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“Lo que pasa en Alborán se queda en Alborán”

Jorge Muñoz | 17 de junio de 2016 a las 12:15

Condenado un teniente de navío por trato degradante a una marinera

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión al teniente de navío Antonio del R.P. por delito de trato degradante a una marinera. Los hechos ocurrieron en la madrugada del día de Año Nuevo de 2014 en la Isla de Alborán, donde el oficial era el comandante del Destacamento y la segunda una de las marineras allí destinadas.

Los hechos probados de la sentencia ratificada señalan que, tras una cena de Nochevieja de todos los miembros del Destacamento, hacía las 5 de la mañana, el teniente de navío tocó la cintura de la marinera y le dijo que “lo que pasaba en Alborán se quedaba en Alborán”. Luego, en un camino estrecho y de escasa visibilidad de la isla, el oficial se colocó detrás de la mujer, la agarró con una de sus manos por las muñecas llevándoselas a la espalda de la misma e inmovilizándola, “al tiempo que con la otra mano libre le tapaba la boca, evitando así, que pudiera ésta avisar a sus compañeros que iban delante. Acto seguido el oficial tiró de la cabeza a la marinero hasta apoyarla en su hombro, diciéndole que no gritara que no pasaba nada y besuqueándola en el cuello y la cara”.

La marinero –prosiguen los hechos- logró zafarse un instante y pudo gritar el nombre de una compañera, pero inmediatamente el oficial le volvió a agarrar por el brazo izquierdo, tirando de ella hacia atrás, haciendo que cayese al suelo boca arriba, “momento que éste aprovechó para colocarse a horcajadas encima de la marinera y darle un beso en la cara, inmovilizándole los brazos que tenía extendidos a lo largo del cuerpo, con sus rodillas. Al mismo tiempo, le tapaba la boca con la mano derecha para que no gritase y le decía ‘pórtate bien que tú eres una niña muy buena, esta noche te voy a hacer una reina, te voy a chupar entera y te voy a hacer un traje de saliva, esta noche te vas a meter en mi cama conmigo que te voy a hacer cosas que nunca te han hecho’.

“El teniente de navío Del real, que besaba a la marinera por toda la cara, le agarró la mano izquierda para colocársela sobre su pantalón, obligándole de este modo a tocarle sus genitales. El oficial tocaba a la marinera por todo el cuerpo, metió su mano a través de la cinturilla de chándal, llegándole a tocar por debajo de la ropa interior a la altura del vientre y la zona del pecho, por debajo de la sudadera y por encima del sujetador”. La marinero logró escapar del teniente de navío, que posteriormente la rogó por sus hijos que no contase nada, llegando a ofrecerle dinero si no lo revelaba. Tras conocerse lo sucedido, el oficial fue relevado del puesto.

El Tribunal Supremo rechaza en su sentencia los recursos de casación interpuestos tanto por el oficial como por la marinero contra la sentencia del Tribunal Militar Central que estableció contra el teniente de navío una pena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión por delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, con aplicación de la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. Además tendrá que pagar una indemnización a la marinera (que se concretará en fase de ejecución de sentencia) con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El alto tribunal desestima que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado, ya que el tribunal de instancia ha explicado razonadamente los motivos por los que otorga crédito absoluto a la víctima, cuyo testimonio está corroborado además por otras declaraciones, pruebas periciales y documentales. Tampoco acepta aplicar al oficial la eximente completa de trastorno mental transitorio, ya que el informe pericial médico sólo reconoce que tenía alteradas, pero no anuladas, sus capacidades para obrar. Además, no acepta que se le aplique la eximente completa de embriaguez, ya que fue precisamente la embriaguez la que determinó el trastorno transitorio que como eximente incompleta sí se ha apreciado.

El Supremo también rechaza la alegación del oficial de que la pena impuesta no se rebajase en un grado por la concurrencia de dicha eximente incompleta. En ese sentido, respalda que el tribunal de instancia concretará la pena a la vista de la condición de jefe de Destacamento que ostentaba el acusado, la notable diferencia de graduación entre agresor y víctima, gravedad de la conducta, lugar donde se desarrollaron los hechos, y conocimiento previo que el acusado tenía de los efectos que le podía producir el consumo de alcohol.

