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De ruina

Carlos Mármol | 6 de diciembre de 2009 a las 20:20

La grave situación financiera del Ayuntamiento de Sevilla, que ha decidido retrasar la presentación de sus presupuestos para 2010, pone en solfa la capacidad del gobierno local para administrar los recursos públicos.

Al final, casi todo en la vida termina siendo, de una manera u otra, un problema de cartera. Del vulgar dinero, que dirían los clásicos españoles. El dios más común. Algo así le sucede al Ayuntamiento de Sevilla, que esta semana ha decidido retrasar la presentación de sus cuentas para 2010 alegando que tiene que elaborar un plan de viabilidad a tres años que le permita salir del pozo económico en el que se encuentra. Casi todo el dinero previsto para inversiones se irá en cubrir el agujero financiero de Tussam. La mayor empresa de la ciudad –el Consistorio– dejará de invertir durante al menos un año. Puede que incluso más.

Se dirá –como se dice– que ésta es una situación normal. Previsible. La crisis económica obliga a las administraciones públicas, empresas privadas y ciudadanos a apretarse el cinturón –en algunos casos hasta ahogarse– para tratar de salir de la recesión. Vale. En el caso de Sevilla hay algunas singularidades notables. Esencialmente una: el Ayuntamiento hispalense, que sacó adelante hace apenas un mandato –en el año 2006– su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contaba hasta hace poco, gracias precisamente a este factor, con más recursos económicos disponibles que durante casi todos los periodos recientes de su historia.

El cabildo sevillano, como se le conoce históricamente, nunca fue excesivamente boyante. Vivía de las transferencias estatales y de lo que recaudaba anualmente de los ciudadanos –algunos– en concepto de tributos locales. Desde la reinstauración de la democracia nunca fue dado a las alegrías. La transformación de la ciudad acometida con motivo de la Exposición Universal de 1992 se pagó gracias a programas de los gobiernos central y autonómico o con fondos procedentes de la gestión del anterior Plan General de Ordenación.

En términos económicos, desde el fin de la Muestra Universal se ha ido, digamos, trampeando. Poco más. Háganse una idea: el volumen de inversiones ordinario en áreas como Urbanismo, en un ejercicio ordinario (2005), no llegaba ni a los 30 millones de euros. Con una única obra de cierta entidad –el bulevar de Bellavista, por poner un caso– se agotaba la hucha. Casi todo el dinero municipal se destina a gastos de personal y funcionamiento. En una parte, notable, heredados de la secular estructura consistorial; en otra, nada despreciable, fruto de la conveniencia política de los distintos regidores.

La era monteseirín

Monteseirín llegó a la Alcaldía en 1999 gracias al PA. Su primer mandato estuvo marcado por esta situación. No es raro que se sintiera estrecho de costuras. La coyuntura cambió a partir del segundo mandato: la revisión del PGOU –no hay máquina más potente a la hora de generar dinero que el urbanismo– permitió al gobierno local ingresar una ingente cantidad de dinero. Había fondos en metálico y avales bancarios. A estos recursos hay que añadir, en tiempos de la burbuja inmobiliaria, la enorme bolsa de patrimonio municipal de suelo procedente de la gestión urbanística ordinaria. Una magnífica herramienta política y de inversión al servicio del gobierno municipal.

DE ruina baja

Esta vía de autofinanciación, a sumar a los recursos ordinarios municipales, que durante todo este tipo no fueron escasos, han permitido que en estos años se pongan en marcha muchos de los proyectos de los que presume Monteseirín. La trascendencia de estos fondos urbanísticos no es sólo cuantitativa: el nuevo PGOU casi agotó el suelo del término municipal, salvo Tablada y alguna zona más. Los ingresos obtenidos gracias a él constituían una reserva económica clave para poder construir la nueva Sevilla y mejorar la ciudad existente, evitando que volvieran a producirse los graves desajustes producidos a lo largo de la historia urbana reciente de la ciudad. Desajustes que, como casi siempre ocurre, padecen esencialmente los barrios situados más allá de la ronda del Tamarguillo.

¿Qué ha ocurrido con este dinero?¿Dónde están los fondos de las recalificaciones? Ésta es la gran pregunta que nunca ha aclarado –ni aclarará– el gobierno local. Parte de estos recursos se derivaron –con autorización autonómica– a los dos grandes programas de inversión en barrios, cuyo grado de ejecución ilustra la capacidad de gestión del ejecutivo de Monteseirín. Desde el gobierno local se admite que son un auténtico desastre. Otra cantidad se utilizó en proyectos como la Encarnación –subvencionado a fondo perdido–, el tranvía –licitado por un empresa oficialmente en situación casi de quiebra, es de suponer que con permiso del interventor– y otras muchas muestras de grandeur.

El problema financiero del Consistorio no es sólo fruto de la coyuntura económica –caída de los ingresos estatales en 52 millones de euros o reducción del orden de un 35% en la recaudación tributaria ordinaria– sino de una determinada política. Antecedentes existen. Basta mirar los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la Diputación bajo la etapa de Monteseirín. Débitos crecientes y dinero sin justificar cuya falta quedó prescrita. Dada la conocida celeridad del organismo fiscalizador, no es de extrañar que esta innovadora gestión se repita en el Ayuntamiento. Se podrá apelar a la coyuntura lo que se quiera, pero lo cierto es que las causas de la ruina municipal están muy claras.

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