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El TSJA incorpora a siete nuevos magistrados

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2018 a las 19:01

Jura 23 enero

Siete nuevos magistrados han jurado o prometido hoy sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los nuevos miembros de la carrera judicial fueron nombrados magistrados una vez superado el concurso entre juristas de reconocida competencia.

Dos de los nuevos magistrados pasarán a desempeñar sendas plazas en Ceuta, en concreto, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 y 6. Los otros cinco magistrados quedan a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tres en el orden penal y dos en el civil.

De estos cinco magistrados, dos han sido adscritos a Sevilla. Uno de ellos cubrirá la plaza del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, en funciones de sustitución de su titular, que se encuentra en comisión de servicio en la Audiencia de Sevilla, concedida para reforzar este órgano judicial por la sobrecarga de trabajo de las secciones penales debido a las causas de especial complejidad que se tramitan.

Otro de los nuevos magistrados ha sido destinado a los Juzgados de lo Penal de Sevilla, en funciones de refuerzo que desempeñará conforme al plan de actuación actualmente vigente, quedando asignado al Juzgado de lo Penal número 14 hasta el 2 de febrero y al Juzgado de lo Penal número 9 hasta el 1 de julio de 2018.

Juzgado de cláusulas suelo de Córdoba

A Córdoba irá destinado otro magistrado que hoy ha tomado posesión. En concreto, al Juzgado de Primera Instancia número 9 en funciones de refuerzo para asumir la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

A otro magistrado se le ha asignado el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, en funciones de sustitución de su titular, mientras que a Málaga irá otra magistrada al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos, también en funciones de sustitución de su titular.

Los magistrados que hoy han prometido o jurado son:

María Victoria Rodríguez Caro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta.

María de la Luz Lozano Gago. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta.

Jerónimo García San Martín. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, en funciones de sustitución de su titular.

Silvia Coll Carreno. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de Primera Instancia 4 de Torremolinos, en funciones de sustitución de su titular.

Felipe Javier Pérez Castillo. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba, en funciones de refuerzo para asumir la materia relativa a cláusulas suelo.

José Jesús Maraver Lora. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgados de lo Penal de Sevilla en funciones de refuerzo.

Jesús Miguel Moreno Ramírez. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de lo Penal 5 de Almería, en funciones de sustitución de su titular.

 

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Sólo tres apelaciones

Jorge Muñoz | 31 de diciembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final va a tener razón Lorenzo del Río cuando dijo que el desplazamiento de las Secciones de Apelación Penal del TSJA a Sevilla y Málaga era una decisión “prematura e injustificada”. Las estadísticas, que casi siempre suelen ser el dato más objetivo, le dan la razón al presidente del Alto Tribunal andaluz. Desde que en marzo pasado se dictó el Real Decreto 229/2017, que creó 16 plazas de magistrados –seis de ellas para Andalucía– para hacer efectiva la segunda instancia penal, permitiendo que los recursos de apelación de las Audiencias Provinciales lleguen al TSJA y no al Tribunal Supremo, sólo se han registrado “tres” apelaciones penales procedentes de la Audiencia de Sevilla. Sí, la cifra es correcta, sólo tres apelaciones. Y la situación es similar en Málaga, donde se han recibido “siete” apelaciones penales de la Audiencia Provincial, según los datos facilitados por el TSJA y que están contabilizados hasta el pasado 20 de diciembre. Es más, hay provincias para las que no se planteó el desplazamiento de las Salas que han ingresado muchos más recursos que Sevilla y Málaga. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cádiz, que aglutina hasta 22 apelaciones penales –una cifra que puede explicarse por el elevado volumen de casos de tráfico de drogas que se investigan cada año–; y en Almería, con otras 11 apelaciones.
La provincia de Granada, donde Lorenzo del Río propuso la creación de la Sala de Apelaciones del TSJA, ha ingresado los mismos recursos que Málaga, siete; mientras que el resto de apelaciones se completa con las cuatro contabilizadas en Jaén, dos en Córdoba y sólo una en Huelva. En total, se han presentado 57 apelaciones penales procedentes de las ocho audiencias provinciales.
Y con estas cifras, ¿es realmente necesaria la creación de las Salas de lo Penal desplazadas a Sevilla y Málaga?