Respecto al recurso de la víctima, contraria a que se hubiese estimado el trastorno mental transitorio incompleto, la Sala contesta que se ha considerado probado que el teniente de navío consumió alcohol la noche de los hechos, y que fue ese consumo, unido a la base patológica que padece, la que provocó el trastorno.

El Supremo confirma la condena a Santiago Calatrava a pagar 2,96 millones por los fallos en la construcción Palacio de Congresos de Oviedo

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2016 a las 12:27

Port Authority Discusses Plans For WTC Transportation HubLa Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo. La sentencia considera que el arquitecto es responsable por su conducta negligente de los daños que se produjeron tras el derribo de un graderío durante las obras y la construcción de la cubierta que se hizo fija cuando en el contrato estaba previsto que fuera móvil.

La Sala Primera desestima el recurso de casación interpuesto por el arquitecto y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que estimó parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra la sentencia del juzgado que cifró en 3,27 millones de euros la condena al arquitecto y absolvió a la promotora. La sentencia recurrida, en cambio, condenó a Jovellanos XXI a pagar 7.285.000 de euros al arquitecto en concepto de honorarios y, al mismo tiempo, condenó a éste último a pagar a la promotora 10.245.781,74 euros por los defectos en la construcción y sobrecostes en dichas instalaciones. Al restar ambas cantidades, estableció que la indemnización que finalmente tiene que abonar Santiago Calatrava es de 2,96 millones de euros.

El Tribunal Supremo en su sentencia indica que existen unos daños y perjuicios acreditados y evaluados, y una sociedad -Jovellanos- que encarga a otra -Santiago Calatrava LLC- la confección de un proyecto y la dirección y vigilancia de unos trabajos que se ha visto obligada a satisfacer “por el actuar negligente de quien se había obligado a ejecutarlos correctamente por un contrato de obra, al que no ha dado cumplimiento, o, si se prefiere, por quien está vinculado a un contrato que ha incumplido negligentemente, por no guardar en su forma de actuar la debida diligencia y que ha obligado a la promotora a reparar los desperfectos ocasionados, que ahora reclama”.

La sentencia considera responsable al arquitecto de los daños ocasionados porque su sociedad era la encargada de la dirección de la obra y de su ejecución, por imperativo legal y contractual, y como tal “responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificación, a pie de obra, durante la realización de las obras, con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo”.

En segundo lugar, afirma que “la contratación de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcción de una obra singular o emblemática en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente más económicas, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidad a quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales tiene un control absoluto no solo del proyecto sino de su ejecución para que la obra se concluya sin problemas”. Por todo ello, concluye que si el arquitecto realizó con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los daños derivados de su “negligencia” en su ejecución en virtud del contrato existente entre ambas partas.

Asimismo, señala que se trata de “un fracaso generalizado de la unidad de estructura a la que se extendían las labores de dirección, supervisión y vigilancia, dada la singularidad que tenía la que soportaba el graderío, del que debe responder, por más que en su ejecución hayan intervenido otros agentes, bajo su control, contra los que tendrá la posibilidad de repetir lo que a su culpa pudiera imputárseles”.

Sobre la cubierta móvil, indica que también se produjo un incumplimiento contractual porque pese a que dicho dispositivo móvil a modo de visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las señas de identidad del mismo, no se consiguió en la forma que se había convenido, cuando era posible hacerlo en la totalidad de las situaciones. En este sentido, destaca que hubo una “falta de previsión en el diseño, fabricación y ejecución de la estructura de la cubierta, lo que llevó a que no pudiera cumplir su función de móvil con la necesaria seguridad y frecuencia, incluso antes de producirse la fisura en el proceso de sondeo del arco móvil a las orejeras de conexión de las costillas móviles. En consecuencia, el condenado aceptó “una solución constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un daño a la promotora perfectamente evaluable”, subraya la sentencia.

