudenciales de esta Sala, pues constando la condena por abusos sexuales de la hija habida por su pareja en anterior relación, no se necesita un especial esfuerzo de razonamiento para concluir que el hijo del demandado y hermano de vínculo sencillo de la hija de la demandante está sometido a un grave riesgo, ante la falta trascendental de incumplimiento de sus obligaciones de respeto y cuidado para con la menor hija de la actora.

Quien ha incurrido en una grave agresión sexual a la hija de su pareja pone en un riesgo y peligro cierto a su propio hijo, con el que convivió escaso tiempo en régimen familiar. El demandado no reúne las características propias de un buen padre de familia, por lo que se afectaría gravemente el interés de su propio hijo si se permitiese el ejercicio de la patria potestad por quien es evidente que no está capacitado para el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y respeto de un menor (art. 170 del C. Civil). Para la privación de la patria potestad no es necesario que la agresión o incumplimiento de deberes tenga como sujeto pasivo directo al hijo, sino que también se puede inferir de la agresión a la madre o, como en este caso, a una hermana.