Con tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga desde abril pasado no parece que tenga mucho sentido crear esas dos Salas, con todo lo que representan en cuanto a dotación de medios materiales y personales. En el caso de Sevilla, aun cuando resolviera además las apelaciones de otras provincias de Andalucía Occidental, como Cádiz y Huelva, lo cierto es que no llegarían a la treintena los recursos que tendrían que tramitar los tres magistrados que integrarían la Sala, lo cual sería un verdadero agravio comparativo con el resto de sus compañeros de los órganos unipersonales o de la Audiencia, que cuentan por centenares los asuntos que tienen que tramitar al año. Lorenzo del Río tenía razón.
La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el desplazamiento de las futuras Salas de Apelaciones Penales de Sevilla y Málaga en una reunión celebrada en abril pasado y por una mayoría de 23 votos a favor, con cuatro en contra y una abstención. El acuerdo de la mayoría de los magistrados justificaba la medida en la “necesidad de mantener la Administración de Justicia en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella”, así como en la “legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Sevilla y Málaga”, y también en la existencia de otras Salas del Tribunal Superior de Justicia en estas provincias.
Lorenzo del Río, por su parte, emitió un voto particular, al que se sumaron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. En ese voto, el presidente del TSJA apuntaba que no concurrían en este caso “circunstancias objetivas” que justificaran la decisión de desplazar las Salas a Sevilla y Málaga. A su juicio, la decisión respondía a “lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos”, por lo que concluía que la medida era “prematura e injustificada”. Del Río argumentaba ya entonces que de acuerdo con el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el desplazamiento de las Salas estaba condicionado a la “necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá”. Y tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga corroboran la opinión del presidente.
El voto particular proponía la creación de una Sección de apelación penal en el seno de la propia Sala Civil y Penal del TSJA, en Granada, que estaría compuesta por un presidente y dos magistrados, “sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro”, advertía Lorenzo del Río.
El presidente del Alto Tribunal andaluz señalaba que al crearse en Granada se podría hacer con los “recursos existentes” en la sede del TSJA, sin necesidad de crear dos nuevas secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear otras dos plazas de letrados de la Administración de Justicia, que supondrían “un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales”.
Del Río añadió que la distancia para el justiciable o los profesionales no justificaba el desplazamiento, por cuanto que el recurso de apelación tiene una tramitación exclusivamente “escrita”, no hay vistas y por tanto se evitan los desplazamientos.
En junio pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento de la petición de la Sala de Gobierno del TSJA para crear las secciones de apelación penal desplazadas en Sevilla y Málaga, pero no adoptó ninguna decisión, quedando aplazada para otra reunión que aún no se ha producido. Y ahora que se tienen estos primeros datos sobre las apelaciones penales, parece que la histórica reivindicación de crear las Salas de lo Penal del TSJA en Sevilla y Málaga tendrá que aguardar aún algún tiempo más.

Descienden un 18% las separaciones sin acuerdo

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2016 a las 18:53

estadistica

En el tercer trimestre de 2016 el número de demandas de disoluciones matrimoniales ha mostrado una disminución tanto de las separaciones como de los divorcios, respecto a igual trimestre de 2015, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las separaciones no consensuadas son las que mayor descenso han experimentado, un 18%, mientras que las consensuadas también han disminuido un 16,3% respecto al tercer trimestre de 2015. En la comunidad Autónoma de Andalucía se interpusieron 98 demandas de separación no consensuada y 175 de separación consensuada, ha informado hoy el TSJA.
Respecto a los divorcios, también han disminuido aunque en menor medida. Así, los divorcios no consensuados han descendido un 1,8% mientras que los consensuados lo han hecho en un 14,5%. En Andalucía se presentaron durante el tercer trimestre del año 2.126 demandas de divorcio no consensuado y 2.193 demandas de divorcio consensuado.
Por provincias, Sevilla y Málaga son las que más demandas de separación y divorcio presentaron mientras que Huelva y Jaén son las que menos demanda hubo.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2016 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se ha dado en Canarias, 0,65; seguida de la C. Valenciana, 0,61; Cataluña, 0,58; Asturias, 0,56; Illes Balears, 0,55; Andalucía y La Rioja, 0,54. Todas superan la media nacional
de 0,52. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Navarra, 0,36; Castilla y León y País Vasco, 0,37.

