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Los dígitos del poder

Carlos Mármol | 11 de octubre de 2009 a las 18:56

El Ayuntamiento descarga en los técnicos municipales la responsabilidad de las irregularidades cometidas en Mercasevilla al tiempo que descarta, por boca del alcalde, asumir la más mínima consecuencia política.

ESTÁ CLARO que la coherencia no es un principio que se valore en política. Por mucho que se diga lo contrario. Esta semana, el ministro de Fomento, José Blanco, tuvo un arranque de sinceridad –venía algo sobrado, el gallego– en el Foro Joly, donde dijo, al ser preguntado por la ristra de ex ministros que han ido abandonando a Zapatero, que éstos, en lugar de criticarle, deberían darle las gracias. La razón: fueron tocados, en un momento de su vida, con el inmenso honor de formar parte del Gobierno. “Un ministro no lo es por sus méritos”, aseveró el responsable de la cartera con mayor carga inversora del Estado.

No se puede negar que dijo la verdad. No sé si toda. Pero mucha. Probablemente, se quedase incluso corto: ni los ministros, ni los consejeros, ni siquiera los concejales son elegidos para el cargo por su valía, sino porque alguien –el dedo del poder, que muta pero funciona siempre de la misma forma– puso su dígito sobre su figura en una coyuntura determinada. Las cosas cambian. Los ministros también. Incluso los dueños del dedo mágico, pero, curiosamente, en el sainete de la vida y el poder, con independencia de los personajes concretos del momento, las escenas casi siempre son las mismas. Parecidas. Similares.

Se dirá, no obstante, que en el caso de los concejales esta máxima no se cumple: al contrario que los miembros de los ejecutivos, los ediles –salvo las excepciones que permite la ley de grandes ciudades– sí son cargos electos. Pueden renunciar al ejercicio del gobierno, pero sólo a ellos compete la decisión de abandonar o no el ejercicio de su condición política de represenante de la ciudad. La teoría dice esto: la práctica, en cambio, es muy distinta. Los concejales, hasta el del pueblo más diminuto y perdido, son incluidos en listas cerradas por el correspondiente partido político, que es quien quita y pone, castiga o premia, destituye o asciende.

Lo que decía Blanco: todo se reduce a un simple dedazo. En política y en la vida, en general, hay dos tipos de personajes: aquellos que son algo por sí mismos –tienen oficio, acaso beneficio, formación, personalidad, guste ésta o no– y quienes, más que ser, se dedican a sólo estar. El lugar, siendo muy importante, no es vital. Lo trascendente es resistir y perdurar sin dejar de tener la opción de mejorar. Así se explica que aparezcan los mismos nombres ahora en un lado –la Junta– ahora en otro –el ayuntamiento– y después en un tercer lugar, cualquiera que éste sea. Siempre a la sombra del poder. Quienes nunca dejaron de ser ellos mismos, cualquiera que fuera su oficio o condición, después de pasar por un cargo, generalmente de forma amarga, hacen su análisis y terminan volviendo donde estaban o a sitios mejores. Los otros, cuando caen en desgracia, hacen pasillos.

Siendo esto así, lo curioso es que determinados políticos que aman con pasión las mieles del mando, aunque, como queda dicho, éstas no dependan de su capacidad –no vamos a poner ejemplos por no ser groseros–, no quieren las hieles. Esto es: desean ejercer el poder y conservarlo –lo difícil de mandar no es ser capaz de hacerlo, sino sobrevivir a tal experiencia, en especial en relación a los demás– pero no están dispuestos al más mínimo sacrificio ni, tampoco, a asumir las tareas ingratas inherentes a su condición. Se resumen en un concepto: la responsabilidad. Si la actividad es pública, se le puede añadir un adjetivo: política.

Algo de esto es justo lo que está ocurriendo en Sevilla al calor del escándalo de la empresa municipal Mercasevilla. La instrucción judicial, dividida en dos partes, está arrojando una serie de indicios nada edificantes sobre el funcionamiento del Ayuntamiento. Hay un número nada baladí de imputados por la magistrada instructora, declaraciones de políticos y ex concejales ante la policía, mediadores, empresarios y funcionarios públicos. Será la justicia la que delimitará la responsabilidad penal de unos y otros en este affaire que va camino de convertirse en el Gürtel de Monteseirín. Y de alguno más.

Pero esta investigación, cuyo nacimiento no es mérito de político alguno –tampoco del PP, como dice Zoido, que ha llegado al tema después de abierto el melón–, sino de los empresarios que tuvieron el coraje de denunciar ante la Fiscalía las irregularidades y aportar pruebas bastante verosímiles, no está teniendo traducción alguna a nivel político.

De hecho, la línea de defensa de los responsables municipales recuerda mucho a esta contradicción de ambicionar el poder y no sus consecuencias. Desde el alcalde al edil responsable de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, todos han echado balones fuera con el argumento de que los técnicos no les advirtieron de nada, como si ellos pasaran por ahí. Los funcionarios, que han criticado en un escrito público esta actitud de los responsables municipales, tienen la misión de respetar la ley y asesorar a los cargos políticos. Pero éstos, a los que el partido de turno coloca –mediante el dígito mágico del poder– en un determinado lugar, no pueden pretender ser neutros ante su propia gestión. No lo son para lo bueno. Tampoco ante lo malo. En otro caso, ¿cuál es su función? ¿Simplemente estar?

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