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El Supremo declara nulo el despido de una profesora de religión que se casó con un divorciado

Jorge Muñoz | 11 de noviembre de 2016 a las 16:19

resurrección galera

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera despido nulo por violación de derechos fundamentales la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de la profesora de religión Resurrección Galera Ramos, que se casó con un divorciado. El Alto Tribunal considera que esa acción tiene los síntomas de ser una represalia por el pleito judicial que ella emprendió once años antes por su exclusión como profesora para el curso 2001-2002 tras casarse en 2000 con un divorciado, según ha informado el Supremo.

El Tribunal le concedió su amparo en 2011 y aquel primer despido se declaró nulo. El Supremo estima ahora el recurso de la mujer en relación a su exclusión del curso 2012-13, y condena a los demandados por la profesora (Ministerio de Educación, Consejería de Educación andaluza y Obispado de Almería) a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación que se devenguen hasta que la readmisión tenga lugar.

El alto tribunal destaca que vuelve a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con “la exclusión de la lista del personal a contratar”, porque, “tras once años pleiteando por el despido (…), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente, conforme a los artículos 12-3 del ET y 4 del RD 696/2007, se niega esa reanudación sin motivar, cual requiere el art. 7-b) del citado Real Decreto”.

“La existencia del procedimiento anterior durante once años, proceso en el que se consideraron vulnerados derechos como el de igualdad y no discriminación, libertad religiosa, intimidad y otros, constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso, máxime cuando el nuevo despido se produjo, prácticamente, sin solución de continuidad, lo que constituía, igualmente, un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva “la garantía de indemnidad” que consiste en el derecho a no ser represaliado por el ejercicio de acciones judiciales”, indica el Supremo.

El fallo añade que “la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones justas y objetivas, que era ajeno a todo propósito de revancha y que con él no se pretendía burlar la ley. Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisión del obispado fue motivada, cual requieren el art. 7 del RD 696/2007 y nuestra jurisprudencia”.

 

El Supremo confirma que la libertad de expresión no ampara el “discurso del odio” en las redes sociales

Jorge Muñoz | 4 de noviembre de 2016 a las 14:05

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de  un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus víctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subió a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el año 2013. La sentencia hace un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado ‘discurso del odio’ (hate speech en inglés – alabanza o justificación de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica “pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.

Entre los 13 mensajes que se destacan en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que queda ahora ratificada, figuran los siguientes: “A mi no me da pena alguna Miguel Ángel Blanco me da pena la familia desahuciada por el banco”, “Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Jaén) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro …”, “Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza”, o “Tengo la botella de champán preparada para el día que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa”.

Al aplicar al caso concreto la jurisprudencia sobre el ‘discurso del odio’, el Supremo rechaza el recurso del acusado, que alegó que la Audiencia Nacional no había sopesado las detalladas explicaciones sobre cada de una de las frases que había realizado en el acto del juicio.

“Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No están presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente”, contesta el alto tribunal.

“Ciertamente en ocasiones –añade la resolución- probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diabólica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea hercúlea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es así no por una aplicación indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparición del suceso. En delitos de expresión en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autoría, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ahí se hace muy difícil encontrar una disculpa razonable que sea convincente”.

La sentencia rechaza además aplicar al caso el nuevo artículo 579 bis del Código Penal, que permite una rebaja de condena a la vista de la gravedad de los hechos, medio empleado y resultado producido. “No se dan los presupuestos para semejante devaluación de la gravedad de conducta, a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades típicas abarcada”, es decir, que hay mensajes tanto de enaltecimiento del terrorismo como de humillación a las víctimas.

HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS, MORFOLOGÍA DE DELITO PÚBLICO

En relación a las modalidades del delito, el Supremo destaca que el de enaltecimiento del terrorismo exigía publicidad, (“… por cualquier medio de expresión pública o difusión ….”), y que no sucedía así con el tipo de humillación a las víctimas (“…. o la realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humillación de las víctimas …”).

“Esta segunda figura reviste una naturaleza más privada: afecta directamente al honor de las víctimas de acciones terroristas por el hecho de serlo; aunque también sin duda golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos”, explica la sentencia.