El Supremo condena al ladrón que olvidó la figurita del bautizo de su hija en la vivienda que robó

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2016 a las 16:44

figurabautizoHay errores que se pagan y algunos con unos años a la sombra. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a siete años y nueve meses de prisión a un ladrón que fue descubierto al olvidar una figura del bautizo de su hija en una cama de la vivienda asaltada que la víctima entregó a la Policía. La sentencia indica que “difícilmente puede encontrarse una pista más incriminatoria” que el hecho de que el recurrente se hubiese olvidado el recordatorio en el piso asaltado y considera que ese hallazgo es una prueba indiciaria de especial relevancia que permitió a la Policía iniciar una investigación, orientada hacia los asistentes a la celebración, que concluyó con la detención del condenado.Después de investigar los bautizos que se habían celebrado en Barcelona –en los que se entregó el mismo recordatorio-, la Policía localizó a la madre de la niña bautizada, ex pareja del acusado, que les entregó una foto en la que aparecían algunos de los asistentes a la celebración. Los agentes se la enseñaron a la víctima que al verla pudo identificar al asaltante.El condenado denunció en su recurso que se han vulnerado los requisitos para que la identificación fotográfica policial sea fiable al mostrarse a la víctima sólo una foto, en la que aparecían diez personas con características muy diferentes, y en consecuencia niega la validez del reconocimiento en rueda que hizo ésta en el juzgado y, posteriormente, en el juicio.Sin embargo, la Sala Segunda indica que no se vulnera la regla de mostrar una pluralidad de fotografías de los archivos policiales, o al menos de características similares a la descripción realizada por la víctima, cuando existe un indicio relevante que permite reducir el campo de sospechosos a un colectivo más reducido y se dispone de una fotografía de los integrantes de dicho grupo que puede ser examinada sin sugestión alguna por la víctima.

Tampoco duda de la identificación que hizo la mujer, -estaba en su casa, con unas condiciones de luz favorables- que pudo ver la cara al autor del asalto durante un tiempo ya que actuó, al igual que los otros dos condenados, a cara descubierta.

Por todo ello, afirma que dicha identificación visual en fase policial cumple con los factores –intraprocesales y ambientales- necesarios para la fiabilidad y exactitud de la misma.

La sentencia estima parcialmente los recursos de casación interpuestos por los tres condenados y corrige las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona por los delitos de robo con intimidación con uso de instrumento peligroso en casa habitada (4 años), detención ilegal (5 años), lesiones (1 año y 6 meses) y falsificación (9 meses de prisión para dos de ellos), con la atenuante de reparación del daño. La Sala Segunda rebaja de 9 años de prisión a 5 años y 6 meses las condenas a cada uno de ellos sólo por los delitos de detención ilegal y robo con violencia e intimidación en casa habitada haciendo uso de armas, con la misma atenuante de reparación del daño, que considera se han cometido en concurso medial.

En este caso, explican los magistrados, la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para cometer el robo; motivo por el que se anula la sentencia recurrida sólo en este extremo, manteniendo el resto de pronunciamientos sobre el delito de lesiones y falsificación, la responsabilidad civil, las costas y la absolución de los demás acusados.

Los hechos probados se produjeron el 29 de octubre de 2013 cuando los tres recurrentes se presentaron en casa de la víctima que les abrió la puerta al creerse que eran los mismos operarios que habían estado antes en la vivienda realizando unos trabajos -que también eran sudamericanos- para recoger unas herramientas. Los asaltantes se lanzaron violentamente sobre ella, le colocaron un cuchillo junto al cuello, la maniataron, amordazaron y ataron. Después llevaron a la mujer a una habitación donde había una caja fuerte, de la que se llevaron 1500 euros, y consiguieron a base de golpes que les entregara algunas joyas. Finalmente, le taparon la cara con una toalla y le dijeron que estuviera 20 minutos sin moverse y sin llamar a la policía porque la matarían. La víctima pudo liberarse de las ataduras y llamó por teléfono a su hija que acudió al domicilio junto a los agentes. Los condenados se llevaron ordenadores y teléfonos móviles, valorados en 480 euros, joyas y dinero en efectivo. Días después, dos de ellos fueron detenidos con pasaportes argentinos falsos.

