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La reivindicación de las minorías

Carlos Mármol | 15 de mayo de 2011 a las 6:00

Los grandes partidos defienden gobiernos municipales mayoritarios en su propio beneficio y obvian que la presencia de las minorías políticas, además de democráticamente sana, es muestra evidente de pluralismo

Se lo escuché el otro día en un almuerzo –político– a la candidata del PA a la Alcaldía de Sevilla, Pilar González. “Si volvemos al Ayuntamiento será porque nadie ha conseguido la mayoría absoluta”. Los andalucistas, extramunicipales desde hace ya cuatro años, tras doce largas anualidades, casi bíblicas, de notable poder local –Monteseirín no es el único que ha mandado en Sevilla durante tres mandatos seguidos; el PA también lo ha hecho, pero de forma distinta–, defienden ahora la imperiosa necesidad democrática de participar en la futura Corporación. ¿Interés? Evidentemente. Les va la supervivencia (política) en el trance.

Con independencia de lo que ocurra a partir del próximo domingo, cuando se cierren las urnas y todas las cartas queden sobre la mesa, el argumento de fondo que los andalucistas buscan trasladar a los votantes tiene validez por sí mismo: la presencia en las instituciones del mayor número posible de fuerzas políticas es una garantía (relativa pero cierta) de un mínimo pluralismo político.

Sospecho que algunos de ellos no pensaban exactamente esto mismo durante su significativa etapa de mando en Sevilla, pero, dado el escenario político actual, el discurso de la nueva candidata del PA, que intenta renovar el mensaje del andalucismo sin renunciar del todo (al menos sentimentalmente) al pasado reciente, tiene una buena parte de razón. Mientras más sean los partidos con opciones de trabajar en favor de los sevillanos, mejor. Así los ciudadanos tendrán más puertas a las que poder llamar. O más hombros en los que llorar.

El juego democrático, entre otros factores, se sustenta en dos conceptos básicos:la libre concurrencia de todas las opciones políticas a las elecciones –cosa que garantiza la ley salvo en los casos de terrorismo disfrazado de ideología– y el papel de los foros de representación política, en este caso el Pleno de la Corporación, en la vida pública. Ambos requisitos están aparentemente más que blindados en el marco político español, pero, si se analiza su aplicación, se verá que, en realidad, dada la partitocracia en la que vivimos, su verdadera función suele limitarse mucho más a lo meramente formal que a lo sustancial. Defectos intrínsecos del modelo.

El bipartidismo creciente fagocita casi todo. Anula la riqueza (hipotética) de las distintas opciones ideológicas y tiende a reducir todo el sistema político a una suerte de Leviatán. Quien obtiene la victoria en primera instancia –cualquiera que éste sea–, cuenta de partida con la ventaja, extraordinariamente peligrosa, de poder hacer casi todo lo que se le antoje durante el tiempo que dure el correspondiente mandato de gobierno. Su única obligación será, cada mes, cumplir con la usual puesta en escena.

Esto es: vestir el muñeco de sus decisiones, con demasiada frecuencia personalistas, tendentes en algunos casos incluso al capricho, con una simple reunión plenaria en la que la mayoría absoluta a su favor reducirá, como un rodillo, cualquier debate político a una mera cuestión de trámite. Para esto, aunque parezca una provocación, nos podríamos ahorrar los sueldos de la oposición, los grupos políticos y hasta de la mitad de los ediles. Los partidos que no gobiernan siempre tendrán garantizado el derecho al pataleo, pero a efectos prácticos no cuentan con vías para influir en las grandes decisiones políticas. Cosa que limita su tarea simplemente a las notas de prensa. Punto y final.

PSOE y PP, las dos grandes organizaciones políticas que optan a que sus respectivos candidatos en Sevilla –Juan Espadas y Juan Ignacio Zoido– conquisten dentro de una semana la Alcaldía hispalense, vienen haciendo desde hace tiempo un discurso que, con diferencias, pregona las bondades de contar con una “mayoría suficiente” que les permita gobernar la ciudad durante cuatro años sin las hipotecas de los partidos minoritarios. Sin contrapesos democráticos, querrán decir.

