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Deudas y favores

Carlos Mármol | 7 de junio de 2009 a las 11:50

La propuesta del Estado de pagar a Andalucía una parte de la deuda histórica a cambio de ceder a la ciudad los terrenos de Los Gordales es una suerte de ardid para que el Gobierno central nunca pierda en el litigio existente.

EN estos tiempos en los que la memoria no es un valor en alza, donde cualquiera puede decir cualquier cosa con la certeza de que (casi) nadie se va a tomar el trabajo de echar la vista atrás para analizar un poco las cosas con el fin de saber si miente o si dice la verdad, es fácil hacer pasar gato por liebre. O liebre por león, si se permite la exageración. Fijar las cosas en su contexto requiere un trabajo ímprobo que hace tiempo dejó de valorarse. Y no precisamente porque no tenga valor: cualquiera que tome decisiones, sobre todo las más trascendentes, sabe de sobra que sin información de calidad corre el riesgo probable de equivocarse. Sencillamente es porque esta vieja costumbre, esencial para aquellos ciudadanos que tienen cierto sentido crítico, molesta. Incordia.

Un ejemplo al caso: esta semana ha vuelto a resurgir el debate político –la calle tiene otras preocupaciones más urgentes– sobre si es lícito o no que el Gobierno central, que fijó en su día el pago a Andalucía de la denominada deuda histórica, abone una parte de este débito en especie. En concreto, con diferentes propiedades inmobiliarias y terrenos, entre ellos los que cada año acogen la Feria de Abril, conocidos por el nombre del antiguo brazo del Guadalquivir que les precedió en su actual ubicación. Los Gordales.

El Gobierno andaluz ha defendido en público esta opción de pago mientras el PP ha dicho que, en caso de que llegara a consumarse, puede dar lugar a un supuesto delito de “prevaricación”. Sería una noticia que coincidieran en algo. En el fondo de la cuestión, sin embargo, no ha entrado ninguno de los dos. Quizás porque no convenga hacerlo a ninguna de las dos partes en liza. Cosa frecuente.

¿Y cuál es el fondo? Pues muy simple: si se descuenta el valor de los terrenos de Los Gordales de la deuda histórica, como pretende el Gobierno de Madrid, Sevilla no habrá ganado nada. Absolutamente nada. Probablemente se dirá –no lo duden– que gracias a esta decisión la ciudad recuperará unos suelos que nunca tuvo más que cedidos, prestados. Y que, por tanto, dicho acuerdo es bueno. Nada más lejos de la realidad. Sencillamente porque nadie –no conviene– querrá recordar cómo las administraciones públicas han jugado estos años a la ruleta con estos terrenos. Primero, en la época de Aznar. Después, en la etapa de Zapatero.

El futuro de Los Gordales es incierto. El Consistorio puede usarlos exclusivamente para la Feria de Abril sin coste alguno, pero no tiene su titularidad. Ésta, en teoría, está pendiente de un litigio judicial abierto por el Gobierno central con motivo de la calificación urbanística otorgada por el Consistorio y la Junta en el PGOU de la ciudad. Suena árido, pero es simple: el Estado nunca contempló una cesión gratuita de los suelos, algo deseable al tratarse de una administración pública. Todo lo contrario: está peleando en los juzgados para que su entrega a la ciudad le reporte más beneficios de los jurídicamente ya reconocidos. Es pura y simplemente una cuestión de dinero. De euros.

Sevilla tenía previsto recuperar la titularidad de Los Gordales a cambio de una recalificación urbanística que permitía al Estado vender buena parte de estos suelos para hacer edificios terciarios: comerciales y de oficinas. Hasta ocho torres de doce plantas de altura, por ser más concretos. Nunca se planteó sin coste. Todos los Ejecutivos de Madrid han tenido idéntica posición: devolver el suelo a cambio de dinero. Si bien unos han sido más ambiciosos que otros: el PP empezó pidiendo unas plusvalías urbanísticas de 75.000 metros cuadrados y terminó consiguiendo hasta 177.263 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa. Llegó a hacerse incluso un borrador de este acuerdo.

Tras llegar Zapatero a la Moncloa, el Estado exigió reabrir la negociación. Y en la Plaza Nueva decidieron darle más al gobierno amigo. De esta forma, los derechos urbanísticos privativos –un patrimonio que permite hacer dinero– pasaron de los citados 177.263 metros cuadrados hasta los 269.679 metros cuadrados. Un aumento notable. Tan considerable que hasta la propia Junta de Andalucía vio excesiva la contraprestación autorizada por el Consistorio y, en la última fase del PGOU, redujo esta magnitud urbanística en 71.789 metros cuadrados, decisión que es la que provoca el actual litigio judicial.

Sevilla pagará esto por Los Gordales. No los recibirá gratis. Al Estado, sin embargo, aún le parece poco. Hasta el punto de que, pese a perder en primera instancia en el TSJA, tiene el asunto en el Tribunal Supremo. Una decisión que hipoteca cualquier uso urbano de los terrenos. Si ahora se descuenta su valor catastral en el cómputo de la deuda histórica pero se deja viva la citada recalificación urbanística –que como mínimo será de 220.890 metros cuadrados de uso terciario, el tope fijado por la Junta– la ciudad estará pagando por partida doble por Los Gordales. Por un lado, con la recalificación. Por otro, reduciendo el valor del suelo del cómputo global de la deuda histórica. Por supuesto, habrá quienes por tierra, mar y aire proclamen que tal acuerdo es excelente para Sevilla. Es de esperar. Pero basta mirar atrás para darse cuenta de cuál es la verdad.

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