Esa humillación supone una lesión a su dignidad humana, “violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuración la ofensa privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aquí se tipifica, sin perjuicio de que también pueda observarse su concurrencia en el caso de una pluralidad de afectados y de que sociológica y criminológicamente la afectación tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores colectivos lo que otorga a la infracción la morfología de delito público a diferenciación del delito de injurias con el que guarda algún parentesco (las palabras “menosprecio” o “descrédito” traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con su clásica definición de injurias)”.

El Supremo reconoce por primera vez el derecho de los padres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2016 a las 15:06

vientre dealquiler

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social. En una nota informativa, el Pleno ha hecho pública su decisión de estimar los recursos de casación para la unificación de doctrina planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestación por sustitución, que está inscrito en el Registro del Consulado de España en Los Angeles; y en el otro caso, el de un hombre que concertó una reproducción asitida en la India  con su material genético. En este último caso, la Sala Cuarta transfiere las prestaciones que corresponderían a la madre biológica, que no va a poder disfrutarlas, al padre de las dos niñas. La Seguridad Social les había denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducción Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustitución.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo constituida en Pleno ha deliberado en la fecha de hoy dos recursos de casación para unificación de doctrina en los que se planteaba si la maternidad por subrogación o sustitución puede considerarse situación protegida a los fines de la prestación por maternidad, adopción o acogimiento, con la particularidad de que en uno de los casos el solicitante de la prestación era un varón.

En efecto, en el primer caso se trata de una trabajadora que tiene un hijo en virtud de un contrato de gestación por sustitución, hijo que consta escrito en el Registro del Consulado de España en Los Ángeles, figurando la actora como madre y su pareja varón como padre.

En el otro supuesto se trata de un español que concierta una reproducción asistida en la India, utilizándose su material genético. La madre gestante alumbró dos niñas y aceptó que el hombre asuma, en exclusiva, “todas las funciones y obligaciones que se derivan de la patria potestad”. Las menores fueron inscritas en el Registro Consular como hijas de los padres biológicos (la madre “de alquiler” y el varón español), siendo trasladadas a España por su progenitor. La Seguridad Social española denegó las prestaciones “de maternidad” solicitadas por el padre de las menores puesto que la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los solicitantes de tales prestaciones, pues ha estimado que ha de hacerse una interpretación integradora de las normas aplicadas, contempladas a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de diversos preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.

En el caso del varón, se recuerda que las prestaciones por maternidad también cubren supuestos de adopción o acogimiento, que la madre puede transferir al padre una parte de ellas y que, en ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas (muerte, ausencia de protección) se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión.

El Tribunal Supremo también advierte que no se aprecia conducta fraudulenta, que la atención a los menores es el punto de vista predominante cuando se trata de prestaciones de Seguridad Social, que las prohibiciones sobre inscripción registral o sobre el propio contrato de maternidad por sustitución quedan al margen del problema y que no se está creando una prestación de Seguridad Social, sino interpretando las exigencias de las actuales conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico.

 

El Supremo reconoce el derecho de una juez a prorrogar la reducción de jornada por un hijo enfermo

Jorge Muñoz | 17 de octubre de 2016 a las 15:42

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de no prorrogar la reducción de jornada de una jueza para el cuidado de su hijo enfermo.
El Consejo General del Poder Judicial concedió a la magistrada una reducción de jornada de un 80 por ciento para cuidar del niño, menor de edad, que nació con múltiples enfermedades congénitas. Como tenía que ser hospitalizado con frecuencia, la madre adaptó la vivienda siguiendo las indicaciones del servicio médico del Hospital de la Paz que desaconsejaban los ingresos, debido, entre otras razones, al alto riesgo de infección respiratoria. Los mismos médicos formaron a la mujer para que pudiera cuidar a su hijo preferentemente en casa.

El permiso que se le concedió el 23 de octubre de 2013 no afectaba a su sueldo y suponía que la jueza tenía que ir un día a la semana al juzgado, encargándose un juez sustituto del resto de las jornadas y de las guardias. La medida se le concedió por un periodo de seis meses, siempre que subsistiese la situación y sin perjuicio de posibles prórrogas.