El Supremo anula la sanción al brigada que no quería brindar por el Rey

Jorge Muñoz | 4 de mayo de 2016 a las 12:11

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado por prescripción la sanción disciplinaria de un mes y un día de arresto impuesta a un brigada del Ejército de Aire por una falta grave cometida al decir que no brindaba por el Rey el día de su onomástica, aunque, finalmente, acabó alzando su copa por su Majestad junto al resto del Destacamento de Alhucemas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado y ratifica el fallo del Tribunal Militar Central que anuló la citada sanción y estableció que se indemnizara al suboficial por los daños morales derivados del cumplimiento de la misma en el Establecimiento Disciplinario Militar de Ceuta. En este sentido, fijó que la cuantía de la indemnización sería la suma del importe de la dieta en territorio nacional por cada día que estuvo privado indebidamente de libertad, además de otra cantidad determinada en el trámite de ejecución de sentencia por otros daños o perjuicios que haya podido sufrir a consecuencia del castigo.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Quinta indica que cuando se notificó al expedientado dicha sanción, el 17 de septiembre de 2013, ya había prescrito al haberse agotado el plazo de seis meses que establece el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la caducidad de las faltas graves.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2012 cuando un teniente, entonces Comandante Militar del Destacamento de Alhucemas, le dijo a un sargento que preparara un vino con motivo del santo del Rey Juan Carlos. El brigada sancionado replicó que eso ya no se llevaba y el mando le contestó que allí sí se celebraría. Dos días después, el día de San Juan, el teniente se percató de que el militar no se encontraba en la formación con todo el Destacamento para entrar en el comedor y, como fue imposible localizarlo por teléfono, fue a buscarle al despacho, comunicándole que tenía cinco minutos para bajar. Al llegar allí, el suboficial expedientado dijo que él tenía lealtad a España y a la Bandera pero que no brindaba por el Rey, aunque, después, levantó su copa por su Majestad y se marchó del comedor.

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Por estos hechos, el 12 de septiembre de 2012, se abrió al militar un expediente disciplinario, que acabó con la resolución sancionadora el 13 de septiembre de 2013 por una falta grave del artículo 32 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Corona). Meses antes, se inició un procedimiento penal que fue archivado, decisión que fue comunicada al instructor.

La sentencia indica que la autoridad disciplinaria puede incoar y tramitar un expediente sancionador y que no está obligada a suspenderlo aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos, señalando que no puede resolverlo antes de que acabe éste último.

En este caso, subraya la Sala, la autoridad disciplinaria conoció la apertura del procedimiento penal y en lugar de esperar a que éste terminase y se lo comunicaran, optó por incoar el expediente disciplinario y tramitarlo, sin llegar a suspenderlo justificadamente antes de que le fuera notificado el auto de archivo. De ese modo, concluye que el plazo legalmente establecido para su tramitación no quedó interrumpido por la existencia de actuaciones penales y continuó corriendo hasta agotar el plazo de tres meses fijado para su instrucción.

El Supremo suspende los recursos de cláusulas suelo hasta conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad

Jorge Muñoz | 14 de abril de 2016 a las 10:37

clausula-sueloLa Sala I del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria (cuya deliberación estaba fijada para el próximo 4 de mayo) hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

El Supremo confirma la nulidad del control de legalidad de los notarios en los préstamos

Jorge Muñoz | 9 de marzo de 2016 a las 14:40

notarioLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo 30.3 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios por falta de habilitación legal para regular la competencia del control de legalidad de los notarios, que pueden denegar la autorización de los préstamos hipotecarios o la inscripción de alguna de sus cláusulas cuando no cumplan con la legalidad vigente.

La sentencia indica que es necesaria una norma de rango legal que dé cobertura a las previsiones recogidas en la mencionada Orden que no sólo otorga la función de control notarial, sino que además establece que la decisión será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, según ha informado el Tribunal Supremo.

La Sala Tercera rechaza los recursos de casación interpuestos por el abogado del Estado y el Consejo General del Notariado y ratifica el fallo de la Audiencia Nacional, que a su vez estimó el recurso interpuesto por el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, anulando los citados preceptos.

El abogado del Estado defendió en su recurso, entre otros motivos, que el notario es un funcionario público que en su tarea de dar fe conforme a las leyes tiene un deber genérico de controlar todos los documentos por él autorizados. Por su parte, el Consejo General del Notariado argumentó que los preceptos anulados no tienen como objeto introducir un control de legalidad, sino proteger a los consumidores y a los usuarios en el mercado hipotecario.

Sin embargo, la Sala Tercera afirma que del tenor literal de los preceptos cuestionados se concluye que establecen dicho control de legalidad del notario sobre las operaciones de préstamo en las que interviene, lo que le permite denegar la autorización del mismo o de algunas de sus cláusulas.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, considera que no se trata de cuestionar la oportunidad, procedencia o incluso la conveniencia de que el notario pueda ejercer esa función de control, sino si esta competencia está amparada o no, cuando resulte necesario, en una norma de rango legal.