Basta analizar por encima la historia del sistema político norteamericano, pese a sus defectos, para darse cuenta de los peligros potenciales que tiene para la propia democracia el hecho de que un gobierno –cualquier gobierno– mande sin tener que someterse a determinadas reglas. La obsesión de los padres fundadores norteamericanos fue establecer desde el primer día un sistema de equilibrios en el que quien gobierna la república lo hace, pero respondiendo ante los electores no sólo cada cuatro años, sino de forma constante a través de las diferentes cámaras de representación y los demás poderes del Estado, diferentes al Ejecutivo.

En el caso de Sevilla, que salvo un breve periodo de cuatro años siempre ha sido gobernada mediante diferentes alianzas políticas coyunturales, los socialistas y los populares (más incluso éstos últimos, pues el PSOE sabe que necesitará forzosamente volver a pactar con IU para mantenerse en el poder)usan con frecuencia los argumentos de la estabilidad y la gobernabilidad para defender ante los ciudadanos la necesidad de tener una mayoría holgada. No le llaman absoluta, quizás, para evitar la inmediata asociación con el absolutismo, aunque tal recurrente eufemismo no sirve para tapar la realidad:cualquiera de los cabezas de lista de los distintos partidos políticos, en su fuero interno, sin excepción, desearían ejercer un gobierno unipersonal sin más ataduras que las formales. Es condición humana.

La cuestión clave es cómo limitar esta tendencia natural desde el punto de vista legal. Porque la democracia, no se olvide, no es sólo el gobierno de las mayorías, sino (sobre todo) el respeto a las minorías. Políticas, en el caso de los partidos. Civiles, en el caso de los ciudadanos. Conviene no olvidar nunca esta circunstancia.

La discusión sobre si es bueno o malo para Sevilla un gobierno con mayoría absoluta, por tanto, nace viciada por el interés de cada fuerza política. Aunque, dejando este aspecto de lado, parece evidente –al menos a mi juicio– que mientras más vivos estén los foros institucionales de gobierno, cosa sólo posible con la presencia de diferentes opciones ideológicas, y más obligaciones de rendir verdaderamente cuentas tenga que soportar un gobernante, mejor funcionará el sistema. La democracia es casi como un proceso infinito, no un punto fijo en el tiempo.

Hay quien considera que la presencia de minorías en los órganos políticos de representación es un problema. Obliga constantemente a negociar, pactar, ser capaz de llegar a acuerdos. Paradójicamente algo que muchos ciudadanos echan de menos dada la incapacidad de los partidos para, en situaciones como la actual, casi de emergencia social (no hay más que ver las cifras del paro), dejarse de duelos dialécticos –generalmente no llegan ni siquiera a eso– y acordar unas mínimas condiciones de funcionamiento comunes. Algo así como el famoso lema de esto lo arreglamos entre todos, pero de verdad. Sin trampas.

“Se puede gobernar en minoría, pero hace falta tener mucho talento”, proclamaba la candidata andalucista ante sus comensales. Cierto. Un talento que nadie quiere atreverse a ejercer. ¿No somos según PSOE y PP una ciudad con talento? Se tiende a aceptar que toda la negociación política se reduce exclusivamente al crítico periodo postelectoral que se abre durante los quince días posteriores a las elecciones. El momento en el que, si nadie obtiene un respaldo suficiente de los ciudadanos, inevitablemente se producirá el reparto.

Unos lo centran en el programa; otros, en la distribución de cargos. Otros demonizan el proceso sencillamente porque no se han salido con la suya. Se busca, en todos los casos, evitar una parte sustancial de la política: el diálogo de los grandes asuntos de gobierno con los demás. Nadie dijo que la democracia fuera cómoda (sobre todo para los políticos), pero sigue siendo el sistema menos malo que existe. ¿Tiene alguien alguna duda?

Por tanto, no debería suponer un quebranto para nadie ni la hipotética presencia de fuerzas políticas secundarias –IU, PA, Los Verdes, UPyD u otras opciones– ni la posibilidad de que Sevilla tuviera que contar con su opinión para ser gobernada. La ciudad sigue siendo de todos.

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