La situación fue prorrogada en tres ocasiones, mediante acuerdos de la Comisión Permanente de 29 abril 2014, 27 octubre de 2014 y 27 de mayo 2015, pero la cuarta solicitud fue denegada por este mismo órgano que consideró que los cuidados que necesita el niño durante el horario de trabajo de la madre pueden ser asumidos por el padre que no trabaja. En el mismo se indicaba que las enfermedades graves acreditadas por su hijo menor no requerían actualmente ingreso hospitalario de larga duración por lo que no concurría el supuesto que requiere una licencia de este tipo –artículo 223 h) Reglamento Carrera Judicial (cuidado directo, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor afectado por enfermedad grave hasta que cumpla los 18 años con 50% reducción jornada como mínimo sin tope máximo), sin perjuicio de que solicite otra más acorde con la situación padecida, como la prevista en el artículo 223 e) del Reglamento de Carrera Judicial (cuidado directo de menor de doce años con tope máximo del 50% de reducción con disminución proporcional de retribuciones) .

En desacuerdo con esta decisión, la mujer presentó recurso contra dicho acuerdo en el que argumentaba que su situación se encuadra en el supuesto de hospitalización y tratamiento del hijo menor de edad del artículo 223 h) que permite la reducción de jornada sin disminución de retribuciones, al menos en la mitad del periodo de audiencia pública. Añadía que la adaptación de su vivienda, el cuidado continuado y especializado del menor y la supervisión del servicio médico del hospital equiparan su situación a la de hospitalización. Y, por último, sobre la posibilidad de que su marido se ocupara de una parte de los cuidados, sostenía que no estaba preparado y que su matrimonio estaba en crisis.

Falta de justificación

La Sala Tercera en su sentencia concluye que el CGPJ acordó inicialmente la reducción de jornada basándose conjuntamente en los apartados e) y h) del artículo 223 del Reglamento de la Carrera Judicial, y ese mismo criterio mantuvo en las sucesivas prórrogas. Así mismo añade que “si ha considerado varias veces que la situación es encuadrable en el referido apartado h), habría debido explicar qué ha cambiado en esta ocasión con respecto a anteriores solicitudes de prórroga de la reducción de jornada inicialmente concedida en 2013. Al no haberlo hecho así, el argumento de que el apartado h) no es aplicable al presente caso no puede ser acogido. En otras palabras, el acto impugnado se aparta inmotivadamente del criterio seguido en ocasiones similares anteriores”.

La sentencia considera que las razones aducidas para denegar la solicitud de prórroga no son ajustadas a derecho y que, además, el propio Consejo General del Poder Judicial había accedido en el pasado a solicitudes similares con respecto a la misma situación. Por todo ello, estima la pretensión subsidiaria planteada por la magistrada reconociendo su derecho a la prórroga en los mismos términos en que se acordó la última.

Sin embargo, rechaza la petición principal planteada por la jueza relativa a que se le reconozca el derecho a una reducción de jornada del 100%; un extremo sobre el que nunca se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial.

Se amputó una mano para cobrar el dinero del seguro

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2016 a las 14:50

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a un hombre que se amputó una mano y simuló un accidente de tráfico para cobrar la indemnización correspondiente a las pólizas que había suscrito con ocho compañías de seguros. El condenado tendrá que devolver 335.000 euros que le ingresaron mediante transferencia bancaria tres de las aseguradoras contratadas: 35.000 euros a Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 90.370 euros a Liberty Seguros y 209.564 euros a Axa Seguros y Reaseguros, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida recogen que en la madrugada del día 10 de diciembre de 2007 el acusado, solo o con la ayuda de terceros, se amputó con un instrumento cortante la mano derecha para cobrar las coberturas pactadas en las pólizas. Después de hacerse un torniquete para controlar la hemorragia, se dirigió con su coche hacia la carretera conocida como Camino Viejo de Nules a Moncofar (provincia Castellón) y lo dejó caer por un terraplén. Acto seguido, colocó la mano que se había cortado a los pies del asiento del conductor y, después de incendiar el automóvil con una bolsa de gasolina, llamó al 112 y se tumbó hasta que llegó un policía local que lo encontró en la misma postura y fumándose un cigarro.