La sentencia rechaza que los preceptos impugnados tengan cobertura legal en la Ley del Notariado, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Defensa de los Consumidores o la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. También concluye que corresponde al legislador, y no a un departamento ministerial determinado, la aprobación de los preceptos ahora anulados por falta de cobertura legal.

Asimismo, reconoce la legitimidad activa para recurrir del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a quienes no se puede considerar como simples terceros ajenos a la materia regulada en dichos preceptos.

El Champín gana al Champagne

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2016 a las 13:06

champínNo es una cuestión de sabores o de grados de alcohol, sino de marcas. La Sala de lo Civil ha confirmado que el uso de la marca “Champín” para comercializar una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas -bebida no alcohólica- no constituye una infracción de la denominación de origen “Champagne” por parte de la empresa Industrias Espadafor, titular de la mencionada marca.

La sentencia rechaza el recurso de casación interpuesto por el Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Granada que no apreció causa de nulidad de la marca “Champin” ni actos de competencia desleal, en contra de lo que sostuvo el juzgado de lo Mercantil de Granada al estimar la demanda de dicho Comité.

La Sala Primera considera que Industrias Espadafor ha utilizado su marca denominativa “Champín” como la tiene registrada, para una bebida infantil gaseosa con sabor a frutas, producto ajeno a los vinos amparados por la denominación de origen “Champagne” y a cualquiera de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007.

Del mismo modo, indica el fallo que la evocación que el uso del signo “Champín” puede generar respecto del “Champagne” es tenue e irrelevante. Sobre todo, subrayan los magistrados, porque en este caso no se genera la conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, y tampoco constituye un aprovechamiento indebido de su reputación.

Asimismo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sánchez Gargallo, afirma que la marca “Champín” no induce a pensar a los consumidores que su bebida ha sido elaborada a partir de champagne o que sea un producto derivado del mismo o que comparta con él algunas de sus características principales. Añade que a ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen y su disparidad respecto a aquellos para los que está registrada la marca denunciada, que impide que pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia.

La Sala de lo Civil concluye que la empresa demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica se aproveche del prestigio del “Champagne”. Según la resolución, el empleo simultáneo del mismo envase que los vinos espumosos y de aguja, y no exclusivo del “Champagne”, tampoco supone un aprovechamiento de la reputación ajena.

El Supremo rechaza recursos contra dos sentencias de 1940

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2016 a las 13:24

SupremoLa  Sala II del Tribunal Supremo ha denegado la autorización para presentar un recurso de revisión contra dos sentencias de 1940 que condenaron al pago de una multa de 300.000 pesetas a un responsable político del Partido Izquierda Republicana, Javier Domezain Chávarri. El rechazo se produce por falta de legitimación de la recurrente, por lo que el tribunal no entra  en el fondo del asunto.

Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Pamplona, que impuso en primera instancia la incautación de sus bienes, y a continuación por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que cambió esa incautación por una multa de 300.000 pesetas.

El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, estima que la recurrente, sobrina nieta de Domezain Chávarri, carece de legitimación para presentar el recurso de revisión de acuerdo al artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Añade que, al haber fallecido ya el condenado, y ser la pretensión la rehabilitación de la memoria del difunto, la promovente podría ser su esposa, ascendiente o descendiente del mismo, y sin embargo quien pide autorización para recurrir es la nieta de la hermana del condenado.

El auto señala que ni de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que se basa el recurso para revisar las citadas sentencias de 1940, cabría encajar la legitimación de la recurrente, ya que otorga el derecho a la declaración de reparación y reconocimiento personal en caso de personas fallecidas al cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes, y sus colaterales hasta el segundo grado.

Ante la falta de legitimación de la recurrente, el Supremo no entra a resolver el fondo del asunto, incluidas las dudas planteadas por la Fiscalía sobre si la competencia correspondería mejor a la jurisdicción contencioso-administrativo, y no a la penal, debido a la naturaleza y composición de los tribunales de responsabilidades políticas creados por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939.

El Supremo avala el pago a los jueces de los días de descanso no disfrutados

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2016 a las 14:06

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los días de descanso no disfrutados tras las guardias. El recurso de casación en interés de Ley planteado por el abogado del Estado se dirigió contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que condenó a la Administración a abonar a un juez 6.600 euros por el concepto citado, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
El abogado del Estado argumentó que la sentencia aplicaba una doctrina errónea y que representaba un grave daño para el interés general, ya que podría acarrear “reconocer una indemnización a todos los jueces que han hecho guardias por los días de descanso que no han disfrutado después de su realización”, y la “aplicación de esta doctrina no sólo podría producirse por la interposición de nuevos recursos, sino también mediante la extensión de efectos de la sentencia recurrida”.