 

 

 

Los desahucios bajan en Andalucía un 9,3% en el tercer trimestre del año

Jorge Muñoz | 12 de diciembre de 2016 a las 18:38

Los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias descienden un 14 por ciento y los derivados de arrendamientos urbanos bajan un 3,2 por ciento · La cifra de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue 2.180, lo que supone una disminución interanual del 38,3 por ciento · Los procesos monitorios bajan más de un 30 por ciento y disminuyen también las demandas por despido un 11 por ciento

TSJA

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2016 en la Comunidad Autónoma de Andalucía experimentó un descenso del 9,3 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, al pasar de 2.157 a 1.956, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

La cifra de lanzamientos practicados ha disminuido en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Los lanzamientos por impago del alquiler disminuyeron el 3,2 por ciento respecto al tercer trimestre de 2015, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 14 por ciento.

Cataluña –con 2.815, el 23,2 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados, seguida por Andalucía –con 1.956-, la Comunidad Valenciana –con 1.767- y Madrid, con 1.333. Estos cuatro territorios sumaron el 64,8 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.740; seguida por Madrid, con 970; Andalucía, con 856; y la Comunidad Valenciana, con 783. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.014; seguida por la Comunidad Valenciana, con 954; y Cataluña, con 949.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2016 fue de 2.763, un 14,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 1.511 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 6,2 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 37,3 por ciento

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del año fue de 2.180, un 37,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

Todas las Comunidades Autónomas experimentaron descensos interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, siendo superiores al 40 por ciento en Asturias, Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fue Andalucía –con 2.180, el 24 por ciento del total nacional-; seguida por Cataluña –con 1.859- y la Comunidad Valenciana –con 1.263-.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2016, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 223, lo que supone una disminución del 1,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De esos concursos, 34 corresponden a los presentados por personas naturales no empresarios –cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, por lo que atendiendo solo a los 189 concursos registrados en los Juzgados de lo Mercantil se observa una disminución interanual del 16,4 por ciento.

Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos presentados en el tercer trimestre del año -376, el 23,6 por ciento del total nacional-. Le siguieron Madrid, con 317; Andalucía, con 223; y la Comunidad Valenciana, con 195.

También fue en Cataluña donde se registraron más concursos de personas físicas en ese periodo: 103, lo que supone el 30,7 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 74; la Comunidad Valenciana, con 49; y Andalucía, con 34.

Las demandas por despido caen un 11,1 por ciento

Las 3.726 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma en el tercer trimestre del año suponen un descenso interanual del 11,1 por ciento.

Por territorios, Madrid –con 4.745, el 20,3 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.348, el 18,6 por ciento- y Andalucía –con 3.726, el 15,9 por ciento-.

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 21.895, lo que supone una reducción del 30,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.

La disminución se ha producido en todas las Comunidades Autónomas excepto en Cataluña, donde han aumentado un 35,9 por ciento.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Los asuntos ingresados en los juzgados andaluces caen un 29,6% en el segundo trimestre

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2016 a las 6:00

El descenso más acusado, del 40,4 %, se da en la jurisdicción penal, como consecuencia de la reforma de la LECrim

Baja también el número de nuevos asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que aumenta en la social y civil * La tasa de litigiosidad en Andalucía en el segundo trimestre del año fue de 39,7 asuntos por cada mil habitantes, la segunda más alta de España Granada, 19 de octubre de 2016.

abogado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales andaluces en el segundo trimestre del año fue de 340.209, lo que supone una disminución del 29,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, según los datos del informe “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2016” hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El descenso más acusado se dio en la jurisdicción penal, con un 40,4 % menos de nuevos asuntos que en el segundo trimestre del año pasado, como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción.

La reforma legal tiene también reflejo en el número de asuntos resueltos por los tribunales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados, que fue de 361.442. La cifra supone un 27,9 % menos que en mismo trimestre de 2015, cuando la LECrim aún no había sido modificada y se contabilizaban los asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción, que se
resolvían de forma inmediata con un auto de archivo por falta de autor conocido.

Por último, el número de asuntos que quedaron en trámite al final del segundo trimestre del año fue de 478.538, un 9% menos en al final del mismo periodo del año anterior.