Con posterioridad a estos hechos, emprendió acciones judiciales para cobrar las pólizas de seguro suscritas con las aseguradoras -con algunas tenía hasta tres pólizas- que cubrían, entre otros riesgos, el de fallecimiento, la incapacidad permanente y absoluta por accidente y la gran invalidez. El condenado, que era agricultor, tenía problemas económicos para pagar una hipoteca que había pedido para construir una vivienda, que le habían embargado junto al coche.

Atenuante de dilaciones indebidas

La sentencia estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el acusado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Castellón que le impuso 4 años de prisión, pena que ahora el Tribunal Supremo reduce a tres años y seis meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas por el largo tiempo transcurrido desde que se incoaron las diligencias, en junio de 2009, hasta que se dictó sentencia por dicho tribunal, en enero de 2016.

En todo lo demás, hace suyo el criterio de la sentencia recurrida para condenar al acusado que en su recurso plantea alternativas al relato de hechos probados: que sufre un cuadro psiquiátrico grave crónico, con actual diagnóstico de esquizofrenia paranoide, desde el accidente; que el corte de la mano no fue limpio y se produjo en el momento del accidente, no antes; que el tramo de carretera donde se salió el vehículo es un tramo curvo y no recto y, por último, que solo la amputación de la mano no estaba garantizada en las pólizas contratadas.

Todas son desechadas por la Sala Segunda que en su sentencia concluye que el acusado ocultó a las distintas compañías aseguradoras que había sido él quien había provocado el siniestro origen de las lesiones que constituía la base de su reclamación a las mismas, engaño revestido de una apariencia de realidad y seriedad suficientes para engañarlas, dado lo maquiavélico del plan urdido a tal efecto, hasta el punto de que al menos tres de ellas –Santa Lucía, Liberty y Axa- le abonaron las cantidades citadas y las restantes no lo hicieron, pese a las reclamaciones formuladas, por la prejudicialidad derivada de la existencia de la presente causa penal.

La sentencia añade que “el hecho nuclear del engaño fue amputarse intencionadamente la mano simulando haber sido consecuencia de un siniestro vial, con una puesta en escena apta para provocar la mendaz apariencia deseada”.

Asimismo, indica que los indicios, plenamente acreditados, para condenar se apoyan, entre otros, en el perfil de riesgo del acusado que no justifica la contratación de tantas pólizas en tan poco tiempo. También se basa en su perfil patrimonial, que considera impropio de una persona que contrata ese número de pólizas cuyo pago requiere un aporte económico que no parece poder soportarlo con los ingresos de su trabajo o el de su esposa. Sobre la amputación de la mano, afirma que se produjo antes del accidente y, en ningún caso, por la barra o regle porque el corte es limpio. Por último, señala que la salida del vehículo fue a poca velocidad y de forma controlada, y que el incendio no fue accidental sino por la aplicación de una fuente directa de calor que sólo pudo venir del acusado.

El Supremo confirma el cese de un juez que fijó la puesta a disposición de un detenido para después del fin de semana

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 14:24

tsupremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el cese de un juez que fijó para después del fin de semana la puesta a disposición judicial de un detenido un viernes por un presunto delito de violencia de género. La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le cesó por la falta de idoneidad o aptitud para el cargo por incumplir sus obligaciones de diligencia al no recibir de inmediato al detenido, según ha informado este jueves el Alto Tribunal.

Como hechos probados recogidos en la sentencia consta que la Guardia Civil de Borja (Zaragoza) detuvo a un hombre por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras recibir una denuncia de su ex esposa. Eran las 21:15 horas del viernes día 6 de marzo de 2015. A las 22:25 horas se comunicó la detención al juez, que, a su vez, indicó que la persona detenida fuese puesta a disposición judicial el lunes 9 de marzo de 2015 a las 10:00 horas en el juzgado de Tarazona. Dos días más tarde, el día 11, la titular del juzgado comunicó que se había producido una incidencia anormal en el funcionamiento del Servicio de Guardia por la que se abrió una información sumaria al afectado que finalizó con el acuerdo de cese de la Comisión Permanente del CGPJ.

