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Prejubilación con derecho a herencia

Carlos Mármol | 24 de noviembre de 2010 a las 1:05

El ex dirigente de PSOE de Jaén incluido en el plan de prejubilación de Mercasevilla sin haber trabajado nunca en la empresa municipal tiene asignada una “renta temporal” que pueden disfrutar hasta sus herederos legales.

La Junta, al menos en primera instancia, nunca llegó a validar su nombre. Pero según los documentos oficiales de la compañía de seguros cobró -indirectamente- dinero público procedente de la administración autonómica sin haber sido contratado por Mercasevilla.

Antonio Garrido Santoyo, el ex dirigente del PSOE de Jaén que ha aparecido como intruso en el segundo expediente de regulación de empleo de Mercasevilla, tramitado en 2007, fue incorporado al programa de beneficiarios por prejubilación de la empresa municipal sólo y exclusivamente en el momento procesal en el que el Ayuntamiento de Sevilla -a través de la dirección de Mercasevilla- y Vitalicio, la compañía encargada de gestionar la asignación de las rentas económicas de los trabajadores, pactaron las condiciones concretas de estos pagos en el tiempo.

Santoyo, según el expediente oficial merced al cual la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz dio luz verde a este proceso de regulación de empleo, no figuraba en ese momento en la lista de trabajadores cuya baja prematura se incentivaba. Algo lógico, por otro lado: en realidad nunca estuvo contratado por Mercasevilla.

El expediente oficial

El 7 de mayo de 2007 la delegación provincial de la Consejería de Empleo, entonces dirigida por Antonio Fernández, emitió una resolución oficial firmada por el delegado provincial, Antonio Rivas, imputado en la primera pieza del caso que investigan los juzgados, referida al supuesto cohecho a un empresario de hostelería, en la que la administración regional autoriza el proceso de sustitución incentivada de la plantilla solicitado por Fernando Mellet en representación de Mercasevilla. En dicho escrito se da luz verde a la extinción formal de 63 contratos laborales sobre un total de 176 personas que forman la plantilla de la empresa de alimentación.

La medida llegaba avalada por la Inspección Provincial de Trabajo, que revisó la lista de beneficiarios y se reunió tanto con la dirección de la empresa como con el comité de empresa. Ambas partes estaban de acuerdo en lo esencial. Algo sustancial: la posición de los trabajadores era clave para que el proceso de regulación de empleo saliera adelante.

No es extraño que el comité de empresa refrendara la operación. Todo era (o parecía) legal. La dirección de Mercasevilla justificó la medida debido a la situación de “crisis” y “a las causas económicas y organizativas” y el comité, que venía de haber bloqueado un proceso similar acometido en marzo de 2006, había pactado al menos un plan de bajas incentivadas. La Administración central, y la autonómica, una vez rubricado el acuerdo entre la empresa y la parte social, decidieron bendecir la operación con una lista de trabajadores afectados. Dicha relación de empleados se incluye en un anexo del acta oficial que, en el mes de marzo de 2007, habían suscrito Mercasevilla y los sindicatos. En dicho documento se fija la condición para poder incorporarse a este proceso de bajas subvencionadas: haber cumplido 50 años de edad y, obviamente, ser trabajador de Mercasevilla.

El modelo seguido calca el utilizado en la regulación de empleo que la empresa municipal usó en 2003, también validado por la Junta de Andalucía. En este expediente también ha aparecido un segundo beneficiario irregular: una mujer que nunca llegó a trabajar en Mercasevilla y que, según la documentación del comité de empresa, fue incluida en el plan de jubilación anticipada.

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El proceso de salida de trabajadores se pactó durante tres años, dejándose abierta la incorporación de más o menos empleados. Los candidatos potenciales se mencionan con nombres, apellidos y otros datos personales, entre ellos su salario. García Santoyo no figura en dicha relación, lo que explica que ni el Estado ni la Junta pusieran inconvenientes. Todos los seleccionados eran empleados de Mercasevilla. Sólo se detectó “un error” (la no incorporación de un trabajador al proceso) que fue subsanado posteriormente. Este cambio se hizo de forma ortodoxa: fue notificado por Mercasevilla a la Junta en tiempo y forma. Tampoco se trata de Santoyo. Su inclusión en la lista fue validada por el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Complemento salarial

Santoyo no aparece hasta que se firma la póliza de pago. Todo hace indicar que hubo un cambio entre la lista inicial que autorizó la Junta de Andalucía, que validó el comité de empresa y que vio la Inspección de Trabajo y aquella que Mercasevilla -supuestamente a través de Fernando Mellet, su director- le puso encima de la mesa a Vitalicio.

Dado que la mayor parte del dinero que sufragaba los gastos de las jubilaciones era de procedencia autonómica y, por tanto, público (Mercasevilla sólo realizaba un pago de 181.516 euros de prima) parece lógico pensar que la Junta de Andalucía tenía el deber de comprobar si los trabajadores que iban a percibir las ayudas eran los mismos del expediente de regulación de empleo. La responsabilidad mínima exigible: controlar el destino concreto de los fondos públicos. A tenor de la documentación existente, parece que esta función de control no se llevó a cabo. No estamos pues ante un problema de diligencia técnica, sino de omisión de un deber. Algo nada baladí cuando hablamos de un gasto global para las arcas autonómicas de hasta 3,4 millones de euros.

La incorporación del ex dirigente del PSOE de Jaén a la lista de beneficiarios de Mercasevilla se hace violando la ley y sin guardar las formas. Por ejemplo: ¿Qué tipo de renta se otorgaba a Santoyo si nunca llegó a ser trabajador? La póliza del Vitalicio regula los distintos tipos de aportaciones económicas de los prejubilados. Santoyo disfrutaba de la suya “de forma temporal” -durante 25 años- en concepto de “complemento salarial”. Algo sorprendente: hasta que comenzó a percibir irregularmente el dinero de la prejubilación no tenía ni nómina y ni relación contractual alguna con Mercasevilla.

El flujo de dinero a su favor además estaba garantizado en el tiempo. No sólo con respecto a su persona, sino también en relación a sus herederos. Si el comité de empresa no hubiera detectado este fraude, la inyección de dinero en favor del ex dirigente del PSOE de Jaén -al menos 112.000 euros- hubiera seguido sucediéndose en beneficio de sus familiares. La causa: la póliza incluye una cláusula que permite que, en caso de muerte del beneficiario, sus herederos legales puedan recibir durante el tiempo restante dichos fondos, aunque en un porcentaje del 50%. La generosa renta del falso prejubilado que responde por Santoyo era heredable.

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