Datos por jurisdicciones

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en los meses de abril, mayo y junio de este año alcanzó los 97.390, lo que representa una aumento interanual del 1,5 %. La cifra de asuntos resueltos fue de 99.414 y la de asuntos en trámite al final del periodo de 223.303. En la jurisdicción penal, el número de nuevos asuntos fue de 211.854, un 40,4 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2015. En esta jurisdicción se resolvieron 223.598 asuntos y quedaron en trámite al final
del periodo otros 146.864.

Como se ha indicado, la importante reducción en el número de asuntos ingresados obedece a la entrada en vigor de la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim, que en el segundo trimestre de 2016 ha tenido como consecuencia que la cifra de nuevos asuntos en los Juzgados de Instrucción –que antes recibían los atestados policiales sin autor conocido del delito
denunciado- haya bajado casi a la mitad.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en el segundo trimestre del año 13.249 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 9,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. El número de asuntos resueltos fue de 19.139 y el de asuntos en trámite al final del trimestre de 47.108, lo que supone un 24, 7% menos que en el segundo trimestre de
2015.

En cuanto a la jurisdicción social, el número de asuntos ingresados en el segundo trimestre fue de 17.716, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 19.291 asuntos y quedaron en trámite otros 61.263.

Canarias, Andalucía y Madrid, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el segundo trimestre del año fue de 34,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional son Canarias (40,8 asuntos por cada mil habitantes), Andalucía (39,8), Madrid (35,9), Murcia (35,8), Illes Balears (35,5), Comunidad Valenciana (35,3) y Cantabria (34,8). En el otro extremo, las Comunidades con una tasa de litigiosidad más baja
fueron el País Vasco y La Rioja (ambas con 24,6 asuntos por cada mil habitantes), y Navarra (26,6).

Baja un 41,3% los asuntos ingresados en la jurisdicción Penal en Andalucía

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2016 a las 9:00

TSJASegún explica el TSJA, esta disminución se debe a la reforma de Lecrim para la agilización de la justicia penal · Desde el pasado 6 de diciembre, los atestados policiales de delitos sin autor conocido no se remiten a los Juzgados de Instrucción

La entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 41,3 % en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La reforma legal, que modificó el artículo 284.2 de la LECrim, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, ha tenido como consecuencia que, frente a los 352.573 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, se haya pasado a 207.139 asuntos en los tres primeros meses de este año.

Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata –con un auto de archivo por falta de autor conocido-, se ha producido un descenso similar en la resolución: de 363.810 asuntos resueltos se ha pasado a 219.856.

Por último, el número de asuntos penales en trámite al final del periodo era de 156.328, un 17 % menos que hace un año.

Baja también la entrada de asuntos en el resto de las jurisdicciones

El informe “Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 34,4 % respecto del mismo periodo de 2015.

Así, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los asuntos de nuevo ingreso en el conjunto de los órganos judiciales andaluces–incluidos los penales- fueron 316.590, frente a los 478.379 del primer trimestre de 2015.

En este periodo, los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma resolvieron 345.637 asuntos –lo que supone una disminución interanual del 30,6 %-; mientras que al final del mismo quedaron en trámite 494.791 asuntos, un 8,3 % menos que en la misma fecha del año pasado.

Los datos por jurisdicciones son los siguientes:

Jurisdicción civil

El número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2016 fue de 82.023, lo que representa un descenso interanual del 14,3 %. En esta jurisdicción se resolvieron 91.783 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 222.469 asuntos.

Jurisdicción contencioso-administrativa

En esta jurisdicción se registraron 11.112 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 28,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 16.115 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 52.771.

Jurisdicción social

Estos órganos judiciales recibieron 16.316 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 12,4 %. El número de asuntos resueltos fue de 17.883 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 63.223.

Canarias, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4).

En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3).

Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales a 1 de enero de 2016

La filtración es lo de menos

Jorge Muñoz | 24 de junio de 2016 a las 5:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, decía hace algunos meses que existía una regla no escrita por la que los jueces no debían interferir en las campañas electorales con sus resoluciones judiciales. Pero estas reglas unas veces se cumplen y otras no, porque no hay que olvidar que tan sólo cuatro días después de que se iniciara la presente campaña electoral que hoy concluye, el Alto Tribunal andaluz anunció el archivo de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de unas obras cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Ahora ha trascendido que la juez María Núñez Bolaños archivará en los próximos meses la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que figuran 24 personas imputadas entre políticos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El Partido Popular ha arremetido contra la supuesta filtración de esta decisión y ha anunciado que pedirá al CGPJ que se investigue la filtración, pero en realidad era algo cantado y no había que ser un lince para ver los derroteros por los que seguiría la instrucción tras las declaraciones de los interventores negando la existencia de delitos y los archivos decretados en otros juzgados andaluces.

Las noticias surgen cuando el periodista las conoce y si ahora ha trascendido el archivo no hay que buscar explicaciones políticas o coincidencias electorales. En este caso, la información no favorece a la acusación popular al desinflar la instrucción. Lo que sorprende es que nunca hubo una reacción parecida en las filas populares cuando la anterior juez, Mercedes Alaya, hacía coincidir sus autos bomba con las campañas electorales o determinados hitos políticos.
Lo trascendental no es la filtración, sino la explicación que se les va a dar a esas 16 personas que estuvieron varios días en unos mugrientos calabozos tras ser detenidos por orden de la juez Mercedes Alaya.

El marketing policial

Jorge Muñoz | 17 de abril de 2016 a las 7:00

El alcalde de granada José Torres Hurtado es detenido

Pura espectacularidad. Hace tiempo que las unidades de élite policiales –ya sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– se han apuntado al circo mediático. No basta con desplegar un importante operativo policial con numerosas detenciones, sino que hay que hacerlo con la mayor visibilidad posible, con grandes despliegues de medios y policías con los chalecos con los distintivos de su unidad. En ocasiones, estas operaciones se han hecho coincidir incluso con periodos electorales, lo que garantiza un plus de espectacularidad. La detención esta semana del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, parece un nuevo episodio de este marketing policial que, por lo menos, no distingue el signo político de los arrestados, ya que hay operaciones que han afectado a personas vinculadas a los dos partidos tradicionales.

Lo que sí ha llamado la atención de la detención del que en su día fue durante muchos años delegado del Gobierno en Andalucía, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ha sido la rápida reacción de la Fiscalía General del Estado, que no ha dudado en desmarcarse abiertamente desde el primer minuto de este arresto, al estimar que el estado actual de las investigaciones “no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”, según el comunicado que difundió la Fiscalía el pasado jueves.

El Ministerio Público descargaba toda la responsabilidad de la detención de Torres Hurtado en la UDEF y aseguraba que las detenciones del regidor y de los otros implicados se practicaron “a iniciativa de la fuerza policial”, y añadía que las mismas no fueron ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí “comunicadas previamente” al juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
El comunicado de la Fiscalía ha provocado un evidente malestar en la Policía Nacional, que alega que el juzgado tenía conocimiento de la operación e incluso dictó los correspondientes autos de entrada y registro en 28 domicilios.
Pero una cosa es que la Policía informe al juez de la operación y solicite, como no podía ser de otra forma, la autorización judicial para la práctica de esos registros, y otra es que la juez haya ordenado la detención de las personas sobre la que se centra la actuación policial. ¿Realmente era necesaria la detención de Torres Hurtado en este momento de la investigación? ¿Había riesgo de fuga? ¿De destrucción de documentación relevante para la causa?
La polémica sobre las detenciones en importantes operaciones policiales no es nueva. Con anterioridad se han producido casos similares en las macrocausas de los ERE fraudulentos y la de los cursos de formación, cuando ambas investigaciones eran dirigidas por la mediática juez Alaya.
Dicen que Mercedes Alaya no era partidaria de llevar a cabo la denominada operación Barrado que, en marzo de 2015, ejecutó la Unidad Central Operativa (UCO) tan sólo dos días después de las elecciones autonómicas del 22-M y que se saldó con la detención de 16 personas, entre ellas los ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ese operativo policial llegó después del que había realizado la UDEF durante la campaña electoral, también en relación con el fraude de los cursos de formación, y en plena pelea de ambas unidades policiales por la investigación de este fraude.
La UCO detuvo entonces a 16 personas, entre ellas los ex delegados del SAE en las ocho provincias, y todas fueron puestas en libertad por Alaya, que los acuso de haber participado en un sistema concertado que tenía como objeto el “clientelismo político”.
Un año después de esa operación están declarando como testigos ante la juez María Núñez Bolaños los interventores provinciales, cuyo testimonio –descartando la presencia de delitos– ha hecho que la Fiscalía les recuerde la gravedad que en su momento se atribuyó a estos hechos y las “detenciones” llevadas a cabo. Veremos a ver en qué queda finalmente esa macrorredada, que puede estar incluso abocada al archivo a pesar de tanta espectacularidad.
De forma paralela a las detenciones está la pugna entre la UDEF y la UCO, que también se puso de manifiesto con la detención del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que se ha querellado y ha logrado que se impute por falsedad al inspector jefe de la UDEF que lo detuvo el 4 de agosto de 2014.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La justicia está realmente enferma