“Malentendido”

El juez cesado cuestiona el relato de hechos y afirma que, en todo caso, se trató de un malentendido, pues lo que él hizo fue comunicar a la fuerza pública que investigara o practicara más diligencias antes de poner al detenido a disposición judicial y que si el lunes lo trasladaban al juzgado que fuera a las 10.00 horas, puesto que aún no se habría cumplido el tiempo máximo de 72 horas de detención.

Frente a esta tesis, la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, afirma que del expediente administrativo no se deduce que se hubiera producido un malentendido con la Guardia Civil o que el juez de guardia ordenara la práctica de más diligencias que, en todo caso, pudieron practicarse después de la presentación del detenido y de la resolución sobre su situación personal.

A la vista de esos hechos, prosigue la sentencia, el juez con dicha indicación incumplió la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 520.1- que establece que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.

La Sala Tercera considera que lo ocurrido se debe a la inobservancia de las más elementales normas de diligencia de un juez instructor, entre cuyas funciones más trascendentales en el ámbito del proceso penal está, sin duda, el riguroso control de la situación de las personas privadas de libertad. “En efecto, de las diligencias policiales se desprende que ninguna circunstancia impedía la puesta a disposición del detenido el sábado, puesto que ninguna diligencia o actuación de investigación se practicó por parte de la Guardia Civil después de la diligencia de comunicación a la autoridad judicial, ni tampoco se aprecia su necesidad, por lo que debemos concluir que el detenido permaneció injustificadamente en esta situación hasta el lunes 9 de marzo”, subraya la sentencia.

Hecho puntual

Sobre la falta de idoneidad o aptitud, el juez argumenta en su recurso que no se deja de ser “idóneo” por un hecho puntual, como el que ha llevado a su cese, y que los cinco años que lleva trabajando como sustituto no se ha cuestionado esta cualidad.
La sentencia rechaza este argumento y recuerda que el cese de un juez sustituto, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, consiste en dejar sin efecto un nombramiento que está condicionado al mantenimiento de las circunstancias, de aptitud, capacidad, compatibilidad, no incurrir en prohibición, o acreditación de la efectiva diligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo.

La Sala Tercera alude a que la falta de idoneidad “puede venir dada por la contemplación panorámica del desempeño profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero también por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente trascendencia y gravedad como para fluir de ellos un déficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese”.

La bola de Chaves y Griñán

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2016 a las 5:00

 

