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Maquiavelo en la Macarena

Carlos Mármol | 2 de marzo de 2009 a las 13:24

La Justicia condena a los dos principales encausados por el caso de las facturas falsas del distrito Macarena por falsificar documentos y malversar dinero público en el proceso de adjudicación de obras municipales.

EL GOBIERNO municipal de Sevilla tiene la extraña costumbre de darle la razón a Maquiavelo cuando defendía que, en pos del ejercicio completo del poder, el fin venía a justificar los medios. Una frase, según algunos, carente de toda moral (en realidad habría que hablar de una moral inversa) y, a juicio de otros, una pura y sencilla traducción de la realidad del ejercicio de la política.
Ayer, sin ir más lejos, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, hacía esto mismo al opinar sobre la condena que concluye que en el caso de las facturas falsas cometido en el distrito Macarena durante el anterior mandato municipal, cuando lo dirigía el PSOE, se cometieron dos delitos: malversación de fondos públicos y falsedad documental. Dos evidencias que han tenido que esperar un lustro para ponerse de manifiesto con pruebas más que concluyentes.

El regidor, al que en su momento la oposición –esencialmente el PA; el PP, tan dado últimamente a crear escándalos virtuales no fue capaz en su día de llevar las riendas de este asunto pese a su nutrida representación municipal–, hizo responsable político de estos hechos, ha venido a desvincularse de ellos al concluir que tal polémica se ha “desinflado” y apenas hay un puñado de facturas (seis, por ser concretos) contaminadas con determinados usos y costumbres existentes en ciertos procesos de contratación pública.

Monteseirín, que acaso sea el primer alcalde que tuvo que dejar caer a uno de sus concejales por esta cuestión (José Antonio García, después exculpado en el proceso por considerarse que fue engañado, no por invalidar los hechos), ha justificado lo sucedido en la falta de medios y, lo que no deja de ser sorprendente, en su obsesión por ayudar a los barrios con inversiones, tarea (encomiable, por otra parte) en la que, claro es, no puede uno detenerse en menudencias como el control efectivo del dinero de los ciudadanos.

Este último argumento acaso sea el más sorprendente. Y el que, por reducción, viene a dar la razón a Maquiavelo, pero con un registro más entrañable y bondadoso, al que tan dado es el primer edil del Ayuntamiento, que acostumbra a considerar un atenuante de su labor como gestor público los buenos deseos que guían su conducta.

Nadie niega las buenas intenciones. Pero a un gobernante, sobre todo si ejerce el poder con la amplitud de competencias que la ley da a un alcalde, hay que exigirle no sólo buenos deseos y acaso ideas, sino también capacidad y virtud para ponerlas en práctica y hacerlas realidad en tiempo, forma, plazo y presupuesto. De lo contrario, cualquier resultado estaría justificado bajo la coartada de la buena intención. Una exculpación que tiene algo de infantil pero que suele prender en los electores afines, no así en los contrarios o en los neutros.

El juicio de las facturas falsas, que ha pasado estos días a un segundo plano de la actualidad local como consecuencia de la tragedia sufrida por la familia de Marta del Castillo, la joven asesinada en el barrio de León XIII, y cuyo cadáver todavía sigue preso de las corrientes del Guadalquivir, ha concluido, a tenor del jurado popular que ha enjuiciado los hechos, que en la junta del distrito Macarena (una sede institucional) se practicó al menos en seis ocasiones (las probadas) un proceso de vaciamiento de las arcas municipales a cambio de obras públicas que o no se realizaron nunca o se hacían a medias. Un práctica ilegal en la que, según las conclusiones del jurado, participaron el ex secretario del distrito, José Marín, hombre de confianza de Monteseirín en tiempos pretéritos, y el contratista José Pardo, militante del PSOE. Ellos dos son los condenados cuya pena tendrá que ser ahora sancionada por el magistrado encargado de traducir en términos de derecho el veredicto del jurado popular. A este respecto no hay mucho más que decir. Existieron pues las facturas duplicadas y los cheques falsificados. Ejemplos nada edificantes de la forma de proceder en ciertas sedes institucionales.

¿Cuestión de cantidad?

Hasta el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha considerado “lamentables” los hechos. Lo que bien pudiera entenderse como una censura. Aunque, acto seguido, al igual que ha hecho el alcalde, ha restado magnitud al episodio bajo el argumento de que, a tenor de lo evidenciado en el juicio, lo malversado se limita a unos 6.000 euros. Cantidad que, al parecer, no debe ser considerable, aunque proceda de dinero de los contribuyentes. En este punto, sin embargo, habría que hacer la puntualización que recoge el dicho tradicional: quien hace lo poco es capaz de lo mucho. Esto es: no es el problema la cantidad defraudada, sino sencillamente la práctica. En el distrito Macarena hubo quien se llevó dinero de forma irregular, curiosamente antes de las elecciones municipales. Excusas puede haber de todos los gustos. También opiniones divergentes. Estamos en un país libre. Lo que extraña es que, con una sentencia tan categórica (el jurado la aprobó por unanimidad y el proceso excluye la posibilidad de indultar a los procesados, como pretendían en principio sus defensores legales) todavía haya quienes insistan en justificar lo injustificable. No hay fin válido sin medios adecuados. Tan sencillo como esto.

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