*Loable es la decisión la del juzgado de lo Social número 9 de Sevilla de adelantar nada más y nada menos que 14 meses el juicio a un hombre enfermo de cáncer y cuyo pleito con la Seguridad Social había sido fijado para enero de 2018, más de dos años después de que se planteara la demanda. Lo lamentable de esta historia es que un ciudadano tenga que acreditar que padece una grave enfermedad para que la Justicia reaccione y, aprovechando que otro ciudadano ha desistido de su reclamación, anticipe 14 meses el juicio, con lo que de enero de 2018 la vista oral pasa a celebrarse en octubre de este año, dentro de seis meses. La Justicia también está enferma. Su cáncer es la lentitud de los procedimientos, algo achacable principalmente a la falta de inversiones y de medios con los que las administraciones dotan al Poder Judicial.

lorenzo del río

 

El TSJA que preside Lorenzo del Río, preocupado por la situación de los juzgados de lo Social de Sevilla –que en algunos casos están ya fijando juicios para dentro de tres años–, promovió en noviembre pasado un plan de choque para estos órganos judiciales que contempla el refuerzo de cinco jueces que actuarían de forma colegiada. Sin embargo, cinco meses después el ambicioso plan está a la espera de su aprobación por parte del máximo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. La aprobación depende de que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta envíe más funcionarios para tramitar las sentencias y resoluciones que puedan dictar estos jueces de refuerzo. Sin funcionarios, de nada sirve que haya cinco jueces poniendo sentencias a destajo si éstas se quedan en una mesa a la espera de que un funcionario las tramite. Las cosas de Palacio van despacio, también en la Justicia.

El TSJA abre un portal de transparencia

Jorge Muñoz | 1 de febrero de 2016 a las 13:36

portalLos Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han entrado hoy en funcionamiento en la página web www.poderjudicial.es, sumándose así a la política de transparencia que el Consejo General del Poder Judicial ha convertido en seña de identidad y que aparece recogida como objetivo en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Los Portales de Transparencia de estos Tribunales Superiores permitirán que, por primera vez, los ciudadanos y los profesionales de la Justicia de estas Comunidades Autónomas puedan acceder a contenidos como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las Salas de Gobierno.

Quienes accedan a ellos –a través del Portal de Transparencia del CGPJ o desde la pestaña que cada Tribunal Superior tiene en la web- podrán consultar también otros documentos relevantes –circulares, unificación de criterios, etc.- e información de utilidad pública como las agendas de señalamientos, los calendarios de guardia o las convocatorias de plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos.

La agenda institucional y del presidente del TSJ, el directorio de órganos judiciales y de la Fiscalía de cada territorio, las Memorias, los protocolos y convenios también tendrán presencia en los Portales, que informarán asimismo de la gestión del presupuesto para actos protocolarios de que dispone cada Tribunal Superior.