                                          Rosell

Rosell

En los días previos al pasado jueves, el 15-S para Chaves y Griñán, habían proliferado los rumores de que iba a estallar una bomba de los ERE. Otra de tantas. El hecho de que el juez hubiese ampliado el lunes anterior el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía presentaran sus escritos de acusación hasta el 15 de octubre, había despistado sobre el hecho de que, como era previsible, el Ministerio Público había ya ultimado su calificación provisional y no iba a esperar a que se cumpliera la nueva fecha de entrega. En esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto no es nada criticable –¿por qué esperar cuando el escrito ya está listo?–, hay quien ha querido ver una intencionalidad política: la de intentar contrarrestar el escándalo de Rita Barberá que tantos quebraderos de cabeza está causando a la dirección nacional del PP.Sería utilizar la estrategia pueril del “y tú más…”
Lo mismo ocurría con las singulares coincidencias de determinados autos que dictaba la juez Mercedes Alaya –cuyas tesis no hay que olvidarlo se plasman claramente en el escrito de la Fiscalía–, que hacía coincidir esas resoluciones judiciales con periodos electorales o destacados hitos de la política. Eran autos que sacudían los cimientos del Gobierno andaluz, como cuando la magistrada alcanzó la cúpula de la pirámide a la que se refería constantemente en la instrucción con la preimputación de Chaves y Griñán. Esa actuación tuvo lugar en septiembre de 2013, el mismo día en que Susana Díaz y su Ejecutivo tomaban posesión del cargo. Septiembre se ha convertido en un mes negro en el devenir del caso ERE para los ex presidentes.
De aquel septiembre de hace tres años al actual, y al que pueda venir, porque por mucho que la Justicia pise el acelerador –que también sabe hacerlo cuando se lo propone–, el juicio por la pieza política de los ERE no podrá celebrarse, como muy pronto, hasta septiembre de 2017.
La bomba de los ERE de esta semana no sólo ha causado un gran impacto por la petición de seis años de cárcel a Griñán o la de ocho años para otros tantos ex altos cargos por un delito de malversación que el Tribunal Supremo sólo apreció en el ex consejero José Antonio Viera, pero no en el caso de Griñán.
Anticorrupción, siguiendo el auto de Álvaro Martín pero sobre todo los planteamientos de Alaya, se ha apartado de los criterios del Alto Tribunal, incluso en lo que se refiere al volumen del fraude. Para los fiscales delegados de Anticorrupción, como para Alaya, como el procedimiento de concesión de las subvenciones era ilegal, la totalidad de las ayudas lo son y por tanto los acusados deben devolver los más de 741 millones de euros concedidos entre 2000 y 2010 –Alaya lo cuantificó en casi 855 millones–.
El Ministerio Público se separa nuevamente del instructor del Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien planteó que aunque la cuantía global de las ayudas fuese nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudada en perjuicio del erario público”. Porque habría ayudas a las que los trabajadores tendrían derecho y habrían sido correctas de haberse seguido el procedimiento administrativo adecuado.
Son muchos los factores que influyen en el retraso en la celebración de la vista oral por esta primera pieza separada de los ERE, porque para empezar la Audiencia de Sevilla aún tiene pendiente de resolver los recursos que los ex presidentes y otros altos cargos presentaron contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo pasado por el juez de refuerzo Álvaro Martín.
Lo que sí está un poquito más claro es cómo será el procedimiento para elegir al tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado esta semana las nuevas normas de reparto para causas de “especial complejidad” –aquellas con más de 3.000 folios u ocho partes intervinientes, sin contar con la Fiscalía– acordadas por los jueces de las Secciones Penales que hay en la Audiencia de Sevilla.
Todo comenzará con un “sorteo” entre las cuatro secciones de lo PenalPrimera, Tercera, Cuarta y Séptima– para decidir el turno de reparto. De la bomba de los EREa la bola de los ERE. En ese sorteo no habrá niños de San Ildefonso ni azafatas del cupón o estrellas del fútbol como ocurre en los sorteos de la Champions. Lo llevará a cabo el secretario de los servicios comunes de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, que colocará en un papel el número de cada una de las Secciones y luego el propio secretario, o una mano inocente, sacará uno de ellos, en un acto al que se convocará a los presidentes y secretarios de cada una de las secciones afectadas. Es lo mismo que se hizo a la hora de decidir el tribunal que debía enjuiciar el caso del asesinato de Marta, en el que se hizo un sorteo en presencia de los secretarios judiciales, y al final correspondió a la Séptima.
Una vez que se designe el orden del turno, las siguientes causas complejas –muchos asuntos económicos y de tráfico de drogas se incluirán en ese reparto– se irán distribuyendo por el orden fijado hasta que le llegue el turno al caso de los ERE, un procedimiento que todavía tardará varios meses en llegar a la Audiencia. Lo único que está claro es que el juicio no será en la Sección Séptima, porque este tribunal –en el que ahora está destinada Alaya– es el que resuelve todos los recursos de la instrucción y por tanto está excluida del enjuiciamiento. La bola de los EREsólo podrá recaer en las secciones Primera, Tercera o Cuarta. La suerte está echada, sólo queda saber dónde parará el bombo.

El Supremo confirma la condena a un cabo del Ejército por acosar durante siete años a un subordinado

Jorge Muñoz | 12 de septiembre de 2016 a las 12:07

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años y 10 meses de cárcel impuesta a un cabo Primero del Ejército por acosar sexualmente durante 7 años a un cabo subordinado suyo. El Supremo confirma que fue autor de un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, por el que además deberá abonar 3.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.
Según los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, que el Supremo ratifica, entre septiembre de 2007 y enero de 2014, el cabo “soportó y no consintió” una serie de conductas por parte del cabo primero “consistentes en proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de índole sexual”. Ambos estaban destinados en el destacamento “El Vacar” (Córdoba) y durante 1 año y medio del periodo citado el cabo primero fue jefe inmediato del cabo.