El abogado del Estado calculó, teniendo en cuenta sólo las guardias anuales de 24 y 48 horas, que la cuantía de estas indemnizaciones podía ascender a 1,6 millones de euros anuales, lo que multiplicado por 4 (al ser 4 años el plazo ordinario de prescripción de reclamaciones ante la Administración) representaría un total de 6,7 millones.

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En su sentencia, la Sala III del Supremo destaca que “la parte recurrente no aporta dato alguno respecto de las guardias semanales, sobre las que recae precisamente la sentencia recurrida, ni tampoco en relación a las guardias de disponibilidad permanente. Únicamente cuantifica las guardias de 24 y de 48 horas, pero incluyendo las cifras de Madrid y de Barcelona, que representan un 43,47% del total y en relación con la cuales la normativa española ya contemplaba la posibilidad del día de descanso a la conclusión de la guardia”.

“Y, además –añade– desde el Acuerdo de 13 de octubre (de 2013) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ya está extendida la posibilidad del día de descanso tras el servicio de guardia o la correspondiente compensación horaria, para todos los Jueces y Magistrados que presten dicho servicio, lo que imposibilitará de futuro recursos con idéntica pretensión”.

El alto tribunal concluye que “no cabe estimar la concurrencia del grave daño para el interés general” que defiende el abogado del Estado, “dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico, ni el número aproximado de posibles afectados”.

Además, señala que, “al haber sido reconocido en el año 2013 el día de descanso posterior al servicio de guardia, difícilmente se va a producir el efecto multiplicador de persistencia en el futuro de una doctrina eventualmente errónea, la cual sólo podría considerarse susceptible de proyección para supuestos en los que resultase de aplicación la antigua normativa, los cuales no han sido cuantificados, con una mínima precisión, por la parte recurrente. no siendo posible apreciar la gravedad del daño que pueda ocasionarse a la Administración”.

 

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El Supremo concede una pensión de viudedad por violencia de género pese a que el marido fue absuelto

Jorge Muñoz | 4 de febrero de 2016 a las 12:12

violenciaEl Supremo concede pensión de viudedad por violencia de género a una mujer aunque el marido fuese absuelto. El artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer pensión de viudedad a la víctima de violencia de género que se separó o divorció mediando esa circunstancia.

La Sala de lo Social del Supremo establece en una sentencia que en supuestos de separación o divorcio anteriores a la Ley Orgánica 1/2004, de Protección Integral frente a la Violencia de Género,  “la existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de género constituye un serio indicio de que la misma ha existido”, aunque añade que “sin que ello suponga que estamos ante un medio de prueba plena sino que ha de contextualizarse con el resto de la crónica judicial de lo acaecido”, ha informado el Tribunal Supremo.

De acuerdo a esa doctrina, estima el recurso de una mujer a quien reconoce el derecho a percibir la pensión de viudedad de un hombre del que se separó cuando era víctima de maltrato por su parte, condenando al Instituto Social de la Marina (que gestiona la Seguridad Social de los trabajadores del mar) al abono de la misma.  

La mujer denunció en 1995 ante la Guardia Civil de Villlagarcía de Arosa (Pontevedra) a su marido por maltrato, pero el Juzgado de Instrucción le absolvió el mismo año porque finalmente ella retiró la acusación. En 1998 se separaron, año en que volvió a denunciar a su marido, siendo condenado éste por una falta de amenazas aunque no hacia ella sino hacia un hijo de ambos. El hombre murió el 31 de octubre de 2010.

El Supremo señala que en la realidad social de 1995, cuando se planteó la primera denuncia por maltrato, las manifestaciones de la demandante constituyen un importante indicio de que estaba siendo violentada por su esposo, que en este caso se ve reforzado por otros datos como la sentencia condenatoria por amenazas al hijo o la desatención del hombre al sostenimiento de la economía familiar, hechos que son compatibles con la situación de maltrato denunciada por la mujer en varias ocasiones.

Por ello, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que denegó la pensión y confirma la del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra, que declaró su derecho a percibirla.