El contenido de los Portales de Transparencia se completará con datos estadísticos que se irán actualizando periódicamente y con un apartado de jurisprudencia en el que podrán descargarse resoluciones judiciales. El resto de los TSJ, a lo largo del primer semestre del año

Los Portales de Transparencia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana pueden consultarse en las siguientes direcciones:

Portal de Transparencia del TSJ de Andalucía:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia–Ceuta-y-Melilla/Portal-de-Transparencia/

- Portal de Transparencia del TSJ de Castilla-La Mancha:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Castilla-La-Mancha/Portal-de-Transparencia

- Portal de Transparencia del TSJ de Castilla y León:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Castilla-y-Leon/Portal-de-Transparencia

- Portal de Transparencia del TSJ de la Comunidad Valenciana:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Portal-de-Transparencia

La puesta en marcha de los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia se inició el pasado 23 de noviembre, con la entrada en funcionamiento como “proyectos piloto” de los de Illes Balears y Murcia. Esta segunda fase, que incluye a la Comunidad Autónoma que reúne a más jueces en España (Andalucía) y a la que cuenta con más Audiencias Provinciales (Castilla y León), tendrá su continuación en los próximos meses en el resto de los TSJ, de modo que el proceso estará completado a lo largo del primer semestre de este año.

La transparencia es uno de los compromisos del Consejo General del Poder Judicial como fórmula exigente para un mejor gobierno, principio de actuación de todos los órganos del Poder Judicial y vía de acercamiento a la ciudadanía.

Cumbre por las macrocausas

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2015 a las 6:00

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

La salida de Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas fue la solución más sensata y acertada para zanjar el conflicto planteado con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, sobre el control de las distintas macrocausas. Pero tras esa solución, ampliamente meditada y pactada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), han surgido las primeras diferencias importantes entre la Fiscalía Anticorrupción y la nueva instructora, a la que el Ministerio Público ha recurrido varias decisiones trascendentales para la marcha de la investigación de los ERE fraudulentos.

En las últimas semanas, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se reunió en varias ocasiones con la juez María Núñez Bolaños –incluso hay una fotografía que publicó este periódico de ambas conversando frente a un café–, quien también se había reunido con anterioridad con los fiscales delegados de Anticorrupción, lo que suponía un auténtico cambio con respecto a las nulas relaciones que estos fiscales mantenían con la juez Mercedes Alaya, con la que era notorio que se comunicaban básica o exclusivamente a través de los escritos oficiales.
Para evitar que la situación pueda reproducirse con la nueva magistrada, el TSJA está poniendo toda la carne en el asador. El presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, que ayer se trasladó a Sevilla para asistir al homenaje de la judicatura al juez Víctor NietoMatas –que ha recibido la cruz de primera clase de San Raimundo de Peñafort–, aprovechó su visita a la capital hispalense para mantener un importante encuentro con la Fiscalía. Una auténtica cumbre por las macrocausas.
En el despacho de la fiscal jefe, María José Segarra, se reunieron por espacio de más de media hora la propia fiscal jefe con el presidente del TSJA y dos de los tres fiscales delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Fernando Soto–.
Al término del encuentro, Lorenzo del Río no quiso pronunciarse sobre la reunión, pero hay quien asegura que el presidente está muy preocupado por la situación generada por estos primeros encontronazos entre el Ministerio Público y la nueva responsable de la instrucción de las macrocausas.

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La preocupación de Lorenzo del Río es, hasta cierto punto, comprensible. Después del culebrón que los órganos del Poder Judicial mantuvieron en los últimos meses en relación al reparto entre Bolaños y Alaya de las distintas macrocausas, lo que menos necesita el juzgado y la propia marcha de las investigaciones es que puedan repetirse las diferencias entre la Fiscalía y la magistrada que dirige la investigación. Lorenzo del Río pretende que, dentro del respeto mutuo que la Fiscalía y la instructora deben guardar a la labor de cada uno, se mantenga abierta una vía de diálogo y de colaboración estrecha, como no podía ser de otra forma en circunstancias normales. Que los errores del pasado no vuelvan a reproducirse. ¿Qué imagen volvería a dar la Justicia en ese caso?
En los últimos años, en la etapa de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción recurrió numerosas decisiones de la juez, que sufrió algunos importantes varapalos por parte de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma en la que Alaya está ahora integrada como una de sus cinco magistrados.
Los fiscales Anticorrupción ya han recurrido varias decisiones de la juez Bolaños relacionadas con la división de los ERE, algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo –salvo Alaya y las defensas de los principales imputados–. En el último recurso, la Fiscalía no se opone a la propuesta de división inicial en seis piezas separadas pero sí a la decisión de Bolaños de esperar a que haya sentencia de la Audiencia para resolver sobre otras piezas que se irán creando.