El relato de hechos señala que el cabo primero tocó el culo en varias ocasiones a la víctima, le preguntaba sobre cuándo iba a salir del armario y le pidió repetidas veces que le dejase hacerle una felación. Tras denunciar la situación que estaba viviendo a un suboficial, el cabo estuvo dos meses y medio de baja por una crisis de ansiedad.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Clara Martínez de Careaga, desestima el recurso del cabo Primero, que alegaba vulneración de su presunción de inocencia por falta de pruebas directas. El alto tribunal destaca que la condena se apoya en el testimonio de la víctima, la declaración del propio acusado, y las declaraciones de “nada menos” que 17 testigos y la pericial de dos peritos. Además, entre los testigos no sólo hay quienes tuvieron conocimiento de los hechos a través del denunciante, sino testigos directos de las provocaciones e insinuaciones del acusado e incluso quienes soportaron también el insistente acoso sexual del recurrente.

En cuanto a la alegación de que su conducta no había sido dolosa, el Supremo contesta que los hechos probados “describen de modo inequívoco un acoso sexual prolongado durante aproximadamente siete años en los que el recurrente, unas veces de manera explícita y otras de modo más velado, estuvo solicitando los favores sexuales del cabo, insistiendo machaconamente en ello a pesar de las reiteradas negativas de la víctima, conducta incompatible con una pretendida ausencia de dolo, pues, como señala el Tribunal de instancia (…) estaba dirigida ‘a la mera búsqueda de satisfacción sexual en un inferior prevaliéndose de su empleo jerárquicamente superior que ha causado humillación, miedo y menoscabo de su dignidad como persona y como militar’”.

Por ello, destaca que los hechos fueron correctamente subsumidos por el Tribunal de instancia en el tipo de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante, del artículo 106 del Código Penal Militar, “pues alcanzan la gravedad objetiva y subjetiva que está en la base del citado tipo, con virtualidad bastante para producir, como en efecto produjeron, las consecuencias humillantes y vejatorias que se relatan en la Sentencia de instancia”.

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Revocada la absolución de los responsables de un club de cannabis

Jorge Muñoz | 8 de septiembre de 2016 a las 15:31

cannabis

El Tribunal Supremo anula la absolución de los tres responsables de una asociación de distribución de cannabis de Barcelona con 2.300 socios, al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente, ha informado este jueves el Alto Tribunal.

Sin embargo, la Sala Segunda no dicta sentencia condenatoria al respecto sino que ordena a la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia absolutoria, que dicte nueva sentencia en la que resuelva, con libertad de criterio, las alegaciones de las defensa de los acusados sobre la concurrencia de un error de prohibición invencible (no ser conscientes de que cometían un delito) o vencible, en su actuación, que podrían operar como eximente o atenuante. En su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona no resolvió sobre estas alegaciones subsidiarias de las defensas, al haber estimado la alegación principal, que era que los hechos de los que eran acusados como presidente, secretario y tesorero de la asociación no eran delito.

El Supremo aplica al caso la doctrina fijada por el Pleno de la Sala II el 7 de septiembre de 2015, que ya se ha aplicado desde entonces en otras dos ocasiones a tres asociaciones similares.

En el caso resuelto ahora, referido a la “Asociación Cultural Línea Verde BCN”, de Barcelona, existen diferencias con las entidades afectadas por las otras sentencias, pero para el Supremo son irrelevantes. En concreto, en esta ocasión se desconoce la forma en que se provee el colectivo del cannabis, es decir no consta que fuese un cultivo promovido por ellos; se establece oficialmente el compromiso, aunque no taxativo, de consumir en el local de la asociación; y la misma tiene una oficiosidad administrativa ya que no había sido aún inscrita aunque contaba con licencia municipal amparada en una normativa de ese nivel local. Asimismo, su número de socios, que supera los dos millares, es mucho más abultado que en los otros casos

“El número de socios es tan alto que por más que se intente minimizar la cifra esgrimiendo bajas no reflejadas (lo que no deja de ser signo también de cierto descontrol) no permite buscar abrigo en la doctrina del consumo compartido. Es imposible establecer unos lazos de mínimo conocimiento de esos dos millares de personas; como no es tampoco imaginable un elemental rigor en la comprobación de que las personas que se inscribían como socios eran ya consumidores. Acreditar la identidad y la edad sería suficiente. No es nada dificultoso conseguir un avalista o atribuirse la condición de consumidor”, dice la sentencia.

“Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad-; y la organización metódica de una estructura institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un número no limitado de personas hasta superar los dos mil (…) Aquello es asimilable al consumo personal. Esta segunda fórmula, en absoluto. Se aproxima más a una cooperativa que a una reunión de amigos que comparte una afición perjudicial para la salud, pero tolerada”, añade la Sala.

Para el tribunal, tampoco añade nada significativo al caso que, formalmente, se asumiese la obligación de consumir la droga dentro del local de la asociación. “La antijuricidad o no de la conducta no puede bascular sobre ese dato. Quedaría la salud pública supeditada a un requisito formal: sería delito si se consiente, aunque sea esporádicamente, consumir la sustancia fuera del local; y no lo sería si se consume en el local. ¿Qué diferencia desde la perspectiva del bien jurídico hay entre ambos supuestos para que solo el primero sea merecedor de una pena privativa de libertad?”.

La sentencia incluye un voto particular que destaca que el consumo dentro del local hace atípica la conducta

La sentencia incluye un voto particular discrepante de la magistrada Ana Ferrer en el que defiende que al tratarse de un consumo en los locales de la asociación, por parte de los distintos socios, quienes sufragan con sus aportaciones la sustancia a la que acceden, no se aprecia riesgo de que pudiese verse afectada la salud de terceros ajenos, ni en consecuencia lesionado el bien jurídico que protege el artículo 368 del Código Penal.

Por estas razones, concluye en su voto que se trata de un supuesto de “autoconsumo conjunto atípico”, aunque admite que el número de socios supera con creces el núcleo reducido de consumidores que viene fijándose para aplicar la doctrina sobre el consumo compartido, también valora que todos ellos, como miembros de la asociación, contribuían a sufragar la sustancia destinada al autoconsumo, sin propósito de que se pudiera extender al de terceras personas.

La magistrada señala que casos como éste desbordan los contornos de la construcción jurisprudencial sobre el consumo compartido, que considera atípicos supuestos de consumo plural en que un número reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisición y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos.

Sin embargo, afirma que ello no es óbice para, como alternativa, tratar de fijar criterios que faciliten la adaptación a la misma ante la relevancia social de la cuestión, que pretende trazar vías hacia un consumo controlado y responsable de cannabis en sus distintas variedades, entre socios mayores de edad y en pleno uso de sus facultades de autodeterminación y gobierno, aptos, en consecuencia, para decidir sobre su propia salud.

El Supremo rechaza que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar el paro en un pago único

Jorge Muñoz | 8 de septiembre de 2016 a las 11:59

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rechazado que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único. Según ha informado el Alto Tribunal, la sentencia señala que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los términos legales y ni siquiera se alega –ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal constitución”.

El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitalizó el paro en un solo pago después de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo él mismo el 100 % del capital, nombrándose administrador y dándose de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) diez días después de elevar a escritura pública su sociedad.

Un año después, el Servicio Público de Empleo Estatal –SPEE- le reclamó 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestación al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador autónomo.

El juzgado rechazó la demanda del recurrente solicitando la anulación de la citada resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como autónomo por lo que revocó la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal.

De acuerdo con este último fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único de la prestación sólo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.

La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 sólo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y añade que “cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas físicas, éstas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, reúnen la cualidad de trabajadores autónomos, también a los efectos de la prestación aquí debatida”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Gilolmo López, recuerda que desde la perspectiva finalista del estímulo del autoempleo esta es la solución adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido añade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, “cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparación con aquéllos, también a los efectos que aquí importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo”.